Resolución SSPD 20204400027785: investigación sobre servicios de acueducto en Tierralta

Identificación del documento

Entidad emisora: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

Clase: Resolución · Referencia: 20204400027785 · Radicado: 20204400027785 · Fecha: 8 de julio de 2020 · 85 páginas.

Contenido y alcance

Decisión del expediente 2019440350600028E sobre Empresas Públicas Municipales de Tierralta EPM E.S.P. El documento estudia varios cargos relativos a prestación del servicio, medición, facturación y revisión de desviaciones significativas; deben distinguirse los cargos formulados de los resultados de cada uno.

Publicación académica del acto recibido. No se certifica con esta ficha el estado judicial o de cobro actual de la actuación ni que todos los cargos formulados hayan terminado en sanción.

Temas para consulta

• Acueducto de Tierralta
• Medición y facturación
• Desviaciones significativas
• Decisión sancionatoria

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Cómo citar

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Resolución 20204400027785, radicado 20204400027785, 8 de julio de 2020, página consultada del PDF. Copia académica pública alojada por ASD Servicios Legales. Distingue esta fuente administrativa de los comentarios editoriales de ASD.

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*20204400027785*
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20204400027785
Fecha: 08/07/2020
CT-F-023 V.3
                   Página 1 de 85    
RESOLUCIÓN No. SSPD - 20204400027785 DEL 08/07/2020
EXPEDIENTE: 2019440350600028E
POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
En ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 modificado por
el artículo 13 de la Ley 689 del 2001, el Decreto 990 de 2002 modificado por el Decreto 2590 de
2007 y delegadas mediante la Resolución No. 021 de enero 5 de 2005 expedida por el
Superintendente de Servicios Públicos, y con base en la Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:   
     
PRIMERO: Que EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA EPM E.S.P.,
identificada NIT 800195828-1, e inscrita en el Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos –RUPS- con el ID 2484, presta el servicio público domiciliario de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, para el Municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, desde el día
15 de agosto de 1996, y cuenta con más de 2.500 suscriptores según consta en el RUPS,
administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD).
SEGUNDO: Que mediante Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, la
Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado (en adelante “Dirección Técnica”) solicitó a la
Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo (en adelante “Dirección de Investigaciones”), analizar la viabilidad de abrir una
investigación administrativa en contra de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
TIERRALTA EPM E.S.P. (en adelante EEPPMM DE TIERRALTA), por presunto incumplimiento
de algunas normas a las que están sujetos los prestadores de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.
Por lo expuesto y como soportes de la solicitud, fueron anexados los siguientes documentos:   
     

Acta de Visita del 8 al 10 de octubre de 2018.

Informe de Evaluación Integral 2018 publicado en la página web de la SSPD.
TERCERO: Que el presente procedimiento administrativo sancionatorio inició a partir del
Radicado No. 20194400491151 de junio 25 de 2019, por el cual la Dirección de Investigaciones
formuló Pliego de Cargos contra la Empresa Investigada, por las siguientes conductas:
Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059. sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT 800.250.984 6
www.superservicios.gov.co

“PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚ-
BLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.
SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRA-
FO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.
TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA EN-
TRADA NI SALIDA DEL PTAP
CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.
QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI-
DO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.
SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-
LLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No.
1096 DE 2000.
SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO.
OCTAVO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN EL COBRO DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO A USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y REGIS-
TRADOS EN EL SISTEMA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCI-
SO 99.9 DEL ARTICULO 99 DE LA LEY 142 DE 1992.
NOVENO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
FACTURAR DE ACUERDO CON EL TIPO DE USO A LOS USUARIOS COMER-
CIALES, INDUSTRIALES Y OFICIALES.
DÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CLASIFICAR A LOS USUARIOS CON LOS ESTRATOS SOCIECONÓMICOS DE-
FINIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 689 DE 2001, DEBIDO A QUE CLASI-
FICA A LOS USUARIOS CON UN ESTRATO INEXISTENTE QUE DENOMINA
“VACÍO”
UNDÉCIMO
 
  CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON LABORATORIO DE MEDIDORES CERTIFICADO POR EL ORGA-
NISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA – ONAC Y EN LA DE
TENER CONTRATO CON LABORATORIO CERTIFICADO, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 33 DEL DECRETO 2269 DE 1993.
DUODÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
AVISAR DEL CAMBIO DE MEDIDORES A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTO-
RES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 13
DE LA RESOLUCIÓN CRA 413 DE 2006.

DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146
DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO PROME-
DIO DE MANERA PERMANENTE
DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DES-
VIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE
1992.
DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148
DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE
2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
SEÑALADOS EN LA LEY.  
DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES
PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA
POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.
El Pliego de Cargos fue notificado por Aviso1 el 17 de julio de 2019 a EEPPMM DE
TIERRALTA, por lo que a partir del día siguiente a su notificación empezó a correr el término
de quince (15) días hábiles2 con que contaba para ejercer su derecho de defensa, el cual
culminó el 8 de agosto de 2019.     
  
CUARTO: Que, Revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se evidenció que la
EEPPMM DE TIERRALTA, no presentó escrito de Descargos, tampoco aportó ni solicitó la
práctica de ninguna prueba, dentro del término legal correspondiente.
QUINTO: Que, en atención a que no se decretó periodo probatorio, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, la Dirección de Investigaciones, mediante
Auto SSPD 20194400000506 del 5 de septiembre de 2019, corrió traslado de toda la actuación
a la Empresa Investigada para que presentara Alegatos de Conclusión. Este Auto fue comuni-
cado a la Empresa Investigada a través del oficio con radicado No. 20194400722931 del 5 de
septiembre de 2019, y recibido por esta el 03 de octubre de 2019, tal y como se observa en la
constancia de entrega con Guía No. RA174902328CO emitido por la Empresa de Correos 4/72,
por lo que el plazo para presentar su escrito de alegatos venció el 18 de octubre del año 2019.
SÉXTO: No obstante haber recibido la Empresa Investigada el oficio por el cual se le informó
del traslado para presentar alegatos, revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se
evidencia que la EEPPMM DE TIERRALTA, presentó Alegatos de Conclusión el 6 de diciembre
de 2019 fuera del término legal establecido para ello, documento que fue radicado con el
Número.   de fecha 6 de diciembre de 2019, con el cual aportó los documentos relacionados a
continuación:
11
Anexo 1: resultados de pruebas de control de calidad, físico químicas en la red de
distribución de agua potable.
11
Anexo 2: manuales operativos y de mantenimientos de la planta de tratamiento, sistema
de alcantarillado, y control de pérdidas de agua en la red.
11
Anexo 3: acuerdo de tarifas y subsidios y contribuciones.
11
Certificaciones y competencias laborales.
1 Teniendo en cuenta que la empresa recibió el aviso SSPD 20194400549021 del 16 de julio de 2019, según consta en la guía de corresponden
cia Nro. RA147731924CO de 472.
2  Ley 1437 de 2011, artículo 47, inciso tercero.

Se incorporan a la investigación y serán tenidas en cuenta en lo que resulta conducente
pertinente y útil a la investigación, en virtud del artículo 40 del CPACA que establece  que hasta
antes de proferir decisión de fondo se podrán aportar pruebas.   ÉPTIMO: Que, habiéndose
agotado las etapas señaladas en el procedimiento aplicable a este tipo de actuaciones
administrativas, el Despacho del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos (en adelante el “Despacho”) procede a
resolver el presente asunto en los siguientes términos:
     
7.1. Competencia funcional
      
El artículo 2 de la Constitución Política, constituye el primer fundamento constitucional implícito
de la potestad sancionatoria de la Administración Pública, al contemplar como fines esenciales
del Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política. Ello implica que la Administración deba propender por
el mantenimiento de las condiciones que permitan el disfrute de los derechos de las personas,
para lo cual deberá utilizar, si es del caso, las facultades sancionatorias inherentes al ejercicio
del poder público3. Así mismo, dispone el artículo 370 ibídem:
 
“Corresponde al presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios
públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los
presten” (subrayado fuera del texto).
  
A su turno, el inciso 2 del artículo 365 constitucional señala que: “Los servicios públicos estarán
sometidos al régimen que fije la ley (…)”. En cumplimiento de este mandato, fue expedida la
Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios” y
conforme al numeral 1 de su artículo 79, corresponde a la SSPD:
“Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte
en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad”.    
Las sanciones administrativas que puede imponer la SSPD están contenidas en el artículo 81
de la Ley 142 de 1994. A su turno, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
delegó la función de investigación y sanción, en los casos de amonestación y multa, en el
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para los prestadores de su
sector, a través de la Resolución No. 021 de 2005. Estas funciones incluyen:
   
“(…) 1. Imponer las sanciones de amonestación o multa a los prestadores de
servicios públicos que violen las normas a las que deban estar sujetos, según la
naturaleza y la gravedad de la falta. (…)”.
 
En suma, la SSPD está facultada para imponer las sanciones correspondientes por violación al
régimen de servicios públicos, como señaló la jurisprudencia administrativa:
  
“(…) el legislador le otorgó a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios facultades especiales de vigilancia y control, además de plenos
poderes sancionatorios por la violación o desconocimiento del ordenamiento
jurídico en materia de servicios públicos, todo lo anterior en el marco de actuación
de lo dispuesto para el ejercicio y ejecución de sus competencia y funciones
misionales. Cabe resaltar que la potestad sancionatoria implica la existencia de un
procedimiento previo que respete el derecho de defensa y contradicción y que
3 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al afirmar: “(…) el ejercicio de la función pública encomendada a la Administración implica
que, si ésta se encuentra facultada para imponer un mandato o regular una conducta en servicio del interés público, también debe estar facultada
para lograr la garantía del orden mediante la imposición de sanciones, frente al cumplimiento de tales mandatos ”. Corte Constitucional. SU. 1010 de
2008. También: Corte Constitucional, Sentencia C- 595 de 2010.

como resultado de este se llegue a la imposición de medidas en el marco del
derecho de “punición”4.
   
En este contexto, es claro que la Superintendencia está facultada para imponer las sanciones
correspondientes por violación al régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.
   
7.2. Sobre el Derecho de defensa del Investigado
Antes de proceder con el estudio del caso que nos ocupa, es preciso destacar que, si bien es
cierto, la carga de la prueba radica en la Administración, también lo es que el Investigado en
ejercicio del derecho de defensa debe presentar y aportar, dentro de la oportunidad procesal
estipulada para el efecto, los argumentos y las pruebas que considere pertinentes para
desvirtuar los cargos que se le imputan.
En este orden de ideas, al no haber solicitado pruebas, ni presentar el Investigado Descargos y
Alegatos de Conclusión por fuera del término legal, se agota las etapas procesales que tiene
para ser oído y la Administración en atención a las etapas del procedimiento y a los términos
preclusivos con que cuenta para adelantar y resolver cada etapa procedimental, en particular el
establecido en el artículo 42 del CPACA, procede a considerar y decidir, con base en las
pruebas documentales que obran en el expediente y que conforme al principio de la carga de la
prueba fueron recaudadas por la Superintendencia, las cuales sea dicho de paso, fueron
debidamente trasladadas a la Investigada junto con el pliego de cargos5 y el traslado para
presentar Alegatos de Conclusión.
Resulta oportuno señalar, que las actividades procesales programadas deben ser cumplidas en
el término fijado para el efecto, para lo cual procede citar la sentencia T-546/95, en la que la H.
Corte Constitucional expresó:
"La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos deter-
minados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al
punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en
que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausu-
rada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente: aunque se hayan
omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vis-
ta, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los dife-
rentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley,
las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensio-
nes de las partes, a través de la sentencia."
Por lo que agotado esta etapa el Despacho procede en cumplimiento a las funciones
legalmente asignadas, a pronunciarse con base en el material probatorio obrante en el
expediente.
7.3. Análisis del Despacho sobre las conductas investigadas
  
El Despacho estudiará y decidirá cada una de las conductas imputadas, para determinar la
responsabilidad de EEPPMM DE TIERRALTA:
Sea lo primero advertir que este Despacho no se pronunciará respecto de los argumentos plan-
teados en los Alegatos por haber sido presentados fuera del término legal.
   
7.3.1. PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR DICHO
SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.
       
4
 Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 2015. Rad. No. 25000-23-24-000-2005-01325-01.
5
   En tal sentido ver sentencia de la Corte Constitucional C-835 de 2003.

7.3.1.1 Marco normativo
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, “Todos los prestadores estarán suje-
tos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dis-
pone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comi-
siones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos y a las
contribuciones para aquéllas y ésta”. 
El artículo 14.22 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, define el Servicio Público de Acueducto,
así, “Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y
transporte”.
Por su parte, el artículo 11 de la misma Ley, establece la función social de la propiedad en las
entidades prestadoras de servicios públicos, obligándolas entre otras cosas a:
“(…)11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y
sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al
usuario o a terceros (…)”.
De otra parte, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 establece que la prestación continua de un
servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios
públicos y precisa el concepto de falla en la prestación de un servicio público domiciliario, de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 136. CONCEPTO DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la
obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos.
El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se
denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio”.
La Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consu-
mo humano”, en su artículo 18, dispone:
“(…) ARTÍCULO 18º.- CÁLCULO DEL IRABAm. Para el cálculo del Índice de
Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua IRABAm se tendrán en cuenta
los procesos de tratamiento, distribución y continuidad del servicio y se realiza-
rá dando aplicación a la siguiente fórmula:
(…)
Para el cálculo del índice de continuidad - IC se tendrá en cuenta la siguiente 
fórmula:
Donde:
(Nhs)j = Número de horas prestadas en un mes en el sector j
(Ps) j = población servida del sector j
730 = Número de horas que tiene un mes
(Pt) = población total servida por la persona prestadora.
Los valores asignados de acuerdo con las horas de servicio prestado, están
establecidos en el cuadro Nº. 9, así:

(…)”
Por otro lado, el artículo 129 de la Ley 142 de 1994 dispone en su inciso primero: “Existe con-
trato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que
está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado,
solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones
previstas por la empresa”.
Así entonces, la obligación principal que se desprende del contrato de servicios públicos a car-
go de la empresa es la prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad. En tal
sentido, la Cláusula 9 del modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado contenido en el Anexo 3 de la
Resolución CRA 151 de 2001 modificado por la Resolución CRA 375 de 2006, señala que sin
perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son
obligaciones de la persona prestadora, entre otras, la siguiente:
“(…) a) Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en el inmueble
para el cual se hizo la solicitud, de acuerdo con los parámetros fijados por las
autoridades competentes y con las especificaciones técnicas determinadas por
la persona prestadora, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo I, el
cual se entiende forma parte integrante de este documento (…)”.
En ese sentido, en el anexo técnico del Contrato de Condiciones Uniformes de la prestadora,
se dispone lo siguiente, respecto a la continuidad:
“(…)La persona prestadora, prestará el servicio durante 24 horas diarias en la
semana siempre y cuando no existan causas de fuerza mayor como manteni-
mientos preventivos, correctivos o intervenciones para optimización o amplia-
ción en cualquiera de los componentes del sistema de agua cruda y  potable o
en el evento en que existan zonas especiales con dificultades técnicas por es-
tar localizadas por encima de la cota de prestación de servicio, situaciones en
las cuales la Persona, especificará la frecuencia con se prestará el servicio. En
caso de que se presenten interrupciones del servicio, la Persona prestadora,
activará los planes de contingencia los cuales consisten en el suministro de
agua en carro tanques y la operación de válvulas para puesta en servicio de
las interconexiones entre sectorizaciones de la red (…)”.
Respecto a Ia falla en Ia prestación del servicio par falta de continuidad, la Corte Suprema de
Justicia — Sala de Casación Civil, en sentencia del 4 de noviembre de 2009 6, se refirió en los
siguientes términos:
“(…)el citado artículo 136 de la mentada ley, con nitidez incontrovertible, incor-
pora dos aspectos de trascendental significado: en primer lugar, consagró que
la principal obligación de la empresa de servicios públicos es proveer un servi-
cio continuo y  de buena calidad; en segundo lugar, previó que incumplir tal
compromiso comporta una “falla en la prestación del servicio”; aflora, de
manera evidente, entonces, que el legislador patrio señaló en dicha disposi-
ción, únicamente, cuál era la obligación principal de aquel ente social y cuándo
sobreviene el incumplimiento de ella. Este último no está condicionado a un
6
  Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA. Ref: Exp. No. 
 3189 001 2004 
 01

término, mínimo o máximo; sólo corresponde establecer si la prestación del
servicio ha sido continua o no y, además, de buena calidad. Ausente una u
otra exigencia, sobreviene la falla del servicio (…)”
7.3.1.2. Importancia de suministrar agua con continuidad.
La falla en la prestación del servicio no está condicionada a un término específico, pues basta
con establecer si la prestación del servicio ha sido continua o no, o con analizar si la prestación
del servicio ha sido de buena calidad o no, para determinar si efectivamente hay una falla en la
prestación del servicio.
Ahora bien, en relación con el suministro del agua, la Corte Constitucional ha indicado que el
agua, en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como
un derecho fundamental y como un servicio público.
Como derecho fundamental, la Corte ha señalado, atendiendo la definición establecida por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el agua es “el derecho de todos
de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal
o doméstico”, y en ese orden, “el agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento
indisoluble para la existencia del ser humano”.7 Esta necesidad, indica la Corte, “es universal,
por cuanto todos y cada uno de los hombre y mujeres, independientemente de la raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, del lugar que se encuentre o la
posición social que tenga, requiere de este recurso para su subsistencia; es inalterable, pues
nunca se logrará hacerla desaparecer, ni tampoco reducirla más allá de los topes biológicos y
es objetiva, ya que  no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o está ligado a un
concepto indeterminado preestablecido, sino que se instituye como condición ineludible para
cada una de las personas que integran el conglomerado social, lo cual la erige como una
necesidad normativa y por tanto se constituye el fundamento del derecho fundamental al
agua”8.
Por otra parte, ha agregado que el agua es un servicio público y “en tal sentido, todas las
personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad
suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” 9.
Como servicio público que es, se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994.
Al respecto señaló la Corte en Sentencia T-740 de 2011:
“El artículo 128 de la mencionada ley dispone que el contrato de servicios
públicos es “un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una
empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un
precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por
ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados” (negrillas fuera del
texto).
Esta tipificación contractual realizada por el legislador en el artículo en
mención configuró dicho contrato como un acuerdo de voluntades de carácter
oneroso, es decir, habilitó a las empresas de servicios públicos a cobrar una
tarifa a la parte suscriptora o al usuario, como contraprestación por el bien
que suministra.
El carácter oneroso del contrato de condiciones uniformes se explica, en tanto
el pago que los usuarios o suscriptores realizan como contraprestación a los
servicios recibidos, permite (i) asegurar el equilibrio económico y financiero de
las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios; (ii) contribuye al
fortalecimiento de las mismas; (iii) incentiva la participación de los particulares
7
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

en el mercado de los servicios públicos, lo cual contribuye a la ampliación de
la cobertura en la prestación de los mismos, y (iv) permite que el Estado
pueda establecer políticas de orden social que permitan asegurar la
prestación de los servicios domiciliarios a las personas de escasos recursos;
lo anterior, se funda en el principio de solidaridad, el cual, en esta materia,
exige que aquellos que gozan de una mayor capacidad de pago contribuyan
económicamente para lograr la cobertura del servicio en los estratos menos
favorecidos.
Por estas razones, la jurisprudencia de esta Corporación reconoció como
propia del contrato de servicios públicos esta característica y señaló que el
deber de cumplir con esta obligación contractual es una condición
indispensable para garantizar la prestación eficiente, continua e
ininterrumpida de los servicios públicos a todos los usuarios, pues de
estos pagos depende la operatividad del sistema” (Resaltado fuera de texto).
Afirma entonces la Corte Constitucional que, “el agua constituye fuente de vida y la falta del
servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las
personas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal
debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”10
En este mismo sentido, en otra oportunidad, también señaló que: “Así la falta de prestación [del
servicio de acueducto] también está llamada a constituir una posible violación de derecho que
tienen todas las personas a vivir una vida digna”11
En ese orden, concluyó dicha Corporación “que el Estado es el principal garante de
cada una de las obligaciones que se desprenden del derecho al agua y especialmente
la relacionada con la disponibilidad, que obliga al Estado a brindar una
 
  cantidad
suficiente de agua, como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de bebida,
alimentación o cocción de alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas que
habitan en su jurisdicción” 12(Resaltado fuera de texto).
.
Ahora bien, en relación con la prestación del servicio, la misma Corte Constitucional, en
sentencia T-028 de 2014 señaló:
“5.6.2. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el servicio de agua y saneamiento
ambiental básico se debe prestar de forma ‘continua’ e ‘interrumpida’,
estableciendo categóricamente que ello debe ser así ‘sin excepción alguna’,
salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 2°). La
continuidad y disponibilidad del servicio debe regularse conforme lo previsto
en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unid as para los
Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones
pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos
internacionales de derechos humanos, según el cual, la cantidad de agua a
proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como
parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe
oscilar entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud.” 13 (Resaltado fuera de
texto).
10
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver también las sentencias T-578 de 1992, T- 140 de 1994 y T- 207 de 1995.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver también las sentencias T-539 de 1993, T-244 de 1994, T-523 de 1994, T-092 de 1995, T-379 de 1995, T-413 de 1995, T-410
de 2003, T-1104 de 2005, T-270 de 2007, T-022 de 2008, T-888 de 2008 y T- 381 de 2009.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-028 de 2014.

