Cuota litis laboral del 36 % · sin honorarios por adelantado
Cobramos cuando el cliente reciba lo recuperado. En las reclamaciones de recuperación, liquidamos el 36 % sobre cada pago efectivamente recibido; no sobre el solo valor demandado ni una sentencia sin pago.
Ofrecemos nuestros servicios de defensa laboral a cuota litis del 36 %, para trabajadores y empleadores, con estudio de viabilidad y contrato escrito. Incluye las reclamaciones de contrato realidad frente al Estado y de trabajadores de plataformas cuando el encargo sea laboral.
Trabajadores: sobre lo efectivamente recibido por los conceptos y periodos contratados, también en acuerdos y pagos parciales. Empleadores: sobre el ahorro económico definitivo y acreditado, comparado con una exposición sustentada y aceptada por escrito; no sobre una cifra inflada o el total reclamado de forma automática.
Se delimitan actuaciones e instancias, forma de acreditar el resultado, pago, gastos externos y tratamiento de acuerdos o terminación. Una pretensión sin resultado económico exige base verificable acordada antes del encargo. No se incluyen automáticamente salarios o mesadas futuras. El 36 % no recibe aumentos históricos ni se suma otra cuota por el mismo resultado. No se garantiza éxito.
La consulta Premium conserva su precio de $141.000 COP y los servicios preventivos o documentales independientes mantienen su propio alcance. Los contratos aceptados conservan sus condiciones. Condiciones y ejemplos en pesos y dólares · Consultar por WhatsApp.
Contrato realidad de contratistas del Estado
Atendemos reclamaciones de personas vinculadas por OPS con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas. Revisamos ejecución real, pruebas y requisitos de la vía antes de formular una reclamación o demanda.
El nombre del contrato, una aplicación o una OPS no resuelven por sí solos la clasificación. Contrastamos la prestación personal, remuneración y subordinación con la prueba y el régimen del caso. En el Estado, el eventual reconocimiento no otorga automáticamente nombramiento, empleo público o derechos de carrera.
Para reparto se revisan las modalidades y la transición de la Ley 2466 y del Decreto 991 de 2026. Ese régimen especial no se extiende automáticamente al transporte de pasajeros o a cualquier aplicación. Las marcas mencionadas identifican la plataforma sobre la que consulta el cliente.
Las tarifas de estudio, reclamación y representación se precisan en cada ficha. La consulta Premium de una hora conserva su tarifa de $141.000 COP; no incluye por sí sola una demanda o representación integral.
Vigilancia judicial y segunda opinión sobre tu caso
¿Quieres saber cómo avanza tu proceso o revisar el caso que lleva tu abogado? Contacta a ASD. Estos servicios pueden contratarse conservando al apoderado actual, previa revisión del asunto y de las autorizaciones necesarias.
Vigilancia de tu proceso
Seguimiento de actuaciones disponibles y reportes de novedades con la frecuencia pactada. Dirigido a personas demandantes que desean conocer el avance de su caso.
La propuesta define proceso, instancia, fuentes, periodicidad o fecha de corte y honorarios. La vigilancia no sustituye notificaciones oficiales ni la actuación del abogado; escritos, recursos y representación requieren un encargo expreso. El acceso a la información debe estar autorizado.
Empleo Público y Derecho Administrativo Laboral
Defendemos a empleados públicos, provisionales, docentes y contratistas del Estado frente a retiros del servicio, concursos de méritos, contratos de prestación de servicios que encubren una relación laboral y prestaciones mal liquidadas.
Quien trabaja para el Estado no se rige por el Código Sustantivo del Trabajo ni acude al juez laboral ordinario. Sus controversias se resuelven por regla general ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con reglas, términos y pruebas propias.
El punto crítico es el tiempo: el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca, en principio, a los cuatro meses de notificado, comunicado o ejecutado el acto que lo afecta. Una declaratoria de insubsistencia, una exclusión de un concurso o la negativa a reconocer una prestación deben revisarse de inmediato.
