{"reference": "20204400027785", "pages": [{"page": 1, "text": "*20204400027785*\nAl contestar por favor cite estos datos: \nRadicado No.: 20204400027785\nFecha: 08/07/2020\nCT-F-023 V.3\n                   Página 1 de 85    \nRESOLUCIÓN No. SSPD - 20204400027785 DEL 08/07/2020\nEXPEDIENTE: 2019440350600028E\nPOR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN\nEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO,\nALCANTARILLADO Y ASEO\nEn ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 modificado por\nel artículo 13 de la Ley 689 del 2001, el Decreto 990 de 2002 modificado por el Decreto 2590 de\n2007 y delegadas mediante la Resolución No. 021 de enero 5 de 2005 expedida por el\nSuperintendente de Servicios Públicos, y con base en la Ley 1437 de 2011, y\nCONSIDERANDO:   \n     \nPRIMERO: Que EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA EPM E.S.P.,\nidentificada NIT 800195828-1, e inscrita en el Registro Único de Prestadores de Servicios\nPúblicos –RUPS- con el ID 2484, presta el servicio público domiciliario de Acueducto,\nAlcantarillado y Aseo, para el Municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, desde el día\n15 de agosto de 1996, y cuenta con más de 2.500 suscriptores según consta en el RUPS,\nadministrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD).\nSEGUNDO: Que mediante Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, la\nDirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado (en adelante “Dirección Técnica”) solicitó a la\nDirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y\nAseo (en adelante “Dirección de Investigaciones”), analizar la viabilidad de abrir una\ninvestigación administrativa en contra de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE\nTIERRALTA EPM E.S.P. (en adelante EEPPMM DE TIERRALTA), por presunto incumplimiento\nde algunas normas a las que están sujetos los prestadores de los servicios públicos de\nacueducto y alcantarillado.\nPor lo expuesto y como soportes de la solicitud, fueron anexados los siguientes documentos:   \n     \n\nActa de Visita del 8 al 10 de octubre de 2018.\n\nInforme de Evaluación Integral 2018 publicado en la página web de la SSPD.\nTERCERO: Que el presente procedimiento administrativo sancionatorio inició a partir del\nRadicado No. 20194400491151 de junio 25 de 2019, por el cual la Dirección de Investigaciones\nformuló Pliego de Cargos contra la Empresa Investigada, por las siguientes conductas:\nSede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: \nPBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059. sspd@superservicios.gov.co\nLínea de atención (1) 691 3006. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05\nNIT 800.250.984 6\nwww.superservicios.gov.co\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 2, "text": "“PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚ-\nBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nPRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.\nSEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE\nACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRA-\nFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.\nTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA EN-\nTRADA NI SALIDA DEL PTAP\nCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA\nCON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.\nQUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON\nMANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE\nACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI-\nDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.\nSEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON\nCATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-\nLLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No.\n1096 DE 2000.\nSÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE\nACUEDUCTO.\nOCTAVO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN EL COBRO DEL SERVICIO DE\nACUEDUCTO A USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y REGIS-\nTRADOS EN EL SISTEMA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCI-\nSO 99.9 DEL ARTICULO 99 DE LA LEY 142 DE 1992.\nNOVENO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nFACTURAR DE ACUERDO CON EL TIPO DE USO A LOS USUARIOS COMER-\nCIALES, INDUSTRIALES Y OFICIALES.\nDÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nCLASIFICAR A LOS USUARIOS CON LOS ESTRATOS SOCIECONÓMICOS DE-\nFINIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 689 DE 2001, DEBIDO A QUE CLASI-\nFICA A LOS USUARIOS CON UN ESTRATO INEXISTENTE QUE DENOMINA\n“VACÍO”\nUNDÉCIMO\n \n  CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON LABORATORIO DE MEDIDORES CERTIFICADO POR EL ORGA-\nNISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA – ONAC Y EN LA DE\nTENER CONTRATO CON LABORATORIO CERTIFICADO, DE CONFORMIDAD\nCON EL ARTÍCULO 33 DEL DECRETO 2269 DE 1993.\nDUODÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nAVISAR DEL CAMBIO DE MEDIDORES A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTO-\nRES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 13\nDE LA RESOLUCIÓN CRA 413 DE 2006.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 3, "text": "DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146\nDE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO PROME-\nDIO DE MANERA PERMANENTE\nDECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DES-\nVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-\nFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE\n1992.\nDECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148\nDE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE\n2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS\nSEÑALADOS EN LA LEY.  \nDECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN\nDE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES\nPARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD\nCON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA\nPOR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.\nEl Pliego de Cargos fue notificado por Aviso1 el 17 de julio de 2019 a EEPPMM DE\nTIERRALTA, por lo que a partir del día siguiente a su notificación empezó a correr el término\nde quince (15) días hábiles2 con que contaba para ejercer su derecho de defensa, el cual\nculminó el 8 de agosto de 2019.     \n  \nCUARTO: Que, Revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se evidenció que la\nEEPPMM DE TIERRALTA, no presentó escrito de Descargos, tampoco aportó ni solicitó la\npráctica de ninguna prueba, dentro del término legal correspondiente.\nQUINTO: Que, en atención a que no se decretó periodo probatorio, y en cumplimiento de lo\ndispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, la Dirección de Investigaciones, mediante\nAuto SSPD 20194400000506 del 5 de septiembre de 2019, corrió traslado de toda la actuación\na la Empresa Investigada para que presentara Alegatos de Conclusión. Este Auto fue comuni-\ncado a la Empresa Investigada a través del oficio con radicado No. 20194400722931 del 5 de\nseptiembre de 2019, y recibido por esta el 03 de octubre de 2019, tal y como se observa en la\nconstancia de entrega con Guía No. RA174902328CO emitido por la Empresa de Correos 4/72,\npor lo que el plazo para presentar su escrito de alegatos venció el 18 de octubre del año 2019.\nSÉXTO: No obstante haber recibido la Empresa Investigada el oficio por el cual se le informó\ndel traslado para presentar alegatos, revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se\nevidencia que la EEPPMM DE TIERRALTA, presentó Alegatos de Conclusión el 6 de diciembre\nde 2019 fuera del término legal establecido para ello, documento que fue radicado con el\nNúmero.   de fecha 6 de diciembre de 2019, con el cual aportó los documentos relacionados a\ncontinuación:\n11\nAnexo 1: resultados de pruebas de control de calidad, físico químicas en la red de\ndistribución de agua potable.\n11\nAnexo 2: manuales operativos y de mantenimientos de la planta de tratamiento, sistema\nde alcantarillado, y control de pérdidas de agua en la red.\n11\nAnexo 3: acuerdo de tarifas y subsidios y contribuciones.\n11\nCertificaciones y competencias laborales.\n1 Teniendo en cuenta que la empresa recibió el aviso SSPD 20194400549021 del 16 de julio de 2019, según consta en la guía de corresponden\ncia Nro. RA147731924CO de 472.\n2  Ley 1437 de 2011, artículo 47, inciso tercero.\n \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 4, "text": "Se incorporan a la investigación y serán tenidas en cuenta en lo que resulta conducente\npertinente y útil a la investigación, en virtud del artículo 40 del CPACA que establece  que hasta\nantes de proferir decisión de fondo se podrán aportar pruebas.   ÉPTIMO: Que, habiéndose\nagotado las etapas señaladas en el procedimiento aplicable a este tipo de actuaciones\nadministrativas, el Despacho del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y\nAseo de la Superintendencia de Servicios Públicos (en adelante el “Despacho”) procede a\nresolver el presente asunto en los siguientes términos:\n     \n7.1. Competencia funcional\n      \nEl artículo 2 de la Constitución Política, constituye el primer fundamento constitucional implícito\nde la potestad sancionatoria de la Administración Pública, al contemplar como fines esenciales\ndel Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes\nconsagrados en la Constitución Política. Ello implica que la Administración deba propender por\nel mantenimiento de las condiciones que permitan el disfrute de los derechos de las personas,\npara lo cual deberá utilizar, si es del caso, las facultades sancionatorias inherentes al ejercicio\ndel poder público3. Así mismo, dispone el artículo 370 ibídem:\n \n“Corresponde al presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las\npolíticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios\npúblicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios\nPúblicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los\npresten” (subrayado fuera del texto).\n  \nA su turno, el inciso 2 del artículo 365 constitucional señala que: “Los servicios públicos estarán\nsometidos al régimen que fije la ley (…)”. En cumplimiento de este mandato, fue expedida la\nLey 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios” y\nconforme al numeral 1 de su artículo 79, corresponde a la SSPD:\n“Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que\nestén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte\nen forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,\nsiempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad”.    \nLas sanciones administrativas que puede imponer la SSPD están contenidas en el artículo 81\nde la Ley 142 de 1994. A su turno, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios\ndelegó la función de investigación y sanción, en los casos de amonestación y multa, en el\nSuperintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para los prestadores de su\nsector, a través de la Resolución No. 021 de 2005. Estas funciones incluyen:\n   \n“(…) 1. Imponer las sanciones de amonestación o multa a los prestadores de\nservicios públicos que violen las normas a las que deban estar sujetos, según la\nnaturaleza y la gravedad de la falta. (…)”.\n \nEn suma, la SSPD está facultada para imponer las sanciones correspondientes por violación al\nrégimen de servicios públicos, como señaló la jurisprudencia administrativa:\n  \n“(…) el legislador le otorgó a la Superintendencia de Servicios Públicos\nDomiciliarios facultades especiales de vigilancia y control, además de plenos\npoderes sancionatorios por la violación o desconocimiento del ordenamiento\njurídico en materia de servicios públicos, todo lo anterior en el marco de actuación\nde lo dispuesto para el ejercicio y ejecución de sus competencia y funciones\nmisionales. Cabe resaltar que la potestad sancionatoria implica la existencia de un\nprocedimiento previo que respete el derecho de defensa y contradicción y que\n3 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al afirmar: “(…) el ejercicio de la función pública encomendada a la Administración implica\nque, si ésta se encuentra facultada para imponer un mandato o regular una conducta en servicio del interés público, también debe estar facultada\npara lograr la garantía del orden mediante la imposición de sanciones, frente al cumplimiento de tales mandatos ”. Corte Constitucional. SU. 1010 de\n2008. También: Corte Constitucional, Sentencia C- 595 de 2010.  \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 5, "text": "como resultado de este se llegue a la imposición de medidas en el marco del\nderecho de “punición”4.\n   \nEn este contexto, es claro que la Superintendencia está facultada para imponer las sanciones\ncorrespondientes por violación al régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.\n   \n7.2. Sobre el Derecho de defensa del Investigado\nAntes de proceder con el estudio del caso que nos ocupa, es preciso destacar que, si bien es\ncierto, la carga de la prueba radica en la Administración, también lo es que el Investigado en\nejercicio del derecho de defensa debe presentar y aportar, dentro de la oportunidad procesal\nestipulada para el efecto, los argumentos y las pruebas que considere pertinentes para\ndesvirtuar los cargos que se le imputan.\nEn este orden de ideas, al no haber solicitado pruebas, ni presentar el Investigado Descargos y\nAlegatos de Conclusión por fuera del término legal, se agota las etapas procesales que tiene\npara ser oído y la Administración en atención a las etapas del procedimiento y a los términos\npreclusivos con que cuenta para adelantar y resolver cada etapa procedimental, en particular el\nestablecido en el artículo 42 del CPACA, procede a considerar y decidir, con base en las\npruebas documentales que obran en el expediente y que conforme al principio de la carga de la\nprueba fueron recaudadas por la Superintendencia, las cuales sea dicho de paso, fueron\ndebidamente trasladadas a la Investigada junto con el pliego de cargos5 y el traslado para\npresentar Alegatos de Conclusión.