La OMS, ha definido la continuidad como “el porcentaje de tiempo durante el que se dispone
de agua de consumo (con carácter diario, semanal y estacional)”14. La medición de este
aspecto en Colombia, es la siguiente, según el Informe Sectorial de los Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado publicado en 2015 por esta Superintendencia:
“La reglamentación vigente considera dos metodologías de cálculo del
Indicador de Continuidad - IC, la primera definida en términos de porcentaje
(%) en la Resolución 315 de 2005 expedida por la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, y la segunda definida en términos de
horas al día (hr/día), correspondiente a la Resolución conjunta 2115 de 2007
expedida por los Ministerios de Protección Social y antiguo Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Como se mencionó anteriormente la importancia de este indicador radica en
que señala la disponibilidad del servicio de acueducto a los usuarios, en este
caso se analizó el indicador de continuidad para los prestadores de la
muestra, con base en la metodología de cálculo que establece la Resolución
MPS-MAVDT 2115 de 2007.
Dicha metodología considera las horas de prestación del servicio por sector
hidráulico, dándole peso a cada sector de acuerdo con el número de
suscriptores que se atienden en cada uno de ellos.
Es necesario precisar que los dos indicadores de continuidad, basados en la
Resolución CRA 315 (indicador %) y la Resolución MPS-MAVDT 2115 de
2007 (indicador hr/día) no son equivalentes, debido a que cada uno emplea
metodología diferente de cálculo. La principal diferencia radica en que el
indicador de continuidad de la Resolución CRA 315 no considera como base
de prestación del servicio, 24 horas al día, dado que considera únicamente
las suspensiones no avisadas no programadas, con lo cual un prestador que
suministre el servicio con normalidad de 6 horas al día puede tener valores
cercanos al 100%, asociados más a la eficiencia en la oportunidad con la que
se presta el servicio.
Por el contrario, la otra metodología toma como base de prestación del
servicio 24 horas al día con lo cual se obtiene un valor real sobre la situación
de continuidad en los diferentes municipios. De conformidad con la
resolución, el indicador de continuidad se clasifica de acuerdo al número
promedio de horas suministradas al día como se muestra en la tabla a
continuación:
Tabla 2. Clasificación Índice de continuidad.
HORAS SUMINISTRADAS AL DÍA
CLASIFICACIÓN
0 - 10
INSUFICIENTE
10.1 - 18
NO SATISFACTORIO
18.1 - 23
SUFICIENTE
23.1 - 24
CONTINUO
Fuente: Resolución MPS-MAVDT 2115 de 2007
(…)”.15
En ese orden, las empresas de servicio público que proveen el servicio público domiciliario de
agua deben prestar dicho servicio con la continuidad y calidad requerida por la ley, ya que con
ella se asegura el disfrute de derechos fundamentales tales como la vida, la salud y la dignidad
humana. La ausencia de continuidad y calidad en la prestación del servicio constituye una falla
14
Organización Mundial de la Salud, Guías para la calidad del agua potable. Primer Apéndice la Tercera Edición, Volumen 1,
Recomendaciones, Página 11. Disponible el 14/06/2017 en la siguiente dirección electrónica:
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf
15
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Informe sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado
 
–
 
Grandes
 
Prestadores,
 
Elaborado
 
2015
 
Tomado
 
de:
http://www.superservicios.gov.co/content/download/11224/91303

en la prestación del mismo.
7.3.1.3.Análisis del Despacho
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario tienen la obligación principal que se
desprende del contrato de servicios públicos a cargo de la empresa de prestar un servicio en
condiciones de calidad y continuidad.
Por lo tanto y de conformidad marco normativo es claro que, la Investigada como prestadora
del servicio público de acueducto en el Municipio de Tierralta, está en la obligación de prestar el
servicio público domiciliario de acueducto de forma continua.
Se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras de poder
determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo EEPPMM DE TIERRALTA de la
obligación de prestar el servicio público de acueducto bajo condiciones de continuidad como lo
establece la normativa vigente, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la continuidad del servicio
de acueducto, la Dirección Técnica dejó constancia de lo siguiente:
“(…) 3.2.2 Índice de Continuidad
Durante la visita, el prestador informó que para las vigencias 2016, 2017 el
primer semestre de 2018 se prestó el servicio de acueducto durante 18
horas continuas para cada una de las zonas cada tres días. No obstante,
no se llevan registros de continuidad para el municipio.
Una vez verificado el Sistema Único de Información-SUI, se pudo eviden-
ciar que el prestador no ha reportado información correspondiente a la
continuidad para las vigencias exigidas (…)” (Pág. 34)
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Direc-
ción Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado
con la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, sin obtener res-
puesta alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la
Dirección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia
de méritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIE-
RRALTA por el presunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están
sujetos quienes prestan servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa en Evaluación Integral realizada al prestador en el
mes de octubre de 2018, respecto al índice de continuidad se indicó que durante la visita se
evidenció lo siguiente:

Fuente: Informe de visita, Pág. 34-35.
A su vez en el Acta de visita se indicó respecto de la continuidad del servicio de acueducto lo si-
guiente:
“(…)
(…)”
Adicionalmente, es preciso resaltar que todo prestador del servicio público de acueducto tiene
el deber de asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y para el caso par-
ticular, teniendo en cuenta el Contrato de Condiciones Uniformes, es claro que EEPPMM DE
TIERRALTA, tiene la obligación de prestar el servicio durante 24 horas diarias en la semana
siempre y cuando no existan causas de fuerza mayor, situaciones en las cuales, especificará la
frecuencia con que se prestará el servicio.
Corolario a lo expuesto, según información entregada por el prestador en la visita realizada en
el mes de octubre de 2018, para las vigencias 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 se
prestó el servicio de acueducto durante 18 horas continuas para cada una de las zonas cada
tres días, lo cual, genera un incumplimiento de los parámetros establecidos en el anexo técnico
del Contrato de Condiciones Uniformes donde se indica que la continuidad será de 24 horas al
día, y, adicionalmente, Ia continuidad del servicio se clasifica coma NO SATISFACTORIA (Entre
10.1 y 18 horas/día) conforme a lo establecido en el artículo 18 de Ia Resolución 2115 de 2007.

En mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó una falla en la prestación del servicio
por falta de continuidad, debido al incumplimiento de la obligación de Ia empresa de suministrar
o distribuir agua para consumo humano de forma continua en el municipio de Tierralta en el
periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2018, de conformidad los artículos 11.1 y
136 de Ia Ley 142 de 1994 y el artículo 18 de Ia Resolución 2115 de 2007, y es con ocasión de
tal incumplimiento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el primer cargo.
Este tipo de infracción, se considera grave, ya que se está incumpliendo con la obligación
principal del prestador de suministrar un servicio público de acueducto continuo, adicionando
que esta falta también afectaría a los usuarios del servicio de acueducto, por cuanto la
provisión de agua es un objetivo fundamental para asegurar la supervivencia del ser humano,
que está indisolublemente ligada a la posibilidad de gozar de ese recurso natural vital
insustituible, que al mismo tiempo es presupuesto indispensable para el disfrute de derechos
fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana, lo que de suyo implica que estos
derechos se vieran lesionados ante la interrupción en la prestación; deslegitimando a su vez de
esta manera la obligación constitucional del Estado a garantizar la eficiente prestación del
servicio como lo indica el Artículo 366 de la Constitución Política.
7.3.2. SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA
RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.
7.3.2.1. Marco normativo
El artículo 11 de la Ley 142 de 1994, establece la función social de la propiedad en las
entidades prestadoras de servicios públicos, obligándolas entre otras cosas a:
“(…)11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y
sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al
usuario o a terceros (…)”.
Aunado a lo anterior, se debe señalar que el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio expidió
la Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, en cuyo
artículo 86 de determina:
“Artículo 86. Presiones en la Red de Distribución. Con una frecuencia mínima
semanal deberá realizarse seguimiento a los resultados arrojados por los equipos de
medición de presión instalados en las redes, de manera que se garantice que, en
condiciones normales de operación, las presiones de servicio se encuentren dentro
de los rangos establecidos.” (Subrayas de la Dirección de Investigaciones)
Pese lo anterior, se debe advertir que los artículos 257, 258 y 259 de la citada Resolución
determinan que:
“Artículo 257. Régimen de Aplicación. La presente resolución tiene aplicación para
la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas nuevos,
ampliaciones u optimizaciones. Para efectos de diagnósticos de sistemas existentes a
la fecha de entrada en vigor de la presente resolución, se deberán evaluar los
parámetros y criterios de diseño con la reglamentación con la cual fueron concebidos
o proyectados.
Artículo 258. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación, deroga las Resoluciones números
 
  1096
 
  de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 y cualquier
disposición que le sea contraria.

Artículo 259. Artículo Transitorio. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la
Resolución 650 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Aquellos proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico, que a la entrada en vigencia de la
presente resolución, se encuentren en etapa de planeación, diseño o construcción,
podrán aplicar lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones
modificatorias, o acogerse a lo dispuesto en esta resolución. Para sustentar la
adopción de lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, deberá aportar copia del
documento en el que se acredite la relación contractual correspondiente con el
ejecutor del proyecto, adquirida antes de la expedición de la presente resolución.
Aquellos proyectos, que a la entrada en vigencia de la presente resolución, hayan
finalizado su fase de planeación y diseño, les podrá ser aplicado lo dispuesto en la
Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias, para acometer la fase de
construcción respectiva. En dicho caso, bastará con la respectiva certificación de
recibido a satisfacción por parte de la persona prestadora del servicio
correspondiente, o de la interventoría de los diseños, en la cual se indique, que su
fecha de entrega es anterior a la entrada en vigencia de la presente resolución.
En todo caso, los proyectos que a 31 de diciembre de 2019 no hayan iniciado la etapa
de construcción o el proceso de contratación para esta, y que se les haya aplicado la
Resolución 1096 de 2000, deberán ser ajustados en todas sus etapas aplicando lo
establecido en la presente resolución.” (Subrayas de la Dirección de Investigaciones)
De los artículos previamente transcritos se advierte que la Resolución 330 de 2017 derogó,
entre otras, la Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. Sin embargo, se advierte que para
efecto de los sistemas construidos a la fecha de entrada en vigencia de la primera de las
Resoluciones citadas16, resulta aplicable lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, en la
medida que los mismos fueron planeados y diseñados bajo los parámetros determinados en la
aludida Resolución.
Así las cosas, en el presente caso resulta necesario señalar que el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS 2000-, fue adoptado mediante la
Resolución 1096 del 17 de noviembre del año 2000, emanada por el entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, estatuyendo en su artículo 2 lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.- OBJETO: El presente Reglamento tiene por objeto señalar los
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos
correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus
actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22,
14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras de
los servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga
sus veces.” (Subrayas fuera del texto original).
A su turno, el Título II de la Resolución 1096 de 2000, estableció
“los requisitos, parámetros y procedimientos técnicos mínimos que obligatoriamente
deben reunir los diferentes procesos involucrados en la concepción, el diseño, la
construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el
mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se
desarrollen en la República de Colombia, con el fin de que garanticen su seguridad,
durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro
de un nivel de complejidad determinado.” (Subrayas fuera del texto original).
Dentro del título en referencia, el capítulo XVIII en relación con los aspectos de operación de
los sistemas de acueducto, estableció en su artículo 199 el deber para las entidades
16
 Publicada en el Diario Oficial No. 50.267 de 17 de junio de 2017.

prestadoras del servicio público de acueducto de verificar las presiones en diferentes puntos de
red, en los siguientes términos:
“Artículo 199.- Operación. Los procedimientos y medidas pertinentes a la
operación continua y permanente de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que
deben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades
Prestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo
para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el
respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el
presente Reglamento Técnico.
Parágrafo 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o su
ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del pro-
yecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red, teniendo
en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
Parágrafo 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de distribución
se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil de ésta, de-
ben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta lo estableci-
do en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud Pública,
o el que lo reemplace.”.
Con base en lo hasta aquí referido, se concluye que el artículo 199 de la Resolución 1096 de
2000, norma que resulta aplicable a aquellos sistemas que se encontraban construidos al
momento de la entada en vigencia de la Resolución 330 de 2017, impone a los prestadores del
servicio público de acueducto la obligación de verificar las presiones en sus redes de
distribución mientras las mismas se encuentran en operación, por lo cual se entiende que dicha
verificación se debe efectuar con base en la medición de las respectivas presiones.
De otra parte, el anexo técnico del Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa,
expresa lo siguiente respecto a la presión:
“(…) El servicio de acueducto se prestará con la presión mínima establecida
en la legislación vigente, salvo en el caso de zonas especiales con dificultades
técnicas por estar localizados en zonas por encima de la costa de prestación
de servicio, en las la cuales la Empresa Prestadora especificará la frecuencia
con que se prestará el servicio. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en la
Resolución 0330 expedida el 8 de junio de 2017, con una presión mínima de
10 m.c.a. (…)”
7.3.2.2. Importancia de realizar la toma de presiones en las redes del sistema de
acueducto.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
realizar toma de presiones en diferentes puntos de la red del sistema de acueducto, una vez
que la red de distribución entre en operación, y durante todo el período de vida útil del proyec-
to, teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento, con el fin de brindar a los
usuarios el respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el presen-
te Reglamento Técnico.
7.3.2.3. Análisis del Despacho.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta el cargo formulado, se procede a realizar un análisis de
las pruebas obrantes en el expediente, en aras de poder determinar si en el presente caso

hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIERRALTA, frente a la obligación de realizar
toma de presiones en diferentes puntos de la red del sistema de acueducto como lo establece
la normativa vigente, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la obligación de los prestadores
de realizar la toma de presiones en las redes del sistema de acueducto, se dejó cons-
tancia de lo siguiente:
“(…) Presiones en la Red
De acuerdo con lo evidenciado en visita, el prestador no monitoreo en las
vigencias de análisis las presiones en puntos de red de distribución, ni
para el primer semestre del año 2018, tampoco cuenta con instrumentos
de medición de presión. Por lo cual no es posible analizar si actualmente
se está cumpliendo con la presión mínima establecida en el CCU de la
empresa (…)”. (Pág. 34)
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con Ia toma
de presiones en las redes del sistema de acueducto, sin obtener respuesta alguna por
parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa en Evaluación Integral realizada al prestador en el
mes de octubre de 2018, frente a la obligación de análisis de las presiones en los puntos de la
red de distribución, se evidenció lo siguiente:
                                           Fuente: Evaluación Integral, Pág. 33.
En igual sentido, a folio 37 de la citada evaluación integral, la Dirección Técnica identificó lo si-
guiente:

Por su parte en el Acta de la visita se dejo constancia del hallazgo en los mismos términos.
Lo anterior afecta claramente la correcta operación de las redes, pues el prestador desconoce
las presiones al interior de estas y no puede tener certeza de que el agua suministrada a los
usuarios cuente con una presión igual o superior a la presión mínima definida tanto en el
Contrato de Condiciones Uniforme de la empresa como en la Resolución 1096 de 2000;
sumado a que tampoco puede realizar una gestión adecuada para la disminución de las
pérdidas de agua asociadas con fugas en el sistema de acueducto debido a esta omisión.
Corolario a lo expuesto, según información entregada por el prestador en la vista de inspección
y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de
Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de
2018, el prestador no monitoreó en las vigencias de análisis, ni para el primer semestre del
año 2018, las presiones en puntos de red de distribución, y tampoco cuenta con instrumentos
de medición de presión.
La no medición de la presión en los diferentes puntos de la red de distribución, resulta ser una
conducta grave en la medida en que conlleva a un desconocimiento por parte de EEPPMM DE
TIERRALTA de las presiones, que puede incidir en dificultades para realizar maniobras
operativas con el fin de disminuir las pérdidas de agua en el sistema  y también, en caso de
que la presión sea baja, se puede afectar a los usuarios respecto a la calidad y continuidad del
servicio de acueducto que se les presta, por ende, es obligación de la Investigada realizar un
monitoreo permanente de las presiones en las redes de distribución con el fin de tener un
control activo de la operación del sistema.
En mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó incumplimiento por parte de la prestado-
ra a Ia obligación de realizar la toma de presiones en las redes del sistema de acueducto del
municipio de Tierralta, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 199 de la Resolución
1096 de 2000 para el primer semestre de la vigencia 2018 y aun para el momento de la visita 8
al 10 de octubre de 2018, pues esta falta impediría que el prestador asegure la prestación de
un servicio bajo los criterios de calidad y continuidad exigidos según Ia reglamentación vigente
(artículo 11 de la Ley 142 de 1994), y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser
sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el segundo cargo.

7.3.3. TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALI-
ZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA ENTRADA NI SALIDA
DEL PTAP.
       
7.3.3.1 Marco normativo
La Resolución No. 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, hace referencia a la obligación que tienen las
empresas prestadoras del servicio público de acueducto de realizar macromedición, de la si-
guiente manera:
“(…) ARTÍCULO 86.- MACROMEDICIÒN (modificado por el artículo 1 de la
Resolución 688 del 19 de junio de 2003). Debido a que los volúmenes, las
presiones y los niveles entregados al sistema de distribución de agua potable son
un parámetro importante que debe ser considerado en la relación de balance de
distribución, en las labores de operación y mantenimiento y en la planeación
futura, se deben instalar macromedidores para la correspondiente obtención de
datos de suministros reales.
En los sistemas de acueducto y para todos los niveles de complejidad del siste-
ma, debe hacerse macromedición de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de
captación de agua superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora o
archivo magnético dicha medición.
2) Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento y
registrar en el libro de bitácora a archivo magnético el caudal que ingresa al siste-
ma per lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.
3) Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de tratamiento y
registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal de agua tratada su-
ministrada por lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.
4) En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas
diferentes, se deben instalar macromedidores al inicio de la red concedida y
registrar en el libro de bitácora archivo magnético los datos, con el fin de
contabilizar el agua que esta siendo entregada a cada una de ellas
5) En los tanques de almacenamiento y la compensación se deben instalar medi-
dores de forma que permita medir en cualquier momento el nivel del agua (…)”
Es importante anotar que aunque la referida Resolución 1096 de 2000 fue derogada mediante
Ia Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta Io dispuesto en el artículo 257 de esta últi-
ma para la evaluación de los sistemas existentes a la fecha de entrada en vigencia de Ia mis-
ma, el cual a su tenor literal dispone:
“(…) Articulo 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene
aplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de
sistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones. Para efectos de
diagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la
presente resolución se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño
con la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados (…)".
ARTÍCULO 258. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación, deroga las Resoluciones
números
 
  1096
 
  de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009 y cualquier disposición que le sea contraria.
 
