Memoria justificativa de la revisión del EOT de Puerto Nariño

Puerto Nariño, Amazonas. Fuente de remisión: Alcaldía de Puerto Nariño, Secretaría de Planeación.

Fecha documental: 2021-03. Proyecto de revisión; adopción no acreditada

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 EOT PUERTO NARIÑO

 MEMORIA JUSTIFICATIVA

*Fuente: Alcaldía de Puerto Nariño
REVISIÓN Y APROBACIÓN

 ACCIÓN NOMBRE FECHA
Ejecución Medio Ambiente Ingeniería S.A.S. Marzo de 2021
 2

Revision Arq. Jorge Rincón L Marzo de 2021

Aprobación Alcaldía de Puerto Nariño Marzo de 2021

VERSIONES DEL DOCUMENTO

 VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

 1 MEMORIA JUSTIFICATIVA Marzo de 2021

MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
 ACRÓNIMOS

CLOPAD: Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres
CMGR: Comité Municipal de Gestión del Riesgo 3
CMGRD: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DTS: Documento Técnico de Soporte
EEP: Estructura Ecológica Principal
EMRE: Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares
IAVH: Instituto Alexander Van Humboldt
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
INDERENA: Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente
INGEOMINAS: Instituto Colombiano de Geología y Minería
IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
MINAMBIENTE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
OMS: Organización Mundial de la Salud
PDGRD: Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PMGRD: Plan Municipal de Gestión del Riesgos de Desastres
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNNC: Parques Nacionales Naturales de Colombia
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
UCS: Unidad Cartográfica de Suelos
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres
UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética
UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 4

 AGRADECIMIENTOS

Al señor Alcalde Municipal y a la Secretaría de Planeación, Infraestructura y TIC’s, a los
Secretarios de Despacho, a todas las dependencias de la Alcaldía, al Presidente
de la Asociación Aticoya, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por la Asistencia
brindada al municipio, a los Curacas del Resguardo Ticoya, a las Entidades del orden
municipal, a las Autoridades Civiles y Militares , a la Institucionalidad de Puerto Nariño y a
su población en general, sin la cual no hubiese sido posible la construcción participativa de
este valioso instrumento de planificación, a través del cual el municipio orientará su
gestión del desarrollo en los próximos 12 años.
 TABLA DE CONTENIDO

1 ANTECEDENTES --------------------------------------------------------------------------------------------------7
 La evolución de los planes de ordenamiento territorial en Colombia ----------------------------7
 5
 Una evaluación parcial de la primera generación de los POT----------------------------------- 10
2 MARCO JURÍDICO PARA LA REVISIÓN DEL EOT DE PUERTO NARIÑO --------------------- 15
3 MARCO CONCEPTUAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 19
4 JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DEL EOT – EL POR QUÉ -------------------------------------- 28
 Vencimiento de la vigencia del largo plazo del EOT ----------------------------------------------- 28
 Incorporación de normas de mayor jerarquía nacionales, regionales y
 departamentales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
 Redefinición de acciones urbanísticas acordes al momento actual del municipio. ------- 35
 Redefinición de normas urbanísticas estructurales, generales y complementarias
 contextualizadas con la realidad actual del municipio. ---------------------------------------------------- 36
 Establecimiento de las directrices para el desarrollo de predios urbanos no
 desarrollados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
 Definición de la estructura de espacio público como elemento conector de las áreas de
 interés.38
 Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. ------------------------- 39
 Redefinición de la clasificación del suelo suburbano y de expansión. ------------------------ 41
 Definición de instrumentos de desarrollo urbano actualizados, útiles y pertinentes. ------ 41
 Determinación de suelo habilitado y habilitable para proyectos de Vivienda de Interés
 Social. 43
 Implementar las acciones conducentes a la aplicación de los lineamientos de
 adaptación del cambio climático. --------------------------------------------------------------------------------- 43
 Actualización y puesta en funcionamiento del expediente municipal para evaluación y
 seguimiento del EOT ------------------------------------------------------------------------------------------------ 44
5 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL EOT DE PUERTO NARIÑO – EL PARA QUÉ-------------- 45
 Objetivo General -------------------------------------------------------------------------------------------- 45
 Objetivos Específicos en la revisión y ajuste del EOT de Puerto Nariño ----------------------- 45
6 ETAPAS Y PRODUCTOS DE PROCESO DE REVISIÓN DEL EOT – EL CÓMO---------- 47
 Proceso de revisión del EOT ----------------------------------------------------------------------------- 47
 Etapas del proceso de formulación: ------------------------------------------------------------------- 48
 Productos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

 6

7 CARTOGRAFÍA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 60
 Cartografía mínima de Diagnóstico -------------------------------------------------------------------- 60
 Cartografía mínima de formulación --------------------------------------------------------------------- 61

Índice de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1.1 ESTADO DE LOS POT EN COLOMBIA ........................................................................... 11
ILUSTRACIÓN 2.1 MARCO NORMATIVO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA ......................... 16
ILUSTRACIÓN 4.1. PERÍODOS Y VIGENCIAS DE LOS POT......................................................................... 30

Índice de Tablas

TABLA 7-1 LISTADO DE PLANOS DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO............................................................... 60
TABLA 7-2 LISTADO DE PLANOS DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN .............................................................. 61
TABLA 7-3 CUADRO DE ESCALAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGOS ................... 65
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
 NARIÑO, AMAZONAS

 MEMORIA JUSTIFICATIVA

 7

1 ANTECEDENTES

 La evolución de los planes de ordenamiento territorial en Colombia

Previo a la década de los 40´s del siglo pasado, se dio importancia al carácter fundamental
del municipio en la estructura del estado, otorgándole algunas competencias que fueron
fortaleciéndose progresivamente en materia de:

 (i) Tributos asociados al suelo (propiedad raíz),
 (ii) Realización de obras públicas,
 (iii) Determinación de los perímetros urbanos en su jurisdicción,
 (iv) Obligaciones de control de desarrollos informales y en general de control
 urbano y, (v) de conservación y recuperación de suelos con valores ambientales,
 etc.; pero sin existir una política pública autónoma en materia de planificación
 urbana, ni mucho menos de ordenamiento territorial. Lo anterior, no significa
 que previo a esa fecha no se hubieren dado intentos de una normatividad
 urbanística integral contenida en planos generales de ciudad como los realizados
 para Bogotá (Bruner) y Medellín (Wiener y Sert) entre 1920 y 1940.

Es a partir de 1940 que surgen una serie de disposiciones legales para regular la
planificación y construcción de las ciudades, que sólo hasta el año 1989 con la expedición
de la Ley 9 conocida como de Reforma Urbana, previó un enfoque orgánico en materia
de ordenamiento territorial integral. Los referentes normativos nacionales en el período
1940 – 1989 se concretan en:

La Ley 88 de 1947 “Sobre fomento del desarrollo urbano del municipio y se dictan otras
disposiciones”, norma que le ordena a los municipios, la adopción de un instrumento que
les permitiera planificar y desarrollar el territorio; dicha ley prevé que dicho plan defina que
es área urbana, diferenciándola de la rural y otorga competencia a los municipios para:

 (i) Concretar esas diferencias en sus jurisdicciones,
 (ii) Estimular las construcciones urbanas sin solución de continuidad y que ellas se
 hagan conforme a una traza y alineación que garantice continuidad en el espacio
 público de conformidad con el plano de urbanización general del municipio si
 este existiere,
 (iii) Realizar un plano regulador (municipios con un presupuesto mayor a una cifra
 para ese momento representativa: 200. 000.oo pesos) que indique la manera
 como debe continuarse la urbanización futura del municipio. Este plano no solo
 comprenderá las enmiendas y mejoras que deban hacerse a la parte ya
 construida, atendiendo al posible desarrollo, sino los nuevos barrios que hayan
 de levantarse, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos,
 sitios de recreo y deporte, templos, plazas y áreas verdes, escuelas y demás
 edificios necesarios a la población, 8
 (iv) La necesaria aprobación pública de los planos de las edificaciones previo a su
 construcción y (v) una serie de medidas de localización de usos de alto impacto
 (mataderos). Este soporte normativo, permite que durante el siguiente tiempo
 se adopten planos reguladores para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
 fomentados por la sociedad colombiana de arquitectos (Barco, Gaitán y Martínez
 a partir de los desarrollos de Sert, Wiener y Le Corbusier).

El Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, que indica: “… Para la
adecuada protección del ambiente y de los recursos naturales, el Gobierno nacional
establecerá políticas y normas sobre zonificación… Los departamentos y municipios tendrán
sus propias normas de zonificación, sujetas a las de orden Nacional, …”, hecho que
permite introducir desde lo normativo un elemento importante en los asuntos de normativa
urbana y ordenamiento territorial (muy poco abordado en las discusiones y aún más en las
regulaciones jurídicas), como es, el de la zonificación supramunicipal.

La Ley 61 de 1978 “Ley Orgánica del Desarrollo Urbano”, regulación que tiene como
características fundamentales: a.-Señalar que el desarrollo urbano es un conjunto de
normas generales que permitan orientar la intervención del Estado hacia el propósito de
mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y ecológicas de las ciudades, de
suerte que sus habitantes, mediante la participación justa y equitativa de los beneficios y
obligaciones de la comunidad, puedan alcanzar el progreso máximo en todos los aspectos
de la vida humana, b.- Se establecen directrices en materia de desarrollos urbanos como:
(i) equilibrio regional, (ii) óptima utilización del suelo urbano (iii) vivienda dotada de
infraestructura y equipamientos, c.- Ordena a los municipios adoptar los siguientes
instrumentos operativos para el mejor ordenamiento territorial: (i) Planes Integrales de
Desarrollo Urbano con una marcada visión urbano-regional; (ii) un sistema de control
urbano en materia de los usos del suelo, (iii) el estímulo a la distribución espacial de los
usos industriales en una escala regional y, (iv) la previsión de motivos de utilidad pública
para poder expropiar; d.- Se ordena que el gobierno central: (i) de inicio a la estructuración
de un mercado secundario de hipotecas que permita obtener recursos para financiar el
desarrollo urbano y (ii) la reglamentación que permitieran desarrollar regiones de
planeación que permitan expedir planes de desarrollo en esa escala y que deberían
privilegiar en su configuración el concepto de los departamentos.

La Ley 9 de 1979 “Por el(sic) cual se dictan medidas sanitarias”, norma muy extensa (607
artículos) que ocupa algunos de ellos a establecer normas en cuanto a los usos
residenciales, criterios de edificabilidad e incluso de densidad en relación con las
edificaciones que hubieren de proyectarse, todo con la finalidad de mantener estándares
urbanísticos que garantizaran la sanidad y la salubridad de los habitantes, además de
señalar aspectos sobre la localización de zonas industriales, manejo del espacio público,
prevención de asentamientos ilegales y calidad del agua para consumo doméstico y
disposición de residuos líquidos y sólidos. 9

El Decreto Nacional 1306 de 1980, reglamentario de la Ley 61, establece los contenidos,
etapas y responsabilidades de los planes integrales de desarrollo e impone la obligación que
se formulen con participación de la comunidad.

En el Código de Régimen Municipal (Decreto Nacional 1333 de 1986) se incluyen aspectos
regulatorios sobre usos del suelo urbano en materia de áreas residenciales, industriales, de
recreación y de protección ambiental, así como previsiones sobre: (i) áreas no incorporables
a perímetros urbanos, (ii) urbanización futura de ciudades, (iii) zonas de reserva agrícola
contiguas a la zona urbana y (iv) y de regulación de la ubicación de industrias contaminantes
y mataderos públicos.

En el año 1989 se expide la Ley 9 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, se
expide una normativa innovadora tanto en materia de planificación como de gestión urbana
y financiación del desarrollo urbano, que tiene como principales elementos a destacar: (i)
exigir a los municipios planes de desarrollo municipal entendidos como el instrumento
básico del desarrollo, que serían el antecedente de los actuales planes de ordenamiento
territorial previstos en el la Ley 388 de 1997, (ii) prever reservas de tierras urbanizables, (iii)
establecer un régimen de manejo de inmuebles constitutivos del espacio público, (iv) el
deber de reservar zonas para protección ambiental, (v) la necesidad de establecer zonas
de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, (vi) darles tratamiento de
renovación y redesarrollo a las zonas afectadas por procesos de deterioro económico,
social y físico, así como propender por la rehabilitación de zonas de desarrollo incompleto
o inadecuado, (vii) un régimen de expropiación por vía administrativa y judicial detallado
y específico para temas urbanos, (viii) la posibilidad de tramitar y aprobarse planes parciales
de iniciativa pública, particular o mixta, lo que si bien es cierto implicaba a la administración
como responsable y en consecuencia un actor de las cargas en el desarrollo de un proyecto
urbanístico, es el inicio del camino tendiente a que la administración no deba ser
responsable de dichas cargas, (ix) se establecen los siguientes mecanismos específicos de
gestión urbana: Reajuste de suelos, integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes,
enajenación voluntaria, enajenación forzosa, derecho de preferencia, y (x) Por último en
materia de financiamiento del desarrollo urbano se establecen mecanismos como
contribución de desarrollo municipal, bonos y pagarés de reforma urbana.

Profundizando la intención legal de la Ley 9, la Constitución Política de 1991 consolidó
e hizo más real el proceso de descentralización y la consecuente y efectiva entrega de
competencias en materia de ordenamiento territorial (tanto en materia de planificación como
de gestión del suelo y financiación) a los municipios y distritos. A posteriori y antes de la
expedición de la Ley 388 de 1997 (norma vigente en ordenamiento territorial), se expiden:
la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente concreta el Sistema Nacional
Ambiental y prevé la ordenación territorial ambiental y la Ley 152 de 1994 para regular la
planificación del desarrollo (eminentemente sectorial y donde la discusión espacial no hace
parte de sus objetivos o directrices, aunque prevé que las ET deben emitir un POT, 10
como estrategia fundamental del desarrollo).

La Ley 388 de 1997, de Ordenamiento Territorial Municipal, consolida dicho régimen, norma
que se vio complementada con la previsión jurídica de OT supramunicipal mediante la
expedición de dos leyes orgánicas: (i) la de organización político administrativa del
territorio colombiano, Ley 1454 de 2011 (denominada LOOT) y que además de establecer
directrices y competencias departamentales en materia de ordenamiento territorial, de
manera expresa estableció dos tipos de instrumentos en la escala departamental:
directrices de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial departamental
– POD y (ii) la Ley 1625 de 2013, orgánica para las áreas metropolitanas que establece la
posibilidad de emitir planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial –
PEMOT, instrumento básico para el desarrollo territorial de las áreas metropolitanas; la
posibilidad de prever capítulos de planificación física en los planes de desarrollo
metropolitano y hechos metropolitanos en materia de OT.

Son las anteriores referencias, las que permiten afirmar que a la fecha se ha expedido el
marco jurídico más completo y exhaustivo y los lineamientos normativos que rigen las
dimensiones y aspectos del ordenamiento territorial en el país, los cuales fueron
reglamentados mediante una serie de decretos del orden nacional, que a lo largo de casi
dos décadas (desde la expedición de la Ley 388) generó un número inmanejable de normas
que en el mes de mayo de 2015, fueron compiladas mediante el Decreto Nacional 1077 de
2015 (único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio), trabajo compilatorio que
también se hizo en sectores como ambiente, ruralidad, infraestructura, hidrocarburos, etc.

 Una evaluación parcial de la primera generación de los POT

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT efectuó una evaluación parcial de la
primera generación de los POT con una muestra representativa de 103 municipios, en la
que se estima que menos de la mitad de los POT de primera generación cumplen con
los estándares básicos de calidad, no contienen total o parcialmente la cartografía definida
normativamente como anexos obligatorios, su expediente municipal es deficiente o
inexistente y no responden a los instrumentos normativos para orientar el desarrollo
territorial a través de gestión asociada (planes parciales y la posibilidad de adoptar unidades
de actuación urbanística o actuaciones urbanas integrales) o reparto equitativo de cargas
y beneficios, entre otros aspectos.
La evaluación del contenido de expedientes municipales de primera generación, permite
inferir que la mayoría de esos POT enfrentan problemas en elementos como: (i) experticia
limitada para la formulación de metodologías adecuadas y para la ejecución de las tareas
de la planificación; (ii) uso limitado de la información disponible; (iii) debilidades
institucionales en la preparación, divulgación y ejecución de los POT; (iv) fracaso al
utilizarlos como instrumentos para orientar el desarrollo territorial o para identificar las 11
inversiones prioritarias en las obras públicas.

Muchos POT se prepararon como ejercicios limitados que debían hacerse, sin ser
considerados de alta prioridad por quienes toman decisiones clave en todos los niveles de
gobierno.