\nResulta oportuno señalar, que las actividades procesales programadas deben ser cumplidas en\nel término fijado para el efecto, para lo cual procede citar la sentencia T-546/95, en la que la H.\nCorte Constitucional expresó:\n\"La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos deter-\nminados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al\npunto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en\nque debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausu-\nrada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente: aunque se hayan\nomitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vis-\nta, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los dife-\nrentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley,\nlas cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensio-\nnes de las partes, a través de la sentencia.\"\nPor lo que agotado esta etapa el Despacho procede en cumplimiento a las funciones\nlegalmente asignadas, a pronunciarse con base en el material probatorio obrante en el\nexpediente.\n7.3. Análisis del Despacho sobre las conductas investigadas\n  \nEl Despacho estudiará y decidirá cada una de las conductas imputadas, para determinar la\nresponsabilidad de EEPPMM DE TIERRALTA:\nSea lo primero advertir que este Despacho no se pronunciará respecto de los argumentos plan-\nteados en los Alegatos por haber sido presentados fuera del término legal.\n   \n7.3.1. PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO\nDE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR DICHO\nSERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.\n       \n4\n Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 2015. Rad. No. 25000-23-24-000-2005-01325-01.\n5\n   En tal sentido ver sentencia de la Corte Constitucional C-835 de 2003.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 6, "text": "7.3.1.1 Marco normativo\nDe conformidad con el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, “Todos los prestadores estarán suje-\ntos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dis-\npone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comi-\nsiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos y a las\ncontribuciones para aquéllas y ésta”. \nEl artículo 14.22 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios\npúblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, define el Servicio Público de Acueducto,\nasí, “Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión\ny medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como\ncaptación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y\ntransporte”.\nPor su parte, el artículo 11 de la misma Ley, establece la función social de la propiedad en las\nentidades prestadoras de servicios públicos, obligándolas entre otras cosas a:\n“(…)11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y\nsin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al\nusuario o a terceros (…)”.\nDe otra parte, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 establece que la prestación continua de un\nservicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios\npúblicos y precisa el concepto de falla en la prestación de un servicio público domiciliario, de la\nsiguiente forma:\n“ARTÍCULO 136. CONCEPTO DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL\nSERVICIO. La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la\nobligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos.\nEl incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se\ndenomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio”.\nLa Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos\nbásicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consu-\nmo humano”, en su artículo 18, dispone:\n“(…) ARTÍCULO 18º.- CÁLCULO DEL IRABAm. Para el cálculo del Índice de\nRiesgo Municipal por Abastecimiento de Agua IRABAm se tendrán en cuenta\nlos procesos de tratamiento, distribución y continuidad del servicio y se realiza-\nrá dando aplicación a la siguiente fórmula:\n(…)\nPara el cálculo del índice de continuidad - IC se tendrá en cuenta la siguiente \nfórmula:\nDonde:\n(Nhs)j = Número de horas prestadas en un mes en el sector j\n(Ps) j = población servida del sector j\n730 = Número de horas que tiene un mes\n(Pt) = población total servida por la persona prestadora.\nLos valores asignados de acuerdo con las horas de servicio prestado, están\nestablecidos en el cuadro Nº. 9, así:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 7, "text": "(…)”\nPor otro lado, el artículo 129 de la Ley 142 de 1994 dispone en su inciso primero: “Existe con-\ntrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que\nestá dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado,\nsolicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones\nprevistas por la empresa”.\nAsí entonces, la obligación principal que se desprende del contrato de servicios públicos a car-\ngo de la empresa es la prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad. En tal\nsentido, la Cláusula 9 del modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de\nlos servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado contenido en el Anexo 3 de la\nResolución CRA 151 de 2001 modificado por la Resolución CRA 375 de 2006, señala que sin\nperjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son\nobligaciones de la persona prestadora, entre otras, la siguiente:\n“(…) a) Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en el inmueble\npara el cual se hizo la solicitud, de acuerdo con los parámetros fijados por las\nautoridades competentes y con las especificaciones técnicas determinadas por\nla persona prestadora, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo I, el\ncual se entiende forma parte integrante de este documento (…)”.\nEn ese sentido, en el anexo técnico del Contrato de Condiciones Uniformes de la prestadora,\nse dispone lo siguiente, respecto a la continuidad:\n“(…)La persona prestadora, prestará el servicio durante 24 horas diarias en la\nsemana siempre y cuando no existan causas de fuerza mayor como manteni-\nmientos preventivos, correctivos o intervenciones para optimización o amplia-\nción en cualquiera de los componentes del sistema de agua cruda y  potable o\nen el evento en que existan zonas especiales con dificultades técnicas por es-\ntar localizadas por encima de la cota de prestación de servicio, situaciones en\nlas cuales la Persona, especificará la frecuencia con se prestará el servicio. En\ncaso de que se presenten interrupciones del servicio, la Persona prestadora,\nactivará los planes de contingencia los cuales consisten en el suministro de\nagua en carro tanques y la operación de válvulas para puesta en servicio de\nlas interconexiones entre sectorizaciones de la red (…)”.\nRespecto a Ia falla en Ia prestación del servicio par falta de continuidad, la Corte Suprema de\nJusticia — Sala de Casación Civil, en sentencia del 4 de noviembre de 2009 6, se refirió en los\nsiguientes términos:\n“(…)el citado artículo 136 de la mentada ley, con nitidez incontrovertible, incor-\npora dos aspectos de trascendental significado: en primer lugar, consagró que\nla principal obligación de la empresa de servicios públicos es proveer un servi-\ncio continuo y  de buena calidad; en segundo lugar, previó que incumplir tal\ncompromiso comporta una “falla en la prestación del servicio”; aflora, de\nmanera evidente, entonces, que el legislador patrio señaló en dicha disposi-\nción, únicamente, cuál era la obligación principal de aquel ente social y cuándo\nsobreviene el incumplimiento de ella. Este último no está condicionado a un\n6\n  Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA. Ref: Exp. No. \n 3189 001 2004 \n 01\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 8, "text": "término, mínimo o máximo; sólo corresponde establecer si la prestación del\nservicio ha sido continua o no y, además, de buena calidad. Ausente una u\notra exigencia, sobreviene la falla del servicio (…)”\n7.3.1.2. Importancia de suministrar agua con continuidad.\nLa falla en la prestación del servicio no está condicionada a un término específico, pues basta\ncon establecer si la prestación del servicio ha sido continua o no, o con analizar si la prestación\ndel servicio ha sido de buena calidad o no, para determinar si efectivamente hay una falla en la\nprestación del servicio.\nAhora bien, en relación con el suministro del agua, la Corte Constitucional ha indicado que el\nagua, en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como\nun derecho fundamental y como un servicio público.\nComo derecho fundamental, la Corte ha señalado, atendiendo la definición establecida por el\nComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el agua es “el derecho de todos\nde disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal\no doméstico”, y en ese orden, “el agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento\nindisoluble para la existencia del ser humano”.7 Esta necesidad, indica la Corte, “es universal,\npor cuanto todos y cada uno de los hombre y mujeres, independientemente de la raza, origen\nnacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, del lugar que se encuentre o la\nposición social que tenga, requiere de este recurso para su subsistencia; es inalterable, pues\nnunca se logrará hacerla desaparecer, ni tampoco reducirla más allá de los topes biológicos y\nes objetiva, ya que  no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o está ligado a un\nconcepto indeterminado preestablecido, sino que se instituye como condición ineludible para\ncada una de las personas que integran el conglomerado social, lo cual la erige como una\nnecesidad normativa y por tanto se constituye el fundamento del derecho fundamental al\nagua”8.\nPor otra parte, ha agregado que el agua es un servicio público y “en tal sentido, todas las\npersonas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad\nsuficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación\nde conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” 9.\nComo servicio público que es, se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994.\nAl respecto señaló la Corte en Sentencia T-740 de 2011:\n“El artículo 128 de la mencionada ley dispone que el contrato de servicios\npúblicos es “un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una\nempresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un\nprecio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por\nella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados” (negrillas fuera del\ntexto).\nEsta tipificación contractual realizada por el legislador en el artículo en\nmención configuró dicho contrato como un acuerdo de voluntades de carácter\noneroso, es decir, habilitó a las empresas de servicios públicos a cobrar una\ntarifa a la parte suscriptora o al usuario, como contraprestación por el bien\nque suministra.\nEl carácter oneroso del contrato de condiciones uniformes se explica, en tanto\nel pago que los usuarios o suscriptores realizan como contraprestación a los\nservicios recibidos, permite (i) asegurar el equilibrio económico y financiero de\nlas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios; (ii) contribuye al\nfortalecimiento de las mismas; (iii) incentiva la participación de los particulares\n7\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\n8\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\n9\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 9, "text": "en el mercado de los servicios públicos, lo cual contribuye a la ampliación de\nla cobertura en la prestación de los mismos, y (iv) permite que el Estado\npueda establecer políticas de orden social que permitan asegurar la\nprestación de los servicios domiciliarios a las personas de escasos recursos;\nlo anterior, se funda en el principio de solidaridad, el cual, en esta materia,\nexige que aquellos que gozan de una mayor capacidad de pago contribuyan\neconómicamente para lograr la cobertura del servicio en los estratos menos\nfavorecidos.\nPor estas razones, la jurisprudencia de esta Corporación reconoció como\npropia del contrato de servicios públicos esta característica y señaló que el\ndeber de cumplir con esta obligación contractual es una condición\nindispensable para garantizar la prestación eficiente, continua e\nininterrumpida de los servicios públicos a todos los usuarios, pues de\nestos pagos depende la operatividad del sistema” (Resaltado fuera de texto).\nAfirma entonces la Corte Constitucional que, “el agua constituye fuente de vida y la falta del\nservicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el\nservicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las\npersonas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal\ndebe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”10\nEn este mismo sentido, en otra oportunidad, también señaló que: “Así la falta de prestación [del\nservicio de acueducto] también está llamada a constituir una posible violación de derecho que\ntienen todas las personas a vivir una vida digna”11\nEn ese orden, concluyó dicha Corporación “que el Estado es el principal garante de\ncada una de las obligaciones que se desprenden del derecho al agua y especialmente\nla relacionada con la disponibilidad, que obliga al Estado a brindar una\n \n  cantidad\nsuficiente de agua, como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de bebida,\nalimentación o cocción de alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas que\nhabitan en su jurisdicción” 12(Resaltado fuera de texto).\n.