ARTÍCULO 259. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo adicionado por el
artículo 1 de la Resolución 650 de 2017. El nuevo texto es el
siguiente:> Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento
básico, que a la entrada en vigencia de la presente resolución, se encuentren

en etapa de planeación, diseño o construcción, podrán aplicar lo dispuesto en
la Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias, o acogerse a
lo dispuesto en esta resolución. Para sustentar la adopción de lo dispuesto en
la Resolución 1096 de 2000, deberá aportar copia del documento en el que
se acredite la relación contractual correspondiente con el ejecutor del
proyecto, adquirida antes de la expedición de la presente resolución.
 
Aquellos proyectos, que a la entrada en vigencia de la presente resolución,
hayan finalizado su fase de planeación y diseño, les podrá ser aplicado lo
dispuesto en la Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias,
para acometer la fase de construcción respectiva. En dicho caso, bastará con
la respectiva certificación de recibido a satisfacción por parte de la persona
prestadora del servicio correspondiente, o de la interventoría de los diseños,
en la cual se indique, que su fecha de entrega es anterior a la entrada en
vigencia de la presente resolución.
 
En todo caso, los proyectos que a 31 de diciembre de 2019 no hayan iniciado
la etapa de construcción o el proceso de contratación para esta, y que se les
haya aplicado la Resolución 1096 de 2000, deberán ser ajustados en todas
sus etapas aplicando lo establecido en la presente resolución.” (Subrayas
fuera del texto )
 
De los artículos previamente transcritos se advierte que la Resolución 330 de 2017 derogó,
entre otras, la Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. Sin embargo, se advierte que para
efecto de los sistemas construidos a la fecha de entrada en vigencia de la primera de las
Resoluciones citadas17, resulta aplicable lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, en la
medida que los mismos fueron planeados y diseñados bajo los parámetros determinados en la
aludida Resolución.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar de igual manera lo establecido en el artículo
73, de la Resolución 330 de 2017, en el cual, también se especifica lo siguiente:
“ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar
instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del
tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos.
La medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:
.1
En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.
.2
En la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.
.3
En la salida de las plantas de tratamiento.
.4
En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
.5
En la salida de los tanques de almacenamiento”.
.6
Siguiendo la misma línea, la Resolución CRA 151 de 2001 "Regulación integral de los
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", en sus artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 indica
que todas las personas prestadoras del servicio de acueducto deben realizar programas de
macromedición y los respectivos plazos para iniciar, complementar y concluir con los
programas, a saber:
"(…) ARTICULO 2.1.1.8 PROGRAMAS DE MACROMEDICION. Todas las
personas prestadoras deben realizar programas de macromedición. Los
instrumentos de macromedición deben estar presentes por lo menos a la salida de
la planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de pozos profundos.
ARTICULO 2.1.1.9 PLAZO DE LOS PROGRAMAS DE MACROMEDICIÓN. Las
personas prestadoras del servicio disponen de un plazo de un (1) año contado a
partir del 22 de Julio de 1997, para iniciar o complementar programas de
17
 Publicada en el Diario Oficial No. 50.267 de 17 de junio de 2017.

macromedición, en concordancia can esta resolución, y de máximo tres (3) años
para concluirlos, y deberán ajustarse a lo estipulado por las normas que le seas
complementarias (…)".
7.3.3.2. Importancia de realizar macromedición
La macromedición puede entenderse como el conjunto de equipos, elementos y actividades
que permiten obtener, analizar y divulgar datos operacionales relativos a los caudales,
volúmenes, presiones y niveles de agua en los sistemas de abastecimiento18.
Los datos que se obtienen de esta medición permiten adelantar una adecuada gestión del
agua, así como la obtención de información cierta y confiable sobre los caudales utilizados en
cada una de las diferentes partes que conforman el sistema de abastecimiento (salida
bocatoma, entrada y salida de la planta de tratamiento de agua, entrada y salida de tanques de
almacenamiento, entre otros). En ese orden, la macromedición resulta entonces, especialmente
importante para lograr el uso eficiente del recurso en lugares donde la disponibilidad pueda
resultar inferior a la demanda potencial en un periodo determinado, así como para contribuir al
mejoramiento tecnológico, administrativo y económico de las empresas prestadoras del servicio
de acueducto.19
La importancia de la macromedición, demanda que los prestadores del servicio público de
acueducto la realicen de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, toda vez que
con dicha información se logran establecer varios factores, entre ellos, el nivel de pérdidas de
agua con relación a la totalidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la
cantidad de agua que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes
sectores, lo que a su vez permite determinar el nivel de pérdidas técnicas y comerciales en los
que está incurriendo el prestador.
7.3.3.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
realizar programas de macromedición, y los instrumentos de macromedición deben estar
presentes por lo menos a la salida de la planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de
pozos profundos.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de realizar la medición de los caudales en la captación, entrada
y salida de la PTAP, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) 
Que a través de informe de Evaluación Integral a folios 22 y 25, con relación a la
obligación de realizar programas de macromedición, se dejó constancia de lo siguien-
te:
“(…) 3.1.2 Captación
18
 Revista Técnica Ingeniería, Universidad de Zulia, Maracaibo, año 2009 v.32 n.2.
19
 Vicente Blanca Giménez, Recursos para la instalación de redes de abastecimiento y Saneamiento, Ediciones Paraninfo, año
2014, Madrid.

La captación para la PTAP se realiza mediante bombas de succión so-
bre el Río Sinú, actualmente se desconoce el caudal de captación ya
que no se cuenta con ningún tipo de instrumento de medición. El siste-
ma de captación cuenta con tres bombas cada una con capacidad de
40 HP, actualmente se opera con dos bombas mientras una está en
stand by. Las tres tuberías correspondientes a las bombas succionan a
12 pulgadas y conducen el agua en 8 pulgadas. Según lo analizado en
visita, cada ocho horas se hace intercambio de bombas para dejar en
stand by una diferente (…)”.
Medición de caudal a la entrada de la PTAP:
“(…) 3.1.5 Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
La PTAP es de tipo convencional cuenta con una capacidad instalada
de 100 l/s. Durante la visita, se pudo evidenciar que los operarios de la
PTAP desconocen la capacidad instalada de la planta, teniendo en
cuenta que no se usa ningún instrumento para medir el caudal de en-
trada y salida, de acuerdo a lo informado por el prestador esta planta
fue optimizada entre los años 2015 a 2017 adelantada por el PDA (...)”.
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la me-
dición de los caudales en la captación, entrada y salida de la PTAP, sin obtener res-
puesta alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa en la Evaluación Integral realizada al prestador en el
mes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar programas de macromedición, se evi-
denció lo siguiente:
    
          
Fuente: Informe de visita Pág. 32.
        
Fuente: Informe de visita Pág. 35.
Por su parte en el Acta de la Visita se dejó constancia del hallazgo relacionado con macromedi-
ción en los siguientes términos:
“(…)

(…)
(…)
(….)”
De acuerdo con lo anterior, y según lo consagrado en el Acta de la vista inspección y vigilancia
realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y en el Informe de Evaluación In-
tegral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018; este Des-
pacho encuentra que el prestador no cuenta con ningún tipo de instrumento de medición del
caudal  en la captación, ni en la entrada y salida en la sistema de tratamiento para distribución
a red, lo que imposibilita conocer el caudal de captación y la capacidad instalada de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable; sumado a que la falta de macromedición impide conocer con
certeza los caudales captados, tratados y suministrados a los usuarios, lo que a su vez impide
obtener información relacionada con las pérdidas de agua. Esto incide directamente en la ope-
ración del sistema, toda vez que el prestador debe conocer con certeza cuánta agua se tiene
en cada una de las actividades asociadas con el servicio de acueducto (captación, aducción,
tratamiento conducción, distribución y almacenamiento).
Con base en todo lo expuesto, el Despacho evidencia que EEPPMM DE TIERRALTA incum-
plió Ia obligación de realizar la medición de caudales en Ia captación, de la entrada y salida del
sistema de tratamiento para distribución a red, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Resolución 1096 de 2000, toda vez que no se realiza la medición de los caudales a lo
largo de la cadena de suministro del servicio de acueducto y con los argumentos esbozados
por la Investigada no se desvirtúo el presente cargo.

En mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte de la prestadora a
Ia obligación de realizar la mediación de caudales en Ia captación, en la entrada y salida del
sistema de tratamiento para distribución a red, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Resolución 1096 de 2000, como consta en el Acta de la vista inspección y vigilancia
realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y es con ocasión de tal incumpli-
miento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el tercer cargo.
7.3.4. CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALI-
ZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA CON UNA FRE-
CUENCIA DETERMINADA.
       
7.3.4.1 Marco normativo
El Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano”, en su artículo 9, establece las responsabilidades
de las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, de la
siguiente forma:
“(…) Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas
prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, en
relación con el control sobre la calidad del agua para consumo humano, sin
perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 1994 y las
disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir
las siguientes acciones:
.1
Realizar el control de las características físicas, químicas y microbioló-
gicas del agua para consumo humano, como también de las características
adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanita-
ria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del presente
decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cual-
quiera de los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época
del año (…)”.
Adicionalmente, la Resolución 2115 de 2017 “Por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano.”, en sus artículos 21 y 22, hace referencia a la frecuencia y numero de
muestras de control de la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo
humano que debe ejercer la persona prestadora de acuerdo con la población atendida, en los
siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO 21º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE CON-
TROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO
HUMANO QUE DEBE EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control de
los análisis físicos y químicos debe realizarse en la red de distribución por par-
te de las personas prestadoras. Se sujetará como mínimo a las siguientes fre-
cuencias y número de muestras de acuerdo con la población atendida, el
mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.
Cuadro Nº. 11 Frecuencias y número de muestras de control de la calidad
física y química del agua para consumo humano que debe ejercer la per-
sona prestadora en la red de distribución.

[Sin texto extraíble. Consultar el PDF.]

PARÁGRAFO 1. Para las personas prestadoras que utilizan sales metálicas de hierro y
aluminio como coagulante se cumplirán las frecuencias establecidas en el cuadro Nº.11
de la presente Resolución. Cuando se utilice otro coagulante, las frecuencias mínimas
para la medición del coagulante serán:
PARÁGRAFO 2. Aquellas personas prestadoras que suministren o distribuyen
agua para consumo humano por medios diferentes a una red de distribución, de-
berán cumplir con las frecuencias mínimas, número mínimo de muestras y valo-
res admisibles señalados en la presente Resolución de conformidad con la pobla-
ción atendida.
PARÁGRAFO 3. Independientemente del sistema de suministro de agua, la per-
sona prestadora que suministra o distribuya agua para consumo humano a dife-
rentes municipios, realizará los análisis del control para cada uno de ellos, tenien-
do en cuenta el número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia de
acuerdo con la población atendida.
PARÁGRAFO 4. Para el análisis del control en un municipio donde exista más de
una persona prestadora, se tendrá en cuenta el número de población atendida
por cada prestador en ese municipio.

ARTÍCULO 22º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE CONTROL
DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
QUE DEBE EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control para los análisis
microbiológicos de coliformes totales y E.coli a realizar al agua para consumo hu-
mano por las personas prestadoras en la red de distribución, se sujetará como
mínimo, a las frecuencias y número de muestras de acuerdo con la población
atendida, definidos en el cuadro Nº.12 de la presente Resolución.
Cuadro Nº.12 Frecuencias y número de muestras de control para los análi-
sis microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli que deben ejercer las
personas prestadoras en la red de distribución
PARÁGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de
Giardia y Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el fin
de determinar si es necesario realizar el control en el agua para consumo huma-
no. Si se determina que es necesario el control, el mapa de riesgo deberá deter-
minar la frecuencia y el número mínimos de muestras a analizar por cada fre-
cuencia. (…)”
7.3.4.2. Importancia de realizar muestras de control.
El control de calidad del agua consiste la verificación que realiza el prestador de las
características físicas químicas y microbiológicas para garantizar que el agua para consumo
humano cumpla con los requisitos establecidos en las normas vigentes, así el control le permite
a la empresa tomar de forma oportuna las medidas correctivas, con el fin de que se logre
mantener la calidad del agua suministrada.
 
El programa de control de calidad del agua es un instrumento de evaluación que debe incluir
principalmente, pero no exclusivamente, las actividades siguientes:
a) Control del cloro residual en el sistema de producción y distribución, y en camiones cisterna
de la EPS.
b) Control de la calidad microbiológica del agua a la salida del sistema de producción y en el
sistema de distribución.

c) Control de la calidad física y química del agua en el sistema de producción y en el sistema
de distribución.
d) Inspecciones Sanitarias en el sistema de producción y en el sistema de distribución.
e) Constatación del cumplimiento del programa de limpieza de reservorios y purga de redes de
distribución.
f) Control de la calidad de los productos químicos usados en el tratamiento y desinfección del
agua20.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional determina en forma clara la relevancia de que tie-
ne realizar las muestras de control cuando afirma:
“Lo anterior permite concluir que de los resultados obtenidos no puede desprenderse
certeza sobre la potabilidad y salubridad del agua, en tanto no se está efectuando un
control periódico, constante y rutinario, del cual pueda extraerse con exactitud las bue-
nas condiciones del líquido suministrado conforme los requisitos mínimos técnicos exigi-
dos para tal fin. Esta circunstancia, puede acarrear incuestionables perjuicios a la salud
y a la vida de sus pobladores incluida la peticionaria y su núcleo familiar, en tanto no se
están cumpliendo los estándares establecidos en la norma que precisamente buscan
ejercer un control preventivo sobre el suministro de agua apta para el consumo huma-
no, con la finalidad de evitar consecuencias adversas en el bienestar de los usuarios.
En este sentido, existe evidentemente la necesidad de adoptar correctivos y medidas
oportunas de prevención que eviten precisamente la ocurrencia de un daño grave21
Por lo enunciado hasta aquí, se concluye que es de gran importancia que el prestador que
suministre o distribuya agua potable realice el auto control de la calidad del agua de forma
rutinaria, con el fin de que pueda tomar de forma oportuna las acciones correctivas y evitar de
los riesgos para la salud humana.
7.3.4.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
realizar la toma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia determinada;
así en aras de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de
EEPPMM DE TIERRALTA, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el
expediente, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 38 y 39, con relación a la obligación
de realizar la toma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia de-
terminada, se dejó constancia de lo siguiente:
20 http://www.monog
 
 rafias.com/trabajos82/controlcalidadaguaspotables/controlcalidadaguas
potables.shtml#ixzz4hMfgZ4PN
21
 T028-14.

“(…) Control de la Calidad del Agua Distribuida por Red
El prestador no cuenta con laboratorio propio para el análisis de las
muestras de control, por lo cual las muestras de control son llevadas al
laboratorio AMBIELAB LTDA el cual se encuentra certificado según la
Resolución 1615 de 2015 y participa en el PICCAP.
Durante la visita se pudo evidenciar que el prestador realiza dos mues-
treos mensuales, cabe mencionar que el prestador solamente entregó
los análisis para lo corrido del año 2018.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la población atendida por el presta-
dor esta entre 20000(sic) y 
 (sic) personas, se debe tener la si-
guiente frecuencia de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2115
de 2007:
No obstante, al revisar los resultados de las muestras de control en red
entregadas en visita y reportadas al SUI – en total 92 muestras para las
vigencias realizadas, se evidencio que el prestador presuntamente no
cumplió con las frecuencias mínimas para la vigencia 2018 ni para
2016 y 2017 (…)”
(iii) El 23 de octubre de 2018 mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la fre-
cuencia de la toma de muestras de control de calidad del agua, sin obtener respuesta
alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa a folio 7 del Acta de Visita realizada al prestador en el
mes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar la toma de muestras de control de
calidad de agua, se evidenció lo siguiente:

Es oportuno resaltar, que según el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la
DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en
el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, el prestador no realizó la
toma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia exigida, motivo por el cual
no es posible determinar si el agua suministrada a los usuarios cuenta  con  concentraciones
permisibles  de estos parámetros  o  si,  por el  contrario,  las concentraciones de estos se
encuentran por fuera de los rangos admisibles y suponen un riesgo para la salud humana.
Respecto de las pruebas aportadas por la Investigada, este Despacho debe poner de presente
que no desvirtúan el cargo en razón a que, corresponden resultados de las muestras de
laboratorio tomadas los días 07/06/2019; 17/07/2019, 30/10/2019; 19/09/2019, documentos que
no controvierten los hechos investigados, pues como se evidencia corresponderían a hechos
de modo, tiempo y lugar diferentes a los que son objeto de investigación (muestras de control
tomadas en la vigencia 2018), lo que indica que estas pruebas NO son pertinentes en la
medida que no tienen una relación directa con los hechos investigados.
Aunado a lo expuesto, es preciso resaltar que para una población entre 20.001 y 100.000 habi-
tantes de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2115 de 2007, al prestador le correspon-
de realizar el muestreo y análisis de 1 muestra con frecuencia diaria de los parámetros turbie-
dad, color aparente, PH, cloro residual litre, coliformes totales, olor y sabor y Coliformes feca-
les. Asimismo, debe realizar el muestreo y análisis de 1 muestra con frecuencia quincenal de
los parámetros alcalinidad total, cloruros, dureza total y hierro. Finalmente, en caso de que se
tuviese un mapa de riesgo diseñado por Ia autoridad sanitaria correspondiente, el prestador
debería realizar el muestreo y análisis de aquellas características físicas, químicas y microbio-
lógicas que este acto determine.
Por lo anterior, es claro que las empresas prestadoras deben realizar el control de la calidad
del agua i) durante el proceso de tratamiento, con el fin de verificar que éste se esté realizando
adecuadamente y que una vez tratada , el agua se apta para consumo humano y ii) en la red
de distribución, con el fin de verificar que una vez el agua tratada sale de la planta de trata-
miento e ingresa a las redes, no se contamine por eventos externos ( biopelículas en las pare-
des de las tuberías, ingreso de contaminantes a las redes de distribución, entre otras).
Se considera que la conducta es grave, toda vez que al omitir efectuar las muestras de control
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, es-
taría desconociendo la calidad del agua que suministra a sus usuarios, lo que impide a la In-
vestigada tomar acciones para mejorar, todo lo que redunda en que se pone en riesgo la cali-
dad del servicio prestado y lo que es más grave la salud de los usuarios.
En mérito de lo expuesto, es evidente que EEPPMM DE TIERRALTA incumplió Ia obligación
de realizar la toma de muestras de control de calidad del agua con la frecuencia exigida, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1575 de 2007 y los artículos 21 y 22
de la Resolución 2115 de 2007, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser
sancionada la EEPPMM DE TIERRALTA por el cuarto cargo.
7.3.5. QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MA-
NUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199
Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.
       