 Ilustración 1.1 Estado de los POT en Colombia

 Fuente: Min vivienda y Federación Colombiana de Municipios

Casi el 60% de los POT analizados, no articulan claramente sus metas, objetivos,
métodos o estrategias, mientras que un 7% no las definió en absoluto. Se empleó poca
evidencia para justificar las decisiones claves que rigen los planes. Muchos no
incluyeron una visión a largo plazo para la expansión territorial de la ciudad que pueda
determinarse técnicamente y de acuerdo con las reales y verdaderas necesidades de
crecimiento (o decrecimiento) poblacional y/o de actividades asociadas a lo rural. Sólo
el 3% de los POT analizados incorpora alguna visión o algún plan concreto para atender
el área rural. La identificación de proyectos de inversión prioritarios falta en la mayoría
de los planes y, por el contrario, varios POT incluyeron "listas de deseos" sin considerar
sus méritos técnicos o su viabilidad financiera.

Adicionalmente, en la mayoría de los POT examinados, los contenidos no se ajustan a
las normas requeridas conforme a lo estipulado por la Ley. Por ejemplo, el 60% de los
municipios no tuvo en cuenta la prestación de servicios públicos en las zonas de 12
expansión urbana; 50% de los municipios identificaron tierras en áreas de expansión sin
información adecuada en cuanto a su uso propuesto ni a las normas que rigen ese uso;
38% de los POT no reguló ni el uso del suelo ni la densidad en las zonas de expansión,
ni hizo alusión a las normas para las obras públicas en estas áreas; el14% no se refirió
a la protección de zonas de alto riesgo o de los suelos de alta vulnerabilidad; 61% no
consideró la provisión de una adecuada protección para el espacio público. Además, los
POT no establecieron instrumentos eficientes para el desarrollo del suelo, ni definió las
vías de diferente tipo, ni para el espacio público.

En general, se encontró que la atención a las consideraciones ambientales en la primera
generación de los POT fue muy escasa. En gran medida, los esfuerzos de los gobiernos
municipales para preparar y coordinar planes conjuntos con las agencias ambientales
fracasaron, así como también los intentos de evaluar la viabilidad económica de las
normas y propuestas ambientales.

Fue posible observar una 'desconexión' grave en la aplicación de instrumentos de
gestión ambiental (planes de manejo ambiental, planes de manejo de cuencas, etc.) y
los instrumentos de planificación territorial.

Se ha observado la existencia de un sesgo consistente en hacer énfasis o priorizar los
POT a los suelos y la discusión urbana, ignorando en gran medida, los suelos rurales
(independiente que formalmente tienen incluso un componente rural), y esos suelos
rurales para usos agropecuarios y sus problemáticas frente a los fenómenos de
expansión y suburbanización en detrimento de las áreas rurales, o el referente a la no
prevalencia de los usos agropecuarios y otro tipo de usos asociados a dicho suelo
(minería, etc.), pese a que el 75,5% de los municipios son predominantemente rurales.
El 60% de los POT no abordó las cuestiones territoriales relativas a la agricultura, la
ganadería, la silvicultura o la explotación de recursos naturales. De igual manera el uso
de la información demográfica o geográfica en los planes fue escaso. También se dio
poca atención a la identificación y protección de los sitios del patrimonio cultural.

Para muchos funcionarios, así como para los consultores que tienen a su lado, a
menudo es poco claro que ciertas decisiones en materia de OT son adoptadas por las
autoridades nacionales (las denominadas determinantes de superior jerarquía) previstas
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y las normas que en esa materia las
complementan y adicionan -por ejemplo la definición de las vías interurbanas y
arteriales, las zonas de minería, la estructura ecológica principal, las zonas de riesgo y
las áreas de patrimonio cultural, entre otros- y que otras decisiones como la imposición
de obligaciones VIS/VIP ; en este sentido existe un clamor que se tengan en cuenta
los municipios en la valoración y discusión ciudadana (incluido el sector constructor e
inmobiliario) antes que estas variables de se concreten en los POT.

De igual manera, los instrumentos de gestión territorial entendidos como los de
planificación complementaria, de gestión del suelo y de financiación del OT no se 13
fundamentan en lo reflejado en la cartografía (inclusive) o en las previsiones del
articulado y su documento técnico de soporte. Los Planes de Desarrollo Municipal, que
expresan los compromisos de los gobiernos locales para la duración del mandato de un
alcalde en su periodo constitucional de 4 años, deben estar articulados a los POT, pues
a menudo optan por ignorarlos. Hay una grave falta de coordinación entre estos dos
tipos de instrumentos, llevando incluso a que los alcaldes electos y recién posesionados
(e incluso el personal administrativo) puedan llegar a ser ajenos al hecho de que los
POT sobrepasan en su contenido de mediano y largo plazo y legalmente rigen más allá
del mandato del gobernante municipal y deben proveer las guías y orientaciones básicas
para la estructuración de sus Planes de Desarrollo Municipal.

Se evidencia la deficiencia en la articulación entre los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial y existen pocos ejemplos de incorporación de la gestión del
riesgo de desastres al ordenamiento territorial ambiental y al ordenamiento territorial, lo
que impide, en la práctica, la coherencia entre los diferentes instrumentos y en
consecuencia de actuaciones públicas más eficientes de cara a mejorar el desarrollo de
los ciudadanos en los territorios.

En general, se encontró que las autoridades locales tienen dificultades técnicas para
estructurar, formular, adoptar y ejecutar los POT. La mayoría de ellos requieren
consultores -ya sean empresas privadas o grupos universitarios- para ayudarles tanto
en la investigación como en la preparación de los planes (estructurar y formular:
alistamiento), que incluye análisis de datos, elaboración de documentos técnicos,
generación y/o análisis de estudios técnicos (sociales, ambientales y
financieros/presupuestales), así como en la etapa de discusión, concertación e incluso
de trámite en el Concejo Municipal. Dicho esto, una vez adoptado el plan (a veces
incluso antes: al momento de la estructuración de todos los documentos necesarios para
realizar los trámites tendientes a la adopción), los consultores suelen terminar su labor
y rara vez son nuevamente contratados para apoyar a los gobiernos municipales en la
implementación de los POT. En algunos casos, las obligaciones de las empresas de
consultoría no son claras y hay poco control de calidad de sus productos. Los
municipios, por su parte, con sus capacidades técnicas limitadas, tampoco tienen la
suficiencia para evaluar los planes que los consultores les presentan.

Hay una falta general de conocimiento organizado respecto a la metodología para la
recolección de datos, para la preparación, o para la implementación del plan que
integren de manera armónica y didáctica las metodologías para la recolección y análisis
de datos e información cartográfica, el uso, aplicación e implementación los diversos
instrumentos complementarios a la ley 388 de 1997. También hay una falta generalizada
de experticia nacional – expertos nacionales tanto en el sector público como en el sector
privado – que puedan ayudar a los consultores que encuentren problemas particulares
en la elaboración de planes específicos en ciudades específicas. Por último, los que
elaboran los POT requieren amplia experiencia interdisciplinaria de la que a menudo
adolecen, bien sean los consultores, personas naturales o jurídicas, generando 14
evidentes distorsiones no solo en la calidad del trabajo sino en los énfasis del
diagnóstico y en consecuencia en la propuesta de ciudad que se realiza y contienen en
los proyectos de POT.

Por último, los municipios no han incorporado eficientemente los instrumentos
financieros y fiscales previstos en la Ley 388 de 1997 en sus POT, instrumentos dirigidos
a la recuperación de los costes asociados a la previsión e implantación de soportes
urbanos como obras públicas, espacio público, equipamientos públicos, conservación y
rehabilitación de suelos con valores ambientales, e incluso medidas para la gestión
eficiente del riesgo de desastres. Lo anterior es tan evidente que sólo el 50% de los
municipios estudiados abordó la cuestión referente a los instrumentos de financiamiento
empleando en gran medida, el instrumento de captura de valor denominado
participación en plusvalía, ignorando otros igualmente eficientes; siendo tan solo unos
cuantos municipios que han hecho uso de ese instrumento en la práctica.

Se hace necesario indicar que los avances en Colombia producto de la implementación
de la Ley 388 de 1997 son inmensos y que la evaluación de los POT de primera
generación se hace con conocimiento de que corresponden a unos instrumentos
integrales formulados con las herramientas con que contaban los municipios en ese
momento puesto que, como se ha indicado, la reglamentación de muchos temas se
expidió después de la formulación de la mayoría de POT en el país, y lo que se pretende
a partir de éstas evidencias es indicar lo que debe ser tenido en cuenta para los POT
de segunda generación.
2 MARCO JURÍDICO PARA LA REVISIÓN DEL EOT DE PUERTO NARIÑO

De conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política, al Municipio como entidad
fundamental de la división político administrativa del Estado, le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 15
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes. La ley 388 de 1997, conocida como Ley de Desarrollo
Territorial, contempla facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales
confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipal con la
política urbana nacional, así como los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas
del desarrollo de dicha política (Artículo 1º, n.5) ; en su artículo 3º establece que "el
ordenamiento del territorio constituye una función pública" que tiene como fines el acceso
a las vías públicas y demás espacios públicos, el disfrutar de los servicios domiciliarios
básicos y el mejoramiento de la calidad de vida los habitantes.

Igualmente, en el proceso de descentralización, consolidado a partir de la Constitución
Política de 1991, se constituyeron las bases para la organización territorial (Título XI),
para los planes de desarrollo, (Título XII, Capítulo 2), además se dictan los criterios
fundamentales para el desarrollo territorial al asignar la competencia directa, dentro de
los derechos colectivos y del medio ambiente, sobre la planificación y administración del
suelo urbano a los municipios, de tal modo que las entidades territoriales quedaron como
responsables de la promoción del desarrollo en sus territorios, con la función de regular los
usos del suelo y el espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

En resumen, la facultad de ordenar el territorio se encuentra establecida para los
municipios desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 311, así como
reglamentar los usos del suelo, lo cual le corresponde al Concejo Municipal conforme lo
estipula la misma constitución en su artículo 313. Así mismo la Ley 152 de 1.994 “Por la cual
se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” prevé que además del Plan de
Desarrollo, los municipios contarán con un Plan de Ordenamiento Territorial.
 Ilustración 2.1 Marco normativo del Ordenamiento Territorial en Colombia

 16

 Fuente: Construcción del Equipo de ordenamiento

Según lo establecido en la Ley 388 de 1997, el Ordenamiento Territorial es un “conjunto
de acciones político-administrativas y de planeación física concertadas, emprendidas por
los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y
regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las
tradiciones históricas y culturales” (Ley 388 de 1997, artículo 5) y el instrumento para
desarrollar dicho ordenamiento es el Plan de ordenamiento Territorial.

La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter técnico
y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial: Ley 388 de 1997, la cual es
reglamentada por el decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 “por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, que a su vez
brinda los lineamientos y directrices principales para actualizar, modificar o ajustar los
contenidos y normas del POT de manera que se asegure la construcción efectiva del
modelo territorial planteado por el municipio.

En este orden de ideas, la ley 1551 del 6 de julio de 2012 “por la cual se dictan normas
para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” en su artículo 6°
establece: El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 3°. Funciones de los
municipios. Corresponde al municipio formular y adoptar los planes de ordenamiento
territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos
definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los
usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las
políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
Dados los conceptos jurídicos emitidos por la subdirección de asistencia técnica de la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a
Municipios, en los cuales se plantea que las vigencias de los Planes de Ordenamiento
Territorial deben corresponder a "periodos completos de administración"; a la luz de la Ley
388 de 1997, el municipio de Puerto Nariño formuló su Esquema de Ordenamiento
Territorial EOT, el cual fue concertado con la autoridad ambiental y adoptado mediante el 17
Acuerdo 017 del 24 de diciembre de 2007 y previendo que este EOT fue formulado con
una vigencia equivalente a tres administraciones municipales, su componente de corto
plazo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011; el componente de mediano plazo vigente
hasta31 de diciembre de 2015, y el componente general que concluyó su vigencia de largo
plazo el 31 de diciembre de 2019, aunque continúa vigente hoy en día.

Teniendo en cuenta que el plazo de vigencia de los contenidos de largo plazo, establecidos
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Nariño ha concluido
y que el mismo se sigue aplicando, toda vez que no se ha adoptado un nuevo Plan, es
necesario realizar la revisión ordinaria de largo plazo (contenidos estructurales), en
concordancia con el artículo 5 del Decreto Nacional 4002 de 2004 (hoy artículo 2.2.2.1.2.6.1
del Decreto Nacional 1077 de 2015), y el artículo 2 de la Ley 902 de 2004.Tal escenario
lleva a que en la actualidad ya se han vencido las vigencias de los contenidos planteadas,
por lo cual el Municipio de Puerto Nariño cuenta con la oportunidad, competencia y deber
de adelantar una revisión general ordinaria de largo plazo al EOT que permita modificar la
norma estructural y así desarrollar la metodología planteada para realizar revisión y ajuste
del actual EOT, que apruebe un documento de planificación a largo plazo para la ordenación
del territorio.

De otro lado, la ley 1551 del 6 de julio de 2012, en el mismo artículo 6° establece que:
“(…) los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el
Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. En este orden de ideas, atendiendo lo
establecido por esta reciente norma, la vigencia del largo plazo del EOT de Puerto Nariño,
ha debido revisarse desde el año 2015, asunto que no ha sucedido.

Por su parte el Artículo 28 de la Ley 388 de 1997 establece: Vigencia y revisión del plan de
ordenamiento (...) No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no
se ha adoptado un nuevo POT, seguirá vigente el ya adoptado."

De igual forma el Decreto 019 de 2012 en su artículo 189 establece que: “la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial o la expedición del
nuevo plan de ordenamiento territorial cuando se garantice la delimitación y zonificación
de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de
riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual
deberá incluirse en la cartografía correspondiente”, y la ley 1523 de 2012 en sus artículos 39
y 40 establecen un lapso de 1 año para revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial
y de desarrollo municipal y departamental que, estando vigentes, no hayan incluido en su
proceso de formulación la gestión del riesgo.
En conclusión, el Municipio de Puerto Nariño, en atención a lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley 388 de 1997, el artículo 2 de la Ley 902 de 2004 y el Decreto Único Reglamentario
1077 de 2015, se encuentra en competencia para avanzar con la revisión general
ordinaria de los contenidos del largo plazo del actual Esquema Ordenamiento Territorial.
Adicionalmente, a lo largo de este periodo de cerca de 18 años, se han detectado diferentes
fallas, inconsistencias y debilidades en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que 18
impiden su adecuada implementación y materialización. En consecuencia, y en razón a
que se ha vencido su contenido estructural, este puede ser objeto de una revisión general
por vencimiento de vigencia de largo plazo, de la forma en la que lo establece la Ley.

La presente administración, liderada por el alcalde ALIRIO DE JESUS VASQUEZ ha
tomado la decisión de dar continuidad a la Revisión General y Ajuste del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Nariño; por tal razón y en cumplimento de
lo pactado en su Plan de Desarrollo “Con autonomía y responsabilidad social, con el pueblo
caminaremos a la victoria” se adelantan en la actualidad las acciones tendientes a
desarrollar con eficiencia los procesos de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio.

En este sentido, el municipio de Puerto Nariño en los meses de noviembre y diciembre de
2019 promovió el Concurso de Méritos CM-007-2019 el cual derivó en el contrato No. 0471
de 2019 a través del cual actualmente se realiza la Revisión y Ajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial, por la Empresa Medio Ambiente Ingeniería S.A.S para avanzar
en la elaboración de los estudios técnicos que serán la base fundamental para el nuevo
ordenamiento del territorio.
3 MARCO CONCEPTUAL

El POT es un instrumento puesto en manos de los municipios para administrar el
desarrollo espacial de sus territorios. Dado que las ciudades son los resultados físicos de
las decisiones de muchos actores, ya sean propietarios de suelo rurales o urbanos,
promotores inmobiliarios, agencias de infraestructura del gobierno, empresas privadas y 19
hogares, para mencionar algunos de ellos, el POT, como un documento destinado a tener
una duración en su componente de largo plazo de 3 períodos administrativos completos
(mínimo 12 años), permite a los municipios orientar y controlar la organización de sus
territorios y tomar la iniciativa en sus manos, en lugar de reaccionar a las demandas y
presiones cotidianas de las partes interesadas.

Así las cosas, los POT deben ser estructurados y formulados mediante procesos racionales
y objetivos, basados en evidencias rigurosas que provengan del seguimiento y evaluación
detallado, que se enriquecen del acompañamiento de expertos, de la experiencia de los
funcionarios municipales y de los valiosos puntos de vista de ciudadanos y grupos cívicos
interesados. Son, en sí mismos, evidencias de cómo todos los interesados pueden actuar
juntos, no atendiendo a intereses particulares como finalidad última, sino como actores o
colectivos que apuntan bien común de la Entidad Territorial – ET, en su conjunto.