\nAhora bien, en relación con la prestación del servicio, la misma Corte Constitucional, en\nsentencia T-028 de 2014 señaló:\n“5.6.2. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el servicio de agua y saneamiento\nambiental básico se debe prestar de forma ‘continua’ e ‘interrumpida’,\nestableciendo categóricamente que ello debe ser así ‘sin excepción alguna’,\nsalvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 2°). La\ncontinuidad y disponibilidad del servicio debe regularse conforme lo previsto\nen el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unid as para los\nDerechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones\npertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso\nequitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos\ninternacionales de derechos humanos, según el cual, la cantidad de agua a\nproveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como\nparámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe\noscilar entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la\nsatisfacción de todas las necesidades de salud.” 13 (Resaltado fuera de\ntexto).\n10\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\nVer también las sentencias T-578 de 1992, T- 140 de 1994 y T- 207 de 1995.\n11\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\nVer también las sentencias T-539 de 1993, T-244 de 1994, T-523 de 1994, T-092 de 1995, T-379 de 1995, T-413 de 1995, T-410\nde 2003, T-1104 de 2005, T-270 de 2007, T-022 de 2008, T-888 de 2008 y T- 381 de 2009.\n12\nCorte Constitucional, Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.\n13\nCorte Constitucional, Sentencia T-028 de 2014.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 10, "text": "La OMS, ha definido la continuidad como “el porcentaje de tiempo durante el que se dispone\nde agua de consumo (con carácter diario, semanal y estacional)”14. La medición de este\naspecto en Colombia, es la siguiente, según el Informe Sectorial de los Servicios Públicos\nDomiciliarios de Acueducto y Alcantarillado publicado en 2015 por esta Superintendencia:\n“La reglamentación vigente considera dos metodologías de cálculo del\nIndicador de Continuidad - IC, la primera definida en términos de porcentaje\n(%) en la Resolución 315 de 2005 expedida por la Comisión de Regulación de\nAgua Potable y Saneamiento Básico, y la segunda definida en términos de\nhoras al día (hr/día), correspondiente a la Resolución conjunta 2115 de 2007\nexpedida por los Ministerios de Protección Social y antiguo Ministerio de\nAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.\nComo se mencionó anteriormente la importancia de este indicador radica en\nque señala la disponibilidad del servicio de acueducto a los usuarios, en este\ncaso se analizó el indicador de continuidad para los prestadores de la\nmuestra, con base en la metodología de cálculo que establece la Resolución\nMPS-MAVDT 2115 de 2007.\nDicha metodología considera las horas de prestación del servicio por sector\nhidráulico, dándole peso a cada sector de acuerdo con el número de\nsuscriptores que se atienden en cada uno de ellos.\nEs necesario precisar que los dos indicadores de continuidad, basados en la\nResolución CRA 315 (indicador %) y la Resolución MPS-MAVDT 2115 de\n2007 (indicador hr/día) no son equivalentes, debido a que cada uno emplea\nmetodología diferente de cálculo. La principal diferencia radica en que el\nindicador de continuidad de la Resolución CRA 315 no considera como base\nde prestación del servicio, 24 horas al día, dado que considera únicamente\nlas suspensiones no avisadas no programadas, con lo cual un prestador que\nsuministre el servicio con normalidad de 6 horas al día puede tener valores\ncercanos al 100%, asociados más a la eficiencia en la oportunidad con la que\nse presta el servicio.\nPor el contrario, la otra metodología toma como base de prestación del\nservicio 24 horas al día con lo cual se obtiene un valor real sobre la situación\nde continuidad en los diferentes municipios. De conformidad con la\nresolución, el indicador de continuidad se clasifica de acuerdo al número\npromedio de horas suministradas al día como se muestra en la tabla a\ncontinuación:\nTabla 2. Clasificación Índice de continuidad.\nHORAS SUMINISTRADAS AL DÍA\nCLASIFICACIÓN\n0 - 10\nINSUFICIENTE\n10.1 - 18\nNO SATISFACTORIO\n18.1 - 23\nSUFICIENTE\n23.1 - 24\nCONTINUO\nFuente: Resolución MPS-MAVDT 2115 de 2007\n(…)”.15\nEn ese orden, las empresas de servicio público que proveen el servicio público domiciliario de\nagua deben prestar dicho servicio con la continuidad y calidad requerida por la ley, ya que con\nella se asegura el disfrute de derechos fundamentales tales como la vida, la salud y la dignidad\nhumana. La ausencia de continuidad y calidad en la prestación del servicio constituye una falla\n14\nOrganización Mundial de la Salud, Guías para la calidad del agua potable. Primer Apéndice la Tercera Edición, Volumen 1,\nRecomendaciones, Página 11. Disponible el 14/06/2017 en la siguiente dirección electrónica:\nhttp://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf\n15\nSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Informe sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y\nAlcantarillado\n \n–\n \nGrandes\n \nPrestadores,\n \nElaborado\n \n2015\n \nTomado\n \nde:\nhttp://www.superservicios.gov.co/content/download/11224/91303\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 11, "text": "en la prestación del mismo.\n7.3.1.3.Análisis del Despacho\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario tienen la obligación principal que se\ndesprende del contrato de servicios públicos a cargo de la empresa de prestar un servicio en\ncondiciones de calidad y continuidad.\nPor lo tanto y de conformidad marco normativo es claro que, la Investigada como prestadora\ndel servicio público de acueducto en el Municipio de Tierralta, está en la obligación de prestar el\nservicio público domiciliario de acueducto de forma continua.\nSe procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras de poder\ndeterminar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo EEPPMM DE TIERRALTA de la\nobligación de prestar el servicio público de acueducto bajo condiciones de continuidad como lo\nestablece la normativa vigente, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la continuidad del servicio\nde acueducto, la Dirección Técnica dejó constancia de lo siguiente:\n“(…) 3.2.2 Índice de Continuidad\nDurante la visita, el prestador informó que para las vigencias 2016, 2017 el\nprimer semestre de 2018 se prestó el servicio de acueducto durante 18\nhoras continuas para cada una de las zonas cada tres días. No obstante,\nno se llevan registros de continuidad para el municipio.\nUna vez verificado el Sistema Único de Información-SUI, se pudo eviden-\nciar que el prestador no ha reportado información correspondiente a la\ncontinuidad para las vigencias exigidas (…)” (Pág. 34)\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Direc-\nción Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado\ncon la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, sin obtener res-\npuesta alguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la\nDirección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia\nde méritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIE-\nRRALTA por el presunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están\nsujetos quienes prestan servicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa en Evaluación Integral realizada al prestador en el\nmes de octubre de 2018, respecto al índice de continuidad se indicó que durante la visita se\nevidenció lo siguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 12, "text": "                  \n                       \n                                           Fuente: Informe de visita, Pág. 34-35.\nA su vez en el Acta de visita se indicó respecto de la continuidad del servicio de acueducto lo si-\nguiente:\n“(…)\n(…)”\nAdicionalmente, es preciso resaltar que todo prestador del servicio público de acueducto tiene\nel deber de asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y para el caso par-\nticular, teniendo en cuenta el Contrato de Condiciones Uniformes, es claro que EEPPMM DE\nTIERRALTA, tiene la obligación de prestar el servicio durante 24 horas diarias en la semana\nsiempre y cuando no existan causas de fuerza mayor, situaciones en las cuales, especificará la\nfrecuencia con que se prestará el servicio.\nCorolario a lo expuesto, según información entregada por el prestador en la visita realizada en\nel mes de octubre de 2018, para las vigencias 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 se\nprestó el servicio de acueducto durante 18 horas continuas para cada una de las zonas cada\ntres días, lo cual, genera un incumplimiento de los parámetros establecidos en el anexo técnico\ndel Contrato de Condiciones Uniformes donde se indica que la continuidad será de 24 horas al\ndía, y, adicionalmente, Ia continuidad del servicio se clasifica coma NO SATISFACTORIA (Entre\n10.1 y 18 horas/día) conforme a lo establecido en el artículo 18 de Ia Resolución 2115 de 2007.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 13, "text": "En mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó una falla en la prestación del servicio\npor falta de continuidad, debido al incumplimiento de la obligación de Ia empresa de suministrar\no distribuir agua para consumo humano de forma continua en el municipio de Tierralta en el\nperiodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2018, de conformidad los artículos 11.1 y\n136 de Ia Ley 142 de 1994 y el artículo 18 de Ia Resolución 2115 de 2007, y es con ocasión de\ntal incumplimiento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el primer cargo.\nEste tipo de infracción, se considera grave, ya que se está incumpliendo con la obligación\nprincipal del prestador de suministrar un servicio público de acueducto continuo, adicionando\nque esta falta también afectaría a los usuarios del servicio de acueducto, por cuanto la\nprovisión de agua es un objetivo fundamental para asegurar la supervivencia del ser humano,\nque está indisolublemente ligada a la posibilidad de gozar de ese recurso natural vital\ninsustituible, que al mismo tiempo es presupuesto indispensable para el disfrute de derechos\nfundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana, lo que de suyo implica que estos\nderechos se vieran lesionados ante la interrupción en la prestación; deslegitimando a su vez de\nesta manera la obligación constitucional del Estado a garantizar la eficiente prestación del\nservicio como lo indica el Artículo 366 de la Constitución Política.\n7.3.2. SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DE\nCONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA\nRESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.\n7.3.2.1. Marco normativo\nEl artículo 11 de la Ley 142 de 1994, establece la función social de la propiedad en las\nentidades prestadoras de servicios públicos, obligándolas entre otras cosas a:\n“(…)11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y\nsin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al\nusuario o a terceros (…)”.\nAunado a lo anterior, se debe señalar que el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio expidió\nla Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de\nAgua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de\n2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, en cuyo\nartículo 86 de determina:\n“Artículo 86. Presiones en la Red de Distribución. Con una frecuencia mínima\nsemanal deberá realizarse seguimiento a los resultados arrojados por los equipos de\nmedición de presión instalados en las redes, de manera que se garantice que, en\ncondiciones normales de operación, las presiones de servicio se encuentren dentro\nde los rangos establecidos.” (Subrayas de la Dirección de Investigaciones)\nPese lo anterior, se debe advertir que los artículos 257, 258 y 259 de la citada Resolución\ndeterminan que:\n“Artículo 257. Régimen de Aplicación. La presente resolución tiene aplicación para\nla planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas nuevos,\nampliaciones u optimizaciones. Para efectos de diagnósticos de sistemas existentes a\nla fecha de entrada en vigor de la presente resolución, se deberán evaluar los\nparámetros y criterios de diseño con la reglamentación con la cual fueron concebidos\no proyectados.\nArtículo 258. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha\nde su publicación, deroga las Resoluciones números\n \n  1096\n \n  de 2000, 0424 de\n2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 y cualquier\ndisposición que le sea contraria.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 14, "text": "Artículo 259. Artículo Transitorio. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la\nResolución 650 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Aquellos proyectos del\nsector de agua potable y saneamiento básico, que a la entrada en vigencia de la\npresente resolución, se encuentren en etapa de planeación, diseño o construcción,\npodrán aplicar lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones\nmodificatorias, o acogerse a lo dispuesto en esta resolución. Para sustentar la\nadopción de lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, deberá aportar copia del\ndocumento en el que se acredite la relación contractual correspondiente con el\nejecutor del proyecto, adquirida antes de la expedición de la presente resolución.