En ASD Servicios Legales acompañamos a servidores de carrera, provisionales, de libre nombramiento y remoción, docentes oficiales y contratistas de prestación de servicios en reclamaciones administrativas, conciliaciones ante la Procuraduría, tutelas y demandas ante juzgados y tribunales administrativos de todo el país.
A quién representamos
Personas vinculadas o que estuvieron vinculadas a entidades públicas
Empleados de carrera administrativa: Servidores con derechos de carrera afectados por evaluaciones, traslados, encargos o retiros.
Empleados en provisionalidad: Provisionales retirados sin motivación suficiente o desplazados por listas de elegibles.
Contratistas de prestación de servicios: Personas con contratos sucesivos que en la práctica cumplían horario, órdenes y funciones permanentes.
Docentes y directivos docentes: Educadores oficiales con reclamaciones de escalafón, prestaciones del FOMAG y sanción por mora.
Aspirantes en concursos de méritos: Participantes en convocatorias de la CNSC y de otras entidades con reclamaciones en cualquier etapa.
Pensionados del sector público: Exservidores con pensiones o prestaciones liquidadas sin todos los factores salariales.
Portafolio de servicios
Vía administrativa, conciliación, tutela y demanda contencioso administrativa
Nulidad y restablecimiento del derecho: Demanda contra actos de insubsistencia, destitución, retiro del servicio, traslado, supresión del cargo o negativa de prestaciones, con pretensión de reintegro y pago de lo dejado de percibir.
Contrato realidad con el Estado: Reclamación y demanda para que se reconozca la relación laboral encubierta bajo contratos de prestación de servicios y se paguen prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
Retiro de provisionales: Control del acto de retiro del empleado provisional, que debe estar motivado en razones del servicio, en la provisión del cargo por concurso o en una causa legal.
Concursos de méritos y CNSC: Reclamaciones contra requisitos mínimos, pruebas, valoración de antecedentes y listas de elegibles; exclusiones, uso de listas y nombramiento en periodo de prueba.
Retén social y estabilidad reforzada: Protección de prepensionados, madres y padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y servidoras en embarazo frente a reestructuraciones y retiros.
Reliquidación de salarios y prestaciones: Revisión de primas, bonificaciones, horas extras, recargos, vacaciones y cesantías liquidadas por debajo de lo que ordena el régimen aplicable.
Sanción moratoria por cesantías: Reclamación de un día de salario por cada día de retardo cuando la entidad reconoce o paga tarde las cesantías parciales o definitivas (Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006).
Docentes oficiales: Ascenso y reubicación en el escalafón, prestaciones a cargo del FOMAG, pensión de jubilación docente, sanción por mora y bonificaciones por zonas de difícil acceso.
Pensiones de servidores públicos: Reconocimiento y reliquidación de pensiones ante Colpensiones, la UGPP, el FOMAG y los fondos territoriales, incluyendo los factores salariales que corresponden.
Acoso laboral y traslados arbitrarios: Actuación ante el comité de convivencia, la Procuraduría y los jueces frente a conductas de acoso, desmejoras y traslados sin justificación.
Conciliación extrajudicial: Trámite ante la Procuraduría delegada para asuntos administrativos cuando el asunto es conciliable, como paso previo a la demanda.
Cumplimiento de sentencias: Cobro de condenas contra entidades públicas: solicitud de pago, intereses y proceso ejecutivo ante la misma jurisdicción cuando la entidad no cumple.
Tutela en casos urgentes: Acción de tutela cuando el retiro o la decisión en un concurso vulnera el debido proceso, el mínimo vital o la estabilidad reforzada y no hay otro medio eficaz.
Cómo trabajamos
Con el reloj de la caducidad siempre a la vista
1. Conteo de términos: Lo primero es establecer la fecha de notificación del acto y cuánto tiempo queda para reclamar o demandar.
2. Estudio del expediente: Revisamos la hoja de vida, los actos administrativos, los contratos, los comprobantes de pago y la normativa de la entidad.
3. Reclamación administrativa: Presentamos la petición o los recursos que agotan la vía administrativa y provocan el acto que será objeto de demanda.