Con el fin de formular POT que cumplan criterios mínimos de calidad, el proceso de
preparación y ejecución debe incluir siete elementos claves:

 a) Experticia: La preparación de los POT requiere una considerable experticia, tanto
 entre el personal municipal, entre los grupos consultores que les brinden
 asistencia, y entre los equipos nacionales de acompañamiento que orienten y
 sistematicen el proceso;

 b) Evidencia: Los expertos no pueden elaborar un POT si no cuentan con
 evidencias relevantes en las cuales fundamentar sus decisiones. Los POT, como
 instrumentos de organización territorial, necesitan evidencias integrales sobre las
 entidades territoriales, precisan pruebas que pueden afectar las decisiones
 específicas sobre la organización espacial del territorio municipal;

 c) Preparación: La preparación del POT es un esfuerzo conjunto de los funcionarios
 municipales y de los grupos de consultoría que les apoyan, con la participación
 continua de los sectores interesados. En general, cuanta menos experticia exista
 a nivel
 d) municipal, mayor responsabilidad en la preparación del plan estará en los grupos
 consultores.

 e) Divulgación: Los POT, en su proceso de formulación, deben someterse a
 procesos de participación y concertación por parte de organismos
 gubernamentales, así como de los ciudadanos y grupos cívicos interesados, antes
 de su aprobación por los Concejos Municipales o que sean adoptados por Decreto.
 Este proceso a menudo implica delicadas negociaciones políticas y formas
 organizativas eficientes.

 f) Ejecución: Los POT, una vez aprobados, deben ejecutarse en el marco del término
 de vigencia de sus componentes, que referido al de largo plazo comprende mínimo 20
 3 períodos de gobierno -12 años- que lo debe proyectar como el instrumento
 fundamental para el desarrollo territorial, la infraestructura física y además, deben
 articularse con los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial
 supramunicipal, con los planes de desarrollo de las diferentes escalas, así como
 con los instrumentos que definen regímenes de usos y lineamientos espaciales
 en materia de ordenamiento territorial ambiental y gestión del riesgo de desastres.

 g) Inversión: Los POT también deben ser utilizados para guiar las inversiones
 prioritarias en materia de obras y en general las actuaciones públicas. Como tales,
 deben ser utilizados como instrumentos que permitan coordinar las acciones de
 varias estructuras y agencias de gobierno a nivel nacional, regional,
 departamental metropolitano y municipal, así como del sector privado, del cívico y
 de otros grupos interesados que participen en la organización territorial del
 municipio.

 h) Capacidad: los municipios deben contar con la capacidad institucional, legal,
 administrativa y financiera/presupuestal para garantizar los procesos de
 gestión/ejecución de los POT en el marco de los diversos esquemas de gestión
 (asociada o individual/predio a predio) y sus consecuentes sistemas de reparto
 equitativo de cargas y beneficios en ejercicio del derecho/deber en el ejercicio de
 la propiedad inmueble que se enmarcó en el concepto función social y ecológica
 de la propiedad (artículo 58 de la C. P. de 1991 y 3 de la Ley 388 de 1997).

 i) Resumiendo la legislación aplicable a los POT establece los siguientes
 documentos requeridos en el proceso de formulación a fin de poderse discutir,
 concertar y adoptar: (i) una cartografía; (ii) un conjunto de normas expresada
 en un Acuerdo, y (iii) un listado de inversiones prioritarias en obras públicas
 programadas dentro del horizonte de planificación del POT (programa de
 ejecución), soportados en (iv) un Documento Técnico de Soporte – DTS (que incluye
 la cartografía), (v) un documento resumen de los contenidos del POT, aunado a (vi)
 un expediente municipal.

Valga señalar que, en la cartografía deben mostrarse como mínimo nueve elementos
claves:
 a) Área urbana, rural y de expansión: La clasificación del territorio en suelo urbano,
 rural y de expansión urbana deberá incluir también las clasificaciones internas para
 cada uno de ellos
 b) Sistema de vías: La definición y clasificación del sistema vial sobre todos los tipos
 de suelo, así como articulado con el sistema vial supra municipal)
 c) Áreas de riesgo: La localización de áreas de amenazas y riesgo en todas sus 21
 clasificaciones para los tipos de suelo, de acuerdo con la escala establecida en la
 reglamentación actual;
 d) Sistema de espacio público: La localización de parques, plazas y plazoletas, así
 como los demás elementos constitutivos del sistema para todos los tipos de suelo;
 e) Áreas de conservación: La ubicación de Bienes de Interés Cultural – BIC, así como
 barrios y lugares de alto valor patrimonial que deben ser conservados y protegidos,
 de acuerdo con su propio inventario y con información del Ministerio de Cultura;
 f) Suelos productivos: La clasificación del suelo rural, teniendo en cuenta la vocación
 de tierras agrícolas de alta productividad que deben ser preservados, así como los
 que deben ser desarrollados para otros usos;
 g) Componentes de infraestructura: La ubicación de los componentes claves de la
 infraestructura como aeropuertos, puertos, lugares de tratamiento y disposición de
 residuos sólidos, sistema de alcantarillado, depósitos de agua, torres de
 telecomunicación, entre otros, consideradas indispensables para el buen
 funcionamiento del municipio;
 h) Sistema ambiental: La localización de la estructura ecológica principal, los proyectos
 de importancia ambiental estratégica, así como la articulación con los instrumentos
 de mayor escala como los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas
 Hidrográficas (POMCAS), entre otros;
 i) Zonificación: La definición de áreas con sus respectivos tratamientos urbanísticos
 que regulan el suelo, la zonificación, la subdivisión de la tierra, la densidad, la
 fiscalidad y las finanzas.

Así mismo, conviene señalar que los POT desde la planificación, prevén: (i) la búsqueda de
un modelo de ciudad y la vocación de esta, como el hecho fundamental sobre el que gire
las decisiones de OT en la búsqueda del desarrollo sostenible, (ii) la previsión de uno o
unos objetivos específicos producto del modelo y la vocación definidos (a partir de las
condiciones propias de cada territorio y el contexto donde se inserta –visión
supramunicipal–), (iii) la estrategia o estrategias que se definan para el efecto, (iv) la
clasificación / categorización del suelo a partir del trabajo técnico / participativo (definir los
suelos rurales, de expansión y urbanos, así como las categorías de protección y
suburbana), (v) la calificación del suelo o el establecimiento de los usos del suelo en el
territorio a ordenar y la asignación de tratamientos (consolidación, renovación, desarrollo,
conservación, mejoramiento, previstos para los suelos urbanos), (vi) la previsión de los
instrumentos de planificación intermedia que complementen las decisiones del POT y la
definición de su alcance, así como de los instrumentos de gestión y financiación del
desarrollo territorial que se prevean para el municipio y, (vii) la definición de programas y
proyectos que concreten lo planificado, mediante una gestión y financiación real y
adecuada.

El conjunto de normas del POT definen y perfilan los contenidos de los instrumentos
complementarios de planificación urbana, de gestión de suelo e incluso de financiación.
Muchos de estos instrumentos de planificación y gestión (fichas reglamentarias, planes 22
parciales, unidades de actuación urbanística, instrumentos de captura de valor, etc.) están
definidos en la normatividad actual y deben incluir disposiciones claras sobre espacio
público, vivienda de interés social, equipamientos sociales, sistemas de movilidad,
infraestructuras de servicios públicos domiciliarios esenciales, sistemas de recolección,
barrido y limpieza, disposición final de residuos sólidos, alumbrado público, etc.

Lo anterior acorde con los principios del OT: (i) función social y ecológica de la propiedad,
(ii) prevalencia del interés general sobre el particular y (iii) distribución equitativa de las
cargas y los beneficios; así como de los tres mandatos que allí se indican: (i) función pública
del urbanismo, (ii) participación democrática y (iii) participación comunitaria de las
plusvalías que se generan por acciones unilaterales del estado.

La lista de las inversiones prioritarias que se traducen en programas, proyectos y en general
en obras públicas durante el horizonte de planificación del POT es también un componente
estratégico y que concreta el éxito de lo planificado o sencillamente en caso de no
ejecutarse, lleva a una planificación sin repercusión real. Y es que el POT, después de todo,
no es solo un documento en el papel, sino un instrumento fundamental para la gestión del
suelo de Puerto Nariño en el corto, mediano y largo plazo. Es importante que se entienda
como tal, y no como un fin en sí mismo, es decir, no un requisito que se debe cumplir solo
por obligación legal, sin consecuencias para la conducción de los asuntos municipales. Las
posibles inversiones prioritarias en las obras públicas que se desprenden del análisis de las
evidencias y la preparación de los nuevos POT, deben responder a la lógica y dinámica de
Puerto Nariño de acuerdo con sus condiciones físicas, sociales, ambientales y políticas.

Por último, pero no menos importante para la concreción del OT, deben tenerse en cuenta
el seguimiento y evaluación constantes (mediante un expediente municipal debidamente
estructurado y que se mida en tiempo real, los impactos asociados a los procesos de
planificación y gestión en el municipio).

Como se deduce de lo anterior, el POT instrumentalmente hablando, o el OT
conceptualmente hablando, es un complemento importante de la planeación económica y
social de la administración municipal, y, por tanto, uno de los elementos claves en la
superación de los retos complejos por los que actualmente atraviesa el país y por
consiguiente el municipio de Puerto Nariño.

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, el diagnóstico del Documento
Conpes 3819 que contiene la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en
Colombia (DNP, 2014), la Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2014) y otros
estudios realizados por entidades y organismos del nivel nacional, identifican la naturaleza
y dimensión de dichos retos.

A continuación, se enuncian las características de estos insumos de ordenamiento
destacando aquellos aspectos en los que el POT, aunque no necesariamente son
determinantes exclusivos, si juegan un rol importante complementario a las políticas 23
públicas:

 a) Urbanización: Las cifras del Documento Conpes 3819 de 2014 muestran que el nivel
 de urbanización entre 2010 y 2050, mantiene su crecimiento pasando de 76% en
 2010 a 86% en 2050. Lo anterior implica que las ciudades colombianas
 concentrarán, cada vez más, demandas de servicios ecosistémicos, suelo,
 vivienda, equipamientos transporte, alimentos, servicios públicos, entre otros. Y
 que en consecuencia, será necesario controlar los impactos ambientales, regular
 los usos del suelo en función de la equidad y el equilibrio territorial, evitar la
 localización de asentamientos humanos en áreas de riesgo, estimular los sistemas
 de movilidad y transporte sostenible, tomar decisiones responsables e informadas
 en materia de densificación o expansión urbana en el que tiene importancia
 crucial la discusión rural agropecuaria que también es un elemento esencial
 del desarrollo y las apuestas de carácter supramunicipal que permitan superar
 b) problemáticas comunes o apostar para mejorar u optimizar los servicios
 territoriales, además de la búsqueda de aglomeraciones urbanas sostenibles
 (cuando ello sea pertinente) y complementariedades funcionales.
 c) Ruralidad y brechas: La creciente concentración de población colombiana en las
 ciudades, contrasta con el alto porcentaje de los municipios del país con un carácter
 más rural que urbano. Según estudios parciales de la “Misión para la
 transformación del campo” de los 1.122 municipios y áreas no municipalizadas
 del país en 2014, 373 se encontraban en la categoría “rural” y 318 en la categoría
 “rural disperso”. Los análisis efectuados por esta Misión permiten concluir además
 que el 84,7% del territorio nacional es rural o rural disperso y que el 30,4% de la
 población colombiana vive en las zonas rurales. El acceso a servicios de
 acueducto y alcantarillado, el elevado déficit cuantitativo y cualitativo de
 vivienda, la formas de distribución de la propiedad, y en general, las brechas de
 calidad de vida de las áreas rurales frente a las cabeceras municipales, son, entre
 otros, los retos de la política pública, en la que la formulación de Planes de
 Ordenamiento Territorial municipal con un componente rural sólido y
 ampliamente desarrollado, pueden aportar algunas soluciones y complementar la
 política pública.
 d) Lo anterior implica no solo repensar el territorio y la ciudadanía rural en búsqueda
 de que cuente con soportes territoriales (estructura funcional y de servicios)
 adecuados y accesibles en términos de compacidad (localizados equitativamente
 en el territorio, tanto en el urbano como en el rural), sino buscar un equilibrio
 urbano – rural al momento de la toma de decisiones de ordenamiento, donde
 dependiendo de variables estratégicas como: (i) la vocación de los municipios
 (desde rurales dispersos o rurales, hasta aglomeraciones urbanas) (ii) las
 realidades de crecimiento o decrecimiento poblacional de los cascos urbanos, (iii)
 la necesidad de mantener y optimizar el suelo con valores agropecuarios
 productivos y competitivos no solo por principios constitucionales como la
 seguridad alimentaria, sino por elementales principios económicos que imponen 24
 garantizar el primer sector de la economía que sirva de soporte para el crecimiento
 de los restantes sectores; permitan un desarrollo sostenible desde dicha
 perspectiva urbano – rural, permitiendo también enfocar los esfuerzos en dichos
 suelos con una mirada territorial, y no simplemente sectorial como ha venido
 sucediendo históricamente.
 e) Conflictos y desequilibrios territoriales: El informe del PNUD (2012) denominado
 “Colombia rural” y el documento “Bases de la política general de ordenamiento
 territorial” elaborado en 2014 por el Comité Especial Interinstitucional (CEI) de
 la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), identificaron y recogieron
 información sobre diversos tipos de conflictos territoriales en el país. Entre ellos
 se destacan los conflictos socioambientales, la ampliación de la frontera agrícola,
 la desarticulación de equipamientos estratégicos para el país de su entorno
 territorial y los conflictos entre el uso efectivo del suelo y su vocación e irrupción
 de actividades productivas que compiten con las tradicionales. Además de las
 políticas públicas de nivel nacional y departamental necesarias para la gestión de
 dichos conflictos, los POT pueden contribuir significativamente a la gestión de estos
 a través de la fijación y control responsable y técnicamente informada de
 perímetros de suelo urbano, de expansión y rural, así como las disposiciones
 normativas e instrumentos de gestión del suelo que propendan por el manejo de
 dichos conflictos, claro está, respetando el alcance de los POT.
 f) Desafíos ambientales. La posibilidad de enfrentar adecuadamente este fenómeno
 y procesos como la desertificación, erosión, compactación de suelos y déficit
 hídrico. El ordenamiento territorial (OT) es una oportunidad para detonar o
 dinamizar respuestas a estos retos.

A las políticas ambientales nacionales en materia de recurso hídrico, cambio climático , de
conservación de los bosques, de participación social en la conservación, de protección de
los humedales interiores, para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos , para la gestión integral ambiental del suelo, entre otras, ahora se suman
compromisos internacionales para desarrollar estrategias o planes de desarrollo bajos en
carbono, de abordaje de las problemáticas relacionadas con el cambio climático, de
reducir el 20 % de sus emisiones de GEI para el año 2030, de acatar el Acuerdo de Paris
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual constituye la nueva hoja de ruta que
regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años.

 g) Gestión del riesgo de desastres: En el ámbito territorial se ha identificado una débil
 incorporación del análisis de riesgo en los POT. Este hallazgo es significativo,
 si se tiene en cuenta que en Colombia durante el periodo 2006- 2009 el número de
 eventos de carácter hidrometeorológico fue de 4.286, y pasó a 8.504 para el
 periodo 2010-2013. Lo anterior representa un aumento de 2,6 veces el número de
 eventos ocurridos (DNP-SDAS, 2014, p. 12). De cara a lo anterior, y en el marco
 del Decreto 1807 de 2014 y las precisiones a éste incluidas en el Decreto 1077 de
 2015, la articulación de políticas sectoriales en el OT se convierte en la posibilidad 25
 más concreta para afrontar estos fenómenos.
h) g) Escenarios post acuerdo: El conflicto armado que por más de 50 años ha
 afectado el país y está vinculado “a la posesión, despojo y desposesión de más
 de seis millones de hectáreas del territorio nacional y,
 consecuentemente, al desplazamiento de más de seis millones de habitantes (14%
 de la población total) de sus lugares de origen y habitación”, ha llegado a un acuerdo
 político que cesa las acciones militares beligerantes en gran parte del territorio
 nacional. En tiempos de post acuerdo, a través de los POT se deben crear
 condiciones de base para: (i) los mecanismos de participación y construcción
 colectiva de visiones y modelos territoriales, (ii) la restitución de tierras, (iii) la
 gestión de problemas relacionados con la tenencia y usos de la propiedad, (iv) la
 planeación para la construcción y mejoramiento de vías terciarias, aportando a las
 condiciones de conectividad y accesibilidad de la población campesina, (v) la
 previsión de proyectos urbanos o urbanos emblemáticos, y (vi) las alternativas
 de hábitat para la población desplazada y víctimas de la guerra, entre otros.
i) Articulación de proyectos estratégicos de nivel nacional con la escala municipal:
 Proyectos de navegabilidad de ríos, del Sistema General de Regalías (SGR), de
 Contratos Plan, Macroproyectos de I nterés Social Nacional (MISN), entre otros,
 son de vital importancia para el desarrollo del país, el fortalecimiento de los
 procesos de descentralización y la autonomía territorial. Su viabilización y llegada
 adecuada al territorio depende en parte de su articulación a los POT, bien sea a
 través de operaciones estratégicas, planes zonales, reservas de suelos, etc.
j) Política General de Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento
 Departamental: Para el fortalecimiento de los procesos de descentralización y
 autonomía, el país tiene el reto de consolidar un sistema multinivel de ordenamiento
 territorial. En dicho sistema se debe indicar: (i) la Nación tiene la competencia de
 establecer la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), política que en
 estricta sujeción al artículo 311 de la Constitución Política está llamada a incorporar
 y articular las competencias municipales y distritales con las departamentales,
 metropolitanas y en un futuro regionales o provinciales en materia de OT, en un
 contexto de articulación de esfuerzos, optimización de recursos y coherencia
 institucional; (ii) las autoridades departamentales, como nivel articulador entre la
 nación y los municipios, tienen la competencia de establecer directrices y
 orientaciones, o adoptar planes de ordenamiento departamental – POD de la
 totalidad o porciones específicas de su territorio y (iii) los municipios como
 entidades territoriales con preeminencia (autonomía) en materia de OT tiene la
 competencia de formular, adoptar e implementar POT, base del desarrollo. En cada
 una de estas instancias se están gestando procesos que permitirán cumplir a futuro
 con las competencias asignadas y con la construcción del sistema multinivel de
 planeación. En este contexto, los POT como la base de los instrumentos de
 planeación dentro de dicho sistema, tendrán el rol de articular las decisiones sobre
 el territorio municipal y distrital con las demás escalas de planeación.
 26
Para promover el desarrollo integral de Puerto Nariño se deben considerar algunos
aspectos estratégicos, específicos y que deben hacer parte integral de los contenidos del
EOT:

Desarrollo territorial sostenible.