\nAquellos proyectos, que a la entrada en vigencia de la presente resolución, hayan\nfinalizado su fase de planeación y diseño, les podrá ser aplicado lo dispuesto en la\nResolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias, para acometer la fase de\nconstrucción respectiva. En dicho caso, bastará con la respectiva certificación de\nrecibido a satisfacción por parte de la persona prestadora del servicio\ncorrespondiente, o de la interventoría de los diseños, en la cual se indique, que su\nfecha de entrega es anterior a la entrada en vigencia de la presente resolución.\nEn todo caso, los proyectos que a 31 de diciembre de 2019 no hayan iniciado la etapa\nde construcción o el proceso de contratación para esta, y que se les haya aplicado la\nResolución 1096 de 2000, deberán ser ajustados en todas sus etapas aplicando lo\nestablecido en la presente resolución.” (Subrayas de la Dirección de Investigaciones)\nDe los artículos previamente transcritos se advierte que la Resolución 330 de 2017 derogó,\nentre otras, la Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el\nSector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. Sin embargo, se advierte que para\nefecto de los sistemas construidos a la fecha de entrada en vigencia de la primera de las\nResoluciones citadas16, resulta aplicable lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, en la\nmedida que los mismos fueron planeados y diseñados bajo los parámetros determinados en la\naludida Resolución.\nAsí las cosas, en el presente caso resulta necesario señalar que el Reglamento Técnico del\nSector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS 2000-, fue adoptado mediante la\nResolución 1096 del 17 de noviembre del año 2000, emanada por el entonces Ministerio de\nDesarrollo Económico, estatuyendo en su artículo 2 lo siguiente:\n“ARTÍCULO 2.- OBJETO: El presente Reglamento tiene por objeto señalar los\nrequisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos\ncorrespondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus\nactividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22,\n14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras de\nlos servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga\nsus veces.” (Subrayas fuera del texto original).\nA su turno, el Título II de la Resolución 1096 de 2000, estableció\n“los requisitos, parámetros y procedimientos técnicos mínimos que obligatoriamente\ndeben reunir los diferentes procesos involucrados en la concepción, el diseño, la\nconstrucción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el\nmantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se\ndesarrollen en la República de Colombia, con el fin de que garanticen su seguridad,\ndurabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro\nde un nivel de complejidad determinado.” (Subrayas fuera del texto original).\nDentro del título en referencia, el capítulo XVIII en relación con los aspectos de operación de\nlos sistemas de acueducto, estableció en su artículo 199 el deber para las entidades\n16\n Publicada en el Diario Oficial No. 50.267 de 17 de junio de 2017.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 15, "text": "prestadoras del servicio público de acueducto de verificar las presiones en diferentes puntos de\nred, en los siguientes términos:\n“Artículo 199.- Operación. Los procedimientos y medidas pertinentes a la\noperación continua y permanente de los diferentes componentes de un\nsistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos\nestablecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que\ndeben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades\nPrestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo\npara cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el\nrespectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el\npresente Reglamento Técnico.\nParágrafo 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o su\nampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del pro-\nyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red, teniendo\nen cuenta los manuales de operación y mantenimiento.\nParágrafo 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de distribución\nse encuentre en operación y durante todo el período de vida útil de ésta, de-\nben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta lo estableci-\ndo en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud Pública,\no el que lo reemplace.”.\nCon base en lo hasta aquí referido, se concluye que el artículo 199 de la Resolución 1096 de\n2000, norma que resulta aplicable a aquellos sistemas que se encontraban construidos al\nmomento de la entada en vigencia de la Resolución 330 de 2017, impone a los prestadores del\nservicio público de acueducto la obligación de verificar las presiones en sus redes de\ndistribución mientras las mismas se encuentran en operación, por lo cual se entiende que dicha\nverificación se debe efectuar con base en la medición de las respectivas presiones.\nDe otra parte, el anexo técnico del Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa,\nexpresa lo siguiente respecto a la presión:\n“(…) El servicio de acueducto se prestará con la presión mínima establecida\nen la legislación vigente, salvo en el caso de zonas especiales con dificultades\ntécnicas por estar localizados en zonas por encima de la costa de prestación\nde servicio, en las la cuales la Empresa Prestadora especificará la frecuencia\ncon que se prestará el servicio. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en la\nResolución 0330 expedida el 8 de junio de 2017, con una presión mínima de\n10 m.c.a. (…)”\n7.3.2.2. Importancia de realizar la toma de presiones en las redes del sistema de\nacueducto.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nrealizar toma de presiones en diferentes puntos de la red del sistema de acueducto, una vez\nque la red de distribución entre en operación, y durante todo el período de vida útil del proyec-\nto, teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento, con el fin de brindar a los\nusuarios el respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el presen-\nte Reglamento Técnico.\n7.3.2.3. Análisis del Despacho.\nPor lo expuesto y teniendo en cuenta el cargo formulado, se procede a realizar un análisis de\nlas pruebas obrantes en el expediente, en aras de poder determinar si en el presente caso\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 16, "text": "hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIERRALTA, frente a la obligación de realizar\ntoma de presiones en diferentes puntos de la red del sistema de acueducto como lo establece\nla normativa vigente, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la obligación de los prestadores\nde realizar la toma de presiones en las redes del sistema de acueducto, se dejó cons-\ntancia de lo siguiente:\n“(…) Presiones en la Red\nDe acuerdo con lo evidenciado en visita, el prestador no monitoreo en las\nvigencias de análisis las presiones en puntos de red de distribución, ni\npara el primer semestre del año 2018, tampoco cuenta con instrumentos\nde medición de presión. Por lo cual no es posible analizar si actualmente\nse está cumpliendo con la presión mínima establecida en el CCU de la\nempresa (…)”. (Pág. 34)\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con Ia toma\nde presiones en las redes del sistema de acueducto, sin obtener respuesta alguna por\nparte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa en Evaluación Integral realizada al prestador en el\nmes de octubre de 2018, frente a la obligación de análisis de las presiones en los puntos de la\nred de distribución, se evidenció lo siguiente:\n                                           Fuente: Evaluación Integral, Pág. 33.\nEn igual sentido, a folio 37 de la citada evaluación integral, la Dirección Técnica identificó lo si-\nguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 17, "text": " \n               \nPor su parte en el Acta de la visita se dejo constancia del hallazgo en los mismos términos.\nLo anterior afecta claramente la correcta operación de las redes, pues el prestador desconoce\nlas presiones al interior de estas y no puede tener certeza de que el agua suministrada a los\nusuarios cuente con una presión igual o superior a la presión mínima definida tanto en el\nContrato de Condiciones Uniforme de la empresa como en la Resolución 1096 de 2000;\nsumado a que tampoco puede realizar una gestión adecuada para la disminución de las\npérdidas de agua asociadas con fugas en el sistema de acueducto debido a esta omisión.\nCorolario a lo expuesto, según información entregada por el prestador en la vista de inspección\ny vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de\nEvaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de\n2018, el prestador no monitoreó en las vigencias de análisis, ni para el primer semestre del\naño 2018, las presiones en puntos de red de distribución, y tampoco cuenta con instrumentos\nde medición de presión.\nLa no medición de la presión en los diferentes puntos de la red de distribución, resulta ser una\nconducta grave en la medida en que conlleva a un desconocimiento por parte de EEPPMM DE\nTIERRALTA de las presiones, que puede incidir en dificultades para realizar maniobras\noperativas con el fin de disminuir las pérdidas de agua en el sistema  y también, en caso de\nque la presión sea baja, se puede afectar a los usuarios respecto a la calidad y continuidad del\nservicio de acueducto que se les presta, por ende, es obligación de la Investigada realizar un\nmonitoreo permanente de las presiones en las redes de distribución con el fin de tener un\ncontrol activo de la operación del sistema.\nEn mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó incumplimiento por parte de la prestado-\nra a Ia obligación de realizar la toma de presiones en las redes del sistema de acueducto del\nmunicipio de Tierralta, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 199 de la Resolución\n1096 de 2000 para el primer semestre de la vigencia 2018 y aun para el momento de la visita 8\nal 10 de octubre de 2018, pues esta falta impediría que el prestador asegure la prestación de\nun servicio bajo los criterios de calidad y continuidad exigidos según Ia reglamentación vigente\n(artículo 11 de la Ley 142 de 1994), y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser\nsancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el segundo cargo.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 18, "text": "7.3.3. TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALI-\nZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA ENTRADA NI SALIDA\nDEL PTAP.\n       \n7.3.3.1 Marco normativo\nLa Resolución No. 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector\nde Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, hace referencia a la obligación que tienen las\nempresas prestadoras del servicio público de acueducto de realizar macromedición, de la si-\nguiente manera:\n“(…) ARTÍCULO 86.- MACROMEDICIÒN (modificado por el artículo 1 de la\nResolución 688 del 19 de junio de 2003). Debido a que los volúmenes, las\npresiones y los niveles entregados al sistema de distribución de agua potable son\nun parámetro importante que debe ser considerado en la relación de balance de\ndistribución, en las labores de operación y mantenimiento y en la planeación\nfutura, se deben instalar macromedidores para la correspondiente obtención de\ndatos de suministros reales.\nEn los sistemas de acueducto y para todos los niveles de complejidad del siste-\nma, debe hacerse macromedición de acuerdo con los siguientes criterios:\n1) Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de\ncaptación de agua superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora o\narchivo magnético dicha medición.\n2) Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento y\nregistrar en el libro de bitácora a archivo magnético el caudal que ingresa al siste-\nma per lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.\n3) Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de tratamiento y\nregistrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal de agua tratada su-\nministrada por lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.\n4) En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas\ndiferentes, se deben instalar macromedidores al inicio de la red concedida y\nregistrar en el libro de bitácora archivo magnético los datos, con el fin de\ncontabilizar el agua que esta siendo entregada a cada una de ellas\n5) En los tanques de almacenamiento y la compensación se deben instalar medi-\ndores de forma que permita medir en cualquier momento el nivel del agua (…)”\nEs importante anotar que aunque la referida Resolución 1096 de 2000 fue derogada mediante\nIa Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta Io dispuesto en el artículo 257 de esta últi-\nma para la evaluación de los sistemas existentes a la fecha de entrada en vigencia de Ia mis-\nma, el cual a su tenor literal dispone:\n“(…) Articulo 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene\naplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de\nsistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones. Para efectos de\ndiagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la\npresente resolución se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño\ncon la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados (…)\".\nARTÍCULO 258. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a\npartir de la fecha de su publicación, deroga las Resoluciones\nnúmeros\n \n  1096\n \n  de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de\n2005 y 2320 de 2009 y cualquier disposición que le sea contraria.\n \nARTÍCULO 259. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo adicionado por el\nartículo 1 de la Resolución 650 de 2017. El nuevo texto es el\nsiguiente:> Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento\nbásico, que a la entrada en vigencia de la presente resolución, se encuentren\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 19, "text": "en etapa de planeación, diseño o construcción, podrán aplicar lo dispuesto en\nla Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias, o acogerse a\nlo dispuesto en esta resolución. Para sustentar la adopción de lo dispuesto en\nla Resolución 1096 de 2000, deberá aportar copia del documento en el que\nse acredite la relación contractual correspondiente con el ejecutor del\nproyecto, adquirida antes de la expedición de la presente resolución.\n \nAquellos proyectos, que a la entrada en vigencia de la presente resolución,\nhayan finalizado su fase de planeación y diseño, les podrá ser aplicado lo\ndispuesto en la Resolución 1096 de 2000 y sus resoluciones modificatorias,\npara acometer la fase de construcción respectiva. En dicho caso, bastará con\nla respectiva certificación de recibido a satisfacción por parte de la persona\nprestadora del servicio correspondiente, o de la interventoría de los diseños,\nen la cual se indique, que su fecha de entrega es anterior a la entrada en\nvigencia de la presente resolución.\n \nEn todo caso, los proyectos que a 31 de diciembre de 2019 no hayan iniciado\nla etapa de construcción o el proceso de contratación para esta, y que se les\nhaya aplicado la Resolución 1096 de 2000, deberán ser ajustados en todas\nsus etapas aplicando lo establecido en la presente resolución.” (Subrayas\nfuera del texto )\n \nDe los artículos previamente transcritos se advierte que la Resolución 330 de 2017 derogó,\nentre otras, la Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el\nSector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. Sin embargo, se advierte que para\nefecto de los sistemas construidos a la fecha de entrada en vigencia de la primera de las\nResoluciones citadas17, resulta aplicable lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000, en la\nmedida que los mismos fueron planeados y diseñados bajo los parámetros determinados en la\naludida Resolución.\nSin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar de igual manera lo establecido en el artículo\n73, de la Resolución 330 de 2017, en el cual, también se especifica lo siguiente:\n“ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar\ninstrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del\ntipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos.\nLa medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:\n.1\nEn la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.\n.2\nEn la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.\n.3\nEn la salida de las plantas de tratamiento.\n.4\nEn la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.\n.5\nEn la salida de los tanques de almacenamiento”.\n.6\nSiguiendo la misma línea, la Resolución CRA 151 de 2001 \"Regulación integral de los\nservicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo\", en sus artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 indica\nque todas las personas prestadoras del servicio de acueducto deben realizar programas de\nmacromedición y los respectivos plazos para iniciar, complementar y concluir con los\nprogramas, a saber:\n\"(…) ARTICULO 2.1.1.8 PROGRAMAS DE MACROMEDICION. Todas las\npersonas prestadoras deben realizar programas de macromedición. Los\ninstrumentos de macromedición deben estar presentes por lo menos a la salida de\nla planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de pozos profundos.\nARTICULO 2.1.1.9 PLAZO DE LOS PROGRAMAS DE MACROMEDICIÓN. Las\npersonas prestadoras del servicio disponen de un plazo de un (1) año contado a\npartir del 22 de Julio de 1997, para iniciar o complementar programas de\n17\n Publicada en el Diario Oficial No. 50.267 de 17 de junio de 2017.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 20, "text": "macromedición, en concordancia can esta resolución, y de máximo tres (3) años\npara concluirlos, y deberán ajustarse a lo estipulado por las normas que le seas\ncomplementarias (…)\".\n7.3.3.2. Importancia de realizar macromedición\nLa macromedición puede entenderse como el conjunto de equipos, elementos y actividades\nque permiten obtener, analizar y divulgar datos operacionales relativos a los caudales,\nvolúmenes, presiones y niveles de agua en los sistemas de abastecimiento18.\nLos datos que se obtienen de esta medición permiten adelantar una adecuada gestión del\nagua, así como la obtención de información cierta y confiable sobre los caudales utilizados en\ncada una de las diferentes partes que conforman el sistema de abastecimiento (salida\nbocatoma, entrada y salida de la planta de tratamiento de agua, entrada y salida de tanques de\nalmacenamiento, entre otros). En ese orden, la macromedición resulta entonces, especialmente\nimportante para lograr el uso eficiente del recurso en lugares donde la disponibilidad pueda\nresultar inferior a la demanda potencial en un periodo determinado, así como para contribuir al\nmejoramiento tecnológico, administrativo y económico de las empresas prestadoras del servicio\nde acueducto.19\nLa importancia de la macromedición, demanda que los prestadores del servicio público de\nacueducto la realicen de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, toda vez que\ncon dicha información se logran establecer varios factores, entre ellos, el nivel de pérdidas de\nagua con relación a la totalidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la\ncantidad de agua que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes\nsectores, lo que a su vez permite determinar el nivel de pérdidas técnicas y comerciales en los\nque está incurriendo el prestador.\n7.3.3.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nrealizar programas de macromedición, y los instrumentos de macromedición deben estar\npresentes por lo menos a la salida de la planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de\npozos profundos.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de realizar la medición de los caudales en la captación, entrada\ny salida de la PTAP, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) \nQue a través de informe de Evaluación Integral a folios 22 y 25, con relación a la\nobligación de realizar programas de macromedición, se dejó constancia de lo siguien-\nte:\n“(…) 3.1.2 Captación\n18\n Revista Técnica Ingeniería, Universidad de Zulia, Maracaibo, año 2009 v.32 n.2.\n19\n Vicente Blanca Giménez, Recursos para la instalación de redes de abastecimiento y Saneamiento, Ediciones Paraninfo, año\n2014, Madrid.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 21, "text": "La captación para la PTAP se realiza mediante bombas de succión so-\nbre el Río Sinú, actualmente se desconoce el caudal de captación ya\nque no se cuenta con ningún tipo de instrumento de medición. El siste-\nma de captación cuenta con tres bombas cada una con capacidad de\n40 HP, actualmente se opera con dos bombas mientras una está en\nstand by. Las tres tuberías correspondientes a las bombas succionan a\n12 pulgadas y conducen el agua en 8 pulgadas. Según lo analizado en\nvisita, cada ocho horas se hace intercambio de bombas para dejar en\nstand by una diferente (…)”.\nMedición de caudal a la entrada de la PTAP:\n“(…) 3.1.5 Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP\nLa PTAP es de tipo convencional cuenta con una capacidad instalada\nde 100 l/s. Durante la visita, se pudo evidenciar que los operarios de la\nPTAP desconocen la capacidad instalada de la planta, teniendo en\ncuenta que no se usa ningún instrumento para medir el caudal de en-\ntrada y salida, de acuerdo a lo informado por el prestador esta planta\nfue optimizada entre los años 2015 a 2017 adelantada por el PDA (...)”.\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la me-\ndición de los caudales en la captación, entrada y salida de la PTAP, sin obtener res-\npuesta alguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa en la Evaluación Integral realizada al prestador en el\nmes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar programas de macromedición, se evi-\ndenció lo siguiente:\n    \n          \nFuente: Informe de visita Pág. 32.\n        \nFuente: Informe de visita Pág. 35.\nPor su parte en el Acta de la Visita se dejó constancia del hallazgo relacionado con macromedi-\nción en los siguientes términos:\n“(…)\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 22, "text": "(…)\n(…)\n(….)”\nDe acuerdo con lo anterior, y según lo consagrado en el Acta de la vista inspección y vigilancia\nrealizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y en el Informe de Evaluación In-\ntegral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018; este Des-\npacho encuentra que el prestador no cuenta con ningún tipo de instrumento de medición del\ncaudal  en la captación, ni en la entrada y salida en la sistema de tratamiento para distribución\na red, lo que imposibilita conocer el caudal de captación y la capacidad instalada de la Planta\nde Tratamiento de Agua Potable; sumado a que la falta de macromedición impide conocer con\ncerteza los caudales captados, tratados y suministrados a los usuarios, lo que a su vez impide\nobtener información relacionada con las pérdidas de agua. Esto incide directamente en la ope-\nración del sistema, toda vez que el prestador debe conocer con certeza cuánta agua se tiene\nen cada una de las actividades asociadas con el servicio de acueducto (captación, aducción,\ntratamiento conducción, distribución y almacenamiento).\nCon base en todo lo expuesto, el Despacho evidencia que EEPPMM DE TIERRALTA incum-\nplió Ia obligación de realizar la medición de caudales en Ia captación, de la entrada y salida del\nsistema de tratamiento para distribución a red, de conformidad con lo establecido en el artículo\n86 de la Resolución 1096 de 2000, toda vez que no se realiza la medición de los caudales a lo\nlargo de la cadena de suministro del servicio de acueducto y con los argumentos esbozados\npor la Investigada no se desvirtúo el presente cargo.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 23, "text": "En mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte de la prestadora a\nIa obligación de realizar la mediación de caudales en Ia captación, en la entrada y salida del\nsistema de tratamiento para distribución a red, de conformidad con lo establecido en el artículo\n86 de la Resolución 1096 de 2000, como consta en el Acta de la vista inspección y vigilancia\nrealizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y es con ocasión de tal incumpli-\nmiento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el tercer cargo.\n7.3.4. CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALI-\nZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA CON UNA FRE-\nCUENCIA DETERMINADA.\n       \n7.3.4.1 Marco normativo\nEl Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de\nla Calidad del Agua para Consumo Humano”, en su artículo 9, establece las responsabilidades\nde las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, de la\nsiguiente forma:\n“(…) Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas\nprestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, en\nrelación con el control sobre la calidad del agua para consumo humano, sin\nperjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 1994 y las\ndisposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir\nlas siguientes acciones:\n.1\nRealizar el control de las características físicas, químicas y microbioló-\ngicas del agua para consumo humano, como también de las características\nadicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanita-\nria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del presente\ndecreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cual-\nquiera de los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época\ndel año (…)”.\nAdicionalmente, la Resolución 2115 de 2017 “Por medio de la cual se señalan características,\ninstrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua\npara consumo humano.”, en sus artículos 21 y 22, hace referencia a la frecuencia y numero de\nmuestras de control de la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo\nhumano que debe ejercer la persona prestadora de acuerdo con la población atendida, en los\nsiguientes términos:\n“(…) ARTÍCULO 21º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE CON-\nTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO\nHUMANO QUE DEBE EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control de\nlos análisis físicos y químicos debe realizarse en la red de distribución por par-\nte de las personas prestadoras. Se sujetará como mínimo a las siguientes fre-\ncuencias y número de muestras de acuerdo con la población atendida, el\nmapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.\nCuadro Nº. 11 Frecuencias y número de muestras de control de la calidad\nfísica y química del agua para consumo humano que debe ejercer la per-\nsona prestadora en la red de distribución.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 24, "text": "", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 25, "text": "PARÁGRAFO 1. Para las personas prestadoras que utilizan sales metálicas de hierro y\naluminio como coagulante se cumplirán las frecuencias establecidas en el cuadro Nº.11\nde la presente Resolución. Cuando se utilice otro coagulante, las frecuencias mínimas\npara la medición del coagulante serán:\nPARÁGRAFO 2. Aquellas personas prestadoras que suministren o distribuyen\nagua para consumo humano por medios diferentes a una red de distribución, de-\nberán cumplir con las frecuencias mínimas, número mínimo de muestras y valo-\nres admisibles señalados en la presente Resolución de conformidad con la pobla-\nción atendida.\nPARÁGRAFO 3. Independientemente del sistema de suministro de agua, la per-\nsona prestadora que suministra o distribuya agua para consumo humano a dife-\nrentes municipios, realizará los análisis del control para cada uno de ellos, tenien-\ndo en cuenta el número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia de\nacuerdo con la población atendida.