7.3.5.1 Marco normativo
La Resolución 1096 de 2000 “por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de
agua potable y saneamiento básico” en sus artículos 199 y 202, indica lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas
pertinentes a la operación continua y permanente de los diferentes
componentes de un sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán
los requerimientos establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales
de operación que deben tener disponibles en todo momento los operadores de
las Entidades Prestadoras de los servicios municipales de acueducto,
alcantarillado y aseo para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar
a los usuarios el respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad
exigidos en el presente Reglamento Técnico.
PARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o su
ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del
proyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
PARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de distribución
se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil de ésta,
deben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta lo
establecido en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud
Pública, o el que lo reemplace.”
“ARTÍCULO 202.- MANTENIMIENTO. Los procedimientos y medidas
pertinentes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los
diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento básico
seguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Instalación y los
Manuales de Operación y Mantenimiento que deben tener disponibles en todo
momento los operadores de las Entidades Prestadoras de los servicios
municipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de sus
componentes en el caso de sistemas que están en operación. O los
suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al entregar
a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados, para el caso de las obras nuevas a partir de la vigencia de este
reglamento.” (…)” (se subraya).
Sobre la observancia a la normatividad de la resolución 1096 de 2000 es importante aclarar
que, si bien esta fue derogada mediante Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 257 de esta última para la evaluación de los sistemas existentes a la
fecha de entrada en vigencia de la misma, el cual a su tenor literal dispone:
“(…) ARTICULO 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene
aplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de
sistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones.  Para efectos de
diagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la
presente resolución, se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño
con la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados (…)”.
7.3.5.2 Importancia de los manuales de operación y mantenimiento para el sistema de
acueducto y alcantarillado.

El manual de operaciones y mantenimiento tiene como objetivo describir todas las actividades
necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de los servicios públicos
domiciliarios, encaminados a prevenir y corregir las fallas en los mismos.
Una adecuada aplicación de los manuales conlleva una operación optima que es garantía de
un servicio de calidad. Una operación deficiente se refleja en un servicio de mala calidad para
la población que accede al mismo, genera una disminución de la vida útil de las infraestructuras
y por consiguiente un mayor gasto para la empresa que no permite prestar un servicio eficiente
a los usuarios.
 
El mal funcionamiento de los sistemas tiene un costo financiero y social en términos de trabajo
perdido y enfermedades, cuando los beneficiarios deben abastecerse de fuentes contaminadas
o sacrificar su higiene básica por cortes en el servicio. Este tipo de problemas incide
directamente en la salud de la población y en los costos sociales y económicos que esto
conlleva22.
Por lo anterior, es de obligatorio cumplimiento que las Empresas que presten los servicios de
acueducto y alcantarillado cuenten con manuales de operación y mantenimiento toda vez que,
permiten asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de los distintos componentes de los
sistemas de acueducto y alcantarillado para las diferentes condiciones de operación normal y/o
de emergencia que puedan ocurrir a lo largo de la vida útil las estructuras.
7.3.5.3. Análisis del Despacho.
Todas las empresas prestadoras de servicios públicos deben prestar los servicios bajo
condiciones de continuidad y eficiencia; lo anterior obliga a los prestadores no solamente a la
operación de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado, sino que también se debe realizar el
adecuado mantenimiento de la totalidad de la infraestructura asociada con estos sistemas, es
así que la realización conjunta e integral de estas actividades de operación y mantenimiento es
lo que permite que la infraestructura funcione adecuadamente.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de contar con manuales de operación y mantenimiento para los
sistemas de acueducto y alcantarillado, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 28,33 y 42, con relación a la obliga-
ción de realizar programas de macromedición, indicó que:
“(…) Manuales de Operación y Mantenimiento de la PTAP
Con respecto al manual de operación y mantenimiento de la PTAP, el
prestador no entregó ningún documento que hiciera referencia a lo
mencionado. Asimismo, no se entregó el cronograma de actividades de
mantenimiento de las estructuras de la PTAP para las vigencias de
análisis ni de soportes de mantenimiento de la PTAP.
(…)
22
  CARE Internacional en Ecuador, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua, Módulo 5. Año 2012.

3.1.8. Manual de Operación y Mantenimiento de Redes de Agua Po-
table
Con respecto al manual de operación y mantenimiento de redes de
agua potable, el prestador no entregó el documento correspondiente a
lo mencionado, por lo cual presuntamente no cuenta con este incum-
pliendo con lo establecido en el artículo 33 de la Resolución 1096 de
2000, derogada por la Resolución 330 de 2017.
(…)
Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado.
De acuerdo con lo evidenciado en visita y el análisis de los documentos
entregados por el prestador, presuntamente no se cuenta con un ma-
nual de operación y mantenimiento del sistema de acueducto y asimis-
mo no se cuenta con cronograma de actividades desarrolladas para las
vigencias analizadas. Lo anterior incumple con lo establecido en la Re-
solución 1096 de 2000, derogada por la Resolución 330 de 2017 con
respecto al mantenimiento de los sistemas (…)”.
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el de-
ber de las empresas de contar con manuales de operación para los sistemas de acue-
ducto y alcantarillado, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa a folio 42 de la Evaluación Intrgral, se evidenció lo si-
guiente:
                 
Analizada el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10
de octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No.
20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se evidencia que la Investigada no contaba
con los manuales de operación y/o mantenimiento para los sistemas de acueducto y
alcantarillado; situación que imposibilitó a la Dirección Técnica  evidenciar la puesta en marcha
de las actividades de mantenimiento para la infraestructura por parte de EEPPMM DE
TIERRALTA, de conformidad con los artículos 199 y 202 de la Resolución No. 1096 de 2000,
en el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2018 y aun en el momento de la
Visita realizada por esta SSPD.  
Aunado a lo expuesto, y al evaluar las pruebas aportadas por la Empresa el Despacho
encuentra que la omisión de la empresa evidenciada en visita de inspección y vigilancia
realizada por parte de la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 no ha sido desvirtuada
toda vez que los manuales operativos y de mantenimiento de la planta de tratamiento, sistema

de alcantarillado y del sistema de acueducto aportados como prueba, corresponden al año
2019,  por lo que este  Despacho estima pertinente aclararle a la Investigada que esta
actuación administrativa tiene como fundamento la ocurrencia de un incumplimiento originado
en un determinado período, convirtiéndose ello en el centro de la discusión, por tal motivo el
hecho de que en el trámite de la respectiva investigación la Empresa hubiera tomado los
correctivos necesarios para cesar el incumplimiento, ello no afecta el fundamento de la
actuación, pues simplemente reafirma la inobservancia de la normatividad pertinente durante
un lapso específico, y ello es lo que da origen al incumplimiento.
Imágenes de los documentos aportados por la Empresa:

[Sin texto extraíble. Consultar el PDF.]

Adicionalmente tampoco desvirtúa el cargo el documento aportado por la Empresa
denominado “CARTILLA OPERATIVA- MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS”,
enrazón a que no corresponde a los manuales de operación y mantenimiento para los
sistemas de acueducto y alcantarillado, objeto de reproche en el presente cargo.
Por lo anterior, se tiene la Investigada no acreditó tener para la época de los hechos objeto de
investigación, los manuales de operación y mantenimiento del sistema de acueducto y alcanta-
rillado, necesario para la debida operación y mantenimiento de esos sistemas, desconociendo
lo preceptuado en los artículos 199 y 202 de la Resolución 1096 de 2000, razón por la cual este
cargo prospera y la Investigada será objeto de sanción.
7.3.6. SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON CA-
TASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CON-
FORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.
      
7.3.6.1 Marco normativo
La Resolución No. 1096 de 2000 “por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de
agua potable y saneamiento básico” en su artículo 102, establece:
“(…) ARTÍCULO 102.- CATASTRO DE REDES. Debe contarse con un
catastro de la red actualizado que incluya un inventario de las tuberías
existentes, su localización y el mayor número de anotaciones posible para
cada accesorio considerado estratégico en la operación como: tipo de
accesorio, material, profundidad y año de instalación. Este catastro debe
incluir además las válvulas e hidrantes que formen parte de la red de
distribución (…)” (Subrayado por fuera del texto original).
Sobre la observancia a la normatividad de la resolución 1096 de 2000 es importante aclarar
que, si bien esta fue derogada mediante Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en el artículo 257 de esta última para la evaluación de los sistemas existentes a la
fecha de entrada en vigencia de la misma, el cual a su tenor literal dispone:
“ARTICULO 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene
aplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de
sistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones.  Para efectos de
diagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la
presente resolución, se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño
con la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados”.
De acuerdo con lo anterior, los prestadores tienen la obligación de contar con un catastro de la
red de acueducto actualizado, que incluya un inventario de las tuberías existentes, su
localización y el mayor número de anotaciones posible para cada accesorio considerado
estratégico en la operación como: tipo de accesorio, material, profundidad y año de instalación.
7.3.6.2. Importancia de contar con un catastro de redes.
El catastro de redes consiste en el registro de todos los componentes utilizados por las
empresas de servicios públicos para la prestación del mismo, incluyendo la descripción de la
infraestructura, equipos, y redes de distribución. La información obtenida debe ser archivada de
modo que permita un eficiente y ágil proceso de actualización y que proporcione datos
oportunos para la operación y mantenimiento de la infraestructura física de los sistemas de
agua potable usados por los prestadores.23
El registro de redes, constituye entonces una descripción de la realidad de las instalaciones de
las redes de acueducto y alcantarillado, que permite determinar la ubicación y trazados de la
infraestructura que no se encuentra a la vista por estar subterránea, así como de los de los
elementos que la componen, y los materiales, características físicas y técnicas de los mismos.
Un adecuado catastro de redes permite elaborar planes de desarrollo y expansión de la
infraestructura para proveer el servicio, identificar la capacidad técnica del sistema, realizar
mantenimientos preventivos, y reparar oportunamente fugas de agua entre otras.
En ese orden, puede afirmarse que “Todas las operaciones técnicas en un sistema de
acueducto y alcantarillado están en mayor o menor medida basadas en el conocimiento de la
red. Una operación realizada desconociendo la ubicación de accesorios y de la tubería y de la
conformación de la red, en sí genera el riesgo de agravar el problema por mala operación con
la consiguiente elevación de los costos de operación”. 24
En ese orden, un catastro de redes actualizado significa, para las empresas prestadoras de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, (i) conocer las variables topológicas de la red
(incluyendo los diámetros, las longitudes, las rugosidades absolutas, y los coeficientes de
pérdidas menores); (ii) conocer la infraestructura que en gran medida yace subterránea, (iii)
realizar un gerenciamiento de las redes (controles del índice de agua no contabilizado); (iv)
hacer ampliaciones, extensiones, y reparaciones en el sistema; y (v) realizar análisis de
interferencias subterráneas en la etapa de diseño de nuevas redes; facilitando con todo esto la
planificación y la operatividad de los servicios.
7.3.6.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
contar con un catastro de la red de acueducto actualizado, que incluya un inventario de las
tuberías existentes, su localización y el mayor número de anotaciones posible para cada
23
 Latinaguas, Procedimiento en Catastro de Redes, Ing. Vladimir Laura Delgado, Pg. 2
24
 Fiduciaria Bogotá, Anexo Técnico catastro de redes y de la infraestructura afecta a la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado, pdf.

accesorio considerado estratégico en la operación como: tipo de accesorio, material,
profundidad y año de instalación.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de contar con un catastro de redes de los sistemas de acueduc-
to y alcantarillado de conformidad con el artículo 102 de la resolución no. 1096 de 2000, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) A folios 32 y 40 del Informe de Evaluación Integral la Dirección Técnica indicó:
“(…) Actualmente, el municipio se encuentra divido en tres zonas. Cabe mencio-
nar que el prestador desconoce el catastro de redes, en visita argumentó que
quien tiene la información es el PDA, por lo cual ellos no cuentan con documen-
tos del catastro de redes. Por lo anterior, no fue posible analizar la distribución
de materiales de la red de acueducto y su estado actual
(…)
1.3.2
Redes del sistema de alcantarillado
De acuerdo a lo evidenciado en visita y analizando la información entregada por
el prestador, se pudo concluir que se desconoce totalmente el catastro de redes
del sistema de alcantarillado, actualmente la empresa no cuenta con un registro
o documento donde se especifique el material de las tuberías, su longitud y diá-
metros, lo que presuntamente incumple con lo estipulado en la Resolución 1096
de 2000, derogada por la Resolución 330 de 2017. (…)”
Por su parte en la visita se dejó evidencia del hallazgo en los siguientes términos:
Acta de visita, Pág. 24
(iv) En Pliego de Cargos a folio 21 se resaltó que el 23 de octubre de 2018, mediante
radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-
RRALTA del hallazgo relacionado con al hacer referencia con la obligación de las em-
presas de contar con catastro de redes para los sistemas de acueducto y alcantarilla-
do, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.
(v) El 19 de diciembre de 2018 a través de Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra el prestador por el presunto incumpli-
miento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan servicios públi-
cos.
Es preciso resaltar que el no contar con un catastro de redes actualizado, donde se cuente con
un inventario de las tuberías existentes, su localización material, profundidad y año de
instalación, no se logra tener un conocimiento preciso del sistema que se opera y, en
consecuencia, no se puede garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad, eficiencia y
redundancia del mismo.
Ahora bien, en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y
10 de octubre de 2018, y en la Evaluación Integral referidos en el Memorando No.

20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se precisó que al no tener catastro de las
redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, se impide que se haga el análisis
correspondiente para determinar si se puede garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad
y eficiencia de estos. No tener un catastro de redes representa un incumplimiento del artículo
102 de la Resolución No. 1096 de 2000, en el periodo comprendido entre enero de 2016 y
junio de 2018 y aun en el momento de la Visita realizada por esta SSPD.
En mérito de lo expuesto, es evidente que el prestador no cuenta con el catastro de las redes
de los sistemas de acueducto y alcantarillado para el municipio de Tierralta, según consta en
Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de
2018, en el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del
19 de diciembre de 2018, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser sancionada
la EEPPMM DE TIERRALTA por el sexto cargo.
7.3.7. SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CON-
TAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
       
7.3.7.1 Marco normativo
La Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones”, respecto al derecho de los usuarios de obtener de las empre-
sas la medición de sus consumos, dispone:
“(…) ARTÍCULO 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. Los usuarios de los
servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto
Nacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor,
siempre que no contradigan esta ley, a:
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante
instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para
los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y fi-
nanciera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley (…)”.
Ahora bien, el artículo 146 de la citada Ley referente a la medición del consumo y el
precio en el contrato, indica:
“(…) ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL
CONTRATO. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los
consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida
que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible
medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá estable-
cerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos pro-
medios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, o con base en aforos individuales.  
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los
de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en
aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de
agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayu-
dar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detec-
ción el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este

tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.  
La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará
perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión
del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación
del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las for-
mas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es
omisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a
seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.  
En cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las
adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley
contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al
usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fór-
mulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el
servicio y del volumen de residuos que se recojan.
En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razo-
nes de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición indivi-
dual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados
para estimar el consumo.  
Las empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes
servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras em-
presas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal
propósito.  
En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la pre-
sente Ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total
de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un porcentaje mínimo
de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos
1, 2, 3.
PARÁGRAFO. La Comisión de Regulación respectiva, en un plazo no superior
a tres años a partir de la vigencia de la presente Ley, reglamentará los aspec-
tos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la prestación
de los servicios objeto de esta Ley (…)”
De igual forma, la Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua”, establece:
“(…) ARTICULO 6o. DE LOS MEDIDORES DE CONSUMO. Todas las entida-
des que presten el servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que deter-
mine la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental competente,
disponen de un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente
ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a
todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de
la Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales po-
drán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen
en promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus res-
pectivas competencias legales.  
 
PARAGRAFO. La homologación y el costo de instalación o construcción, se-
gún sea el caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados
por la empresa prestadora del servicio de acueducto, al igual que su manteni-

miento, la cual le facturará tales costos al usuario, sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 (…)”
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, señala:
“(…) ARTICULO 2.3.1.3.2.3.12. De la obligatoriedad de los medidores de
acueducto. De ser técnicamente posible cada acometida deberá contar con su
correspondiente medidor de acueducto, el cual será instalado en cumplimiento
de los programas de micromedición establecidos por la entidad prestadora de
los servicios públicos de conformidad con la regulación expedida por la Comi-
sión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el caso de
edificios de propiedad horizontal o condominios, de ser técnicamente posible,
cada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor indivi-
dual (…)”
Finalmente, la Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, dispone:
“(…) ARTÍCULO 75. Micromedición. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley
373 de 1997, la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 457 de 2008 o aquellas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan, para todos casos es obligatorio co-
locar medidores domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales
del servicio de acueducto. Las excepciones a esta regla serán las establecidas
en dichas normas (…)”
7.3.7.2. importancia de tener micromedidores.
La micromedición es entendida como el conjunto de acciones que le permite a los prestadores
del servicio público de acueducto, conocer el volumen de agua consumido por los usuarios,
garantizando con ello que el consumo de estos se realice dentro de los patrones establecidos
en la ley y que el cobro que se adelante como contraprestación del servicio recibido sea justo y
equitativo25.
En ese orden la información obtenida de la micromedición le permite a los prestadores del
servicio de acueducto tomar decisiones encaminadas a (i) racionalizar el consumo de los
usuarios, (ii) mejorar la eficiencia operacional y comercial, (iii) adelantar una distribución justa y
operativa del recurso hídrico, (iv) ajustar los niveles de presión, (v) prolongar el promedio de
vida útil de un proyecto de abastecimiento, (vi) optimizar la administración planeación y
operación del servicio, entre otros.
El Consejo de Estado ha indicado que la ausencia de micromedición, por la acción u omisión
del prestador, le hace perder a éste el derecho a recibir el precio:
“(…) Al respecto, sea lo primero anotar que la no instalación de los instrumentos
para medir el consumo del servicio público de acueducto es, en este caso,
imputable a la empresa demandada, siendo aplicable en este caso la consecuencia
prevista en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en cuanto señala que la falta de
medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hace perder a ésta
el derecho a recibir el precio. En este sentido, se ordenará a la empresa
demandada que, en adelante, al efectuar los cobros por el servicio prestado al
inmueble, se abstenga de exigir precio alguno por consumo hasta tanto instale el
micromedidor correspondiente; la decisión que se adopta está referida a los cobros
posteriores a esta sentencia, pues en ese sentido se entiende la pretensión del
actor, dado que, además de que pretende la “suspensión” de dichos cobros, se
25
 Ingeniero Vladimir Laura Delgado, La Medición del Consumo en las Empresas de Agua Potable, presentación
Akut – Latinaguas..

advierte que para exigir la devolución de las sumas que pudo haber cancelado sin
estar obligado, éste tiene a su alcance las acciones contractuales pertinentes(…)”26.
De acuerdo con lo anterior se hace necesario que los prestadores del servicio de agua cuenten
con micromedición toda vez que la información que de dicha actividad se obtiene, permite
conocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por cada
suscriptor de un sistema de acueducto, y basado en ello adelantar el cobro real del servicio
obtenido.
7.3.7.3. Análisis del Despacho.
Es preciso resaltar que la medición de los consumos es un derecho que ostenta tanto el usua-
rio como el prestador, en virtud de que el consumo constituye la base fundamental del cobro
que se efectúa por Ia prestación del servicio. Por tanto, se requiere contar con las herramien-
tas e instrumentos necesarios disponibles y eficientes para materializar dicho derecho, que
permitan no solo medición individual, sino, además, en la medida de lo posible efectiva.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de contar con micromedición sobre el consumo del servicio de
acueducto, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM
DE TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el
municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado a folios 73 y 74, en relación con la instalación de
medidores y el nivel de micromedición, se dejó constancia de lo siguiente:
“(…) 4.1.7 Micromedición
(…) La Empresa informó que, en el año 2014 había instalados 3.900
medidores de acuerdo con el Plan Departamental de Agua – PDA y
registrados en el sistema 1.442, con una cobertura de 37%.
Para el año 2016, había disminuido a 1.405 los usuarios registrados en
el sistema, en razón a que en, varias crecientes de la Quebrada del Juí
se llevó gran parte de los barrios Escolar, Recreo, parte de Nuevo
Oriente, Amauri García y por el lado del Río Sinú, se llevó un barrio que
se llamaba Calazan Berrío, un gran porcentaje del barrio El Prado y
casi la mitad del barrio Libardo López.
En relación con el año 2017, habían registrados en el sistema 1.415
usuarios.
Para el agosto de 2018 había 1.414 medidores registrados en el
sistema. La Empresa, manifestó que no ha podido avanzar en la
instalación de los aparatos de medida a los nuevos usuarios censados,
porque el Municipio se encuentra adelantando obras de ampliación de
redes de alcantarillado en más del 90% del casco urbano. Significa que
la cobertura de micromedición efectiva es del 36%.
26
  Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Darío Quiñones Pinilla, Rad 
 Fecha 19 de agosto de 2004.