 ✓ Conectividad y productividad rural agropecuaria.
 ✓ Redes de transporte integradas.
 ✓ Oferta de suelo con soportes territoriales adecuados.
 ✓ Clasificación del suelo a partir de trabajo técnico territorializado y con participación
 incidente.
 ✓ Garantía de protección y recuperación de suelos con valores ambientales.
 ✓ Mitigación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo natural y antrópico.
 ✓ Previsión del manejo normativo diferenciado de zonas físicas o áreas morfológicas
 homogéneas a ordenar, mediante tratamientos urbanísticos.
 ✓ Densificación viable.
 ✓ Usos del suelo acordes con la necesidad local.
 ✓ Fortalecer los programas y proyectos definidos y asociados al programa de
 ejecución como eje y agenda fundamental del desarrollo.
 ✓ Articular la inversión sectorial con los POT.
 ✓ Promoción del espacio público de calidad.
 ✓ Armonización de instrumentos.
 ✓ Homologación de instrumentos de planificación intermedia o
 complementaria y previsión, fortalecimiento y garantía de puesta en ejecución de
 instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento del ordenamiento y desarrollo
 territorial
 ✓ Articulación de los diferentes sistemas de información asociados o con incidencia
 en el ordenamiento territorial y,
 ✓ Articulación y uso eficiente de los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Lo objetivos que se plantean pueden lograrse si se parte del reconocimiento de las
siguientes premisas estratégicas:

 ✓ Que el Ordenamiento Territorial no solo planifica, sino que también gestiona y
 financia el desarrollo
 ✓ Que los problemas y las potencialidades del municipio no pueden resolverse y
 formularse en la escala municipal exclusivamente, sino que es necesario escalar a
 una visión supramunicipal, la cual en el actual marco jurídico colombiano y
 estrictamente en OT, refiere a los niveles departamental y metropolitano, y puede
 llegar a concretarse en escales regionales y provinciales.
✓ Que se requiere una visión integral del territorio a ordenar, esto es una visión integral
 de las dinámicas territoriales en sus perspectivas rurales, urbanas y ambientales
 (fundamentalmente), lo que impone integrar las diferentes metodologías, desarrollos
 conceptuales, estudios y en general análisis e insumos que se produzcan. 27
✓ Que es necesario desarrollar una agenda conjunta con instrumentos y políticas de
 gobierno que busquen el desarrollo integral en todos los órdenes y no solo en los
 vinculados a la discusión territorial, como son el Plan Nacional de Desarrollo, los
 Departamentales y Municipales.
✓ Que se requieren procesos de ordenamiento con diagnósticos objetivos, que
 incluyan herramientas de seguimiento, indicadores, evaluación, etc.
✓ Que se necesitan procesos de verdadera participación en la toma de decisiones
 (con incidencia) y en su implementación.
✓ Que se requiere el mejoramiento constante en los procesos de concertación y
 discusión de los instrumentos de ordenamiento, así como de los trámites de
 adopción, a fin de hacerlos más eficientes y eficaces no solo en lo relacionado con
 los tiempos y actores que intervienen, sino en la estandarización objetiva de los
 contenidos que se discuten, así como el nivel de profundidad de los soportes y en
 general insumos que permitan la toma de decisiones
✓ Que el proceso implica el fortalecimiento real de las entidades territoriales en la
 búsqueda de procesos eficaces de transformación del territorio mediante los
 procesos de planificación, gestión y financiación del desarrollo urbano.
✓ Que el proceso requiere mecanismos adecuados de evaluación y seguimiento
✓ Que resulta imprescindible revisar el proceso de concertación ambiental y apoyar la
 elaboración y estandarización de estudios, acotando sus especificaciones tanto a
 las necesidades reales de los municipios y departamentos como a sus posibilidades
✓ Que el proceso de planificación implica enfatizar en los procesos de gestión y
 financiación del desarrollo.
4 JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DEL EOT – EL POR QUÉ

Con las consideraciones anteriormente expuestas y una vez analizado el caso específico
del Municipio de Puerto Nariño encontramos que existen 13 (Trece) motivaciones
diagnosticadas que justifican y hacen necesaria y urgente la revisión y ajuste del actual Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, a saber: 28

Vencimiento de la vigencia del largo plazo del EOT

 ✓ Incorporación de normas de mayor jerarquía Nacionales, Regionales y
 Departamentales.
 ✓ Redefinición de acciones urbanísticas acordes al momento actual del municipio.
 ✓ Redefinición de normas urbanísticas estructurales, generales y
 complementarias contextualizadas con la realidad actual del municipio.
 ✓ Establecimiento de las directrices para el desarrollo de predios urbanos no
 desarrollados.
 ✓ Definición de la estructura de espacio público como elemento conector de las áreas
 de interés.
 ✓ Incorporación de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial.
 ✓ Redefinición de la clasificación del suelo suburbano y de expansión.
 ✓ Definición de instrumentos de desarrollo urbano actualizados, útiles y pertinentes.
 ✓ Determinación de suelo habilitado y habilitable para proyectos de Vivienda de Interés
 Social.
 ✓ Implementar las acciones conducentes a la aplicación de los lineamientos de
 adaptación del cambio climático.
 ✓ Actualización y puesta en funcionamiento del expediente municipal para evaluación
 y seguimiento del EOT

 Vencimiento de la vigencia del largo plazo del EOT

Los POT (POT, PBOT o EOT) tienen una vigencia que está asociada a las vigencias de las
administraciones municipales, por lo tanto, cada que culmina el periodo de un alcalde, el
municipio puede identificar la necesidad de revisar los contenidos de la vigencia culminada,
sólo de esa vigencia.

Los planes de ordenamiento territorial según lo señalado en la norma tienen una vigencia
mínima de 3 periodos constitucionales. Esta vigencia se asocia a los componentes del POT,
teniendo en cuenta que el componente general será el que tenga la vigencia de largo plazo
y los componentes urbano y rural la vigencia de mediano plazo.

El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este efecto
se entenderá como mínimo el correspondiente a tres períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, teniendo cuidado en todo caso de que el
momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas
administraciones.

El Programa de Ejecución establece las acciones y los proyectos que serán ejecutados
por la administración municipal vigente. Por lo tanto, un Plan de ordenamiento para
su ejecución deberá elaborar en cada administración municipal el respectivo programa de 29
ejecución en el cual se establecen las prioridades y se articula al plan de desarrollo
municipal de la correspondiente administración. La norma (Art 18 de la Ley 388 de 1997),
establece la necesidad de elaborar el programa de ejecución del Plan, el cual tendrá una
vigencia de corto plazo.

Lo anterior significa que los contenidos de los POT están directamente asociados a su
vigencia, por lo cual los contenidos que se desarrollen en el Componente General serán los
de más larga vigencia y en ese sentido no pueden ser modificados o revisados sino hasta
el final de vigencia del plan; por ende, se debe ser muy cuidadosos en la definición de estos
contenidos, porque serán los orientadores del desarrollo territorial del municipio en al
menos los t r e s ( 3) periodos constitucionales posteriores a la revisión del Plan.

De importancia tener en cuenta que Decreto 019 de 2012 en su artículo 189 establece que:
“la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial
o la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial cuando se garantice la
delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las
áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas
para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”, y la ley 1523
de 2012 en sus artículos 39 y 40 constituyen un lapso de 1 año para revisar y ajustar los
planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que, estando
vigentes, no haya incluido en su proceso de formulación la gestión del riesgo.

Para analizar la vigencia de nuestro plan y establecer en qué momento de su ejecución se
encuentra se presenta el siguiente esquema en el cual puede localizar la fecha de
aprobación del POT y contar los siguientes 3 periodos constitucionales a los que como
mínimo hace referencia la norma para establecer el momento en el cual se encuentra
actualmente. Esto le permitirá definir las posibilidades de revisión de acuerdo con el
vencimiento de sus contenidos:
 Ilustración 4.1. Períodos y vigencias de los POT

 30

 Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Revisada las vigencias de nuestro actual Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) nos
correspondería entonces emprender la revisión por vencimiento de vigencia de largo plazo,
que permite la modificación de nuestro componente estructural. La vigencia del nuevo EOT
de Puerto Nariño estaría vigente, de esta manera y concordantemente con lo desarrollado
en el Capítulo 2 de este documento, hasta el 31 de diciembre de 2035.

 Incorporación de normas de mayor jerarquía nacionales, regionales y
 departamentales.

Luego de la aprobación de nuestro Esquema de Ordenamiento Territorial han surgido gran
cantidad de Decretos modificatorios y reglamentarios sobre numerosos temas que debido a
la no revisión del EOT, no se han contemplado y que han quedado pendientes por ser
definidos, explicados, corregidos y reglamentados, sobre temas como el espacio público,
la expedición de normas urbanísticas, la legalización de asentamientos, la elaboración
de planes parciales y sobre el ordenamiento del suelo rural, entre otros.

El EOT de nuestro municipio no ha efectuado revisión por vencimiento de vigencia en sus
12 años de existencia, ocasionando que decisiones normativas superiores sean
incorporadas a su estructura, contraviniendo en ocasiones lo estipulado en el artículo 10 de
la Ley 388 de 1997, en cuanto a que en la elaboración y adopción de sus planes de
ordenamiento territorial, los municipios deberán tener en cuenta las siguientes
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los
 recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales así:
 a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus
 respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional
 Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del
 territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos
 Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de
 uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo
 en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; Acuerdo 010 de
 la Comisión de Ordenamiento Territorial COT. 31
 b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio
 ambiente y de los recursos naturales renovables; las disposiciones producidas
 por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
 respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o
 sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de
 suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las
 normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por
 la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
 jurisdicción y las directrices y normas expedidas por las autoridades
 ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
 ecosistémica;
 c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que
 integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales
 nacionales;
 d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
 riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
 asentamientos humanos, a s í c o m o las estrategias de manejo de zonas
 expuestas a amenazas y riesgos naturales.
 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de
 las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los
 departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad
 con la legislación correspondiente.
 3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial
 nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua,
 saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos
 para sus áreas de influencia.

Existe una serie de normas, compiladas en el decreto 1077 de 2015, a las cuales debe
apuntarse en la revisión, las cuales no han sido incorporadas al Esquema de
Ordenamiento Territorial de Nuestro Municipio, entre otras:

Decreto Nº 4002 de 2004 Sobre las Normas Urbanísticas:

Reglamenta los Artículos 15 (Normas urbanísticas) y 28 (Vigencia y revisión del plan) de
la Ley 388 de 1997

✓ Hace referencia al manejo que debe dársele a los servicios de alto impacto alusivos a
 la prostitución y actividades afines, en cuanto a la localización de éstos en el espacio
 urbano, los usos compatibles e incompatibles, las condiciones para el desarrollo de
 estas actividades y los programas de reordenamiento para la relocalización de los usos
 incompatibles.
✓ Hace referencia a las razones excepcionales de interés público o de fuerza mayor o de
 caso fortuito para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento.
✓ Adicionalmente admite las modificaciones excepcionales de normas urbanísticas 32
 de carácter estructural o general, que tengan por objeto asegurar la consecución de
 los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo.
✓ Establece el procedimiento para aprobar y adoptar los proyectos de revisión y ajuste
 del plan de ordenamiento o de alguno de sus contenidos.
✓ Finalmente determina los documentos requeridos para la revisión y ajuste.

Decreto Nº 097 de 2006 Sobre la Expedición de Licencias de Urbanísticas en Suelo Rural:

✓ Define los centros poblados rurales y las parcelaciones destinadas a vivienda
✓ campestre como -Núcleos de Población.
✓ Establece las condiciones a las que estará sujeta la expedición de normas urbanísticas
 en suelo rural.
✓ Establece la prohibición de parcelaciones en suelo rural hasta que no se establezcan
 mediante el plan de ordenamiento la identificación y delimitación precisa de las áreas
 destinadas a este uso junto con la definición de las normas urbanísticas de parcelación
 y teniendo en cuenta la legislación agraria y ambiental.
✓ Establece la prohibición de la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto
 en la Ley 160 de 1994.
✓ Establece las actuaciones urbanísticas que pueden ser desarrolladas en el suelo rural,
 de acuerdo con las restricciones de uso, intensidad y densidad, garantizando el
 autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios
✓ Finalmente indica que los municipios deben establecer las regulaciones
 complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en
 estas áreas.

Decreto Nº 1469 de 2010 sobre el Reconocimiento de Edificaciones y la Legalización de
Asentamientos Humanos

✓ Reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento
 de edificaciones; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por
 viviendas de Interés Social.
✓ Define los diferentes tipos y modalidades de licencias necesarias para adelantar obras
 de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios (de construcción,
 ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de
 edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, etc.)
✓ Establece los tipos de licencia para suelos urbano, de expansión, rurales y rurales-
 suburbanos.
✓ Determina las modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio
 público.
✓ Determina los procedimientos aplicables para la Expedición de Licencias Urbanísticas,
 así como el procedimiento para la expedición de las licencias, los contenidos y las
 vigencias de éstas.
✓ Establece las exigencias técnicas de construcción y la determinación de las áreas de 33
 cesión.
✓ Determina el procedimiento para el reconocimiento de edificaciones
✓ Desarrolla el tema de la legalización de asentamientos humanos, requisitos y
 procedimientos.

Decreto Nº 2181 de 2006 Sobre Planes los Parciales, modificado parcialmente por el
decreto 1478 de 2013.

✓ Reglamenta parcialmente las disposiciones relativas a los planes parciales contenidas
 en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.
✓ Define el plan parcial como - el instrumento mediante el cual se desarrollan y
 complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas
 determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión
 urbana, además de las que deban desarrollarse mediante de unidades de actuación
 urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales.
✓ Define los términos urbanísticos utilizados e incluidos en el instrumento, tales como:
 aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico, aprovechamiento
 urbanístico básico, aprovechamiento urbanístico adicional, área bruta, área neta
 urbanizable, índice de construcción, índice de ocupación, infraestructura o red vial
 principal, secundaria y local, los sistemas generales o estructurantes, tratamientos
 urbanísticos, tratamiento urbanístico de desarrollo, uso del suelo.
✓ Reglamenta los procedimientos para la formulación y adopción de los planes parciales.
✓ Determina los documentos y contenidos con los que debe contar el proyecto de plan
 parcial para ser recibido.
✓ Establece las etapas que deben ser seguidas en la formulación y revisión, concertación
 y consulta y de adopción por decreto del plan parcial.
✓ Define las unidades de actuación urbanística y las unidades de gestión requeridas en
 el diseño del plan parcial.
✓ Establece el manejo del tema de las cargas y beneficios.