\nPARÁGRAFO 4. Para el análisis del control en un municipio donde exista más de\nuna persona prestadora, se tendrá en cuenta el número de población atendida\npor cada prestador en ese municipio.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 26, "text": "ARTÍCULO 22º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE CONTROL\nDE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO\nQUE DEBE EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control para los análisis\nmicrobiológicos de coliformes totales y E.coli a realizar al agua para consumo hu-\nmano por las personas prestadoras en la red de distribución, se sujetará como\nmínimo, a las frecuencias y número de muestras de acuerdo con la población\natendida, definidos en el cuadro Nº.12 de la presente Resolución.\nCuadro Nº.12 Frecuencias y número de muestras de control para los análi-\nsis microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli que deben ejercer las\npersonas prestadoras en la red de distribución\nPARÁGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de\nGiardia y Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el fin\nde determinar si es necesario realizar el control en el agua para consumo huma-\nno. Si se determina que es necesario el control, el mapa de riesgo deberá deter-\nminar la frecuencia y el número mínimos de muestras a analizar por cada fre-\ncuencia. (…)”\n7.3.4.2. Importancia de realizar muestras de control.\nEl control de calidad del agua consiste la verificación que realiza el prestador de las\ncaracterísticas físicas químicas y microbiológicas para garantizar que el agua para consumo\nhumano cumpla con los requisitos establecidos en las normas vigentes, así el control le permite\na la empresa tomar de forma oportuna las medidas correctivas, con el fin de que se logre\nmantener la calidad del agua suministrada.\n \nEl programa de control de calidad del agua es un instrumento de evaluación que debe incluir\nprincipalmente, pero no exclusivamente, las actividades siguientes:\na) Control del cloro residual en el sistema de producción y distribución, y en camiones cisterna\nde la EPS.\nb) Control de la calidad microbiológica del agua a la salida del sistema de producción y en el\nsistema de distribución.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 27, "text": "c) Control de la calidad física y química del agua en el sistema de producción y en el sistema\nde distribución.\nd) Inspecciones Sanitarias en el sistema de producción y en el sistema de distribución.\ne) Constatación del cumplimiento del programa de limpieza de reservorios y purga de redes de\ndistribución.\nf) Control de la calidad de los productos químicos usados en el tratamiento y desinfección del\nagua20.\nAunado a lo anterior, la Corte Constitucional determina en forma clara la relevancia de que tie-\nne realizar las muestras de control cuando afirma:\n“Lo anterior permite concluir que de los resultados obtenidos no puede desprenderse\ncerteza sobre la potabilidad y salubridad del agua, en tanto no se está efectuando un\ncontrol periódico, constante y rutinario, del cual pueda extraerse con exactitud las bue-\nnas condiciones del líquido suministrado conforme los requisitos mínimos técnicos exigi-\ndos para tal fin. Esta circunstancia, puede acarrear incuestionables perjuicios a la salud\ny a la vida de sus pobladores incluida la peticionaria y su núcleo familiar, en tanto no se\nestán cumpliendo los estándares establecidos en la norma que precisamente buscan\nejercer un control preventivo sobre el suministro de agua apta para el consumo huma-\nno, con la finalidad de evitar consecuencias adversas en el bienestar de los usuarios.\nEn este sentido, existe evidentemente la necesidad de adoptar correctivos y medidas\noportunas de prevención que eviten precisamente la ocurrencia de un daño grave21\nPor lo enunciado hasta aquí, se concluye que es de gran importancia que el prestador que\nsuministre o distribuya agua potable realice el auto control de la calidad del agua de forma\nrutinaria, con el fin de que pueda tomar de forma oportuna las acciones correctivas y evitar de\nlos riesgos para la salud humana.\n7.3.4.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nrealizar la toma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia determinada;\nasí en aras de poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de\nEEPPMM DE TIERRALTA, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el\nexpediente, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 38 y 39, con relación a la obligación\nde realizar la toma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia de-\nterminada, se dejó constancia de lo siguiente:\n20 http://www.monog\n \n rafias.com/trabajos82/controlcalidadaguaspotables/controlcalidadaguas\npotables.shtml#ixzz4hMfgZ4PN\n21\n T028-14.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 28, "text": "“(…) Control de la Calidad del Agua Distribuida por Red\nEl prestador no cuenta con laboratorio propio para el análisis de las\nmuestras de control, por lo cual las muestras de control son llevadas al\nlaboratorio AMBIELAB LTDA el cual se encuentra certificado según la\nResolución 1615 de 2015 y participa en el PICCAP.\nDurante la visita se pudo evidenciar que el prestador realiza dos mues-\ntreos mensuales, cabe mencionar que el prestador solamente entregó\nlos análisis para lo corrido del año 2018.\nAhora bien, teniendo en cuenta que la población atendida por el presta-\ndor esta entre 20000(sic) y \n (sic) personas, se debe tener la si-\nguiente frecuencia de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2115\nde 2007:\nNo obstante, al revisar los resultados de las muestras de control en red\nentregadas en visita y reportadas al SUI – en total 92 muestras para las\nvigencias realizadas, se evidencio que el prestador presuntamente no\ncumplió con las frecuencias mínimas para la vigencia 2018 ni para\n2016 y 2017 (…)”\n(iii) El 23 de octubre de 2018 mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la fre-\ncuencia de la toma de muestras de control de calidad del agua, sin obtener respuesta\nalguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa a folio 7 del Acta de Visita realizada al prestador en el\nmes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar la toma de muestras de control de\ncalidad de agua, se evidenció lo siguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 29, "text": "Es oportuno resaltar, que según el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la\nDTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en\nel Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, el prestador no realizó la\ntoma de muestras de control de calidad del agua con una frecuencia exigida, motivo por el cual\nno es posible determinar si el agua suministrada a los usuarios cuenta  con  concentraciones\npermisibles  de estos parámetros  o  si,  por el  contrario,  las concentraciones de estos se\nencuentran por fuera de los rangos admisibles y suponen un riesgo para la salud humana.\nRespecto de las pruebas aportadas por la Investigada, este Despacho debe poner de presente\nque no desvirtúan el cargo en razón a que, corresponden resultados de las muestras de\nlaboratorio tomadas los días 07/06/2019; 17/07/2019, 30/10/2019; 19/09/2019, documentos que\nno controvierten los hechos investigados, pues como se evidencia corresponderían a hechos\nde modo, tiempo y lugar diferentes a los que son objeto de investigación (muestras de control\ntomadas en la vigencia 2018), lo que indica que estas pruebas NO son pertinentes en la\nmedida que no tienen una relación directa con los hechos investigados.\nAunado a lo expuesto, es preciso resaltar que para una población entre 20.001 y 100.000 habi-\ntantes de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2115 de 2007, al prestador le correspon-\nde realizar el muestreo y análisis de 1 muestra con frecuencia diaria de los parámetros turbie-\ndad, color aparente, PH, cloro residual litre, coliformes totales, olor y sabor y Coliformes feca-\nles. Asimismo, debe realizar el muestreo y análisis de 1 muestra con frecuencia quincenal de\nlos parámetros alcalinidad total, cloruros, dureza total y hierro. Finalmente, en caso de que se\ntuviese un mapa de riesgo diseñado por Ia autoridad sanitaria correspondiente, el prestador\ndebería realizar el muestreo y análisis de aquellas características físicas, químicas y microbio-\nlógicas que este acto determine.\nPor lo anterior, es claro que las empresas prestadoras deben realizar el control de la calidad\ndel agua i) durante el proceso de tratamiento, con el fin de verificar que éste se esté realizando\nadecuadamente y que una vez tratada , el agua se apta para consumo humano y ii) en la red\nde distribución, con el fin de verificar que una vez el agua tratada sale de la planta de trata-\nmiento e ingresa a las redes, no se contamine por eventos externos ( biopelículas en las pare-\ndes de las tuberías, ingreso de contaminantes a las redes de distribución, entre otras).\nSe considera que la conducta es grave, toda vez que al omitir efectuar las muestras de control\nde las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, es-\ntaría desconociendo la calidad del agua que suministra a sus usuarios, lo que impide a la In-\nvestigada tomar acciones para mejorar, todo lo que redunda en que se pone en riesgo la cali-\ndad del servicio prestado y lo que es más grave la salud de los usuarios.\nEn mérito de lo expuesto, es evidente que EEPPMM DE TIERRALTA incumplió Ia obligación\nde realizar la toma de muestras de control de calidad del agua con la frecuencia exigida, de\nconformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1575 de 2007 y los artículos 21 y 22\nde la Resolución 2115 de 2007, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser\nsancionada la EEPPMM DE TIERRALTA por el cuarto cargo.\n7.3.5. QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MA-\nNUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 30, "text": "ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199\nY 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.\n       \n7.3.5.1 Marco normativo\nLa Resolución 1096 de 2000 “por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de\nagua potable y saneamiento básico” en sus artículos 199 y 202, indica lo siguiente:\n“(…) ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas\npertinentes a la operación continua y permanente de los diferentes\ncomponentes de un sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán\nlos requerimientos establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales\nde operación que deben tener disponibles en todo momento los operadores de\nlas Entidades Prestadoras de los servicios municipales de acueducto,\nalcantarillado y aseo para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar\na los usuarios el respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad\nexigidos en el presente Reglamento Técnico.\nPARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o su\nampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del\nproyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,\nteniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.\nPARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de distribución\nse encuentre en operación y durante todo el período de vida útil de ésta,\ndeben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta lo\nestablecido en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud\nPública, o el que lo reemplace.”\n“ARTÍCULO 202.- MANTENIMIENTO. Los procedimientos y medidas\npertinentes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los\ndiferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento básico\nseguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Instalación y los\nManuales de Operación y Mantenimiento que deben tener disponibles en todo\nmomento los operadores de las Entidades Prestadoras de los servicios\nmunicipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de sus\ncomponentes en el caso de sistemas que están en operación. O los\nsuministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al entregar\na la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron\ncontratados, para el caso de las obras nuevas a partir de la vigencia de este\nreglamento.” (…)” (se subraya).\nSobre la observancia a la normatividad de la resolución 1096 de 2000 es importante aclarar\nque, si bien esta fue derogada mediante Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta lo\ndispuesto en el artículo 257 de esta última para la evaluación de los sistemas existentes a la\nfecha de entrada en vigencia de la misma, el cual a su tenor literal dispone:\n“(…) ARTICULO 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene\naplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de\nsistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones.  Para efectos de\ndiagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la\npresente resolución, se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño\ncon la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados (…)”.\n7.3.5.2 Importancia de los manuales de operación y mantenimiento para el sistema de\nacueducto y alcantarillado.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 31, "text": "El manual de operaciones y mantenimiento tiene como objetivo describir todas las actividades\nnecesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de los servicios públicos\ndomiciliarios, encaminados a prevenir y corregir las fallas en los mismos.