(…)
En igual sentido, a folio 74 de la Evaluación Integral, se indica que la
Empresa informó:
“(…) una vez las obras de ampliación de redes culminen la Empresa
procederá a aumentar el índice de micromedición instalando nuevos
medidores y registrando aquellos que, aún el consumo, se le cobra por
promedio según la Resolución y tarifas indexadas por la Junta Directiva
de E.P.M. Tierralta E.S.P., La Empresa manifestó que, el Municipio tie-
ne planeado culminar las obras aproximadamente para finales del año
2019 (…)”
A folio 75 de la Evolución Integral se indicó:
“Para agosto de 2018, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía
6691 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a
 usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3571 usuarios
De estos 
 suscriptores, 8442 corresponden a estrato 1 de los
cuales el 8,40% cuentan con medidor y el 91,60% no tienen aparato de
medida; 1451 al estrato 2 de los cuales el 36,80% están micromedidos
y el 63,20% no; 369 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-

na “Vacío” de los cuales el 46,34% tiene aparato de medida y el
53,66% no.
En resumen, de acuerdo con el informe suministrado por el Prestador,
a agosto de 2018, contaba con 
 suscriptores de los cuales el
13,78% cuenta con medidor, es decir, 1414 y 86,22% no está microme-
dido, es decir, 8848.
(…)”
Por su parte en la visita se dejó evidencia del hallazgo en los siguientes
términos:
           
Acta de Visita, Pág. 15.
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante Radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la
realización de la micromedición, sin obtener respuesta alguna por parte del presta-
dor.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Di-
rección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de
méritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por
el presunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes
prestan servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa en la Evaluación Integral realizada al prestador en el
mes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar programas de micromedición, se evi-
denció lo siguiente:

Fuente: Evaluación Integral, Pág. 35.
Debe indicarse que la falta de micromedición afecta directamente a los usuarios del servicio
público domiciliario de acueducto, a quienes se les debe cobrar el servicio recibido en función
de su consumo real y no de promedios que no se ajustan a la realidad. Sin micromedición, los
cobros del servicio de acueducto se convierten en cobros arbitrarios que no corresponden con
lo que efectivamente han consumido los usuarios.
Al respecto, es preciso mencionar que según el Acta de la vista inspección y vigilancia realiza-
da por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, el Informe de Evaluación Integral refe-
ridos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, y de acuerdo con
la información suministrada por el prestador, se estableció que para agosto de 2018 la Empre-
sa contaba con 10.262 suscriptores de los cuales solo 1.414 contaban con medidor, es decir, el
13,78%, y 8.848 usuarios, esto es, el 86,22% no está micromedido;  en igual sentido el presta-
dor informó que tiene identificados a 3.033 usuarios del barrio 9 de agosto que no están micro-
medidos.
Teniendo en cuenta lo anterior, concluye este Despacho que se encuentra demostrado que la
Investigada, incurrió en el incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 9 (numeral 9.1) y
146 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.3.1.3.2.3.12. del Decreto 1077 de 2015; al no contar
con una cobertura de micromedición de al menos el 95% tal y como lo exige la normativa apli-
cable, en el Municipio de Tierralta – Córdoba, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá
de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el séptimo cargo.
 
7.3.8. OCTAVO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN EL COBRO DEL SERVICIO DE ACUE-
DUCTO A USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN EL
SISTEMA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 99.9 DEL ARTICULO 99
DE LA LEY 142 DE 1992.
       
7.3.8.1 Marco normativo
Ley 142 de 1992 “por la cual establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones”, en su artículo 99, inciso 99.9, establece:
“(…) 99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asig-
narán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que
tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En
consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidari-
dad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que
trata esta Ley para ninguna persona natural o jurídica (…)” (subrayado fuera
de texto).
7.3.8.2. Importancia de no otorgar gratuidad en el servicio.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se debe realizar bajo los principios de
solidaridad y redistribución, pero no por ello existiría exoneración en el pago de los servicios
que trata la ley 142 de 1994 para ningún tipo de persona.

La onerosidad de los servicios públicos, es un tema que la Honorable Corte Constitucional ha
revisado en varias ocasiones, en Sentencia T-064/94 señaló:
 
“…El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor
sensibilidad en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del concepto de
servicios públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los comienzos del Estado
Social de Derecho.  Hoy en día esa gratuidad ha sido abandonada quedando supérstite
en pocos servicios como la Justicia (Artículo 229 C.N.) o la educación (Artículo 67
C.N.), o la salud (Artículos 49 y 50 C.N.), de manera más o menos parcial. Actualmente
los servicios son onerosos, surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad (Numeral 8, Artículo 95 y Artículo 368 ibídem)”.
“La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un conjunto
de factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación hasta la eficiencia
y clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. Si a esto se agrega la
circunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, se requiere que sus
habitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, medios de comunicación, etc.,
se aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador a fin de conciliar la realidad con los
objetivos de justicia social que se encuentran en el origen y justificación de la
organización de los servicios públicos…”
 
En igual sentido la Honorable Corte Constitucional, se pronunció en Sentencia C-041 de 2013:
“…Teniendo en cuenta que la prestación del servicio ha de ser eficiente y que debe
respetar los principios de solidaridad y universalidad, las empresas que proporcionan el
bien o servicio no pueden trabajar a pérdida, es decir, deben recuperar los costos en
que incurran y asegurarse de obtener recursos para poder invertir en el mismo sector
con el fin de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad
y mejores beneficios para los usuarios. De esa manera los costos fijos a los que alude
la norma demandada, es decir los que reflejan los costos económicos involucrados en
garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independiente del
nivel de uso, hacen que el prestador del servicio reciba cierto dinero con el cual, dentro
de la libre competencia, se logre que la empresa sea viable y garantice la disponibilidad
permanente del servicio y su prestación de manera eficiente (art.333C.P.) (…)”
Por consiguiente la prestación de los servicios públicos domiciliarios ha de ser eficiente y
debe respetar los principios de solidaridad y universalidad, razón por la cual las empresas que
suministran el servicio no pueden trabajar a pérdida, es decir, deben recuperar los costos en
que incurran y asegurarse de obtener recursos para poder invertir en el mismo sector con el
fin de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad y mejores
condiciones para los usuarios, de ahí la prohibición que tienen las empresas exonerar el pago
de los servicios públicos domiciliarios.
7.3.8.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios que se encuentren identificados
y registrados.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de realizar el cobro por el servicio de acueducto, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM
DE TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación

de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el
municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 71 y 72, con relación a la obli-
gación de realizar cobro del servicio prestado de acueducto, se dejó constan-
cia de lo siguiente:
4.1.6 Catastro de suscriptores
Para agosto de 2018, el total de usuarios ascendió a 6.691 registrados
en el sistema. Actualmente se encuentran 3.033 usuarios censados del
barrio 9 de agosto, que se encuentran en proceso de normalización por
parte del Municipio y, una vez éste termine el proceso, procederán a ini-
ciar la instalación de micromedidores y cobro del servicio (…)”.
En el Acta de visita realizada del 8 al 10 de octubre de 2018 folios 14 y 15 se
indicó:
 (….)
Catastro de suscriptores:
(…)”
(iii) Como se refleja a folio 27 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018
mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a
EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumpli-
miento por parte de la prestadora de realizar el cobro del servicio prestado de
acueducto, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673,
la Dirección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la exis-
tencia de méritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM
DE TIERRALTA por el presunto incumplimiento de las normas técnicas a las
que están sujetos quienes prestan servicios públicos.
En igual sentido, a folio 74 de la Evaluación Integral realizada al Prestador se mencionó que:

Por lo expuesto, no es claro para el Despacho de acuerdo al material probatorio que hace parte
de la presente actuación administrativa, que el Prestador haya incurrido en una omisión a la
obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios de conformidad
con el Numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1992, toda vez que como se evidencia en
Acta de Visita, para la fecha de ocurrencia de los hechos 3.033 usuarios del Barrio 9 de Agosto
se encuentran en proceso de normalización por parte del Municipio y no se les realiza cobro del
servicio. De otro lado, no estar demostrado dentro del acervo probatorio que efectivamente se
les estuviera prestando el servicio público de acueducto de forma gratuita, generándose una
duda frente a este cargo.  
Por lo expuesto y al existir duda probatoria respecto del presente cargo, debe resolverse a
favor del investigado, de acuerdo a la presunción de inocencia contenida en el artículo 29 de la
Constitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio de la investigación para el
caso que nos ocupa respecto del presunto incumplimiento por parte de la prestadora a Ia
obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios que se
encuentren registrados; no es claro que  EEPPMM DE TIERRALTA para la época de la visita,
se encontraba contraviniendo lo establecido en el numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de
1992, toda vez que no se referencia ni en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada
por la DTGAA ni en el Informe de Evaluación Integral, documento o evidencia que demuestre
que dicha obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a los usuarios se estaba
omitiendo, por tal razón al no existir una prueba que de certeza a este Despacho de la
ocurrencia de los hechos por los cuales se le imputo el presente cargo al Prestador no será
objeto de sanción.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se
impondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el octavo cargo.
7.3.9. NOVENO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE FACTU-
RAR DE ACUERDO CON EL TIPO DE USO A LOS USUARIOS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y OFICIALES.
       
7.3.9.1 Marco normativo
El Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda: Ciudad y Territorio”, dispone:
"(…) ARTICULO 2.3.1.3.1.1.2. Del registro o catastro de usuarios. Cada enti-
dad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá
contar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y usua-
rios, que contenga los datos sobre su identificación, modalidad del servicio que
reciben, estados de cuentas y demás que sea necesaria para el seguimiento y
control de los servicios.
La entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
asegurará que la identificación de los inmuebles corresponda a la nomenclatu-
ra oficial.
En casos excepcionales por deficiencias o baja cobertura de la nomenclatura
oficial, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá adoptar una no-
menclatura provisional (…)"

7.3.9.2. Importancia de facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales,
industriales y oficiales.
Los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado deberán efectuar
la clasificación o uso de los inmuebles de acuerdo con el uso que les estén dando; para tal fin
cada Prestadora deberá contar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y
usuarios, que contenga los datos sobre su identificación, modalidad del servicio que reciben,
estados de cuentas y demás que sea necesaria para el seguimiento y control de los servicios.
Respecto de los inmuebles no residenciales, ha sido vía reglamentaria o regulatoria, como se
han señalado los criterios para determinar las distintas clases de usos de los inmuebles no
residenciales para efectos del cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Valga
la pena aclarar, que los encargados de clasificar los usuarios no residenciales son los
prestadores de servicios públicos domiciliarios, con base en los parámetros que señala la
regulación.
La clasificación de los usuarios en categorías, se trata de un método que permite distinguir
grupos de usuarios y establecer entre éstos, aquéllos que pueden, además de asumir los
costos de los servicios, colaborar en la financiación de los subsidios que necesitan las
personas de menores ingresos para completar el pago de los mismos. Es decir, la solidaridad
en materia de servicios públicos implica la clasificación de los usuarios en categorías, según los
distintos niveles de capacidad económica con el fin de que los de menores ingresos tengan, en
proporción al servicio recibido, tarifas menores a las de quienes tienen mayor capacidad de
pago.
Lo anterior obedece a que la solidaridad y la redistribución de ingresos, son criterios
indispensables para establecer el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios
7.3.9.3. Análisis del Despacho.
Procede el Despacho a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comer-
ciales, industriales y oficiales, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
             (ii) En Pliego de Cargos a folio 26 se indicó que:
“En el Informe de Evaluación Integral (folios 73-74) en relación con que la
Empresa no factura de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales,
industriales y oficiales, se observan las tablas 43 Micromedición a diciembre
2016, Tabla 44 Suscriptores a diciembre de 2017 y la Tabla 45 Suscriptores a
agosto de 2018, en la que los suscriptores están clasificados en estrato 01 02
y Vacío(a) pero no existen usuarios comerciales, industriales y oficiales.”
(iii) Como se refleja a folio 27 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018 median-
te radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE

TIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación
de facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales, industriales y ofi-
ciales.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Revisada la Evaluación Integral realizada al Prestador por parte de la DTGAA se observó que:
                    
                           
                                                Fuente: Evaluación Integral, Pág. 127.
En igual sentido, al verificar las Tabla 42 Micromedición a diciembre 2016, Tabla 43
Suscriptores a diciembre de 2017 y la Tabla 44 Suscriptores a agosto de 2018 del citado
informe, se observa que los suscriptores están clasificados en estrato 01, 02 y Vacío (a) pero
no existen usuarios comerciales, industriales y oficiales como se refleja a continuación:
Tabla 42. Suscriptores de alcantarillado.

Por lo expuesto, es oportuno traer a colación lo dispuesto por la Doctrina frente a la aplicación
del principio in dubio pro administrado, en las actuaciones administrativas de carácter
sancionatorio, sobre el cual la doctrina ha establecido:
“6.5. ¿Opera el principio in dubio pro administrado en materia
sancionatoria?
Si, toda vez que corresponde a la noción de presunción de inocencia que
integra el derecho al debido proceso. En la práctica, esto significa que
corresponde al estado probar la responsabilidad en la comisión de la
infracción y en consecuencia (…) d) […] “cualquier insuficiencia en el
resultado de las pruebas  practicadas, libremente valoradas por el
organismo sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento
absolutorio”, lo cual se traduce en la plena aplicación del principio,
indubio pro administrado, y e) “No puede exigirse al acusado la prueba
diabólica de los hechos negativos”.”27 (Subrayado y negrilla fuera de texto).  
 
Es de precisar que el mencionado principio, es decir, que la duda probatoria debe resolverse a
favor del investigado, hace parte del principio rector de presunción de inocencia contenido en el
artículo 29 de la Constitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio de la investigación para el
caso que nos ocupa respecto del presunto incumplimiento de la obligación de facturar de
acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales, industriales y oficiales; no es claro que
EEPPMM DE TIERRALTA para la época de la visita, se encontraba contraviniendo lo
establecido en el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Reglamento Único del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", toda vez que no se incluye ni en el Acta de la vista
inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el
Informe de Evaluación Integral, con documento o evidencia que demuestre que el prestador
contaba con usuarios industriales y/o comerciales, y que tal sentido estaría incumpliendo con la
obligación de emitir factura de acuerdo al uso del inmueble. Por tal razón al no existir una
prueba que de certeza a este Despacho de la ocurrencia de los hechos por los cuales se le
imputo el presente cargo al Prestador no será objeto de sanción.
No obstante, se ordenará a la DTGAA que continúe con la inspección y vigilancia al Prestador
de conformidad con sus facultades legales.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se
impondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el noveno cargo.
7.3.10. DÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CLASI-
FICAR A LOS USUARIOS CON LOS ESTRATOS SOCIECONÓMICOS DEFINIDOS EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 689 DE 2001, DEBIDO A QUE CLASIFICA A LOS USUARIOS
CON UN ESTRATO INEXISTENTE QUE DENOMINA “VACÍO”
       
7.3.10.1 Marco normativo
La Ley 613 de 2001 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994", en si artículo 
16, dispone:
“(…) ARTÍCULO 16. Adicionase un inciso al artículo 102 de la Ley 142 de 1994
el cual quedará así:
27
 Laverde Álvarez Juan Manuel. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio”. Editorial Legis 2016. 
Págs. 170-171.

Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles residenciales se
clasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2,
bajo; 3, medio-bajo; 4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) (…)”
7.3.10.2. Importancia
La estratificación socioeconómica se encuentra definida en el numeral 14.8 de la Ley 142 de
1994 como “la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en
atención a los factores y procedimientos que determina la ley”.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 689 de 2001, los inmuebles residenciales se
clasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2, bajo; 3, medio-bajo;
4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) dependiendo de las características particulares de los
municipios y distritos y en atención, exclusivamente, a la puesta en práctica de las
metodologías de estratificación que establece la normativa vigente.
Es pertinente resaltar que en cumplimiento del principio de solidaridad y redistribución al poner
en práctica el régimen tarifario se deben adoptar medidas para asignar recursos a "fondos de
solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios
comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los
servicios que cubran sus necesidades básicas.
Se debe tener en cuenta que conforme al artículo 88 de la Ley 142 de 1994, las empresas de
servicios públicos al fijar sus tarifas se deben someter al régimen de regulación, en las
modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o al régimen de libertad, cuando no tengan
una posición dominante en su mercado.
Ahora bien, la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a
la estratificación  socioeconómica, se circunscribe a sancionar a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios si no aplican la estratificación adoptada por las alcaldías
municipales; implementar por medio del Sistema Único de Información, el control y la vigilancia
permanente del cabal cumplimiento de la aplicación de las estratificaciones adoptadas por
decretos de los alcaldes al cobro de las tarifas de servicios públicos domiciliarios por parte de
las empresas; entre otras actividades que buscan que los prestadores del servicio público
domiciliario de acueducto y alcantarillado efectúen la clasificación o uso de los inmuebles de
acuerdo con los estratos socioeconómicos establecidos
7.3.10.3. Análisis del Despacho.
Procede el Despacho a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de realizar programas de macromedición, y los instrumentos de
macromedición, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral a folio 74, respecto de la clasificación de
usuario con un estrato inexistente, se indicó lo siguiente:

“(…) Tabla 43. Micromedición a diciembre 2016
(…)
De acuerdo con lo anterior, se tienen los siguientes análisis, para el año
2016, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía 6260 usuarios y
respecto a la micromedición informó que ascendía a 9606 usuarios, lo
que implica que hay una diferencia de 3346 usuarios.
De estos 9606 suscriptores, 7801 corresponden a estrato 1 de los cua-
les el 8,59% cuentan con medidor y el 91,41% no tienen aparato de
medida; 1502 al estrato 2 de los cuales el 39,15% están micromedidos
y el 60,85% no; 303 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-
na “Vacío” de los cuales el 48,51% tiene aparato de medida y el
51,49% no.
(…)
Tabla 44. Micromedición a diciembre 2017
(…)
Para el año 2017, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía
6580 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a
9876 usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3296 usuarios.
De estos 9876 suscriptores, 8055 corresponden a estrato 1 de los cua-
les el 8,59% cuentan con medidor y el 91,41% no tienen aparato de
medida; 1470 al estrato 2 de los cuales el 38,16% están micromedidos
y el 61,84% no; 351 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-
na “Vacío” de los cuales el 47,29% tiene aparato de medida y el
52,71% no.
(…)
Tabla 45. Micromedición a diciembre 2018
(…)
Para agosto de 2018, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía
6691 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a
 usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3571 usua-
rios.
De estos 
 suscriptores, 8442 corresponden a estrato 1 de los
cuales el 8,40% cuentan con medidor y el 91,60% no tienen aparato de
medida; 1451 al estrato 2 de los cuales el 36,80% están micromedidos
y el 63,20% no; 369 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-
na “Vacío” de los cuales el 46,34% tiene aparato de medida y el
53,66% no.
(iii) Como se refleja a folio 28 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018 median-
te radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE
TIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación
de clasificar a los usuarios con un estrato inexistente que denomina “vacío”.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Aunado a lo expuesto, y una vez revisada la Evaluación Integral realizada al Prestador por
parte de la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 se observó que:

Folio: 127
En relación con la estratificación socioeconómica, se ha de precisar que no le corresponde a
las empresas de servicios públicos llevar a cabo la misma, puesto que es una función que se
encuentra a cargo del municipio, pero si es deber de quienes presten los servicios públicos la
de aplicarla y cobrar las tarifas de los inmuebles destinados a vivienda, de acuerdo con los
resultados que tal estratificación arroje28.
Realizada la anterior precisión, este Despacho debe poner de presente que, de acuerdo con la
información consignada en el Acta de la vista de inspección y vigilancia realizada por la DTGAA
los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, en el Informe de Evaluación Integral referidos en el
Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018  y  una vez realizada la
valoración de las pruebas relacionadas con el presente cargo se tiene que no hay evidencia
documental de cuáles eran los estratos socioeconómicos del Municipio Tierralta – Córdoba,
vigentes para octubre de 2018, debidamente adoptados por Decreto por el Alcalde Municipal y
que debió aplicar a sus usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado la empresa
EEPPMM DE TIERRALTA,  adicionalmente no existe documento que nos de certeza  de que
efectivamente la Empresa hubiera estado aplicando y cobrando el servicio con un estrato
diferente al correspondiente a sus usuarios, por lo tanto al no haber certeza sobre el
incumplimiento el presente cargo no será objeto de sanción.
No obstante, lo anterior se le precisa al Prestador que debe estar aplicando y cobrando sus
tarifas de acuerdo con los estratos socioeconómicos y uso de los inmuebles.
7.3.11. UNDÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CON-
TAR CON LABORATORIO DE MEDIDORES CERTIFICADO POR EL ORGANISMO NACIO-
NAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA – ONAC Y EN LA DE TENER CONTRATO CON
LABORATORIO CERTIFICADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DEL DECRE-
TO 2269 DE 1993.
       