Decreto Nº 3600 de 2007 Sobre el Ordenamiento del Suelo Rural - modificado por el
Decreto 4066 de 2008.
✓ Reglamenta las disposiciones relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo
 rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este
 tipo de suelo.
✓ Define los términos y conceptos que han de incorporarse en los procesos de
 planificación y ordenamiento del suelo rural.
✓ Establece que, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en los 34
 procesos de formulación, revisión y modificación de los planes de ordenamiento, los
 municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan
 en el presente decreto, como normas de superior jerarquía en los
✓ Determina que en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se
 deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo
 restringido
✓ Define las categorías de desarrollo restringido en suelo rural.
✓ Establece también que, para desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de
 áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, el plan de ordenamiento territorial
 podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las unidades de planificación rural
 teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos: (i) La división veredal, (ii)
 La red vial y de asentamientos existentes, (iii) La estructura ecológica principal. (iv) La
 disposición de las actividades productivas. (v) Las cuencas hidrográficas, cerros y
 planicies u otros elementos geográficos
✓ Determina la unidad de planificación rural
✓ Define y establece el ordenamiento de los corredores viales suburbanos
✓ Establece las normas para los usos industriales en suelo rural suburbano.
✓ Aborda el tema del ordenamiento de los centros poblados rurales.
✓ Aborda el tema de la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural
✓ Establece los documentos requeridos para el proceso de expedición de licencias de
 parcelación en suelo rural
✓ Define las condiciones generales para el otorgamiento de licencias para los distintos
 usos en suelo rural y rural suburbano

Decreto Nº 4065 de 2008 s obre las actuaciones y procedimientos para la urbanización y
la estimación y liquidación de la participación en plusvalía

✓ Reglamenta las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al
 desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión
✓ Define términos y conceptos urbanísticos fundamentales tales como: la actuación de
 urbanización, área o predio urbanizable no urbanizado, áreas de cesión pública
 obligatoria en actuaciones de urbanización en suelo urbano y de expansión urbana, la
 disponibilidad inmediata de servicios públicos, tratamientos urbanísticos, tratamiento
 urbanístico de desarrollo, uso del suelo, zonas de reserva para sistemas estructurantes
 o generales.
✓ Determina las zonas y predios sujetos a las actuaciones de urbanización y las
 condiciones para adelantar la actuación de urbanización en suelo de expansión y en
 suelo urbano.
✓ Se determina la prohibición de subdivisión previa al proceso de urbanización en suelo
 urbano para los predios urbanizables no urbanizados (expone las excepciones al caso).
✓ Finalmente aborda el tema de la participación en plusvalía de conformidad con lo 35
 dispuesto en el decreto

Como estas, una gran cantidad normas más han sido expedidas y sus impactos no han sido
incluidos en nuestro Plan Básico de Ordenamiento Territorial, situación especial que hace
absolutamente justificable su inmediata revisión.

 Redefinición de acciones urbanísticas acordes al momento actual del
 municipio.

El Artículo 8 de la Ley 388 de 1997 define la Acción urbanística como la acción referida
a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo.

Son acciones urbanísticas, entre otras:

 a) Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
 b) Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los
 servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
 líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público
 y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares
 análogos.
 c) Establecer la zonificación y localización de los centros de producción,
 actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades
 de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de
 las edificaciones y demás normas urbanísticas.
 d) Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción
 adecuada a las necesidades colectivas.
 e) Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización
 de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma
 presenten condiciones insalubres para la vivienda.
 f) Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación
 urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
 g) Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social.
 h) Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción
 prioritaria.
 i) Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
 servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
 entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.
 j) Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad
 pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.
 k) Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 36
 desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
 paisajística.
 l) Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del
 municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva
 jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.
 m) Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
 n) Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del
 territorio.
 o) Identificar y localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa
 concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial
 estratégica básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa
 Nacional.

Todas estas acciones urbanísticas son inherentes a la misma revisión y ajuste del EOT,
que pretendemos iniciar; por tanto, han de revisarse una a una, para determinar la
pertinencia o no de su modificación.

 Redefinición de normas urbanísticas estructurales, generales y
 complementarias contextualizadas con la realidad actual del municipio.

El territorio no es un ente estático e inerte; el territorio está vivo, en constante movimiento
y transformación. Es por lo que los planes de ordenamiento deben ser revisados y
ajustados periódicamente, para que en efecto respondan a aquellos procesos y dinámicas
territoriales que no son estéticas y definidas y que cambian a lo largo del tiempo, para así
poder ordenar el territorio.

Por tanto, se requiere evaluar los resultados y la eficiencia de lo que se ha trazado como
metas u objetivos, así como las estrategias que se propusieron para alcanzarlos, además
como para verificar si los contenidos que abarca el plan coinciden con las necesidades y
requerimientos sociales, económicos, normativos, etc.

Ante esta situación se hace urgente una revisión de los aspectos prohibitivos y replantear
el manejo y la normatividad en cuanto al comercio y las actividades recreativas, turísticas
y nocturnas de manera que se aprovechen las potencialidades turísticas que posee el
municipio.
 Establecimiento de las directrices para el desarrollo de predios urbanos no
 desarrollados.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 4065 de 2008, compilado en el artículo 2.2.1.1
del Decreto 1077 de 2015, se define área o predio urbanizable no urbanizado, como
aquellas áreas o predios que no han sido desarrollados y en los cuales se permiten las 37
actuaciones de urbanización, o que aun cuando contaron con licencia urbanística no
ejecutaron las obras de urbanización aprobadas en la misma.

La gestión del suelo es indispensable para la acción pública sobre el desarrollo de los
municipios. Su puesta en práctica en los últimos años ha sido objeto de un amplio debate
en el que se resaltan sus virtudes y, a su vez, se han puesto de relieve las dificultades para
su aplicación en realidades urbanas complejas, como la de pequeños municipios.

La gestión del suelo se refiere a tres aspectos principales:

 ✓ La obtención de terrenos por parte de la administración pública para el desarrollo
 de infraestructura y dotaciones definidas en los EOT.
 ✓ El financiamiento del desarrollo urbano a través de impuestos y
 contribuciones derivados de la tierra urbana, de su urbanización o de su
 construcción.
 ✓ La intervención directa o indirecta en el mercado de los suelos urbanos.

 Para intervenir en cualquiera de estos aspectos, la administración municipal debe
 utilizar los instrumentos adoptados en las leyes y normas que sustentan la actuación
 urbanística, que defina, entre otros, los siguientes elementos:

 ✓ Los procedimientos a través de los cuales la administración pública puede obtener
 suelo para el desarrollo de infraestructura, dotaciones o vivienda social, activando
 suelos inactivos
 ✓ Los instrumentos para impulsar el desarrollo (“salida al mercado”) de los predios
 que tengan una localización estratégica (“lotes de engorde”) mediante impuestos
 especiales para obligar a su desarrollo inmediato.

En el caso de Puerto Nariño, existen predios al interior del perímetro urbano, urbanizables
no urbanizados, que requieren ser dinamizados para el desarrollo de infraestructura,
dotaciones o vivienda social; el EOT debe facilitar esta dinamización mediante los
instrumentos pertinentes que contempla la normatividad existente.
 Definición de la estructura de espacio público como elemento conector de las
 áreas de interés.

El espacio público es un producto social y como tal tiene lógica aludir a la constitución social
del espacio público, el cual puede ser definido como un espacio con carácter histórico, y
supeditado a un conjunto de relaciones sociales y procesos de desarrollo. 38

El espacio público es un estructurante fundamental en el desarrollo ciudadano, en virtud de
que articula la vida cotidiana con la vida pública, por eso el Estado tiene el deber de
garantizar la creación y administración del espacio público, como un bien público para la
satisfacción del interés general, el bien común y los derechos colectivos. El espacio público
en esa directriz normativa y de Estado social de Derecho, tiene varias funciones: (uso
lúdico, deportivo, integración social, expresión cultural y de participación política)

El espacio público como elemento estructurante territorial tiene gran importancia histórica,
otorgada por los procesos que conforman la ciudad y la sociedad que la habita. Sin
embargo hoy en la ciudad colombiana especialmente las que se encuentran en procesos
de crecimiento acelerado gracias en gran parte a la globalización económica, el espacio
público ha perdido importancia como elemento estructurante y productor de relaciones
sociales, por lo cual deja de concebirse como el “Elemento inmanente de toda morfología
urbana y como destino de todo tipo de intervenciones urbanizadoras, el doble sentido de
objeto de urbanismo y urbanidad” (Delgado & Malet, 2011, p. 1)

En la dimensión físico-territorial el espacio público juega un papel importante ya que se
convierte en una superficie accesible a todos los habitantes y con una marcada condición
de centralidad, especialmente asociada al Parque Principal, ya que la calidad de vida de
las poblaciones y las comunidades en riesgo. Así mismo, está intrínsecamente asociada
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión misma que puede ser vista
como un espacio geográfico reconocido por un grupo de personas que lo relacionan con
una actividad o uso cotidiano o visto como un espacio símbolo con el que las personas se
identifican o lo reconocen como parte de la ciudad.

Hoy el espacio público en el municipio de Puerto Nariño debe responder a sus
transformaciones físicas, sociales y económicas y así recobrar el sentido e importancia
como estructurante del territorio. El espacio público de Puerto Nariño contiene un carácter
especial, que tiene una trayectoria, en el que los Porteños usan las calles, las plazas y
demás elementos no solo para desplazarse con funciones de movilidad, sino para realizar
actividades de permanencia como recreación, actividades económicas para su sustento,
pero que además requieren incorporar nuevamente en su imaginario: su patrimonio cultural
y ambiental, elementos que permitan la socialización y expresión de su cultura y sus
costumbres, como sitio de eventos culturales propios, como el lugar de encuentro y de
interacción social entre sus habitantes .
Para lograr que el espacio público se convierta en elemento conector de estas áreas de
interés, debe propiciar la armonía de los elementos constitutivos naturales y los elementos
constitutivos artificiales o construidos, con los elementos complementarios, de forma tal
que sea efectivamente el regulador de las condiciones ambientales de Puerto Nariño.

 Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 39

El tema de la incorporación la prevención y de la reducción de riesgos en la
Planificación del Desarrollo Territorial, se viene abordando desde la aplicación de ley 9ª de
1989, cuando por primera vez se dispuso la obligatoriedad de incluir en los Planes de
Desarrollo, acciones concretas para la intervención del territorio, y la definición de
responsabilidades y competencias con respecto a la visión de futuro de los municipios y
por el decreto ley 919 de 1989 que ordena a través de su artículo 6º a las entidades
territoriales incorporar el componente de prevención de desastres en los procesos de
planificación territorial, sectorial y de desarrollo.

La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo
de desastres (Ley 1523 de 2012).

Por lo tanto, se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar ambiental
territorial y sosteniblemente, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación
de la población. La gestión del riesgo se fundamenta en los procesos de conocimiento del
riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres.

La incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial es necesaria para la construcción
de municipios seguros y sostenibles, donde las opciones de desarrollo no se vean
amenazadas por las características ambientales del territorio, sino por el contrario donde
tales características pueden ayudar a su crecimiento económico y social. La incorporación
del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento territorial permitirá establecer
medidas no estructurales para la prevención y mitigación, orientadas a la reducción del
riesgo existente y a evitar la generación de nuevos riesgos a futuro.

Por ello, de acuerdo con los lineamientos de Ordenamiento Territorial y de prevención
de desastres (Ley 388 de 1997), los municipios están obligados a formular los Planes de
Ordenamiento Territorial, los cuales deben contener entre otros aspectos, las
determinantes y componentes relacionadas con el tema de riesgos: “políticas, directrices
y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y
localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias
de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales”.
La Ley 388 de 1997 precisa que uno de los objetivos de la ley de ordenamiento territorial es
el establecimiento de mecanismos que generen acciones autónomas para atender y prevenir
oportunamente la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo; uno de los fines
de la función pública del urbanismo es mejorar la seguridad de los asentamientos humanos
ante los riesgos naturales, por lo que la acción urbanística que materializa esta función
pública debe determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos ,por amenazas 40
naturales para la localización de asentamientos humanos.

Esta ley presenta igualmente unos contenidos mínimos para los diferentes
instrumentos de ordenación del territorio, para el caso el EOT debe incluir el inventario
de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad; desde la definición de tipos de
suelo se especifica que el suelo de protección debe incluir las áreas de amenazas y
riesgos no mitigable para la localización de asentamiento humanos, prohibiendo la
urbanización de dichas zonas; finalmente precisa que: “las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de
reubicación de asentamientos humanos serán entregadas a las Corporaciones
Autónomas Regionales o a la Autoridad Ambiental para su manejo y cuidado de forma tal
que se evite una nueva ocupación. En todo caso el alcalde municipal o distrital respectivo
será responsable de evitar que tales áreas se vuelvan a ocupar con viviendas y responderá
por este hecho.” (Ley 388 de 1997)

Con la entrada en vigencia del Decreto 1087 del 19 de septiembre de 2014, ahora
compilado en el Decreto 1077 de 2015, se establecen las condiciones técnicas para la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial a través de
la realización de los estudios básicos al momento de realizar la revisión de los contenidos
mediano y largo plazo y para la expedición de un nuevo EOT, resultados que configuran
una determinante y norma estructural de los POT, especialmente para la definición de
las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos por amenazas naturales

De conformidad con el artículo 2.2.2.1.3.1.1 y 2.2.2.1.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015,
el Alcalde municipal no podrá someter a consideración de la Corporación Autónoma
Regional o autoridad ambiental correspondiente, los proyectos de revisión de los POT
que no contengan los resultados de los estudios básicos para la incorporación de la gestión
del riesgo, a través de los cuales se definirá la necesidad y priorización para la realización
de los estudios detallados durante el plazo de ejecución del POT, en concordancia con
el artículo 2.2.2.1.3.1.4 de la misma disposición normativa.

Con base en la obligación constitucional de proteger la vida y los bienes de la población,
es necesario desarrollar los estudios básicos de identificación y caracterización de las
áreas donde haya evidencia de inestabilidad o propensión a riesgos asociados con los
movimientos en masa e inundaciones y adoptar las medidas necesarias que permitan
reducir el riesgo, prevenirlo y determinar las restricciones de uso y aprovechamiento, así
como las medidas de mitigación.

El municipio de Puerto Nariño NO ha efectuado la incorporación de la Gestión del Riesgo
en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial; con el fin de cumplir con los
procedimientos y requerimientos de la ley en cuanto a la incorporación del riesgo, el 41
municipio deberá tener en cuenta en la formulación para la adopción, o revisión del EOT,
que la temática del riesgo es transversal a todos los determinantes y componentes y que
en forma independiente a la etapa en que su municipio se encuentre, se deberá revisar y
evaluar técnicamente la información contenida en el diagnóstico.

 Redefinición de la clasificación del suelo suburbano y de expansión.

En Puerto Nariño no se contempla suelo de expansión ni suburbano; esta situación lleva a
preguntarse en la actual revisión si estos requerimientos de suelo aún siguen vigentes.

 Definición de instrumentos de desarrollo urbano actualizados, útiles y
 pertinentes.

La existencia de cada uno de los instrumentos de gestión para el desarrollo urbano, tienen
su origen en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997. Sin embargo, esta última Ley es la que
tiene mayor aplicación y capacidad de regulación pues en su mayoría modificó a la Ley 9.

El conjunto de instrumentos contemplados en la legislación colombiana, además de
representar la configuración técnica del ordenamiento territorial articula la participación de
los agentes protagonistas del desarrollo urbano, pues su implementación obedece a
circunstancias y coyunturas sociales y a procedimientos jurídicos que delimitan las acciones
sobre el territorio y en esa medida los alcances de los intereses que cada agente pueda
desarrollar sobre el espacio municipal.

Los instrumentos de planificación y gestión territorial permiten gestionar, viabilizar e
implementar los planes de ordenamiento territorial, mediante la combinación de métodos
y procedimientos de carácter administrativo, financiero y de gestión del suelo; las funciones
atribuidas a los instrumentos por el ordenamiento territorial colombiano se dirigen al
cumplimiento de objetivos que permitan:

 ✓ Conservar elementos que representen valor cultural, histórico, arquitectónico,
 ambiental o rural.
 ✓ Generar suelo urbanizado para vivienda, que asegure la eliminación o disminución
 de riesgos y favorezca la inclusión social.
 ✓ Generar elementos colectivos de soporte que aseguren las condiciones suficientes
 para vivir en las ciudades.
 ✓ Generar estructuras de apoyo y respaldo para las actividades
 socioeconómicas de la ciudad.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos es necesario emplear los siguientes
mecanismos: 42

 ✓ Obtener suelos públicos o convertir suelos privados en suelos de uso público.
 ✓ Crear sistemas de financiación que permitan costear la urbanización sin generar
 cargas y afectaciones los presupuestos estatales.
 ✓ Asegurar a los propietarios del suelo tratamientos equitativos frente a las cargas y
 beneficios de la urbanización.
 ✓ Asegurar la incorporación al desarrollo de los suelos, dentro de los tiempos
 asignados por los lineamientos del ordenamiento territorial.
 ✓ Regular la especulación del suelo.