4. Conciliación: Cuando es exigible, solicitamos la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, lo que además suspende el término de caducidad.
5. Demanda: Presentamos la demanda ante el juzgado o tribunal administrativo competente y lo representamos en las audiencias y en la segunda instancia.
6. Cumplimiento del fallo: Gestionamos el reintegro, la liquidación y el pago de la condena, y ejecutamos la sentencia si la entidad se demora.
Marco normativo
Régimen del empleo público y su control judicial
Constitución Política, artículos 53, 122 a 125 y 130
Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 138 y 164 — Nulidad y restablecimiento del derecho y caducidad
Ley 909 de 2004 — Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública
Decreto 1083 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del sector Función Pública
Ley 1960 de 2019 — Encargos y uso de listas de elegibles
Decreto Ley 760 de 2005 — Procedimiento ante la Comisión Nacional del Servicio Civil
Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 — Pago de cesantías y sanción moratoria
Ley 91 de 1989, Decreto Ley 2277 de 1979 y Decreto Ley 1278 de 2002 — Régimen docente
Ley 2220 de 2022 — Estatuto de Conciliación
Sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre contrato realidad y sanción moratoria
Por qué ASD Servicios Legales
Control estricto de términos: Organizamos el caso alrededor de la caducidad, que es el riesgo más grande en lo contencioso administrativo.
Litigio ante lo contencioso: Actuamos ante juzgados y tribunales administrativos de todo el país y ante el Consejo de Estado.
Liquidaciones sustentadas: Cuantificamos lo que se reclama con el régimen salarial y prestacional que le aplica a cada servidor.
Cobertura nacional: Sedes en Bogotá y Montería y atención virtual en todo el país, con expediente digital y audiencias virtuales.
Tecnología al servicio del caso: Abogados apoyados en herramientas de inteligencia artificial para revisar documentos y preparar cada actuación. Un abogado valida y firma todo.
Honorarios claros desde el inicio: Antes de empezar le informamos por escrito qué se va a hacer, cuánto cuesta y cómo se paga.
Preguntas frecuentes
Me declararon insubsistente. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar?
Por regla general, cuatro meses contados desde el día siguiente a la notificación, comunicación o ejecución del acto. Es un término de caducidad: si se vence, se pierde la posibilidad de demandar. La solicitud de conciliación ante la Procuraduría lo suspende, pero no lo reinicia. Por eso recomendamos consultar en los primeros días.
Trabajé años con contratos de prestación de servicios. ¿Puedo reclamar prestaciones?
Sí, si se demuestra que en la práctica hubo prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, es decir, que cumplía órdenes, horarios y funciones propias de la entidad. En ese caso el juez declara la relación laboral y ordena pagar prestaciones y aportes. Según la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la reclamación debe hacerse dentro de los tres años siguientes a la terminación del vínculo, de modo que no conviene dejar pasar el tiempo.
¿A un empleado provisional lo pueden retirar en cualquier momento?
No. El provisional no tiene derechos de carrera, pero sí una estabilidad relativa: el acto de retiro debe estar motivado y fundarse en razones válidas, como la provisión del cargo con quien ganó el concurso, una sanción disciplinaria o una calificación insatisfactoria. Si la motivación falta o es aparente, el acto puede demandarse.
Me excluyeron de un concurso de méritos. ¿Qué puedo hacer?
Cada etapa del concurso tiene su propia reclamación, con plazos de pocos días hábiles fijados en el acuerdo de convocatoria. Agotada esa vía, proceden según el caso la acción de tutela o la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo importante es reclamar dentro del plazo y con los soportes correctos.
La entidad se demoró en pagarme las cesantías. ¿Hay sanción?
Sí. La entidad tiene quince días hábiles para expedir la resolución desde que se radica la solicitud completa y cuarenta y cinco días hábiles para pagar una vez queda en firme. Vencidos esos plazos se causa un día de salario por cada día de retardo. El Consejo de Estado ha reconocido esta sanción también a los docentes oficiales.
¿Es obligatorio conciliar antes de demandar?