\nUna adecuada aplicación de los manuales conlleva una operación optima que es garantía de\nun servicio de calidad. Una operación deficiente se refleja en un servicio de mala calidad para\nla población que accede al mismo, genera una disminución de la vida útil de las infraestructuras\ny por consiguiente un mayor gasto para la empresa que no permite prestar un servicio eficiente\na los usuarios.\n \nEl mal funcionamiento de los sistemas tiene un costo financiero y social en términos de trabajo\nperdido y enfermedades, cuando los beneficiarios deben abastecerse de fuentes contaminadas\no sacrificar su higiene básica por cortes en el servicio. Este tipo de problemas incide\ndirectamente en la salud de la población y en los costos sociales y económicos que esto\nconlleva22.\nPor lo anterior, es de obligatorio cumplimiento que las Empresas que presten los servicios de\nacueducto y alcantarillado cuenten con manuales de operación y mantenimiento toda vez que,\npermiten asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de los distintos componentes de los\nsistemas de acueducto y alcantarillado para las diferentes condiciones de operación normal y/o\nde emergencia que puedan ocurrir a lo largo de la vida útil las estructuras.\n7.3.5.3. Análisis del Despacho.\nTodas las empresas prestadoras de servicios públicos deben prestar los servicios bajo\ncondiciones de continuidad y eficiencia; lo anterior obliga a los prestadores no solamente a la\noperación de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado, sino que también se debe realizar el\nadecuado mantenimiento de la totalidad de la infraestructura asociada con estos sistemas, es\nasí que la realización conjunta e integral de estas actividades de operación y mantenimiento es\nlo que permite que la infraestructura funcione adecuadamente.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de contar con manuales de operación y mantenimiento para los\nsistemas de acueducto y alcantarillado, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 28,33 y 42, con relación a la obliga-\nción de realizar programas de macromedición, indicó que:\n“(…) Manuales de Operación y Mantenimiento de la PTAP\nCon respecto al manual de operación y mantenimiento de la PTAP, el\nprestador no entregó ningún documento que hiciera referencia a lo\nmencionado. Asimismo, no se entregó el cronograma de actividades de\nmantenimiento de las estructuras de la PTAP para las vigencias de\nanálisis ni de soportes de mantenimiento de la PTAP.\n(…)\n22\n  CARE Internacional en Ecuador, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua, Módulo 5. Año 2012.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 32, "text": "3.1.8. Manual de Operación y Mantenimiento de Redes de Agua Po-\ntable\nCon respecto al manual de operación y mantenimiento de redes de\nagua potable, el prestador no entregó el documento correspondiente a\nlo mencionado, por lo cual presuntamente no cuenta con este incum-\npliendo con lo establecido en el artículo 33 de la Resolución 1096 de\n2000, derogada por la Resolución 330 de 2017.\n(…)\nMantenimiento del Sistema de Alcantarillado.\nDe acuerdo con lo evidenciado en visita y el análisis de los documentos\nentregados por el prestador, presuntamente no se cuenta con un ma-\nnual de operación y mantenimiento del sistema de acueducto y asimis-\nmo no se cuenta con cronograma de actividades desarrolladas para las\nvigencias analizadas. Lo anterior incumple con lo establecido en la Re-\nsolución 1096 de 2000, derogada por la Resolución 330 de 2017 con\nrespecto al mantenimiento de los sistemas (…)”.\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el de-\nber de las empresas de contar con manuales de operación para los sistemas de acue-\nducto y alcantarillado, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa a folio 42 de la Evaluación Intrgral, se evidenció lo si-\nguiente:\n                 \nAnalizada el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10\nde octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No.\n20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se evidencia que la Investigada no contaba\ncon los manuales de operación y/o mantenimiento para los sistemas de acueducto y\nalcantarillado; situación que imposibilitó a la Dirección Técnica  evidenciar la puesta en marcha\nde las actividades de mantenimiento para la infraestructura por parte de EEPPMM DE\nTIERRALTA, de conformidad con los artículos 199 y 202 de la Resolución No. 1096 de 2000,\nen el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2018 y aun en el momento de la\nVisita realizada por esta SSPD.  \nAunado a lo expuesto, y al evaluar las pruebas aportadas por la Empresa el Despacho\nencuentra que la omisión de la empresa evidenciada en visita de inspección y vigilancia\nrealizada por parte de la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 no ha sido desvirtuada\ntoda vez que los manuales operativos y de mantenimiento de la planta de tratamiento, sistema\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 33, "text": "de alcantarillado y del sistema de acueducto aportados como prueba, corresponden al año\n2019,  por lo que este  Despacho estima pertinente aclararle a la Investigada que esta\nactuación administrativa tiene como fundamento la ocurrencia de un incumplimiento originado\nen un determinado período, convirtiéndose ello en el centro de la discusión, por tal motivo el\nhecho de que en el trámite de la respectiva investigación la Empresa hubiera tomado los\ncorrectivos necesarios para cesar el incumplimiento, ello no afecta el fundamento de la\nactuación, pues simplemente reafirma la inobservancia de la normatividad pertinente durante\nun lapso específico, y ello es lo que da origen al incumplimiento.\nImágenes de los documentos aportados por la Empresa:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 34, "text": "                 \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 35, "text": "Adicionalmente tampoco desvirtúa el cargo el documento aportado por la Empresa\ndenominado “CARTILLA OPERATIVA- MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS”,\nenrazón a que no corresponde a los manuales de operación y mantenimiento para los\nsistemas de acueducto y alcantarillado, objeto de reproche en el presente cargo.\nPor lo anterior, se tiene la Investigada no acreditó tener para la época de los hechos objeto de\ninvestigación, los manuales de operación y mantenimiento del sistema de acueducto y alcanta-\nrillado, necesario para la debida operación y mantenimiento de esos sistemas, desconociendo\nlo preceptuado en los artículos 199 y 202 de la Resolución 1096 de 2000, razón por la cual este\ncargo prospera y la Investigada será objeto de sanción.\n7.3.6. SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON CA-\nTASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CON-\nFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.\n      \n7.3.6.1 Marco normativo\nLa Resolución No. 1096 de 2000 “por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de\nagua potable y saneamiento básico” en su artículo 102, establece:\n“(…) ARTÍCULO 102.- CATASTRO DE REDES. Debe contarse con un\ncatastro de la red actualizado que incluya un inventario de las tuberías\nexistentes, su localización y el mayor número de anotaciones posible para\ncada accesorio considerado estratégico en la operación como: tipo de\naccesorio, material, profundidad y año de instalación. Este catastro debe\nincluir además las válvulas e hidrantes que formen parte de la red de\ndistribución (…)” (Subrayado por fuera del texto original).\nSobre la observancia a la normatividad de la resolución 1096 de 2000 es importante aclarar\nque, si bien esta fue derogada mediante Resolución 330 de 2017, debe tenerse en cuenta lo\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 36, "text": "dispuesto en el artículo 257 de esta última para la evaluación de los sistemas existentes a la\nfecha de entrada en vigencia de la misma, el cual a su tenor literal dispone:\n“ARTICULO 257. Régimen de aplicación. La presente resolución tiene\naplicación para la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de\nsistemas nuevos, ampliaciones u optimizaciones.  Para efectos de\ndiagnósticos de sistemas existentes a la fecha de entrada en vigor de la\npresente resolución, se deberán evaluar los parámetros y criterios de diseño\ncon la reglamentación con la cual fueron concebidos o proyectados”.\nDe acuerdo con lo anterior, los prestadores tienen la obligación de contar con un catastro de la\nred de acueducto actualizado, que incluya un inventario de las tuberías existentes, su\nlocalización y el mayor número de anotaciones posible para cada accesorio considerado\nestratégico en la operación como: tipo de accesorio, material, profundidad y año de instalación.\n7.3.6.2. Importancia de contar con un catastro de redes.\nEl catastro de redes consiste en el registro de todos los componentes utilizados por las\nempresas de servicios públicos para la prestación del mismo, incluyendo la descripción de la\ninfraestructura, equipos, y redes de distribución. La información obtenida debe ser archivada de\nmodo que permita un eficiente y ágil proceso de actualización y que proporcione datos\noportunos para la operación y mantenimiento de la infraestructura física de los sistemas de\nagua potable usados por los prestadores.23\nEl registro de redes, constituye entonces una descripción de la realidad de las instalaciones de\nlas redes de acueducto y alcantarillado, que permite determinar la ubicación y trazados de la\ninfraestructura que no se encuentra a la vista por estar subterránea, así como de los de los\nelementos que la componen, y los materiales, características físicas y técnicas de los mismos.\nUn adecuado catastro de redes permite elaborar planes de desarrollo y expansión de la\ninfraestructura para proveer el servicio, identificar la capacidad técnica del sistema, realizar\nmantenimientos preventivos, y reparar oportunamente fugas de agua entre otras.\nEn ese orden, puede afirmarse que “Todas las operaciones técnicas en un sistema de\nacueducto y alcantarillado están en mayor o menor medida basadas en el conocimiento de la\nred. Una operación realizada desconociendo la ubicación de accesorios y de la tubería y de la\nconformación de la red, en sí genera el riesgo de agravar el problema por mala operación con\nla consiguiente elevación de los costos de operación”. 24\nEn ese orden, un catastro de redes actualizado significa, para las empresas prestadoras de los\nservicios públicos de acueducto y alcantarillado, (i) conocer las variables topológicas de la red\n(incluyendo los diámetros, las longitudes, las rugosidades absolutas, y los coeficientes de\npérdidas menores); (ii) conocer la infraestructura que en gran medida yace subterránea, (iii)\nrealizar un gerenciamiento de las redes (controles del índice de agua no contabilizado); (iv)\nhacer ampliaciones, extensiones, y reparaciones en el sistema; y (v) realizar análisis de\ninterferencias subterráneas en la etapa de diseño de nuevas redes; facilitando con todo esto la\nplanificación y la operatividad de los servicios.\n7.3.6.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\ncontar con un catastro de la red de acueducto actualizado, que incluya un inventario de las\ntuberías existentes, su localización y el mayor número de anotaciones posible para cada\n23\n Latinaguas, Procedimiento en Catastro de Redes, Ing. Vladimir Laura Delgado, Pg. 2\n24\n Fiduciaria Bogotá, Anexo Técnico catastro de redes y de la infraestructura afecta a la prestación de los servicios\nde acueducto y alcantarillado, pdf.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 37, "text": "accesorio considerado estratégico en la operación como: tipo de accesorio, material,\nprofundidad y año de instalación.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de contar con un catastro de redes de los sistemas de acueduc-\nto y alcantarillado de conformidad con el artículo 102 de la resolución no. 1096 de 2000, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) A folios 32 y 40 del Informe de Evaluación Integral la Dirección Técnica indicó:\n“(…) Actualmente, el municipio se encuentra divido en tres zonas. Cabe mencio-\nnar que el prestador desconoce el catastro de redes, en visita argumentó que\nquien tiene la información es el PDA, por lo cual ellos no cuentan con documen-\ntos del catastro de redes. Por lo anterior, no fue posible analizar la distribución\nde materiales de la red de acueducto y su estado actual\n(…)\n1.3.2\nRedes del sistema de alcantarillado\nDe acuerdo a lo evidenciado en visita y analizando la información entregada por\nel prestador, se pudo concluir que se desconoce totalmente el catastro de redes\ndel sistema de alcantarillado, actualmente la empresa no cuenta con un registro\no documento donde se especifique el material de las tuberías, su longitud y diá-\nmetros, lo que presuntamente incumple con lo estipulado en la Resolución 1096\nde 2000, derogada por la Resolución 330 de 2017. (…)”\nPor su parte en la visita se dejó evidencia del hallazgo en los siguientes términos:\nActa de visita, Pág. 24\n(iv) En Pliego de Cargos a folio 21 se resaltó que el 23 de octubre de 2018, mediante\nradicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-\nRRALTA del hallazgo relacionado con al hacer referencia con la obligación de las em-\npresas de contar con catastro de redes para los sistemas de acueducto y alcantarilla-\ndo, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.\n(v) El 19 de diciembre de 2018 a través de Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra el prestador por el presunto incumpli-\nmiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan servicios públi-\ncos.\nEs preciso resaltar que el no contar con un catastro de redes actualizado, donde se cuente con\nun inventario de las tuberías existentes, su localización material, profundidad y año de\ninstalación, no se logra tener un conocimiento preciso del sistema que se opera y, en\nconsecuencia, no se puede garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad, eficiencia y\nredundancia del mismo.