La clasificación que propone la Ley 388 los ubica de la siguiente manera:

Planificación:

 ✓ Plan de Ordenamiento territorial
 ✓ Planes parciales

Gestión:

 ✓ Unidades de Actuación Urbanística
 ✓ Transferencia de derechos de desarrollo y de construcción
 ✓ Compensación Reajuste de tierras Integración inmobiliaria Cooperación entre
 partícipes.
 ✓ Enajenación voluntaria Expropiación judicial Expropiación administrativa
 ✓ Enajenación forzosa
 ✓ Desarrollo prioritario
 ✓ Derechos de preferencia
 ✓ Bancos de tierra y bancos inmobiliarios

Financiero:

 ✓ Valorización de beneficio local o general
 ✓ Participación en plusvalías
 ✓ Bonos y Pagarés de reforma urbana

Ninguno de los instrumentos anteriormente mencionados está incluido en el EOT, ni son
aplicados por la administración municipal (por desconocimiento o por inconveniencia),
imposibilitando así la dinamización del suelo, la priorización del desarrollo urbano, o la
financiación de los proyectos incluidos en el programa de ejecución del Plan; por tanto, se
hace indispensable incluir estas herramientas en el nuevo plan resultante.

 Determinación de suelo habilitado y habilitable para proyectos de Vivienda de
 Interés Social.
 43
En atención a lo estimado en el artículo 92 de la Ley 388 de 1997, corresponde a los
municipios determinar sus necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto
nueva como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las mismas definir los
objetivos de mediano plazo y las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas
tendientes a la solución del déficit correspondiente.

En todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes de ordenamiento y los
instrumentos que los desarrollen, determinarán porcentajes del nuevo suelo que deberán
destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés social. Igual previsión habrán
de contener los planes parciales para programas de renovación urbana. Lo anterior, sin
perjuicio de que este tipo de programas se localicen en otras zonas de la ciudad, de
acuerdo con las normas generales sobre usos del suelo.

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Nariño no definió en su
componente urbano, el suelo destinado para vivienda de interés social, lo que ha generado
que no se hayan podido adelantar proyectos con miras a solucionar el déficit de vivienda
cuantitativo urbano.

Con el fin de garantizar el desarrollo de programas de vivienda de interés social y
prioritaria, el municipio debe incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo
rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana que le resulten propicios para el
desarrollo y construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario; esto
solo es posible mediante el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial.

 Implementar las acciones conducentes a la aplicación de los lineamientos de
 adaptación del cambio climático.

El cambio climático es una realidad, y tiene importantes efectos en el desarrollo
socioeconómico del país. Como respuesta a esta problemática, el Gobierno Nacional está
formulando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que busca
reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio y a la variabilidad
climática.

EL Departamento Nacional de Planeación - DNP Ha elaborado un documento que
representa un primer insumo en el marco del PNACC, y tiene como finalidad consolidar un
marco conceptual para la adaptación al cambio climático en el país y establecer los
lineamientos que se deberán seguir durante el proceso de formulación de los Planes
Sectoriales y Territoriales de Adaptación.

Con estos lineamientos el Municipio de Puerto Nariño debe preparar la revisión de su EOT,
con un enfoque que permita reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados
al cambio climático. 44

 Actualización y puesta en funcionamiento del expediente municipal para
 evaluación y seguimiento del EOT

Tal como lo estipula la ley 388 de 1997 en su Artículo 112, se debe consolidar un
Expediente Municipal que sirva de instrumento de seguimiento y control en cuanto al
ordenamiento del territorio municipal, el cual consiste en un sistema de información que
sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes,
programas y proyectos de ordenamiento espacial del territorio. Este expediente estará
constituido no sólo por el plan de ordenamiento del municipio, sino también por un sistema
de indicadores, así como todo tipo de documentación (estudios técnicos, planos, informes,
etc.), que permita un conocimiento completo y continuo de las situaciones del orden
territorial para el beneficio de la ejecución del plan.

Desafortunadamente, la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación a los
procesos de ordenamiento territorial no constituyó una prioridad para algunos municipios.
Tal es el caso de Puerto Nariño que en procura de cumplir con el requisito de tener un plan
en un plazo determinado, omitió la importante tarea de conformar su Expediente Municipal,
dejando por fuera un importante aspecto del ordenamiento territorial como lo es la
integración de acciones y necesidades (técnicas y logísticas) con procesos y sistemas de
información o monitoreo para dar una respuesta integrada y eficiente a las necesidades
concretas del municipio acorde con la realidad territorial y los objetivos de ordenamiento
que se trace el plan.

Para la conformación del Expediente Municipal, el archivo técnico e histórico debe
consolidarse como la memoria de la planeación territorial municipal, facilitando así la
coherencia y continuidad de los procesos. Sin embargo y debido también a la reducida
capacidad económica del municipio, la capacidad efectiva de la administración municipal
se ha visto gravemente afectada en aspectos como la reducción de personal para adelantar
estas labores.
5 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL EOT DE PUERTO NARIÑO – EL PARA QUÉ

 Objetivo General

Efectuar la Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Nariño,
Amazonas, incorporando como solución todos los elementos que han justificado su revisión. 45

 Objetivos Específicos en la revisión y ajuste del EOT de Puerto Nariño

 ✓ Adelantar la revisión del EOT por Vencimiento de la vigencia del largo plazo.
 ✓ Asegurar la incorporación de normas de mayor jerarquía Nacionales, Regionales y
 Departamentales.
 ✓ Adelantar la redefinición de acciones urbanísticas acordes al momento actual del
 municipio.
 ✓ Conseguir la redefinición de normas urbanísticas estructurales, generales y
 complementarias contextualizadas con la realidad actual del municipio.
 ✓ Establecer las directrices para el desarrollo de predios urbanos no desarrollados
 ✓ Definir la estructura de espacio público como elemento conector de las áreas de
 interés
 ✓ Lograr la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.
 ✓ Avanzar en la definición de instrumentos de desarrollo urbano actualizados, útiles
 y pertinentes.
 ✓ Identificar el suelo habilitado y habilitable para proyectos de Vivienda de Interés
 Social.
 ✓ Implementar las acciones conducentes a la aplicación de los lineamientos de
 adaptación al cambio climático.
 ✓ Realizar la sistematización y puesta en funcionamiento del expediente municipal
 para evaluación y seguimiento del EOT

Estos objetivos deberán incorporar las innovaciones con enfoque supramunicipal, sobre
elementos estructurantes del territorio planteadas por el DNP en su kit territorial como
estrategia de acompañamiento a municipios del país que emprenden su proceso de revisión
y ajustes, elaborados por sus aliados estratégicos: Universidad de Nueva York – NYU y
el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP, consistentes en:

Visión Regional:

Relacionadas con gestionar interdependencias como aspecto fundamental para consolidar
territorios funcionales por medio de proyectos estratégicos regionales.
Vínculos Urbano-Rurales:

Enfocados a promover la cohesión al entender el territorio como un continuo con relaciones
de interdependencia entre lo urbano y lo rural.

Vínculos supramunicipales:
 46

Enfocados a potenciar las relaciones funcionales existentes entre los centros urbanos y los
municipios aledaños.

Ambiente y Riesgo:

Que permite reconocer, incorporar y consolidar la Estructura Ecológica Principal, con
enfoque multiescalar de servicios ecosistémicos y de gestión del riesgo y cambio climático

Revisar, renovar y reciclar la ciudad:

Que permite reconocer la ciudad existente e identificar los tratamientos urbanísticos
requeridos para su adecuado aprovechamiento.

Movilidad y Transporte:

Orientado a incorporar la infraestructura vial como determinante del modelo de ocupación
del territorio.

Expansión y Crecimiento Urbano Ordenado:

enfocado a definir el área de expansión o de nuevos desarrollos a través de criterios
técnicos como proyecciones demográficas, análisis de huella urbana y demanda de
servicios públicos e infraestructura vial.

Gobernanza e instituciones:

Con el fin de impulsar procesos de gobernanza colaborativa y de fortalecimiento
institucional a partir de la elaboración, implementación y seguimiento a los instrumentos.

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural:

Enfocado a conectar los derechos de uso y propiedad sobre la tierra con la administración
y regulación del espacio físico y del suelo de un territorio
6 ETAPAS Y PRODUCTOS DE PROCESO DE REVISIÓN DEL EOT – EL CÓMO

 Proceso de revisión del EOT

Conforme a la ley 388 de 1997 (Artículo 9), corresponde al Municipio de Puerto Nariño
revisar y ajustar su actual Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT. 47

Un Plan de Ordenamiento Territorial es un conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Sin embargo, un Plan
de ordenamiento territorial incluye como mínimo los objetivos, estrategias y políticas de
largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del
territorio en suelo urbano y rural, la estructura general del suelo urbano, en especial, el
plan vial y de servicios públicos domiciliarios, la determinación de las zonas de amenazas
y riesgos naturales y las medidas de protección, las zonas de conservación y protección
de recursos naturales y ambientales y las normas urbanísticas requeridas para las
actuaciones de parcelación, urbanización y construcción, sin perjuicio de lo establecido en
la ley 388 de 1997 en sus artículos 11 al 14.

El ordenamiento del territorio municipal tiene por objeto complementar la planificación
económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:

 i.) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del
 suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y
 ambientales .
 ii.) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y
 actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las
 actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o
 distrital; y
 iii.) La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

En la elaboración y adopción de este Esquema de ordenamiento territorial Puerto Nariño se
tendrán en cuenta las siguientes determinantes que constituyen normas de superior
jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las
leyes:

 i.) Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los
 recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
 ii.) Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso
 de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación
 y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de
 conformidad con la legislación correspondiente y
 iii.) El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la
 red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento
 de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de
 ordenamientos para sus áreas de influencia.

Este Esquema de ordenamiento territorial d e Puerto Nariño deberá contener como 48
mínimo los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la
ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del territorio en suelo urbano y rural, la
estructura general del suelo urbano, en especial, el plan vial y de servicios públicos
domiciliarios, la determinación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las medidas
de protección, las zonas de conservación y protección de recursos naturales y
ambientales y las normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación,
urbanización y construcción.

De acuerdo a lo establecido en el parágrafo único del artículo 17 de la Ley 388 de 1997,
para municipios con población inferior a los 30.000 habitantes que presenten dinámicas
importantes de crecimiento urbano podrán adoptarse Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial, como instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento de su territorio;
sin embargo, este no es el caso de Puerto Nariño.

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Puerto Nariño deberá contemplar los tres
componentes establecidos por el artículo 11 de la ley 388 de 1997:

 i.) El componente general del plan, el cual estará constituido por los objetivos,
 estrategias y contenidos estructurales de largo plazo.
 ii.) El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones,
 programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano; y
 iii.) El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones,
 programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre
 los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente
 utilización del suelo.

 Etapas del proceso de formulación:

En el proceso de Formulación del EOT se surtirán las siguientes etapas contempladas en
el artículo 2.2.2.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015. Estas son:

 ✓ Seguimiento y evaluación
 ✓ Diagnóstico
 ✓ Formulación
 ✓ Concertación
 ✓ Adopción
 Seguimiento y evaluación

El municipio al no contar con el Expediente Municipal tal y como lo dispone el Artículo
112 de la Ley 388 de 1997, debe darle alcance dentro de la Revisión y Ajuste del EOT a
este estudio.
 49
 Documento Diagnóstico

Consiste en la caracterización del estado actual del territorio, identificando potencialidades,
limitantes y conflictos existentes. Incluye el análisis de la visión urbano regional del
municipio.

 Formulación

Contiene la toma de decisiones y propuesta de acciones y actuaciones de ordenamiento
que permitan alcanzar la imagen y visión deseada del territorio.

 Concertación

Etapa en la cual se somete a revisión el proyecto ante la Autoridad Ambiental, Consejo
Territorial y Consejo Municipal.

 Adopción

Tiempo en el cual se somete a revisión el proyecto ante el Concejo Municipal para su
adopción.

Mediante estas etapas se garantizará1:

 1. La incorporación de los estudios de la Gestión del Riesgo en El EOT con base en la
 Parte 2 Título 2. Capítulo 1. Sección 3 Incorporación de la gestión del riesgo en los
 planes de ordenamiento territorial, del decreto 1807 de 2014, estudios que se
 determinarán en correspondencia con la participación ciudadana que requiere
 desarrollarse trasversal a la priorización de amenazas del municipio.
 2. El seguimiento y evaluación como base para la Revisión del POT.
 3. La participación ciudadana transversal a todo el proceso de Revisión del EOT de
 acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 24 de la ley 388 de 1997.
 4. El empoderamiento político para surtir las instancias de concertación y adopción del
 EOT.

1
 Lineamientos para la formulación del proyecto de revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial
(POT - PBOT - EOT) - Minvivienda
5. El desarrollo técnico y consolidación de los documentos que son parte integrante de
 Formulación del EOT los cuales se desarrollarán conforme con lo señalado en los
 artículos 2.2.2.1.2.3.1 y 2.2.2.1.2.6.5 del Decreto 1077 de 2015.Adicionalmente, el
 documento debe dar alcance o programar dentro de sus actividades los siguientes
 ítems:
 ✓ Una adecuada y concertada orientación, organización y control, en la ocupación y 50
 uso del territorio.
 ✓ El aprovechamiento, buen uso y mantenimiento de los recursos naturales.
 ✓ Un incremento en la competitividad y la productividad del municipio.
 ✓ La optimización de la inversión pública y la distribución equilibrada de las
 obligaciones propias del desarrollo territorial.
 ✓ La definición de los mecanismos para que la administración pública apoye y dirija el
 desarrollo territorial.
 ✓ Un territorio equitativo en términos sociales y económicos, además de
 respetuoso del medio ambiente.

 Productos

Los productos esperados de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Puerto Nariño son:

 Balance de la Información existente

Sobre aspectos generales de la planificación territorial:

Se requiere la revisión documental de:

 ✓ Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del Municipio con todos sus
 documentos de soporte (Cartografía, Documento diagnóstico, documento técnico
 de soporte y demás estudios que lo complementen).
 ✓ Plan de Desarrollo Municipal
 ✓ Planes de Desarrollo e informes de gestión de aquellos que se han ejecutado durante
 la vigencia del EOT.
 ✓ Información demográfica y los análisis estadísticos que desarrolle la Gobernación
 en materia de calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas, etc.
 ✓ Planes de ordenación y manejo de cuencas que se hayan formulado para la zona
 donde se localiza el Municipio.
 ✓ Determinantes ambientales que haya definido la Corporación Autónoma Regional.
 ✓ Planes de Acción Trienal (PAT) y Planes de Gestión Ambiental Regional
 (PGAR) de la Corporación Autónoma Regional.
 ✓ Proyectos de infraestructura vial y de servicios públicos que se tengan previstos
 para la región donde se localiza el municipio y/o para el departamento.
 ✓ Actividad minera y/o de explotación de hidrocarburos que tengan lugar en la región
 donde se localice el municipio y/o que se localicen en otras zonas aledañas que
 inciden en el desarrollo y ocupación de la región objeto de análisis.
 ✓ Análisis sobre la dinámica productiva que se presenta en la región donde se localiza
 el municipio (agricultura, industria, etc.).
 ✓ Procesos de planificación regional que haya formulado la Gobernación. 51
 ✓ Figuras de uso y manejo del territorio existentes en la región.
 ✓ Plan de Desarrollo del Departamento.
 ✓ Cartografía disponible SIG (IGAC)
 ✓ Caracterización asentamientos posteriores a la afectación del casco urbano.

Sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos, revisión documental de:

 ✓ Estudios y/o análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se hayan elaborado
 para el Municipio.
 ✓ Estudios de amenazas y/o riesgos que se hayan elaborado para la región en la que
 se localiza el Municipio, en los cuales se permita establecer los factores de ámbito
 regional que generan amenazas y/o riesgos en el orden local.
 ✓ Declaratorias (calamidad pública o desastre) y reporte de emergencias ocurridas en
 el Municipio (Áreas afectadas y eventos ocurridos). Esta información debe ser
 suministrada por los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del
 Riesgo o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que son las
 entidades competentes.
 ✓ Informes técnicos de visitas realizadas por el Servicio Geológico Colombiano (Antes
 INGEOMINAS), IDEAM, INVÍAS o la Corporación Autónoma Regional, respecto a
 fenómenos ocurridos en el Municipio.
 ✓ Planes de Gestión del Riesgo de Desastres que haya elaborado la Unidad Nacional
 para la Gestión del Riesgo de Desastres (En caso de que existan).
 ✓ Informes de seguimiento a la ejecución de proyectos del Municipio, relacionados
 con gestión del riesgo (Ejemplo: Obras de mitigación, reubicación de viviendas,
 entre otros).