7.3.11.1 Marco normativo
El artículo 33 del Decreto 2269 de 1993 “por el cual se organiza el Sistema de Normalización,
Certificación y Metrología”, indica:  
“Artículo 33. Las autoridades, empresas o personas que prestan los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas natural debe-
rán contar con laboratorios de metrología acreditados por la Superintendencia
de Industria y Comercio. 
La Superintendencia de Industria y Comercio, podrá eximir a los suministrado-
res de los servicios mencionados de contar con laboratorios de metrología
acreditados cuando sean varias las empresas que proporcionen el mismo ser-
vicio o sufraguen el costo de dicho laboratorio o cuando un número superior al
10% de los usuarios del servicio no posean medidor.”
Inicialmente, la acreditación recaía sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, sin em-
bargo, posteriormente con la expedición del Decreto 4738 de 2008, la función de acreditación
de los laboratorios en cabeza de dicha Superintendencia fue suprimida:
28 CONCEPTO UNIFICADO 10 SSPD

“(…) Artículo 1°. Suprímanse las funciones de acreditación de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, sin perjuicio del régimen de transición previsto
en el presente decreto, señaladas en el numeral 16 del artículo 2°, numeral 9
del artículo 4° y numeral 7 del artículo 17 del Decreto 2153 de 1992.
Artículo 2°. El ejercicio de la actividad de acreditación prevista en el Decreto
2269 de 1993 podrá ser desarrollado en adelante, en condiciones de mercado,
por entidades constituidas bajo las normas de derecho privado de conformidad
con los requisitos que para el efecto determine el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo.
Artículo 3°.   Designase como Organismo Nacional de Acreditación al Orga-
nismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, corporación de carácter
privado, de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, constituida mediante docu-
mento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la
Notaria Sexta de Bogotá, dentro del marco de la Ley 489 de 1998 y las normas
sobre ciencia y tecnología (…)”.
7.3.11.2. Importancia
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
contar con laboratorios de metrología acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia – ONAC, lo anterior en aras de asegurar la calidad de las mediciones que proveen
los medidores de agua potable, y así brindar confianza a la ciudadanía frente a las mediciones
que sirven para fundamentar la facturación periódica de este servicio público domiciliario.
7.3.11.3. Análisis del Despacho.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el informe de Evaluación Integral como se resalta a folios 29-30 del Pliego de
Cargos, frente a la obligación de contar con laboratorio de medidores certificado por el
organismo nacional de acreditación de Colombia – ONAC, se dejó constancia de lo si-
guiente:
“(…) 4.1.9 Laboratorio de medidores.
La Empresa cuenta con un taller, el cual no está certificado por el Orga-
nismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC y trabajan 3 técni-
cos (certificados por el SENA) que se encargan de la parte de manteni-
miento, instalación, reinstalación, calibración, reubicación de medido-
res, y una bodega en la que se tienen los insumos para poner en fun-
cionamientos aquellos medidores que no se encuentran en buen esta-
do. No cuenta con un contrato con un laboratorio de medidores certifi-
cado por el ONAC (…)” (Informe de Evaluación Integral, Pág. 78)
(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el pre-
sunto incumplimiento de la obligación de contar con laboratorio de medidores certifica-

do por el ONAC o tener contrato con laboratorio certificado, mencionado en el numeral
anterior, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Ahora bien, como se observa en informe de visita realizada al prestador en el mes de octubre
de 2018, frente a la obligación de contar con un laboratorio de medidores certificados por la
ONAL se expuso lo siguiente:
                                                               Pág. 127
Por lo expuesto, y en ésta etapa de la actuación administrativa, es oportuno traer a colación lo
dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C- 901 DE 2011, que dispuso:
“La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma,
expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es
la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma
posterior”, que no se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la
normas, por ejemplo, cuando es declarada inexequible, “sino en criterios de
oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial,
en relación con las leyes por el Congreso. Así la derogación no deriva de conflictos
entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del legislador. La
derogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma derogada, pues en
general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, por
lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va
extinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se pronuncie
incluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos, con el
fin de hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de inexequibilidad, si tales
efectos son contrarios a la Carta”.
En igual sentido, a través de sentencia C- 394 de 2019, la Corte dispuso frente al principio de
legalidad lo siguiente:
“Por su parte, la jurisprudencia de la Corte ha convenido en que son tres los
elementos esenciales del principio de legalidad: (i) la lex praevia, que “exige que
la conducta y la sanción antecedan en el tiempo a la comisión de la infracción,
es decir, que estén previamente señaladas”; (ii) la lex scripta, según la cual  “los
aspectos esenciales de la conducta y de la sanción estén contenidas en la ley”;
y (iii) la  lex certa, que “alude a que tanto la conducta como la sanción deben ser
determinadas de forma que no hayan ambigüedades. En el anterior orden, el
principio de legalidad requiere: “(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho
directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento
de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la
sanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también
plenamente, es decir que sea determinada y no determinable” y tiene como
finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial,
asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su
materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad. Así las
cosas, el principio de legalidad comprende los elementos de tipicidad y
de reserva de ley.”

Por lo expuesto, el Despacho considera oportuno resaltar que el artículo 108 del Decreto 1471
de 2014 “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
Decreto 2269 de 1993”  derogó el artículo 33 del Decreto 2269 de 1993 que sustenta este cargo;
así en aras de garantizar el debido proceso que le asiste a la Prestadora, en especial en el
marco del principio de legalidad,  no se impondrá sanción en contra de EEPPMM DE
TIERRALTA por los hechos expuestos en el undécimo cargo;  ya que la norma que dio origen
al presente cargo no se encontraba vigente para los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, fecha
en que se realizó la visita por parte de la DTGAA.
Por lo anterior no será objeto de sanción el presente cargo en razón a que la obligación
presuntamente incumplida no podía ser exigida a la luz del para entonces derogado Decreto
2269 de 1993.
7.3.12. DUODÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AVI-
SAR DEL CAMBIO DE MEDIDORES A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE CONFOR-
MIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA RESOLUCIÓN CRA
413 DE 2006.
       
7.3.12.1 Marco normativo
La Resolución CRA No. 413 de 2006, artículos 12 y 13, establecen:
“(…) Artículo 12. Derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico
en caso de revisiones. En los casos de revisión o retiro provisional por presun-
tas anomalías no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de
los bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida, cambio del
mismo y visitas técnicas, los suscriptores o usuarios tendrán derecho a solici-
tar la asesoría o participación de un técnico particular o de cualquier persona
para que verifique el proceso de revisión de los equipos de medida e instala-
ciones internas. Del concepto del técnico particular, deberá dejarse constancia
en acta que se levante para el efecto.
Para hacer efectiva esta asesoría o participación, el prestador deberá dar avi-
so de fa visita correspondiente a la revisión o retiro provisional, así como de
cualquier visita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días há-
biles, indicando la fecha y el momento del día, mañana o tarde, durante el cual
se realizará la visita.
En caso de visitas técnicas tendientes a la detección de anomalías no imputa-
bles a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la cone-
xión domiciliaria y en el equipo de medida o para evitar un perjuicio mayor a
los usuarios relacionado con la continuidad y calidad del servicio, el periodo de
antelación al que hace referencia del inciso anterior será de una (1) hora para
obtener la asesoría o participación de un técnico.
(...)
Artículo 13, Retiro del medidor. Cuando se retire temporalmente los medidores
para verificar su estado, en los términos del Artículo 145 de la Ley 142 de
1994, se advertirá al suscriptor del derecho consagrado en el artículo anterior
y se le prevendrá sobre la facultad del prestador, consagrada en el Artículo
144 de la misma ley, de reemplazar o reparar los medidores cuando el suscrip-
tor o usuario no tome las acciones necesarias para el efecto durante un perio-
do de facturación. De igual forma se procederá cuando se instale un medidor
provisional como consecuencia del retiro del permanente.
(...)

Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor se comunicará al suscrip-
tor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de
la operación ...
En todo caso el Prestador deberá entregar dentro de los treinta (30) días hábi-
les siguientes al retiro del medidor el resultado del laboratorio debidamente
acreditado.
Si como resultado de la revisión técnica, se concluye la necesidad de reempla-
zar el medidor, la decisión será comunicada al suscriptor o usuario, adjuntando
el resultado del laboratorio que lo hubiere revisado.
Cuando se concluya la necesidad de reparar el medidor, se comunicará tal si-
tuación al suscriptor o usuario con la certificación correspondiente y se le dará
la oportunidad de repararlo. Sí la reparación la realiza alguien diferente del
prestador, una vez reparado, el suscriptor o usuario deberá enviarlo a éste,
para que, a cargo del suscriptor o usuario, lo calibre y proceda a instalarlo
(…)”.
7.3.12.2. Importancia
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto deben dar aviso de la
visita correspondiente para la revisión o retiro provisional del medidor, así como de cualquier
visita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días hábiles, indicando la fecha y el
momento del día, mañana o tarde, durante el cual se realizará la visita.
Así, en los casos en que de conformidad con el artículo 144 de la ley 142 de 1994, el usuario
deba reemplazar el medidor, la empresa debe comunicar al usuario por escrito y con toda
claridad qué tipo de irregularidades identificó en el medidor y por qué razones se debe reponer
o reparar el equipo de medida; con dicha comunicación, debe adjuntar el respectivo reporte de
ensayo, certificado de calibración y/o informe técnico de inspección expedido por un laboratorio
debidamente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
En conclusión, es obligación del prestador el cambio de los medidores, con el fin de que se
facture en debida forma el consumo; no obstante, debe informar al usuario las razones que
hacen necesario el cambio, de manera tal que el usuario pueda decidir si lo cambia por el
ofrecido por la empresa de servicios públicos o si adquiere el equipo de medida en el mercado
con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes en
máximo un periodo de facturación.
7.3.12.3. Análisis del Despacho.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.

(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la obligación de informar del
cambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores, se dejó constancia de lo siguien-
te:
“(…) 4.1.11 Proceso de cambio de medidores.
En relación con la instalación de nuevos medidores la Empresa lleva a
cabo una actualización del catastro de usuarios donde se detectan al-
gunos predios que están haciendo uso del servicio sin autorización, los
cuales son inmediatamente registrados en el sistema y procede a insta-
lar un medidor con el fin de disminuir el Índice de Agua no Contabiliza-
da – IANC.
Para determinar el cambio de un medidor, primero verifica que el apa-
rato se encuentre dañado en terreno, se inicia por el proceso de toma
de lectura donde aquellos medidores que no registran consumo, por
política de la Empresa se le factura los m3 promedio de acuerdo con el
número de habitantes del inmueble. Los usuarios al ver la lectura ele-
vada, se acercan a la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos donde
se les explica el proceso a seguir y se le programa una visita para ins-
peccionar y da lugar a la reparación, reinstalación del dispositivo de
medida o cambio del medidor (…)” (Pág. 31)
(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante
radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-
RRALTA del hallazgo relacionado con Ia obligación de avisar del cambio de medido-
res a los usuarios y/o suscriptores.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa en informe de visita realizada al prestador en el mes
de octubre de 2018, frente a la obligación de avisar del cambio de medidores a los usuarios y/o
suscriptores, se evidenció lo siguiente:
                                
Fuente: Informe de Visita, Pág. 33.
Respecto de las pruebas obrantes en el expediente, este Despacho debe poner de presente
que no existe prueba idónea que permita concluir que EEPPMM DE TIERRALTA ha incumplido
la obligación de avisar del cambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Resolución CRA 413 de 2006, toda vez que
como se resalta a folio 31 de la Evaluación integral, se surte un proceso ante la Oficina de
Peticiones Quejas y Recursos donde se les explica el proceso a seguir, se programa una visita
para inspeccionar y eventualmente realizar la reparación, reinstalación del dispositivo de
medida o cambio del medidor, lo que muestra un posible cumplimiento a lo dispuesto por la
normativa vigente.
Por lo expuesto, es preciso resaltar lo dispuesto por la Doctrina frente a la aplicación del
principio in dubio pro administrado, en las actuaciones administrativas de carácter
sancionatorio, sobre el cual ha establecido:

“6.5. ¿Opera el principio in dubio pro administrado en materia
sancionatoria?
Si, toda vez que corresponde a la noción de presunción de inocencia que
integra el derecho al debido proceso. En la práctica, esto significa que
corresponde al estado probar la responsabilidad en la comisión de la
infracción y en consecuencia (…) d) […] “cualquier insuficiencia en el
resultado de las pruebas  practicadas, libremente valoradas por el
organismo sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento
absolutorio”, lo cual se traduce en la plena aplicación del principio,
indubio pro administrado, y e) “No puede exigirse al acusado la prueba
diabólica de los hechos negativos”.”29 (Subrayado y negrilla fuera de texto).  
 
Es de precisar que el mencionado principio, es decir, que la duda probatoria debe resolverse a
favor del investigado, hace parte del principio rector de presunción de inocencia contenido en el
artículo 29 de la Constitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio para el caso que nos ocu-
pa respecto del presunto incumplimiento de la obligación por parte de la Investigada de avisar
del cambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores, de conformidad con el artículo 12 de
la Resolución CRA 413 de 2006 en el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de
2018; no es claro que  EEPPMM DE TIERRALTA, se encontraba contraviniendo lo dispuesto
en la normativa vigente para la época, toda vez que no se cuenta ni en el Acta de la vista ins-
pección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el Infor-
me de Evaluación Integral, con documento o evidencia que demuestre tal incumplimiento por
parte de la Prestadora.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se
impondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el duodécimo cargo.
7.3.13. DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146 DE
LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO POR PROMEDIO DE MA-
NERA PERMANENTE
       
7.3.13.1 Marco normativo
El artículo 146 de la Ley 142 de 1992 “por la cual se establece el régimen de los servicios públi-
cos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” en su tenor literal establece:
“(…) ARTÍCULO 146. la medición del consumo, y el precio en el contrato.
La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se
midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica
haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del pre-
cio que se cobre al suscriptor o usuario.  
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible
medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá
establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con
base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.  
(…)
Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y
la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de
29
 Laverde Álvarez Juan Manuel. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio”. Editorial Legis 2016. 
Págs. 170-171.

dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el con-
sumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empre-
sa cobrará el consumo medido (…)”.
7.3.13.2. Importancia de la medición del consumo.
La importancia que reviste la medición del consumo, a través de los instrumentos de medición,
radica principalmente en que “Este derecho a la medición de los consumos está establecido no
solo en el interés de las partes, sino también en el interés general, pues promueve un uso más
racional de los recursos de la sociedad”30.
Así pues, los suscriptores deben contar con un instrumento de medición, evento en el cual el
consumo medido será el consumo facturado, toda vez que uno de los principales derechos de
los usuarios, es el de obtener la medición de sus consumos reales y que, en consecuencia, el
consumo sea el elemento principal del precio que se le cobre por parte del prestador.
Es así como la falta en la medición del consumo por parte de la empresa prestadora, afecta por
una parte al usuario, pues la tarifa que estaría cobrando la empresa no correspondería a la
medición del consumo, por lo cual se están afectando directamente los derechos de éstos.
Pero también dicha conducta omisiva, atenta directamente un derecho constitucional, que es el
derecho a la conservación y preservación de los recursos como lo es el agua. En efecto, las
normas de medición no están sólo encaminadas a realizar la medición, sino también al uso
eficiente del servicio, para que no sólo los usuarios actuales puedan contar con el mismo, sino
que a futuro se garantice también la prestación a las nuevas generaciones, máxime en un
servicio fundamental como lo es el de acueducto.
Por lo expuesto, debe entenderse que el servicio público, tiene una concepción técnica, es
decir, que debe ser prestado bajo unos lineamientos mínimos, para que no solamente haya
una adecuada y continua prestación del servicio, sino para que no se pongan en riesgo los
derechos de los usuarios, debiendo las empresas prestadoras cumplir estas disposiciones para
no impactarlos negativamente, como es el cumplimiento de las normas que regulan que el
principal elemento del precio que cobre la empresa al usuario, sea el consumo, que debe ser
medido a través de instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles.
7.3.13.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios de acuerdo con la medición del
consumo.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, frente a la obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usua-
rios de acuerdo con la medición del consumo, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
30
 NUÑEZ FORERO, Felipe. Servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones e infraestructura. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia. 2017. Página, 384.

