Qué cambia cuando el juez abre una liquidación patrimonial
Qué dispone el auto de apertura de una liquidación patrimonial y qué decisiones posteriores permiten saber cómo quedaron las deudas.
Al revisar un expediente de insolvencia de la firma, me detuve en el auto que abrió la liquidación. En esa providencia, el juez designó al liquidador y ordenó presentar un inventario valorado de los bienes. Me interesa esa decisión porque marca el inicio de una nueva etapa. A partir de ese momento se debe establecer qué bienes y qué deudas quedarán comprendidos en el proceso.
Qué reviso en el auto de apertura
Empiezo por la fecha de la providencia y por las órdenes que deben cumplir el liquidador y los demás intervinientes. El Código General del Proceso prevé que el juez ordene actualizar el inventario valorado y oficiar a quienes adelantan procesos de ejecución en contra del deudor. Por regla general, los cobros por obligaciones anteriores se remiten a la liquidación. La ley contempla excepciones, entre ellas los procesos por alimentos. Código General del Proceso, artículo 564 y artículo 565.
Dónde se define el resultado
Para saber qué ocurrió con una deuda, reviso la decisión de adjudicación o, cuando el juzgado determina que no hay bienes para adjudicar, el auto de terminación. En este último supuesto, el juez debe señalar expresamente los efectos que correspondan. Como regla general, los saldos insolutos comprendidos en la liquidación pasan a ser obligaciones naturales, cuyo cumplimiento no se puede exigir judicialmente. La ley prevé excepciones, entre ellas las obligaciones alimentarias y la omisión dolosa de información relevante declarada por el juez. Código General del Proceso, artículo 568, artículo 571 y Código Civil, artículo 1527.
Desde la apertura, mi recomendación es reunir los documentos de los bienes y las deudas y verificar qué cobros quedaron incorporados al proceso. Si hay un embargo o un proceso en otro juzgado, conviene seguir la comunicación de la orden y dejar constancia de su trámite. Al cierre, busco que la persona pueda responder con el expediente a la vista qué créditos quedaron comprendidos en la decisión y qué obligaciones siguen siendo exigibles.