 Verificación y actualización del documento de Seguimiento Evaluación
 del EOT Vigente

El Plan de Ordenamiento Territorial contempla las directrices, políticas, estrategias,
programas, actuaciones, decisiones y normas coherentes y concertadas
establecidas con el fin de administrar el territorio municipal, a través de políticas,
estrategias, programas y proyectos que garanticen el uso racional y equitativo del suelo,
el desarrollo económico en concatenación con la naturaleza y la oportunidad para que la
población tenga derecho a su vivienda, servicios públicos, recreación, educación y demás
derechos contemplados en la Constitución Nacional.
El Plan de Ordenamiento Territorial es una carta abierta, que se debe ir mejorando y
puliendo por todos los entes sociales que constituyen la comunidad de Puerto Nariño a
través de ideas e inquietudes, las que seguramente se deben presentar a medida que se
vayan desarrollando las distintas etapas en que se ha dividido, permitiendo de esta manera
realizar los ajustes pertinentes según nuestras necesidades y las modificaciones de Ley.
 52
A lo largo de los últimos años, desde el momento mismo de la adopción del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Nariño, han surgido normativas de
carácter nacional y local, que se han constituido en un marco importante para que los
municipios comiencen a perfeccionar este instrumento de planificación. Se trata de los
Decretos 4002 de 2004, 564 de 2006, 2181 de 2006, 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de
2008, 1460 de 2010, 075 de 2010, 1807 de 2014 y Ley 1523 de 2012; todas las cuales
fueron tenidas en cuenta para la toma de decisiones del ordenamiento municipal
de Puerto Nariño.

Esta explosión normativa ha impactado a su vez el proceso de revisión, debido a que cada
norma exige una nueva mirada al POT desde la óptica planteada. Sin embargo, y
aprovechando las vigencias establecidas en el Acuerdo Municipal No. 017 del 18 de
noviembre de 2007, es el momento propicio para emprender la revisión ordinaria de largo
plazo, permitiendo con esto, además:

 ✓ Verificar cada uno de los compromisos adquiridos por el Municipio y consignados
 en el Acuerdo Municipal No. 014 del 18 de julio de 2001 desde el momento mismo
 de su adopción hasta el día de hoy, si fueron llevados a cabo o no en la vigencia del
 Esquema de Ordenamiento Territorial.
 ✓ Incorporar los resultados de los estudios técnicos realizados, que en su gran
 mayoría son sujeto de los compromisos adquiridos en el EOT, que permiten soportar
 y complementar las normas estructurales, generales y complementarias del
 Esquema de Ordenamiento Territorial.
 ✓ Ajustar lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial de acuerdo con las
 dinámicas y transformaciones que ha tenido el territorio municipal tanto urbano
 como rural desde el momento mismo de su adopción, a fin de poder establecer una
 normativa clara que permita definir el rumbo de las actuaciones e intervenciones de
 manera coherente y respetuosa con los elementos estructurales naturales y
 artificiales.
 ✓ Incorporar los instrumentos de gestión necesarios para la consecución del modelo
 de ocupación propuesto.

Por lo anterior para la actual Administración del Municipio de Puerto Nariño,
correspondiente al período 2019-2023, es conveniente adelantar la revisión de largo plazo,
llenando el vacío dejado con anterioridad al no adelantarse la revisión del corto y mediano
plazo en los períodos correspondientes a las administraciones anteriores.
6.3.2.1 Análisis de Suficiencia del POT:

 ✓ Incluye el mapa conceptual del POT, con respecto a los contenidos que establece la
 Ley 388 y el Decreto reglamentario 879 de 1998; y
 ✓ Un documento de análisis de suficiencia del mapa POT en donde se
 reconozcan los temas estructurales que conforman el POT, la correspondencia de 53
 los contenidos del Plan vigente con los componentes general, urbano, rural y
 programa de ejecución establecidos por la Ley 388 de 1997 y el decreto 879 de
 1998 y la identificación de los vacíos en materia de contenidos que éste presenta,
 con base en lo exigido por la Ley 388 de 1997 de 1998, el Decreto 879 de 1998,
 compilado en el 1077 de 2015.

6.3.2.2 Análisis de Articulación fines y medios del POT:

 ✓ Incluye una matriz denominada “Articulación d e Fines y Medios” que permita
 determinar los contenidos que se encuentran articulados y desarticulados en el EOT,
 respecto de las líneas de acción del Ordenamiento Territorial (Amenazas y
 Riesgos, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Vías y
 Transporte, Espacio Público, Vivienda, Equipamientos Colectivos, Patrimonio,
 Suelo y Sistemas Productivos).
 ✓ Incluye además un documento de Análisis de Articulación en el que se
 reconocen todos aquellos elementos que se encuentran articulados o desarticulados
 dentro de la cadena identificada como de fines (visión y objetivos territoriales) y
 medios (modelo de ocupación del territorio, estrategias y proyectos estratégicos).

6.3.2.3 Evaluación de los resultados de la ejecución del POT:

En este documento se analizan los resultados obtenidos con la ejecución de los
programas y proyectos planteados en el EOT.

Es necesario elaborar las Matrices de Indicadores del EOT; la Matriz de Indicadores de la
ejecución de proyectos, se elabora tomando como base los resultados planteados en la
matriz de articulación de fines y medios, análisis de los resultados de las matrices de
indicadores diligenciadas, en el cual se establezcan los avances obtenidos en los objetivos
del EOT, en el modelo de ocupación y en la ejecución de proyectos, las cuales permitan
medir los resultados obtenidos de los fines del ordenamiento (objetivos) y los medios del
ordenamiento territorial (modelo de ocupación y proyectos).

6.3.2.4 Síntesis del desarrollo de los instrumentos del expediente municipal:

Esta elaboración contiene:

 ✓ Conclusiones obtenidas del Análisis de suficiencia del EOT
 ✓ Conclusiones obtenidas del Análisis de Articulación de fines y medios del EOT.
 ✓ Conclusiones obtenidas de la evaluación de resultados de la ejecución del EOT.
 ✓ Los contenidos a revisar y ajustar
 ✓ La determinación de los estudios técnicos que se deben considerar como
 proyectos en la revisión del EOT (tanto de orden regional como local).
 54
 Memoria Justificativa

Es el documento reglamentario de la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento
territorial, en el cual la Administración Municipal indica con precisión, la necesidad, la
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. (Decreto 4002
de 2004)

Para desarrollar el contenido con claridad es indispensable seguir los siguientes
parámetros:

1. Las Fortalezas que cuenta actualmente el Municipio de Puerto Nariño son muchas; sin
 embargo, es importante identificar las necesidades, el propósito y la conveniencia para
 ajustar el EOT y así dar una respuesta apropiada para alcanzar el mejor propósito para
 Puerto Nariño.
2. Evaluación y descripción técnica de los resultados que pueda generar los nuevos
 lineamientos o modificaciones del EOT, en puntos importantes y estratégicos para el
 avance del municipio como son:
 ✓ Clasificación del territorio
 ✓ Mejoramiento de viviendas y equipamientos colectivos.
 ✓ Abastecimiento de servicios públicos en áreas más vulnerables.
 ✓ Espacio público conector de áreas de interés.
 ✓ Organización de la Infraestructura vial
 ✓ Protección del medio ambiente y áreas de interés ambiental.
 ✓ Determinar áreas de reserva para la conservación.
 ✓ Monitorear y controlar áreas expuestas a amenazas.
 ✓ Capacitación agrícola a productores de tipo exportación.
 ✓ Guía del talento humano para el fortalecimiento del turismo.

 Documento técnico de soporte de la revisión del POT

6.3.4.1 Diagnóstico Integral del Territorio

La elaboración del diagnóstico incluye:

 ✓ Actualizar la información del territorio y determinar cómo proceder en ámbitos tan
 importantes como: caracterización biofísica y ambiental, elaboración de cartografías
 e información sociodemográfica.
 ✓ Reunir estudios e información técnica a nivel municipal y regional que pueda
 ayudar a complementar el actual EOT y contribuir a la búsqueda de un adecuado
 balance entre objetivos y limitaciones, para incrementar el bienestar de la población,
 guardando armonía y coherencia con los planteamientos sin olvidar la importancia
 que tiene los riesgos y amenazas dentro del escarpado territorio.
 ✓ Toda la información que se recolecte debe quedar seleccionada en una matriz para 55
 identificar su alcance y materia de proyección en programas concretos como fuente
 de acercamiento y verdadero trabajo en equipo; también debe de contener el
 análisis actual del territorio urbano y la visión que tiene la región acerca de Puerto
 Nariño como influencia cercana; así como la incorporación de los componentes del
 desarrollo territorial urbano y rural del municipio en los siguientes aspectos:

 ▪ Social e institucional
 ▪ Político - Administrativo
 ▪ Territorial y ambiental - Sistema de áreas protegidas.
 ▪ Económico y productivo
 ▪ Cultural, artístico y patrimonial
 ▪ Desarrollo sostenible y sustentable
 ▪ Aprovechamiento de tierras y recursos hídricos.
 ▪ Manejo de zonas de riesgos y amenazas
 ✓ Este documento como pieza fundamental de la construcción y de la participación
 comunitaria debe dar como resultado:

 ▪ Memoria justificativa.
 ▪ Planos de la cartografía social y de percepción social a nivel urbano-
 regional, con sus respectivos atributos y dimensiones
 ▪ Diagnóstico para cada uno de los temas expuestos.
 ▪ Documento síntesis.

6.3.4.2 Formulación de los Documentos del DTS:

El contenido estructural de este documento técnico determina las acciones e
intervenciones sobre el territorio municipal que serán la base de la planificación y
desarrollo del EOT; también se pueden precisar los vacíos que hayan quedado en el
documento de seguimiento y evaluación, todo esto con el fin de promover el adecuado
desarrollo social y económico para todos los habitantes del municipio de acuerdo con los
siguientes parámetros:

Cartografía de formulación:

Es la pertinente para reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones y para
representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales -escala.
Componente general:

El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias
territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye entre otras, las acciones necesarias
para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del municipio; la
definición de acciones estratégicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y
social de conformidad con el Plan de Desarrollo; y las políticas de largo plazo para la 56

ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales. teniendo presente los aspectos
estructurantes:

 ✓ Áreas de reserva para la conservación y protección del:
 ✓ Medio ambiente
 ✓ Recursos naturales
 ✓ Patrimonio histórico
 ✓ Patrimonio cultural
 ✓ Patrimonio arquitectónico
 ✓ Áreas expuestas a amenazas y riesgos.
 ✓ Sistemas de comunicación entre el área urbana y rural y de éstas con el contexto
 regional.
 ✓ Actividades, infraestructura y equipamientos.
 ✓ La clasificación del territorio en suelo urbano “perímetro q u e no podrá ser
 mayor que el alcance de servicios o sanitario”, suelos de expansión urbana y rural.

Componente rural:

(Decreto 879 de 1998 compilado por el Decreto 1077 de 2015) Artículo 15: el componente
rural de los planes básicos de ordenamiento territorial.

El componente rural de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial deberá identificar,
señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes
aspectos: Áreas de conservación y protección de los recursos naturales.

 ✓ Áreas expuestas a amenazas y riesgos.
 ✓ Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios
 públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos.
 ✓ Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera.
 ✓ Centros poblados y áreas suburbanas.
 ✓ Equipamiento de salud y educación.
 ✓ Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda
 campestre, las cuales deben tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
Gestión y financiación:

Son aquellas prioridades que se realizan en la vigencia del plan de ordenamiento donde
se exponen los proyectos donde las entidades responsables realizan la evaluación
preliminar de recursos. La información debe organizarse por vigencias (Corto Plazo,
Mediano Plazo y Largo Plazo) y se deben plantear los instrumentos y procesos para 57
su implementación.

Proyecto de acuerdo:

Documento que convierte en normas las decisiones tomadas en el documento de
formulación y mediante el cual se adopta el EOT. Se deberá desarrollar en articulados que
expresan su obligatoriedad y cumplimiento. Harán parte integral de éste, la formulación
que se realizó en el Documento Técnico de Soporte y la cartografía en la que se materializan
las decisiones de ordenamiento. Para todos los efectos, la estructuración del proyecto de
acuerdo deberá partir de las disposiciones establecidos en el Decreto 879 de 1998, Artículo
20 y de los contenidos del acuerdo o decreto que adopta el POT que actualmente se
encuentra vigente.

Programa de Ejecución:

Es el desarrollo de estrategias, acciones y actividades sobre el territorio con carácter
obligatorio, durante el período de la correspondiente administración municipal previstas en
el EOT; es aquí donde se definen los proyectos específicos para el conocimiento, la
reducción, prevención y/o mitigación de riesgos de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 388 de 1997.

Es indispensable reorientar los proyectos hacia nuevas perspectivas urbanísticas y el
fortalecimiento de la infraestructura, turismo y medio ambiente en el área urbana y a nivel
rural crecimiento productivo y sostenible para que el EOT alcance el bienestar,
convirtiéndose en un instrumento y pieza fundamental de la construcción de la
participación comunitaria del municipio de Puerto Nariño. Dentro de dichos alcances se
tienen:

 ✓ Sistema vial y transporte intermunicipal.
 ✓ Equipamientos urbanos
 ✓ Espacio público
 ✓ Educación
 ✓ Salud
 ✓ Servicios públicos domiciliarios
 ✓ Vivienda
 ✓ Telecomunicaciones
Se elabora en función de las características particulares del desarrollo urbano, con el fin de
para mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los
servicios urbanos; debe estructurarse acorde al modelo territorial, previendo el tema
presupuestal, capacitando al recurso humano, mitigando los riesgos naturales y apoyando
la población más vulnerable para evitar la migración, teniendo en cuenta el empleo y la
calidad de vida y las oportunidades educativas, que fortalezcan el sentido de pertenencia 58
por su municipio de tal manera que contribuya a su embellecimiento a fin de potenciar
turísticamente al casco urbano. Las actuaciones sobre el territorio son de carácter
obligatorio en el EOT durante el período de la correspondiente administración municipal
que deben concordar y estar incluidas en el plan de desarrollo (PD).

Cartografía Diagnostico y Formulación:

Para realizar adecuados procesos de planificación y ejecución, el estado evidencio que “las
cartografías generadas en los distintos municipios difirieron radicalmente; de este modo,
las estructuras espaciales regionales como por ejemplo usos del suelo, redes hídricas,
redes viales, estructuras ecológicas y ambientales, entre otras, no se correspondían en la
información espacial entre municipios vecinos”; todas estas implicaciones conducen a
plantear recomendaciones sobre la revisión de la cartografía anexa al documento soporte
que sirve como base para la elaboración del nuevo EOT del municipio de Puerto Nariño,
complementando la información antes suministrada y actualizando la realidad natural y
física en la que se está desarrollando el actual contexto territorial, implementando las
políticas, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del
municipio y la región, consolidar las riquezas ambientales representadas en sus reservas
forestales y vincular diversos estudios acerca de las amenazas que existen, dadas por su
configuración morfológica.

Dentro de los estudios geográficos y cartográficos de Puerto Nariño se debe incluir como
base la información obtenida de entidades serias y reconocidas como el IGAC, entidad
ante la cual es posible obtener:

Nivel Urbano: Base topográfica, en lo posible con la información predial urbana.

Nivel Rural: Base topográfica y límites municipales.