(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 74 y 79 como se resaltó en Pliego de
Cargos indicó lo siguiente:
“(…) 4.1.7 Micromedición   
(…)
 El prestador Informó que, una vez las obras de ampliación de redes
culminen la Empresa procederá a aumentar el índice de micromedición
instalando nuevos medidores y registrando aquellos que, aún el consu-
mo, se le cobra por promedio según la Resolución y tarifas indexadas
por la Junta Directiva de E.P.M. Tierralta E.S.P., La Empresa manifestó
que, el Municipio tiene planeado culminar las obras aproximadamente
para finales del año 2019.
(…)
4.1.11 Proceso de cambio de medidores.
(…)
Para determinar el cambio de un medidor, primero verifica que el apa-
rato se encuentre dañado en terreno, se inicia por el proceso de toma
de lectura donde aquellos medidores que no registran consumo, por
política de la Empresa se le factura los m3 promedio de acuerdo con el
número de habitantes del inmueble. Los usuarios al ver la lectura ele-
vada, se acercan a la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos donde
se les explica el proceso a seguir y se le programa una visita para ins-
peccionar y da lugar a la reparación, reinstalación del dispositivo de
medida o cambio del medidor (…)”
A folio 87 de la Evolución Integral se indica:
Por su parte en el Acta de visita consta el  hallazgo en los siguientes términos:
                      
Pág. 15.

Pág. 16.
(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante
radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-
RRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento por parte de la pres-
tadora de la prohibición de efectuar cobros del consumo promedio de manera perma-
nente, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Es oportuno indicar que es derecho de los usuarios obtener de las empresas la medición de
sus consumos reales mediante instrumentos idóneos, derecho que está concordante con el
artículo 146 de la ley 142 de 1994, siendo la finalidad de estas normas que el consumo sea el
elemento principal del precio que se cobra al usuario, por lo tanto, de no realizar la Empresas el
cobro de conformidad con la medición se está afectando de manera significativa a sus
usuarios.
El Consejo de Estado31 ha indicado que la falta de medición del consumo por omisión en la
lectura del medidor o por ausencia de medidores imputable a la empresa tendrá como
consecuencia la pérdida del precio en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley
142 de 1994, como indica a continuación:
“(….)Las ESP tienen el deber legal de efectuar la lectura de los medidores lo cual
arrojará el consumo medido; de esta manera, la “lectura” y el “consumo medido” son
los insumos esenciales que permiten adelantar el proceso de facturación, ya que con
ellos se determinará el consumo a facturar y su liquidación, pasos indispensables
para emitir la factura de servicios públicos, según la Resolución CREG 108 de 1997,
en concordancia con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Consecuente con el
señalado deber legal, el parágrafo 1 del artículo 30 de la Resolución 108 dispone:
“Corresponderá a la empresa probar que realizó las diligencias oportunas para
efectuar la medición en las oportunidades previstas en el contrato”. En consecuencia,
si la ESP debe realizar la lectura sobre un equipo de medida o “medidor”, lógicamente
la falta de medición del consumo originada en la omisión de lectura del medidor o en
la ausencia de medidores, en ambos casos omisión imputable a la empresa,
generará como consecuencia jurídica que la ESP pierda el derecho a recibir el precio
en los términos del inciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en
concordancia con los artículos 30 y 31 de la Resolución CREG 108 de 1997. Incluso,
en aquellos casos en que los medidores no funcionen en forma adecuada, deber de
vigilancia que corresponde a las ESP, y por lo mismo no sea posible determinar el
consumo real de los usuarios, si las ESP omiten repararlos o reemplazarlos en el
plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142, tal conducta se
entenderá como omisión en la colocación de los medidores y su consecuencia será la
pérdida del precio, según lo dispone dicha norma, en concordancia con el artículo
144 ibídem y el numeral 4 del artículo 31 de la Resolución CREG 108 de 1997; (…)
Puede reiterarse entonces, que la Resolución CREG 108 de 1997 es concordante
con la Ley 142 de 1994, en el sentido de asegurar el correcto funcionamiento del
medidor, dada la inescindible relación de medio a fin para la medición del consumo
real como elemento principal del precio del servicio que se cobra al usuario. La
verificación del funcionamiento del medidor es obligación del prestador del servicio,
que puede repararlos o reemplazarlos a costa del usuario, y la omisión de tal deber
31 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00259-
00(2236), de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

puede generar como consecuencia la pérdida del precio, ya que es considerada por
la misma regulación como “falta de medición” imputable a la ESP, en los términos del
inciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. .(…)”
Ahora bien, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, evidencia el
Despacho que EEPPMM DE TIERRALTA a lo largo de la actuación administrativa, no allegó
prueba que desvirtuara lo consignado en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada
por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el Informe de Evaluación Integral
referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, respecto al
incumplimiento de la obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los
usuarios de acuerdo con la medición del consumo.
En mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó incumplimiento por parte de la Prestado-
ra para el año 2018 a Ia obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los
usuarios de acuerdo con la medición del consumo, de conformidad con el artículo 146 de la ley
142 de 1992 al estar facturando por promedio  y es con ocasión de tal incumplimiento que ha-
brá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el presente cargo.
7.3.14. DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DESVIACIONES SIGNIFI-
CATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE 1992.
       
7.3.14.1 Marco normativo
La Ley 142 de 1992 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones”, dispone:
"(…) ARTÍCULO 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obliga-
ción de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consu-
mos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en
la de periodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias
semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviacio-
nes, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o carga-
rán al suscriptor o usuario, según sea el caso (…)”
7.3.14.2. Importancia
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
ayudar al usuario a detectar la causa del alto consumo, y debe darle dos (2) meses para que el
usuario repare el daño, mientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y, determina
que el Prestador debe efectuar revisión previa a la facturación verificando cuál fue la causa que
originó el alto consumo, efectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos
técnicos como geófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.
7.3.14.3. Análisis del Despacho.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los

servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) Que según lo consagrado a folio 35 del Pliego de Cargos, la Empresa dejó cons-
tancia en el informe de Evaluación Integral a folio 87 de lo siguiente:
“(…) 4.4.3.3 Revisiones
La Empresa informó, respecto a las revisiones que, se genera el archi-
vo de aquellas lecturas significativas, se llama a los de toma y reparto y
se les asigna, según su sector, las lecturas a verificar y corregir dándo-
les 24 horas para realizar este trabajo, se recibe la retoma y se pone en
consideración de la crítica otra vez. En caso de que el error persista, se
asignan el consumo por promedio de acuerdo con los habitantes del
predio.
Se esperan las visitas de los usuarios que fueron facturados por pro-
medio. De no llegar éstos, la factura queda en firme. Si se repite el
error, vuelve y se realiza el procedimiento, hasta que el usuario realice
el reclamo.
Sólo se le avisa al usuario, la desviación significativa, en caso de derro-
che de agua.
Cuando se va a releer, se le entrega al funcionario, un formato llamado
“Volante de Lectura del Medidor”, donde para verificar tiene 10 causa-
les para determinar la causa probable, si es que existe el error o si la
lectura está correcta cuál ha sido la causa.
La revisión se hace posterior a la emisión de la factura; existe un for-
mato de “Orden de Revisión”.
La Empresa, presuntamente no está cumpliendo con lo establecido en
los artículos 146 y 149 de la Ley 142 de 1994 que establece, el primero
de ellos que la Empresa debe ayudar al usuario a detectar la causa del
alto consumo, y debe darle dos (2) meses para que el usuario repare el
daño, mientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y el
149, determina que la Prestadora debe efectuar revisión previa a la fac-
turación investigando cuál fue la causa que originó el alto consumo,
efectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos técni-
cos como geófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.   (…)”
(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante
radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-
RRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación de
efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos
o bajos consumos.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Aunado a lo expuesto, a folio 87 de la Evaluación Integral frente al cumplimiento del artículo
146 y 149 de la Ley 142 de 1994 la la Dirección Técnica de Gestión Acueducto y Alcantarillado
manifestó lo siguiente:

Ahora bien, La empresa no presentó prueba alguna que desvirtué lo consignado en el Acta de
la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni
en el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19
de diciembre de 2018.
Además, frente a la obligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan
desviaciones significativas por altos o bajos consumos, se debe señalar que los prestadores
del servicio público domiciliario de acueducto tienen la obligación de ayudar al usuario a
detectar la causa del alto consumo, y darle dos (2) meses para que éste repare el daño,
mientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y, determina que el Prestador debe
efectuar revisión previa a la facturación verificando cuál fue la causa que originó el alto
consumo, efectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos técnicos como
geófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.
Aunado a lo expuesto, y amparados en lo consignado en el Acta de la vista inspección y
vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de
Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de
2018, cuando las cuadrillas de corte de la Empresa detectan una fuga no tienen en cuenta lo
establecido en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 que determina: “Al preparar las facturas,
es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos
anteriores”, ya que retomando lo consagrado en el Acta de Visita:
(…) Sólo se le avisa al usuario, la desviación significativa, en caso de derroche
de agua. Cuando se va a releer, se le entrega al funcionario, un formato llamado
“Volante de Lectura del Medidor”, donde para verificar tiene 10 causales para
determinar la causa probable, si es que existe el error o si la lectura está
correcta cuál ha sido la causa. La revisión se hace posterior a la emisión de la
factura; existe un formato de “Orden de Revisión (…).
De todo lo anterior y de las pruebas aportadas en la presente actuación, este Despacho
concluye que la obligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones
significativas por altos o bajos consumos fue incumplida por la Investigada.
En mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte del prestador a Ia
obligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por
altos o bajos consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la ley 142 de
1992, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIE-
RRALTA por el presente cargo.
7.3.15. DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148 DE
LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE 2016, POR
EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA
LEY.  
       
7.3.15.1 Marco normativo
El artículo 148 de la Ley 142 de 1992 “por la cual se establece el régimen de los servicios pú-
blicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” se refiere a los requisitos de las facturas de
la siguiente manera:

“ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos formales
de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contra-
to, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscrip-
tor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al
contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos,
cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo
y modo en el que debe hacerse el pago.  
En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empre-
sa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se
presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a
la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obli-
gado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de cono-
cerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a
los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar
la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.”
Es por lo anterior, que la cláusula 16 del anexo 1 de la Resolución CRA 768 de 2016,32 referen-
te a la facturación en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcan-
tarillado indica que:
“CLÁUSULA 16. FACTURACIÓN. En las facturas en las que se cobren varios
servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los
cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del
servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico.
El servicio de alcantarillado se facturará con cualquiera de los servicios públi-
cos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, y no podrá pagarse este último
con independencia del servicio público de alcantarillado, salvo en aquellos ca-
sos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente in-
terpuesto ante la persona prestadora del servicio de alcantarillado.
La factura que expida la persona prestadora deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
1. El nombre de la persona prestadora del servicio y su NIT.
2. El nombre del suscriptor y/o usuario, número de identificación del medidor al
cual se presta el servicio y dirección del inmueble receptor del servicio.
3. La dirección a la que se envía la factura o cuenta de cobro.
4. El estrato socioeconómico, cuando el inmueble es residencial y la clase de
uso del servicio.
5. El período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura.
6. El cargo por consumo, el cargo fijo y los otros cobros autorizados por la le-
gislación vigente.
7. El valor de los descuentos a aplicar por la persona prestadora cuando se
produzca incumplimiento en las metas de los estándares de servicio, teniendo
en cuenta las disposiciones del artículo 95 de la Resolución CRA 688 de 2014,
o aquella que la modifique, adicione o aclare.
8. El valor de las devoluciones por cobros no autorizados o por errores en fac-
turación o estratificación, así como de los intereses correspondientes.
9. Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos.
10. Los cargos por concepto de corte, suspensión, reconexión y reinstalación
cuando a ello hubiere lugar.
11. La lectura anterior del medidor de consumo y lectura actual del medidor, si
existe. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea
32 Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para personas prestadoras que 
cuenten con más de 5.000 suscriptores y/o usuarios en el área rural o urbana y se define el alcance 
de su clausulado.

posible medir el consumo con instrumentos técnicos deberá indicarse la base
promedio con la cual se liquida el consumo.
12. La comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de
los consumos, con los que se cobraron los tres períodos inmediatamente ante-
riores, si la facturación es bimestral, y seis periodos, si la facturación es men-
sual.
13. El valor y factor de los subsidios o de las contribuciones de solidaridad, se-
gún el caso, en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994.
14. El valor y fechas de pago oportuno, así como la fecha de suspensión del
servicio.
15. Los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario por con-
cepto de las tasas ambientales para acueducto y alcantarillado.
La factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antela-
ción a la fecha de pago señalada en la misma indicando la fecha máxima de
entrega de la factura.
(…)”
7.3.15.2. Importancia
Las facturas que emiten los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben ceñirse a los
requisitos formales que establece el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, es decir que la
información contenida en estas no puede ser distinta de la que se refiere a los servicios
públicos y sus actividades complementarias.
Los requisitos formales de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del
contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario
pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo
se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de
períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.
Finalmente, la ley 142 de 1994 es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos
sólo se deben incluir los elementos relacionados con la prestación del mismo y los que se
encuentren incluidos en el contrato de condiciones de servicios públicos.
7.3.15.3. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de
emitir las facturas con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) Que según lo consagrado a folio 35 del Pliego de Cargos, la Empresa dejó cons-
tancia en el informe de Evaluación Integral a folios 83 y 84 de lo siguiente:
“(…) 4.4 Facturas

Para mayor ilustración se amplía la imagen:

De conformidad con lo establecido en la cláusula 16 de la Resolución
CRA 768 de 2016 y en el artículo 17 del Contrato de Condiciones Unifor-
mes, se observa que la factura expedida por la Empresa presuntamente
no cumple con los siguientes numerales de la precitada resolución:
Se está emitiendo “SIN MEDICIÓN”, por lo que no presenta el número
de identificación del medidor, ni lectura actual ni anterior.

No presenta la dirección de envío de la factura; No se observan los si-
tios y modalidades donde los usuarios y/o suscriptores pueden realizar
los pagos;
No indica la base promedio con la cual liquida el consumo;
No presenta comparación entre el valor de la factura por consumo y el
volumen de los consumos con que cobró los seis (6) períodos inmediata-
mente anteriores;
No indica la fecha de suspensión del servicio en caso de no pago y no
informa los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario
por concepto de tasas ambientales para acueducto y alcantarillado,
No es claro si la Empresa entrega la factura por lo menos con cinco (5)
días de antelación a la fecha de pago.
No se indica la fecha máxima de entrega de la factura (…)”.
(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante
radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-
RRALTA con el presunto incumplimiento por parte de la prestadora de los requisitos mí-
nimos con los que debe ser emitida una factura, sin obtener respuesta alguna por parte
del prestador.
(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el presunto
incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan servicios
públicos.
En vista de lo anterior y de acuerdo con el análisis de la factura realizado tanto en la Evalua-
ción Integral, se evidencian que las mismas carecen de varios de los requisitos mínimos esta-
blecidos en la cláusula 16 de la Resolución CRA 768 de 2016, a saber:
Se está emitiendo “SIN MEDICIÓN”, por lo que no presenta el número
de identificación del medidor, ni lectura actual ni anterior.
No se observan los sitios y modalidades donde los usuarios y/o sus-
criptores pueden realizar los pagos;
No indica la base promedio con la cual liquida el consumo;
No presenta comparación entre el valor de la factura por consumo y el
volumen de los consumos con que cobró los seis (6) períodos inmediata-
mente anteriores;
No indica la fecha de suspensión del servicio en caso de no pago y no
informa los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario
por concepto de tasas ambientales para acueducto y alcantarillado,

No es claro si la Empresa entrega la factura por lo
menos con cinco (5) días de antelación a la fecha de pago.

No se indica la fecha máxima de entrega de la factura,
No se observan los sitios y modalidades donde los usuarios y/o sus-
criptores pueden realizar los pagos;
De acuerdo con lo anterior se establece el incumplimiento por parte de EEPPMM DE
TIERRALTA a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994
como son:  
1. información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con
facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas,  
2.cómo se determinaron y valoraron sus consumos,
3. cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores,

4. y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.  
En relación con el primer requisito fue vulnerado por parte de EEPPMM DE TIERRALTA en
la medida que al presentarse en las facturas las inconsistencias relacionadas en párrafos an-
teriores no le permitió a los usuarios tener la información suficiente para determinar con facili-
dad que se le cobró, si se realizó o no de conformidad con la norma y con lo estipulado en el
CCU.
El segundo requisito fue incumplido cuando la Empresa emite la factura “SIN MEDICIÓN”,
por lo que no presenta el número de identificación del medidor, ni lectura; al No indicar la base
promedio con la cual liquida el consumo actual ni anterior y no informó los valores unitarios y
totales cobrados al suscriptor y/o usuario por concepto de tasas ambientales para acueducto
y alcantarillado, impidiéndole a sus usuarios conocer como se determinaron y valoraron los
consumos.
Por su parte el tercer requisito fue vulnerado en la medida que la Investigada No presentó
comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de los consumos con que
cobró los seis (6) períodos inmediatamente anteriores, impidiendo conocer al usuario el histó-
rico y su comparación.
Y el requisito cuarto fue infringido al no indicar el Prestador en su factura los sitios y modali-
dades donde los usuarios y/o suscriptores pueden realizar los pagos.
Ahora bien, de acuerdo con la información incluida en el escrito de Alegatos de Conclusión,
evidencia el Despacho que EEPPMM DE TIERRALTA, no desvirtúo lo consignado en el Acta
de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018
ni en el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19
de diciembre de 2018, ya que ratifica esta omisión, al allegar una factura en la que verifica la
omisión por parte de la Investigada de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley
142 de 1994.
En mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte de EEPPMM DE
TIERRALTA a Ia obligación de emitir facturas que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 148 de la Ley 142 de 1992, y el artículo 17 del CCU, en el entendido de que la factura-
ción no cumple con los requisitos mínimos consagrados en la normativa, lo cual implica el des-
conocimiento de los derechos de los usuarios y/o suscriptores al cobro correspondiente por la
medición del consumo, conocimiento de los subsidios y contribuciones, entre otros.
Por lo expuesto y estando probado el incumplimiento, y no existiendo circunstancias que
desvirtúen la consecuente responsabilidad del prestador será procedente imponer la
correspondiente sanción por el presente cargo.
7.3.16. DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PER-
SONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LA RESOLUCIÓN 1076 DE 2003 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.
       
