Cómo examino una querella por administración desleal
Cómo examinar las facultades de quien intervino, el beneficio de la operación y el perjuicio económico que se atribuye.
En un asunto cerrado que conservo en mi archivo profesional quedó la comunicación de la Fiscalía sobre el registro de una querella por presunta administración desleal. Al revisar un asunto así, mi primera pregunta es qué decisión se tomó con los bienes de la sociedad o qué obligación se asumió a su cargo. De ahí paso a las facultades de quien intervino y a las consecuencias económicas del acto.
Las facultades antes de la operación
El Código Penal contempla dos conductas en el artículo 250-B. Una consiste en disponer fraudulentamente de bienes de la sociedad. La otra, en contraer obligaciones a cargo de ella. En ambos supuestos examino el abuso de las funciones del cargo, el beneficio propio o de un tercero y el perjuicio directo y cuantificable para los socios que exige la norma. Código Penal, artículo 250-B.
Para saber qué podía hacer la persona en la operación que se discute, reviso los estatutos, las funciones que ejercía y las autorizaciones que constan en las actas. El registro contable puede mostrar una salida de dinero, pero para atribuir la decisión necesito identificar quién impartió la instrucción, con qué facultad y a quién benefició. La Sala Penal de la Corte Suprema también parte de las facultades de administración y representación para examinar si hubo abuso del cargo. Corte Suprema de Justicia, sentencia SP3601 de 2021.
Cómo rastreo el perjuicio
Después reconstruyo qué cambió a raíz de la decisión. Si se dispuso de un bien, busco el contrato, el soporte de la entrega y la contraprestación que recibió la sociedad. Si se asumió una obligación, examino sus condiciones, los pagos y el efecto que tuvo en el patrimonio. Los soportes deben permitir explicar cómo se produjo el perjuicio y qué parte se puede atribuir directamente a esa operación.
En mi criterio, el análisis gana precisión cuando cada conclusión se puede rastrear hasta un documento. Antes de atribuir una conducta penal, explicaría por separado quién decidió, qué facultad ejerció, quién se benefició y cómo se calculó el perjuicio.