En los asuntos conciliables de contenido económico, la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría suele ser requisito previo a la demanda. Hay asuntos laborales que no lo exigen. Definimos en cada caso si procede y la usamos también para suspender la caducidad.
Si gano, ¿me reintegran y me pagan los salarios dejados de recibir?
Cuando se anula el acto de retiro, el restablecimiento normalmente incluye el reintegro y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, con los límites que la jurisprudencia ha fijado según el tipo de vinculación, en especial para los provisionales.
¿Atienden a servidores de entidades territoriales?
Sí. Atendemos a servidores de alcaldías, gobernaciones, concejos, personerías, contralorías, hospitales públicos, instituciones educativas y entidades del orden nacional en cualquier departamento.
ASD Servicios Legales S.A.S.
Firma de abogados colombiana. NIT 901.795.000-1, con oficinas en Bogotá y Montería, asesoría virtual en toda Colombia y visitas presenciales a empresas o domicilios en cualquier ciudad o municipio, previa cotización.
Sede Bogotá: Calle 123 #23-19, Oficina 402, Edificio Zephyros, barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., Colombia.
Sede Montería: Calle 62B Nº 8-10, Los Alcázares, Montería, Córdoba, C.P. 230002, Colombia.
Referencia sugerida: ASD Servicios Legales. «Empleo Público y Derecho Administrativo Laboral». https://asdservicioslegales.co/empleo-publico. Indica la fecha de consulta al citar.
Esta guía corresponde a Empleo Público y Administrativo Laboral. Explica la materia y ayuda a preparar la revisión inicial. Los requisitos y el alcance final dependen de la actuación y se confirman antes de contratar.
Materia de referencia: Derecho laboral y seguridad del vínculo de trabajo.
Objeto y trabajo descrito en esta ficha
Estudio jurídico inicial de un asunto: revisión de hasta 100 páginas aportadas, informe escrito con hallazgos y ruta de actuación, y una sesión para explicar el informe. No incluye ejecución del proyecto, radicaciones, representación ni peritajes. Más documentos o materias requieren propuesta específica.
Aspectos que se estudian
Reconstruir cómo se prestó realmente el servicio y cuál es el régimen aplicable.
Distinguir salarios, prestaciones, indemnizaciones, aportes y pretensiones de estabilidad.
Evaluar la terminación del vínculo, sus motivos, soportes y eventuales protecciones especiales.
Alternativas y decisiones que deben compararse
Preparar reclamación o negociación sobre derechos y conceptos identificados.
Acudir a la autoridad o juez competente cuando sea necesaria una decisión.
Analizar medidas de protección y continuidad del vínculo según las circunstancias acreditadas.
Cómo se organiza y contrasta la prueba
Relacionar contratos, pagos, instrucciones y fechas de trabajo de forma cronológica.
Conservar soportes de horarios, funciones, autorizaciones y comunicaciones de terminación.
Contrastar aportes y liquidaciones con la historia de la vinculación.
Errores y riesgos que conviene evitar
Dar por laboral o independiente cualquier vínculo solo por el nombre del contrato.
Firmar paz y salvo o conciliación sin desglosar los conceptos y sus efectos.
Calcular indemnizaciones o prestaciones sin verificar salario, fechas y régimen.
Esta explicación orienta sobre la materia. El alcance contratado, las actuaciones y los gastos siguen siendo los definidos en la ficha y en la propuesta aceptada.
Requisitos para iniciar la revisión
Indicar si se actúa como trabajador, empleador o beneficiario, y precisar fechas, hechos, pretensiones y actuaciones anteriores.
Identificar quién contrata y, si actúa por otra persona o empresa, revisar su representación o autorización.
Informar citaciones, fechas próximas, decisiones anteriores y profesionales que ya intervienen para revisar disponibilidad y conflictos de interés.
Documentos que conviene preparar
Contratos y novedades, comprobantes de pago, liquidaciones y soportes de seguridad social disponibles.
Comunicaciones, decisiones, reglamentos o acuerdos relevantes para el asunto.