7.3.16.1 Marco normativo
La Resolución 1076 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por
la cual se actualiza el plan nacional de capacitación y asistencia técnica para el sector de agua
potable, saneamiento básico y ambiental y se toman otras determinaciones”, dispone:

ARTÍCULO 10. Plan de certificación de competencias laborales. Las entidades
prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo deberán ini-
ciar, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, un proceso
de evaluación y formación complementaria si procede de sus trabajadores vin-
culados, con el propósito de que estas personas sean certificadas por los or-
ganismos de certificación a que hace referencia el artículo 9 de la presente re-
solución.
Las entidades prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
definirán la periodicidad mínima de la actualización del certificado, la cual debe
responder a una formación profesional permanente y continua, o de acuerdo
con las necesidades de promoción de sus trabajadores en cada una de las
áreas temáticas.”
La Resolución 1570 de 2004 “Por la cual se modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003
que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua
Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras disposiciones, dispuso:  
“(…) Artículo 1o. El artículo 9º de la Resolución 1076 de 2003 quedará así:
"Artículo 90. Certificación de competencias laborales. Es el procedimiento me-
diante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, o cualquier otro orga-
nismo de certificación de competencias laborales, acreditado de acuerdo a la
ley para tal efecto, da constancia por escrito, de que una persona cumple con
los requisitos de idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación es-
pecificados en una Norma Técnica Colombiana de Competencia Laboral.
(…)
Artículo 2o. El artículo 11 de la Resolución 1076 de 2003 quedará así:
 
“Exigibilidad de la certificación para los trabajadores vinculados. Los trabajado-
res vinculados a las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y/o
alcantarillado y/o aseo, que tengan más de seis (6) meses de labor en puestos
de trabajo técnico-operativos o administrativos deberán estar certificados en
su respectivo oficio, de acuerdo con el siguiente cronograma:
(…)
3. Las entidades que atienden en conjunto entre 100 y 1.999 usuarios, así:
a) Antes del 1o de enero de 2007, para los siguientes oficios técnico-operati-
vos y respectivo Nivel de Competencia Laboral:
- Operador de plantas de tratamiento de agua potable, Nivel 3.
- Operario de plantas de tratamiento de aguas residuales, Nivel 2.
- Fontanero municipal u oficial de operación y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua para pequeñas comunidades, Nivel 2.
- Supervisor del servicio de aseo, Nivel 2;
b) Antes del 1o de julio de 2007, para los siguientes oficios técnico-operativos
y respectivo Nivel de Competencia Laboral:
- Promotor de saneamiento básico rural, Nivel 3.
- Plomero de instalaciones hidráulicas y sanitarias interiores, Nivel 2;
c) Antes del 1o de julio de 2007, para los siguientes oficios administrativos y
respectivo Nivel de Competencia Laboral:
- Administrador local del servicio de acueducto, Nivel 3.
- Auxiliar de oficina, Nivel 2. (…)”

7.3.16.2. Análisis del Despacho.
Todos los prestadores servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo tienen obligación de
contratar personal para cargos administrativos y técnicos – operativos con la respectiva
certificación en competencias laborales. Asimismo, los trabajadores vinculados a las entidades
prestadoras que tengan más de seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico-
operativos o administrativos deberán estar certificados en su respectivo oficio.
Para tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras
de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-
RRALTA, así:
(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE
TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de
Tierralta, departamento de Córdoba.
(ii) En el Informe de Evaluación Integral a folio 6 respecto a las certificaciones en com-
petencias laborales del personal administrativo, se dejó constancia de lo siguiente:
“(…) 2.1.1. Competencias laborales del personal administrativo
De acuerdo con el análisis de la información suministrada en visita, el
personal administrativo no cuenta con certificación en competencias la-
borales para los cargos que ejercen dentro de la empresa.
2.1.2. Competencias laborales del personal operativo de los servi-
cios de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con la evidenciado en visita y el análisis de la información
suministrada en visita, las sesenta y cinco (65) personas que hacen
parte del área operativa de la empresa no cuentan con certificación en
competencias laborales para los cargos que ejercen dentro de la em-
presa (…)”.
(iii) A folio 3 del Acta de vista se refleja lo siguiente:
                      
  
(iv) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección
Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el pre-
sunto incumplimiento de la obligación de contar con las certificaciones en competen-
cias laborales para el personal que trabaja en la empresa.
(v) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673 la Direc-
ción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos
para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-
sunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan
servicios públicos.
Corolario a lo expuesto, como se observa a folio 122 de la Evaluación Integral, se resaltó lo si-
guiente:

Analizada el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10
de octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No.
20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se evidencia que
2.1.2. Competencias laborales del personal operativo de los servi-
cios de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con la evidenciado en visita y el análisis de la información
suministrada en visita, las sesenta y cinco (65) personas que hacen
parte del área operativa de la empresa no cuentan con certificación en
competencias laborales para los cargos que ejercen dentro de la em-
presa (…)”.
Por lo anterior, es claro para este Despacho que la Investigada incumplió con la obligación de
contar con personal en cargos administrativos y técnicos – operativos con la respectiva
certificación en competencias laborales, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones
1076 de 2003 y 1750 de 2004, para la fecha de la visita.
Con base en lo expuesto, y al evaluar las pruebas que obran el expediente, el Despacho
evidencia que EEPPMM DE TIERRALTA omitió el cumplimiento de la obligación de contar con
las certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1076 de 2003 modificada por la Resolución
1750 de 2004, como se resaltó en la visita de inspección y vigilancia realizada por parte de la
DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 y en las demás evidencias que fundamentaron la
actuación administrativa.
Ahora bien, respecto de las pruebas aportadas por la Investigada, este Despacho debe poner
de presente que la investigada allega dos soportes denominados: “Evaluación  del desempeño
laboral, asistencial y operativo y técnico sin personal a cargo” cada uno con seis folios, donde
se refleja que se evaluó el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2018 y el  8 de
octubre de 2019 y a folio 2 de cada una de las evaluaciones se consignan las firmas de
evaluador y del evaluado, estableciendo como fecha de diligenciamiento el 11 de octubre de
2019, como se refleja a continuación:
“(…)

(…)
(…)”
Los anteriores documentos no desvirtúan el cargo en razón a que corresponden a la
evaluaciones de desempeño laboral realizada por la Empresa y el cargo formulado y el cual
está demostrado es por incumplimiento de la obligación de contar con las certificaciones en
competencias laborales para el personal que trabaja en la Empresa, de conformidad con lo
dispuesto en la resoluciones 1076 de 2003 modificada por la resolución 1750 de 2004,
entendidas estas certificaciones como el procedimiento mediante el cual el Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena, o cualquier otro organismo de certificación de competencias laborales,
acreditado de acuerdo a la ley para tal efecto, da constancia por escrito, de que una persona
cumple con los requisitos de idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación
especificados en una Norma Técnica Colombiana de Competencia Laboral.
En todo caso, estando probado el incumplimiento, y no existiendo circunstancias que
desvirtúen la consecuente responsabilidad del prestador evidenciada en la visita técnica
realizada en el mes de octubre de 2018, será procedente imponer la correspondiente sanción a
EEPPMM DE TIERRALTA por el presente cargo.
Respecto de las pruebas, Acuerdo del Consejo Municipal 010 de 2018 por medio del cual se
establecieron los subsidios y contribuciones y archivo denominado “TARIFAS INDEXADAS” no
lograron desvirtuar los cargos en razón a que no tienen relación con ninguno de ellos.

OCTAVO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA
  
Sobre las sanciones que se imponen por la violación a las normas a las que deben estar
sujetos los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, es preciso resaltar que de
conformidad con el principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo
sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionadora en forma
razonable y proporcional, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que
establezca la norma, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y
la sanción aplicada. Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en sanciones
administrativas, la jurisprudencia constitucional ha señalado:
   
“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa,
éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma
resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los
principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa,
la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a
la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma
gravedad”33.  
En ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto
990 de 2002, delegadas mediante la Resolución N° 021 de enero 5 de 2005, expedida por el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y con fundamento en la Ley 1437 de 2011,
este Despacho tiene la facultad de sancionar las infracciones de los prestadores de servicios
públicos domiciliarios según el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, siempre que se trate de
amonestaciones o multas.
 
En el caso objeto de la presente actuación administrativa, en el análisis de las conductas
infractoras que deberá realizar el Despacho, previo a la imposición de sanciones, habrá de
tenerse en cuenta las obligaciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994,
relacionadas con la función social de la propiedad en los prestadores de servicios públicos.     
     
Las anteriores normas constituyen el marco normativo básico sobre el cual se edifica la
potestad sancionatoria de la SSPD, dado que en ellas se consignan los parámetros y principios
que rigen la evaluación de las conductas infractoras en términos de identificación y medición de
los efectos del incumplimiento del prestador de servicios públicos, cuyos resultados la hagan
sujeto de la sanción. Para el caso en concreto, el Despacho encontró probado que la EEPPMM
DE TIERRALTA incurrió en los siguientes incumplimientos:
“PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚ-
BLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.
SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRA-
FO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.
TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA EN-
TRADA NI SALIDA DEL PTAP
CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.
QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE
33  Corte Constitucional, Sentencia C-125 de 2003.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI-
DO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.
SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-
LLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No.
1096 DE 2000.
SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO.
DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146
DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO PROME-
DIO DE MANERA PERMANENTE.
DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DES-
VIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE
1992.
DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148
DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE
2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
SEÑALADOS EN LA LEY.  
DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES
PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA
POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.”
 
El Despacho considera que las infracciones en que incurrió la EEPPMM DE TIERRALTA son
graves, ya que configuran incumplimientos en la prestación del servicio de Acueducto y Alcan-
tarillado, a saber: No prestar dicho servicio bajo condiciones de continuidad; no realizar la toma
de presiones en las redes del sistema de acueducto; no realizar la medición de caudales en la
captación, ni en la entrada ni salida del PTAP; no realizar la toma de muestras de control de
calidad del agua con una frecuencia determinad; no contar con manuales de operación y man-
tenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con catastro de redes de
los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con micromedición sobre el consumo del
servicio de acueducto; efectuar cobros del consumo promedio de manera permanente; no
efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos o bajos
consumos; emitir facturación que no cumple con los requisitos señalados en la ley y no contar
con las certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.
Así las cosas, en atención a que el régimen de los servicios públicos domiciliarios, parte de la
base que el Estado tiene la potestad y el deber de intervenir, para garantizar su calidad y
eficiente prestación, y dada la gravedad que representan las conductas violatorias del régimen
de los servicios públicos domiciliarios en que incurrió la Empresa Investigada, este Despacho
encuentra procedente la imposición de una sanción administrativa de multa.
8.1 Aplicación de los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 50 de
la Ley 1437 de 2011.
   
El artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, establece los criterios de graduación de las sanciones
administrativas, los cuales se enlistan a continuación:

"Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones
administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto
resultaren aplicables: (subrayado fuera del texto).
  
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para
ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se
hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la
autoridad competente
 
8. Aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas."
 
Procede el Despacho a analizar si los criterios contenidos en la norma arriba citada resultan
aplicables al caso objeto de la presente actuación administrativa:
 
Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados
La Empresa Investigada incumplió con disposiciones administrativas y técnicas relacionadas
con la prestación de los servicios públicos de Agua, Acueducto y Alcantarillado, al incurrir en las
siguientes conductas: No prestar dicho servicio bajo condiciones de continuidad; no realizar la
toma de presiones en las redes del sistema de acueducto; no realizar la medición de caudales
en la captación, ni en la entrada ni salida del PTAP; no realizar la toma de muestras de control
de calidad del agua con una frecuencia determinad; no contar con manuales de operación y
mantenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con catastro de redes
de los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con micromedición sobre el consumo
del servicio de acueducto; efectuar cobros del consumo promedio de manera permanente; no
efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos o bajos
consumos; emitir facturación que no cumple con los requisitos señalados en la ley y no contar
con las certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente; vulnerando de ésta forma los derechos
de los usuarios y poniendo en riesgo la calidad de la prestación de los servicios, teniendo en
cuenta los hallazgos reflejados a lo largo de la actuación administrativa.
Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero
El Despacho no encontró en el material probatorio obrante en el expediente, que con la
ejecución de las conductas objeto de reproche, se evidenciara que la Empresa Investigada o
un tercero hubieran obtenido un beneficio económico derivado de las derivado de las
infracciones demostradas, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro en la
graduación de la sanción a imponer.
     
Reincidencia en la comisión de la infracción
     
Verificado el archivo de sancionados de los últimos tres años de la SSPD no encontró que la
Empresa Investigada hubiera sido sancionada por las mismas conductas objeto de la presente
actuación administrativa, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro en la graduación
de la sanción a imponer.

Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión
En cuanto a este criterio, el Despacho no observó una conducta reprochable por parte de la
investigada tendente a obstaculizar la presente actuación administrativa, razón por la cual su
conducta tiene un efecto neutro en la graduación de la multa a imponer.   
Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la
infracción u ocultar sus efectos
En cuanto a este criterio, el Despacho no observó una conducta reprochable por parte de la
investigada tendente a la utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para
ocultar la infracción u ocultar sus efectos, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro
en la graduación de la multa a imponer.   
Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes
 
La revisión de esta causal supone valorar la actitud del presunto infractor frente a las
autoridades y la Ley.34 En el presente caso, el Despacho procedió a analizar y verificar la
conducta de la prestadora investigada frente al cumplimiento o no de la normativa aplicable.
En cuanto a este criterio, y según lo expuesto líneas arriba, se considera reprochable el
comportamiento de la EEPPMM DE TIERRALTA dejando en evidencia la falta de cuidado y
prevención, para superar los incumplimientos identificados.
Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente  
   
Durante la presente actuación administrativa, el Despacho, no observó renuencia por parte de
la investigada encaminada a desacatar o incumplir las órdenes impartidas por esta
Superintendencia en el curso de la investigación, razón por la cual su conducta tiene un efecto
neutro en la graduación de la sanción a imponer.
 
Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas
  
El Despacho considera que la investigada no reconoció la comisión de la infracción antes del
decreto de pruebas en la presente actuación administrativa.
  
8.2. Monto de la sanción  
       
Con base en lo expuesto, el Despacho advierte que la Superintendencia está obligada a conciliar
su función de sancionar a los prestadores que vulneran el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, con el mandato constitucional de garantizar la prestación del servicio en los
términos del artículo 365 de la Constitución Política, según el cual:
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia
de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
 
34  Arboleda Perdomo, Enrique José.  “Comentarios al Nuevo  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. Editorial Legis. Segunda Edición. Página 94.

Por lo anterior, para determinar el valor de la multa a imponer corresponde hacer una revisión de
la información contable reportada por la prestadora en el Sistema Único de Información (SUI),
con el objeto de verificar que el monto de la multa a imponer no ponga en riesgo la prestación
eficiente del servicio público domiciliario de Acueducto en el Municipio de Tierralta (Córdoba), que
atiende la Empresa. Dicho lo anterior, y en virtud de la última información financiera reportada en
el SUI, se evidenció que los últimos ingresos reportados por la EEPPMM DE TIERRALTA
fueron:
2017
acueducto
alcantarillado
$1.712.026.040
$29.076.761
2016
acueducto
alcantarillado
$890.703.000
$112.677.000
   
En este orden de ideas y con base en la naturaleza y gravedad de los incumplimientos en que
incurrió la EEPPMM DE TIERRALTA, este Despacho le impondrá sanción de MULTA, que se
tasará así:        
         

Por el PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD, MULTA
por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUA-
TRO (44) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO
DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000, MULTA por valor de
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍ-
NIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA
ENTRADA NI SALIDA DEL PTAP, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MEN-
SUALES VIGENTES del 2020.

Por el CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA MULTA por valor de TREINTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUATRO (44) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SIS-
TEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ES-
TABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE
2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CA-
TORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.


Por el SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CON-
TAR CON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCAN-
TARILLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN
No. 1096 DE 2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes
a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del
2020.

Por el SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes
a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del
2020.

Por el DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍ-
CULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO
PROMEDIO DE MANERA PERMANENTE, MULTA por valor de DIECIOCHO MILLO-
NES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS ($18.433.863) equivalentes a VEINTIUN (21) SALARIOS MÍNIMOS LEGA-
LES MENSUALES VIGENTE del 2020.

Por el DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE
1992, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($9.655.833) equivalentes a
ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTI-
CULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA
768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISI-
TOS SEÑALADOS EN LA LEY, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUA-
LES VIGENTES del 2020.

Por el DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS
LABORALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CON-
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFI-
CADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004, MULTA por valor de NUEVE MILLO-
NES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES del 2020.
De esa manera, el valor total de la MULTA a imponer a la EEPPMM DE TIERRALTA al
encontrarse probados los once cargos imputados, asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($186.094.236) equivalentes a DOSCIENTOS DOCE (212) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES del 2020.
     
En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:
 
ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR en su valor legal las pruebas allegadas por la EMPRE-
SAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA EPM E.S.P con el Radicado SSPD
20195291404962 del 6 de diciembre de 2019, relacionados en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que la EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIE-
RRALTA EPM E.S.P identificada con NIT 800195828 – 1 e inscrita en el Registro Único de
Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) con el ID 2484, violó el régimen de los servicios pú-
blicos domiciliarios al incurrir en las siguientes conductas: (i) PRESUNTA FALLA EN LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLI-
GACIÓN DE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD. (ii)
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIO-
NES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTA-
BLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE
2000. (iii) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA MEDI-
CIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA ENTRADA NI SALIDA DEL PTAP. (iv)
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUES-
TRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.
(v) PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MANUALES DE OPERA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESO-
LUCIÓN No. 1096 DE 2000. (vi) PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR
CON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000. (vii)
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN
SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. (viii) PRESUNTO INCUMPLI-
MIENTO DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL
CONSUMO PROMEDIO DE MANERA PERMANENTE. (ix) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE 1992. (x) PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE
LA RESOLUCION CRA 768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY.  (xi) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORA-
LES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN
1750 DE 2004.
 ARTÍCULO TERCERO:  IMPONER sanción de MULTA a la EEPPMM DE TIERRALTA a favor
de la Nación, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($186.094.236) equivalentes a DOSCIENTOS
DOCE (212) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020, por las
siguientes infracciones:  
 

Por el PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD, MULTA
por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUA-
TRO (44) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO
DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000, MULTA por valor de
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-

RENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍ-
NIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA
ENTRADA NI SALIDA DEL PTAP, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MEN-
SUALES VIGENTES del 2020.

Por el CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA MULTA por valor de TREINTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUATRO (44) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SIS-
TEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ES-
TABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE
2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CA-
TORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.

Por el SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CON-
TAR CON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCAN-
TARILLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN
No. 1096 DE 2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes
a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del
2020.

Por el SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes
a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del
2020.

Por el DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍ-
CULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO
PROMEDIO DE MANERA PERMANENTE, MULTA por valor de DIECIOCHO MILLO-
NES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS ($18.433.863) equivalentes a VEINTIUN (21) SALARIOS MÍNIMOS LEGA-
LES MENSUALES VIGENTE del 2020.

Por el DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE
1992, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($9.655.833) equivalentes a
ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.


Por el DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTI-
CULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA
768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISI-
TOS SEÑALADOS EN LA LEY, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUA-
LES VIGENTES del 2020.

Por el DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS
LABORALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CON-
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFI-
CADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004, MULTA por valor de NUEVE MILLO-
NES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES del 2020.
ARTÍCULO CUARTO:  ORDENAR que una vez en firme la presente Resolución, la sanción
impuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia en cualquiera de las
siguientes instituciones financieras: Banco Agrario de Colombia, y Banco de Bogotá. Para
proceder al pago, la prestadora deberá obtener el formato de pago de sanciones disponible en
el sitio WEB de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a Empresas/ Formatos de Pago).
 
De manera temporal, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus-
COVID 19, y dentro del mismo plazo señalado en el siguiente párrafo, se podrá efectuar el
 pago electrónico de la sanción impuesta, a través de la cuenta corriente No.141011460 del
Banco BBVA, a nombre de la Superintendencia de Servicios Públicos, identificada con NIT
800250984-6,  
para lo cual deberá
  remitir el soporte de la transferencia al
correo electrónico evleiton@superservicios.gov.co.
 
La prestadora deberá acreditar el pago de la sanción dentro de los 10 DIAS días hábiles
siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO:  NOTIFICAR personalmente la presente Resolución a JOSE ANTONIO
ROSSO GENES en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la EEPPMM DE TIERRALTA o
a quien haga sus veces, quien puede ser citado en la Dirección Calle 12 No. 22-40 Barrio 19 de
Mayo, Tierralta –Córdoba- 
 o a los correos electrónicos35 
 
 entregándole una copia de la misma, y
advirtiéndole que contra esta Resolución únicamente procede el recurso de reposición ante el
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual deberá ser
interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De no ser
posible la notificación personal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
  
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
   
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
    
35
 Correos electrónicos tomados del RUPS con fecha de actualización 25/03/2020 y Certificado de Cámara y
Comercio expedida el 18 de junio de 2020.

Proyectó: Sandra Marcela Castañeda Castañeda – Contratista DAAA
Revisó:  Yaneth Castillo- Profesional especializada Dirección de Investigaciones DAAAA
Diana Ramírez. - Asesora del Despacho.
Aprobó: Martha Eugenia García Jaimes– Directora de Investigaciones DAAA.