Es indispensable recopilar toda la información suministrada y relacionarla en un CD que
contenga:

 ✓ Planchas, fotografías aéreas, cartografía anterior del POT, imágenes, datos
 tomados en campo, etc.
 ✓ Suministrar todos los resultados cartográficos y las salidas graficas en formato
 pdf y jpg; además de todos los SHAPES utilizados.
 ✓ Instrucciones de utilización que contendrán la información:
 ✓ Nombre del SHAPE
 ✓ Fuentes de información
 ✓ Sistema de coordenadas
 ✓ Geometría

Para soportar el proceso de revisión y ajuste EOT se deben entregar mapas y cartografía
impresos, obedeciendo a los formatos y las escalas recomendadas, los cuales deben de 59
ir ajustados con los SHAPES de forma individual.
7 CARTOGRAFÍA

 Cartografía mínima de Diagnóstico
 Tabla 7-1 Listado de planos de la etapa de diagnóstico

 No. DIMENSIÓN NOMBRE DEL MAPA 60

 1 Base urbano y rural
 2 HIDROGRAFÍA (delimitación de cuencas) - RURAL
 3 Áreas de interés ambiental - rural
 4 Geomorfología y procesos erosivos - rural
 5 Geomorfología y procesos erosivos - urbano
 6 Geología - rural
 7 Geología - urbana
 8 Pendientes en el suelo rural
 AMBIENTAL
 9 Pendientes en el suelo urbano
 10 Delimitación y zonificación de amenazas - rural
 11 Delimitación y zonificación de amenazas - urbano
 12 Delimitación y zonificación de amenazas centros poblados
 Delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo
 13
 rural
 Delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo
 14
 urbano
 15 Zonas de vida
 16 Uso y cobertura actual del suelo - rural
 17 Uso actual del suelo - urbano
 18 Clases agrológicas - rural
 19 Uso potencial del suelo - rural
 ECONÓMICA Y
 20 Vías, equipamientos y aprovisionamiento de servicios públicos
 SOCIOCULTURAL
 21 Domiciliarios - rural
 22 Vías, equipamientos y espacio público - urbano
 23 Sistemas de servicios públicos domiciliarios - urbano
 24 Identificación patrimonio cultural urbano - rural
 25 División política – administrativo – rural
 ADMINISTRATIVO
 26 División política – administrativo – urbano
 27 Relaciones funcionales urbano – regional y urbano - rural
 28 FUNCIONAL Modelo de ocupación actual del territorio
 29 Zonas morfológicas homogéneas urbanas
 Cartografía mínima de formulación
 Tabla 7-2 Listado de planos de la etapa de formulación

 No. COMPONENTE NOMBRE DEL MAPA
 1 Clasificación del territorio municipal
 Localización áreas de reserva para la conservación y protección
 2 61
 del medio ambiente y los recurso naturales - rural
 GENERAL
 Determinación de zonas de alto riesgo para la localización de
 3
 asentamientos humanos
 4 Modelo de ocupación general propuesto.
 5 Modelo de ocupación urbana propuesto
 Localización áreas de reserva para la conservación y protección
 6
 del medio ambiente y los recurso naturales - urbano
 Determinación de zonas de alto riesgo para la localización de
 7
 asentamientos humanos
 8 URBANO Plan vial - urbano
 9 Plan de servicios públicos domiciliarios - urbano
 10 Normas urbanísticas: tratamientos
 11 Normas urbanísticas: usos, y planes parciales
 Áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio
 12
 - urbano
 Áreas que forman parte del sistema de aprovisionamiento de
 13 servicios públicos domiciliarios y para la disposición final de
 residuos sólidos y líquidos - rural
 Localización áreas de reserva para la conservación y protección
 14
 RURAL del medio ambiente y los recursos naturales
 Determinación de zonas de alto riesgo para la localización de
 15
 asentamientos humanos
 Reglamentación de usos del suelo rural: agropecuario, forestal,
 16
 minero y de protección
 17 PROGRAMA DE Programa de ejecución - rural
 18 EJECUCIÓN Programa de ejecución - urbana

Escala de trabajo:

Rural:1: 25.000

Urbano y centros poblados: 1: 2.000

 Documento Resumen

Es un documento donde se exponen las estrategias y de manera concertada, con el objeto
primordial de canalizar esfuerzos y metas a nivel municipal para la divulgación e
implementación del actual Plan. Busca la integración comunitaria y el buen ejercicio del
desarrollo humano y colectivo; el documento resumen debe contener como mínimo:

 ✓ Precisar las razones por las cuales se realiza el ajuste del actual POT.
 ✓ Enfatizar en los principales ajustes y decisiones tomadas que se le realizaron al POT,
 como son: 62
 ▪ Medio ambiente y Recursos naturales (hídrica)
 ▪ Zonas de riesgo y amenazas o vulnerabilidad.
 ▪ Clasificación del territorio
 ▪ Vivienda
 ▪ Servicios públicos domiciliarios
 ▪ Transporte
 ▪ Equipamientos colectivos
 ▪ Turismo.
 ▪ Clasificación de usos tanto Rural como Urbanos
 ✓ Dictaminar los problemas y soluciones para alcanzar el municipio soñado a nivel
 Urbano y las acciones necesarias para el mejoramiento y progreso a nivel Rural.

 Documento de estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo
 por inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales

El EOT vigente estableció áreas de amenaza y riesgos naturales en zona urbana y zona
rural, respectivamente, sin embargo, en la actualidad no existe una información precisa y
confiable de la situación.

ALCANCE:

Los estudios básicos de riesgos para Puerto Nariño tienen el siguiente alcance:

 ✓ Revisión y elaboración del inventario de antecedentes de emergencias y desastres
 ocurridos en el municipio por los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales
 y remoción en masa.
 ✓ Análisis y zonificación de amenaza por movimiento en masa para el área rural y
 urbana.
 ✓ Análisis y zonificación de amenaza por inundación para el área rural y urbana.
 ✓ Análisis y zonificación de amenaza por avenida torrencial para el área rural y
 urbana.
 ✓ Definición y zonificación de las áreas con condición de amenaza presentes en el
 territorio municipal.
 ✓ Definición y zonificación de las áreas con condición de riesgo presentes en el
 territorio municipal.
 ✓ Determinar a partir de la definición de áreas con condición de riesgo los sitios que
 requieren estudios de riesgo detallados.
 ✓ Definición de las medidas de mitigación no estructurales de que debe adelantar la
 administración municipal en las áreas con condición de riesgo.

METODOLOGÍA

Recopilación y análisis de información Secundaria:
 63

A partir del reconocimiento previo del área de estudio, se deberá establecer un programa
de consecución de información que comprende los siguientes aspectos:

 ✓ Cartografía básica de la zona de diferentes épocas
 ✓ Fotografías aéreas de diferentes épocas y a diferentes escalas.
 ✓ Imágenes satelitales
 ✓ Cartografía geológica.
 ✓ Información hidro climática
 ✓ Información hidrológica.
 ✓ Información geológica
 ✓ Información de infraestructura básica.
 ✓ Información catastral.
 ✓ Estudios precedentes e información temática general y particular.

Inventario de eventos ocurridos en el municipio:

A partir de reconocimiento de campo y las visitas a los sitios que presenten procesos erosivos
e inundaciones se deberá llevar a cabo el inventario de eventos, el cual contiene los
fenómenos de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales presentes en el
territorio.

Esta información se deberá complementar demarcando en la cartografía básica escala
1:5.000 para el área urbana y 1:25.000 para el área rural, los taludes de corte, zonas de
denudación y demás aspectos geomorfológicos de relevancia, para la conceptualización
de la problemática y la definición de los modelos de análisis de estabilidad.

Elaboración de la Cartografía Temática para el área urbana y rural:

Utilizando sistemas de información geográfica-SIG y trabajo de campo serán elaborados,
a partir de la información disponible para el municipio, suministrada por entidades del nivel
nacional, regional o local, los siguientes mapas:

Geología. Se deberá realizar mediante el estudio de la información temática elaborada por
el Servicio Geológico Colombiano y el reconocimiento y verificación de campo de la
cartografía geológica del área de estudio y de cada una de las litologías presentes, su
disposición estructural y la elaboración de las secciones transversales de análisis. Se
deberá definir, además, los factores tectónicos que caracterizan el comportamiento de la
dinámica regional y local.
Geomorfología. A partir de los reconocimientos de campo y el inventario de procesos de
remoción en masa, se deberá realizar la verificación y cartografía de estos, incluyendo las
zonas de rellenos y cortes antrópicos y afloramientos de roca. El análisis de campo deberá
permitir establecer la dinámica de los diferentes procesos actuantes y su interrelación entre
las diferentes litologías, geoformas y la acción del hombre, permitiendo junto con la
caracterización geotécnica de los materiales, la zonificación geomorfológica. 64

Factores Hidrográficos. A partir de la cartografía básica y de las ayudas digitales, se
deberá identificar los cauces que cruzan el municipio, teniendo en cuenta como
determinantes, las áreas de protección ambiental para cada una de las corrientes hídricas.

Factores Meteorológicos e Hidrológicos. Estos factores serán determinados a partir del
estudio y análisis de la información temática recolectada e informes precedentes. Se
deberá establecer igualmente las características del drenaje y escorrentía superficial,
analizando cómo es su influencia en los procesos erosivos y la generación de los FRM.

Sismología. Se deberá tener en cuenta de acuerdo con el Código Colombiano de
Construcción Sismorresistente y la NSR-10 los valores de amenaza sísmica
establecidos por la red sísmica nacional.

Evaluación y zonificación de la Amenaza por Inundación:

A partir de los resultados de los modelos de Lluvia-Escorrentía, los parámetros
morfométricos de las cuencas principales, el Numero de Curva-CN, los periodos de retorno,
caudales máximos, el desarrollo de Curvas IDF (Intensidad-Duración- Frecuencia) y la
realización de modelos hidrológicos e hidráulicos que posteriormente son analizados y
espacializados utilizando las herramientas Hec-Ras, ArcGIS y Hec-Geo-Ras, deberá ser
determinada la amenaza por inundación.

Evaluación y zonificación de la Amenaza por Remoción en Masa:

Teniendo en cuenta el análisis geomorfológico, las características geológicas del territorio,
el trabajo de campo, la clasificación y caracterización de materiales, se deberá realizar la
sectorización del área en estudio, utilizado métodos heurísticos con análisis multivariados
y métodos determinísticos para diferentes escenarios de riesgo con el fin determinar la
estabilidad de taludes y otras metodologías de reconocida validez, aplicando el criterio
profesional.

PRODUCTOS POR ENTREGAR

1. Informe con el análisis de la información secundaria, el plan de trabajo y el cronograma
detallado.

3. Un documento con la Metodología empleada y resultados obtenidos que contiene:
Identificación, descripción y zonificación de las amenazas naturales presentes en el
municipio, Evaluación y análisis de amenazas por fenómenos de remoción en masa E
inundación.

4. Cartografía de Áreas con condición de amenaza.

5. Cartografía con Áreas con Condición de riesgo.
 65

6. Informe final con la definición y zonificación de las áreas con condición de riesgo y con
condición d e amenaza presentes en el territorio municipal. Adicionalmente, se
determinarán los sitios que requieren estudios de riesgo detallado

ESCALAS

Para los estudios básicos y en cada uno de los tres fenómenos naturales (Remoción en
masa, Avenidas torrenciales e Inundaciones), las escalas para el área urbana será 1:5.000,
para el suelo de expansión será 1:5.000 y para el suelo rural será de 1:25.000

 Tabla 7-3 Cuadro de escalas para la elaboración de estudios básicos de riesgos

 TIPO DE ESTUDIO CLASE DE SUELO ESCALA
 Urbano 1:5.000
 Expansión Urbana 1:5.000
 ESTUDIO BÁSICO Rural 1:25.000
 Urbano 1:2.000
 ESTUDIO DETALLADO
 Expansión Urbana 1:2.000
 Rural Suburbano 1:5.000

Frente a la remoción en masa, su alcance deberá integrar las diferentes variables que
inciden en la ocurrencia tanto actual como futura de estos fenómenos. Se deben considerar
dentro los agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos
(cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en general).

Para el suelo urbano y de expansión urbana se utilizará como mínimo alguno de los
siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos.

Para los suelos rurales se utilizará, como mínimo alguno de los siguientes análisis: de
inventarios, heurísticos o estadísticos.

En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la amenaza, su
intensidad, consecuencias y disponibilidad de la información.

Para amenaza por inundación, en la zonificación se emplean tres categorías: alta, media y
baja, teniendo en cuenta el registro de eventos, la recurrencia de estos y la intensidad
(niveles alcanzados) de la inundación.
Para el suelo urbano, de expansión urbana y rural se utilizará, como mínimo, análisis de
tipo histórico y geomorfológico. De acuerdo con la información disponible se podrán
complementar con análisis hidrológico-hidráulicos y métodos asistidos por sensores
remotos y sistemas de información geográfica.

En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la amenaza, su 66
intensidad, consecuencias y disponibilidad de la información.

Se utiliza, como mínimo alguno de los siguientes análisis: estadístico, determinísticos o
probabilísticos. En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la
amenaza, su intensidad, consecuencias y disponibilidad de la información.

 Documento de las Acciones de Participación

ALCANCE

El Plan de ordenamiento territorial deberá ser el producto de una efectiva participación
de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la
administración municipal deberá garantizar la participación y la concertación en la formación
del plan.

Después de realizado el proceso de adopción o revisión del plan, estas mismas
organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del territorio en los
siguientes eventos:

 ✓ Para proponer en los casos excepcionales que consideren las normas
 urbanísticas generales, la asignación específica de usos y aprovechamientos del
 suelo, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos
 territorios y no contraríen las normas estructurales. (En zonas exclusivamente
 residenciales podrán r e f e r i r s e a normas de paisajismo, regulaciones al tránsito
 vehicular y demás previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la
 zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio público, de acuerdo con las
 normas generales).
 ✓ Para formular y proponer planes parciales, de acuerdo con las previsiones y
 autorizaciones del componente urbano del plan.
 ✓ Para ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o
 impidan la violación de las normas establecidas.

En el proceso de revisión y actualización del EOT, se efectuará diferentes etapas del
proyecto; es decir, talleres participativos con funcionarios públicos, líderes
representativos o reconocidos por la comunidad del municipio y líderes de comunidades
rurales, por lo cual se deberá activar el Sistema de Planeación Territorial Local.

METODOLOGÍA
La metodología se realizará a través de mesas de trabajo; bajo la coordinación del equipo
localizan y dibujan los diferentes escenarios y estos se llevan a una plenaria donde en
conjunto se definen los proyectos que conforman estos escenarios identificados,
generando así un documento de planos parlantes comunitarios.

Se trata entonces de un enfoque participativo, democrático, que además de otorgarle 67
mayor legitimidad al proceso de formulación EOT, se constituye en un escenario
pedagógico en el que todos los actores tienen un enorme aprendizaje y un ejercicio de
construcción colectiva, de ciudad y de territorio.

Teniendo en cuenta el volumen de información y las diferentes variables que surgen de un
proceso de ordenamiento, se evidencia la necesidad de aplicar la técnica que va más allá
de los talleres y conferencias, y es la de documentar y mapificar de manera ordenada y
sistemática la información suministrada por todos los actores involucrados.

Para ello, se partirá de la cartografía social, entendida como el medio para ordenar el
pensamiento y generar conocimiento colectivo. Estos talleres permitirán generar un
documento que ayudara a organizar matrices, documentar insumos y mapificar información
para facilitar la lectura y aplicabilidad de la información suministrada por todos los
ciudadanos. Además, garantizara un mejor seguimiento y control comunitario sobre los
proyectos a corto, mediano y largo plazo.

 Acompañamiento al Documento de Acuerdo Concertado

Concertación interinstitucional, consulta ciudadana y aprobación de la propuesta.

ALCANCE DE LA CONCERTACIÓN CON CORPOAMAZONAS:

De acuerdo con la Ley 388 de 1997 y según lo señalado en el artículo 24, antes de la
presentación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial a consideración del
Concejo Municipal, se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta
ciudadana.

En primer lugar, se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional del
Amazonas para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente
ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30)
días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos.
Esta decisión en todo caso, será apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente.

En los casos que la segunda instancia corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, éste
podrá asumir la competencia para considerar el Plan de Ordenamiento Territorial cuando
transcurran treinta (30) días hábiles sin que la Corporación Autónoma Regional o autoridad
ambiental competente haya adoptado una decisión. Por evidentes cuestiones de tiempo y
cronograma, se proponen encuentros y reuniones con funcionarios de CORPOAMAZONAS
en cada una de las etapas del proceso, de tal forma, que ellos hagan sus valiosos aportes
en cada uno de los componentes del Plan.

ALCANCE DE LA CONCERTACIÓN CON EL CTP:
 68
El Consejo Territorial de Planeación del Municipio dará sus recomendaciones;
adicionalmente se solicitarán opiniones a los gremios económicos y profesionales,
entidades ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio durante este período de revisión
del EOT, debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia
y concordancia con los objetivos del plan; de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 388 de
1997 se pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal, concertando
reuniones con funcionarios de las entidades administrativas, el Consejo Territorial de
Planeación y la Administración Municipal, encargadas de brindar sus valiosos aportes a los
diferentes componentes de la revisión del EOT.

ALCANCE DE LA APROBACIÓN:

Para la entrega del Proyecto de Acuerdo con el articulado del Esquema de Ordenamiento
Territorial, la consultoría acompañara a la administración municipal e implementara como
línea base del expediente, la socialización ante el Concejo Municipal, para que sean ellos
quienes lo estudien, aprueben y adopten cumpliendo con los términos de la Ley 388 de
1997 y su artículo 25; también con el Decreto 879 de 1998 y su decreto 879.

Desde la presentación del EOT el Concejo Municipal, este debe decidir sobre su
aprobación en máximo sesenta (60) días, si no lo hacen dentro del tiempo estipulado el
alcalde podrá adoptarlo mediante Decreto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 388
de 1997, y el Artículo 29: Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del Decreto 879
de 1998, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.