Conserva los originales y entrega copias completas y legibles por el canal acordado.
No compartas contraseñas, códigos de verificación ni claves privadas.
Los datos de terceros y la información reservada se revisan únicamente por vías autorizadas.
Etapas de trabajo
La secuencia de trabajo es orientativa.
Cada etapa se ejecuta cuando es pertinente y está comprendida en el encargo.
Una consulta o diagnóstico no incluye automáticamente las fases posteriores.
Delimitación del encargo: revisar el objetivo, los documentos, las fechas relevantes y la propuesta de honorarios.
Reconstruir la relación y revisar pagos, documentos y el punto de controversia.
Preparar la asesoría, respuesta, acuerdo o actuación contratada.
Acompañar las diligencias incluidas y explicar las obligaciones y los pasos posteriores.
Cierre del alcance contratado: entregar los productos o constancias acordados y señalar pendientes o actuaciones adicionales.
Qué incluye el servicio
Estudio jurídico inicial de un asunto: revisión de hasta 100 páginas aportadas, informe escrito con hallazgos y ruta de actuación, y una sesión para explicar el informe. No incluye ejecución del proyecto, radicaciones, representación ni peritajes. Más documentos o materias requieren propuesta específica.
Revisión y preparación de los documentos y actuaciones expresamente acordados, con los entregables, canal de comunicación y seguimiento definidos al contratar.
Qué no incluye el servicio
Gestión de nómina o aportes, cálculos actuariales y litigios diferentes no contratados.
Tasas, derechos oficiales, impuestos de la operación, peritos, traducciones, desplazamientos y demás costos de terceros, salvo inclusión expresa en la propuesta.
Otros expedientes, personas, bienes, periodos, incidentes, recursos o instancias que no formen parte del alcance contratado.
La propuesta y el contrato delimitan el encargo.
La contratación no garantiza una decisión favorable, aprobación, recuperación económica o plazo de una autoridad.
Banco de preguntas frecuentes
13 preguntas sobre el servicio, su materia y las condiciones del encargo.
Objeto de este servicio
¿En qué consiste «Empleo Público y Administrativo Laboral»?
Estudio jurídico inicial de un asunto: revisión de hasta 100 páginas aportadas, informe escrito con hallazgos y ruta de actuación, y una sesión para explicar el informe. No incluye ejecución del proyecto, radicaciones, representación ni peritajes. Más documentos o materias requieren propuesta específica.
Derecho laboral y seguridad del vínculo de trabajo
¿ASD representa simultáneamente a trabajador y empleador?
Antes de asumir el asunto se define el cliente y se revisan los conflictos de interés. La orientación y la representación se delimitan según la posición de quien contrata.
¿El nombre del contrato decide si tengo derechos laborales?
La denominación es un elemento, pero debe contrastarse con la forma real de prestación del servicio y el régimen aplicable. Se analizan actividad personal, remuneración y subordinación, sin convertir cualquier coordinación contractual en una relación laboral. También importa quién contrató y en qué contexto. La revisión distingue un vínculo efectivamente autónomo de una posible relación de trabajo encubierta. El reconocimiento y las consecuencias concretas requieren sustento probatorio y, cuando exista controversia, la decisión competente.
¿Qué diferencia existe entre la liquidación final y una indemnización por terminación?
La liquidación reúne los conceptos que correspondan por el tiempo trabajado y las condiciones de la relación; la indemnización depende del supuesto jurídico de terminación y de sus requisitos. No son expresiones equivalentes ni se calculan de la misma forma en todos los casos. Se revisan pagos, salarios, fechas, modalidad contractual y comunicaciones. Un ofrecimiento global debe desglosarse antes de aceptarlo para entender qué remunera, qué reconoce y cuáles reclamaciones podrían seguir pendientes.
¿Toda terminación relacionada con una enfermedad o una situación familiar es automáticamente inválida?
No conviene afirmar un resultado sin estudiar la protección invocada, los hechos y el conocimiento del empleador, entre otros elementos pertinentes. Se revisan antecedentes de salud, restricciones, decisiones, comunicaciones y motivos de terminación, protegiendo la reserva de los datos. Pueden existir medidas especiales, pero su aplicación exige análisis del caso. La estrategia debe distinguir las pretensiones de estabilidad, reintegro, salarios, aportes e indemnizaciones, evitando presentar todas esas consecuencias como automáticas o necesariamente acumulables.
¿Un pago final o un paz y salvo impide cualquier reclamación posterior?
Debe examinarse qué documento se firmó, cuáles conceptos se pagaron y qué efectos puede producir. Un recibo de dinero no tiene necesariamente el mismo alcance que una conciliación o una transacción válida. También se verifica si existió consentimiento libre y si se comprometieron derechos que no podían disponerse en esos términos. La revisión parte del contenido y de la realidad de los pagos, no del título impreso en el formulario que presentó una de las partes.
¿Se puede demostrar trabajo y pagos si no hubo contrato escrito?
La falta de un documento firmado no elimina por sí sola la posibilidad de acreditar hechos. Pueden resultar relevantes comunicaciones, comprobantes, instrucciones, registros de ingreso, entregables y testimonios pertinentes, obtenidos de manera lícita. Es necesario organizarlos por fechas y distinguir lo que muestran de lo que solo se supone. La estrategia probatoria busca reconstruir prestación, remuneración y condiciones efectivas. También se revisan las formas que la ley pueda exigir para cláusulas o modalidades concretas del vínculo.
¿Por qué no es suficiente calcular la reclamación multiplicando el salario por los años trabajados?
Cada concepto tiene una base, un período y unas condiciones que deben verificarse. Importan salario variable, pagos ya realizados, suspensiones, fechas de exigibilidad, aportes y tipo de pretensión. Además, algunos derechos o vías tienen reglas temporales que exigen reconstruir reclamaciones y decisiones previas. Una liquidación jurídicamente sustentada separa los conceptos y explica sus supuestos. Esa precisión permite negociar o demandar con cifras defendibles y detectar diferencias entre un incumplimiento real y una expectativa sin respaldo.
Alcance y contratación
¿Qué debo preparar para solicitar este servicio?
Contratos y novedades, comprobantes de pago, liquidaciones y soportes de seguridad social disponibles. Comunicaciones, decisiones, reglamentos o acuerdos relevantes para el asunto. Es una lista inicial orientativa. ASD confirma qué documentos son necesarios para la actuación concreta y cuáles faltan por obtener.
¿Qué cubre la tarifa publicada de este servicio?
El importe o rango es una estimación para el alcance indicado en Honorarios. La propuesta identifica etapas y entregables y distingue el trabajo de ASD de los gastos externos. No supone por sí solo representación en todas las actuaciones.
¿Puedo empezar si todavía me faltan documentos?
Puedes explicar el asunto y aportar lo que tengas por un canal acordado. Se identifica la información pendiente antes de decidir la vía y el alcance; la recepción de documentos no significa que ASD haya asumido la representación.
¿Cuáles son las etapas y cuánto demora el servicio?
Se acuerdan los hitos y las fechas de entrega del trabajo de ASD según la documentación y complejidad. Cuando intervienen autoridades, contrapartes u operadores, sus actuaciones y tiempos se revisan por separado; no se promete una fecha universal de terminación.
¿Puedo contratar desde otra ciudad o desde el exterior?
La revisión inicial y la coordinación documental pueden hacerse de manera virtual. Se confirma si el caso requiere poderes, firmas, presencia, visitas o profesionales de otra jurisdicción. Las reuniones presenciales y desplazamientos se coordinan según disponibilidad y alcance.
Las referencias explican la materia y tienen el alcance de cada documento. Una guía o concepto no se presenta como una decisión sobre el caso del cliente. La aplicación concreta exige revisar los hechos, el régimen y la actuación correspondientes.
Comentarios y reseñas de este servicio
Cualquier persona puede compartir su opinión sobre Empleo Público y Administrativo Laboral. Solo necesitas nombre, calificación y comentario. Tu reseña se publica al enviarla, sin registro ni verificaciones adicionales.
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