\nAhora bien, en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y\n10 de octubre de 2018, y en la Evaluación Integral referidos en el Memorando No.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 38, "text": "20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se precisó que al no tener catastro de las\nredes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, se impide que se haga el análisis\ncorrespondiente para determinar si se puede garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad\ny eficiencia de estos. No tener un catastro de redes representa un incumplimiento del artículo\n102 de la Resolución No. 1096 de 2000, en el periodo comprendido entre enero de 2016 y\njunio de 2018 y aun en el momento de la Visita realizada por esta SSPD.\nEn mérito de lo expuesto, es evidente que el prestador no cuenta con el catastro de las redes\nde los sistemas de acueducto y alcantarillado para el municipio de Tierralta, según consta en\nActa de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de\n2018, en el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del\n19 de diciembre de 2018, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser sancionada\nla EEPPMM DE TIERRALTA por el sexto cargo.\n7.3.7. SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CON-\nTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO\n       \n7.3.7.1 Marco normativo\nLa Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios\ny se dictan otras disposiciones”, respecto al derecho de los usuarios de obtener de las empre-\nsas la medición de sus consumos, dispone:\n“(…) ARTÍCULO 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. Los usuarios de los\nservicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto\nNacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor,\nsiempre que no contradigan esta ley, a:\n9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante\ninstrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para\nlos efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y fi-\nnanciera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la\nley (…)”.\nAhora bien, el artículo 146 de la citada Ley referente a la medición del consumo y el\nprecio en el contrato, indica:\n“(…) ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL\nCONTRATO. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los\nconsumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida\nque la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento\nprincipal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.\nCuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible\nmedir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá estable-\ncerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos pro-\nmedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los\nconsumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias\nsimilares, o con base en aforos individuales.  \nHabrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los\nde períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en\naforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de\nagua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayu-\ndar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detec-\nción el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 39, "text": "tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.\nTranscurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.  \nLa falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará\nperder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión\ndel suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación\ndel contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las for-\nmas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es\nomisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a\nseis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.  \nEn cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las\nadaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley\ncontiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al\nusuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fór-\nmulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el\nservicio y del volumen de residuos que se recojan.\nEn cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razo-\nnes de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición indivi-\ndual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados\npara estimar el consumo.  \nLas empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes\nservicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras em-\npresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal\npropósito.  \nEn todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la pre-\nsente Ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total\nde los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un porcentaje mínimo\nde inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos\n1, 2, 3.\nPARÁGRAFO. La Comisión de Regulación respectiva, en un plazo no superior\na tres años a partir de la vigencia de la presente Ley, reglamentará los aspec-\ntos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la prestación\nde los servicios objeto de esta Ley (…)”\nDe igual forma, la Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente\ny ahorro del agua”, establece:\n“(…) ARTICULO 6o. DE LOS MEDIDORES DE CONSUMO. Todas las entida-\ndes que presten el servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que deter-\nmine la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental competente,\ndisponen de un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente\nley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a\ntodos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de\nla Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  \n \nLa Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales po-\ndrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen\nen promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus res-\npectivas competencias legales.  \n \nPARAGRAFO. La homologación y el costo de instalación o construcción, se-\ngún sea el caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados\npor la empresa prestadora del servicio de acueducto, al igual que su manteni-\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 40, "text": "miento, la cual le facturará tales costos al usuario, sin perjuicio de lo estableci-\ndo en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 (…)”\nPor su parte, el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único\nReglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, señala:\n“(…) ARTICULO 2.3.1.3.2.3.12. De la obligatoriedad de los medidores de\nacueducto. De ser técnicamente posible cada acometida deberá contar con su\ncorrespondiente medidor de acueducto, el cual será instalado en cumplimiento\nde los programas de micromedición establecidos por la entidad prestadora de\nlos servicios públicos de conformidad con la regulación expedida por la Comi-\nsión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el caso de\nedificios de propiedad horizontal o condominios, de ser técnicamente posible,\ncada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor indivi-\ndual (…)”\nFinalmente, la Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el\nsector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, dispone:\n“(…) ARTÍCULO 75. Micromedición. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley\n373 de 1997, la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 457 de 2008 o aquellas\nque las modifiquen, adicionen o sustituyan, para todos casos es obligatorio co-\nlocar medidores domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales\ndel servicio de acueducto. Las excepciones a esta regla serán las establecidas\nen dichas normas (…)”\n7.3.7.2. importancia de tener micromedidores.\nLa micromedición es entendida como el conjunto de acciones que le permite a los prestadores\ndel servicio público de acueducto, conocer el volumen de agua consumido por los usuarios,\ngarantizando con ello que el consumo de estos se realice dentro de los patrones establecidos\nen la ley y que el cobro que se adelante como contraprestación del servicio recibido sea justo y\nequitativo25.\nEn ese orden la información obtenida de la micromedición le permite a los prestadores del\nservicio de acueducto tomar decisiones encaminadas a (i) racionalizar el consumo de los\nusuarios, (ii) mejorar la eficiencia operacional y comercial, (iii) adelantar una distribución justa y\noperativa del recurso hídrico, (iv) ajustar los niveles de presión, (v) prolongar el promedio de\nvida útil de un proyecto de abastecimiento, (vi) optimizar la administración planeación y\noperación del servicio, entre otros.\nEl Consejo de Estado ha indicado que la ausencia de micromedición, por la acción u omisión\ndel prestador, le hace perder a éste el derecho a recibir el precio:\n“(…) Al respecto, sea lo primero anotar que la no instalación de los instrumentos\npara medir el consumo del servicio público de acueducto es, en este caso,\nimputable a la empresa demandada, siendo aplicable en este caso la consecuencia\nprevista en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en cuanto señala que la falta de\nmedición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hace perder a ésta\nel derecho a recibir el precio. En este sentido, se ordenará a la empresa\ndemandada que, en adelante, al efectuar los cobros por el servicio prestado al\ninmueble, se abstenga de exigir precio alguno por consumo hasta tanto instale el\nmicromedidor correspondiente; la decisión que se adopta está referida a los cobros\nposteriores a esta sentencia, pues en ese sentido se entiende la pretensión del\nactor, dado que, además de que pretende la “suspensión” de dichos cobros, se\n25\n Ingeniero Vladimir Laura Delgado, La Medición del Consumo en las Empresas de Agua Potable, presentación\nAkut – Latinaguas..\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 41, "text": "advierte que para exigir la devolución de las sumas que pudo haber cancelado sin\nestar obligado, éste tiene a su alcance las acciones contractuales pertinentes(…)”26.\nDe acuerdo con lo anterior se hace necesario que los prestadores del servicio de agua cuenten\ncon micromedición toda vez que la información que de dicha actividad se obtiene, permite\nconocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por cada\nsuscriptor de un sistema de acueducto, y basado en ello adelantar el cobro real del servicio\nobtenido.\n7.3.7.3. Análisis del Despacho.\nEs preciso resaltar que la medición de los consumos es un derecho que ostenta tanto el usua-\nrio como el prestador, en virtud de que el consumo constituye la base fundamental del cobro\nque se efectúa por Ia prestación del servicio. Por tanto, se requiere contar con las herramien-\ntas e instrumentos necesarios disponibles y eficientes para materializar dicho derecho, que\npermitan no solo medición individual, sino, además, en la medida de lo posible efectiva.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de contar con micromedición sobre el consumo del servicio de\nacueducto, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM\nDE TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación\nde los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el\nmunicipio de Tierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado a folios 73 y 74, en relación con la instalación de\nmedidores y el nivel de micromedición, se dejó constancia de lo siguiente:\n“(…) 4.1.7 Micromedición\n(…) La Empresa informó que, en el año 2014 había instalados 3.900\nmedidores de acuerdo con el Plan Departamental de Agua – PDA y\nregistrados en el sistema 1.442, con una cobertura de 37%.\nPara el año 2016, había disminuido a 1.405 los usuarios registrados en\nel sistema, en razón a que en, varias crecientes de la Quebrada del Juí\nse llevó gran parte de los barrios Escolar, Recreo, parte de Nuevo\nOriente, Amauri García y por el lado del Río Sinú, se llevó un barrio que\nse llamaba Calazan Berrío, un gran porcentaje del barrio El Prado y\ncasi la mitad del barrio Libardo López.\nEn relación con el año 2017, habían registrados en el sistema 1.415\nusuarios.\nPara el agosto de 2018 había 1.414 medidores registrados en el\nsistema. La Empresa, manifestó que no ha podido avanzar en la\ninstalación de los aparatos de medida a los nuevos usuarios censados,\nporque el Municipio se encuentra adelantando obras de ampliación de\nredes de alcantarillado en más del 90% del casco urbano. Significa que\nla cobertura de micromedición efectiva es del 36%.\n26\n  Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Darío Quiñones Pinilla, Rad \n Fecha 19 de agosto de 2004.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 42, "text": "(…)\nEn igual sentido, a folio 74 de la Evaluación Integral, se indica que la\nEmpresa informó:\n“(…) una vez las obras de ampliación de redes culminen la Empresa\nprocederá a aumentar el índice de micromedición instalando nuevos\nmedidores y registrando aquellos que, aún el consumo, se le cobra por\npromedio según la Resolución y tarifas indexadas por la Junta Directiva\nde E.P.M. Tierralta E.S.P., La Empresa manifestó que, el Municipio tie-\nne planeado culminar las obras aproximadamente para finales del año\n2019 (…)”\nA folio 75 de la Evolución Integral se indicó:\n“Para agosto de 2018, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía\n6691 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a\n usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3571 usuarios\nDe estos \n suscriptores, 8442 corresponden a estrato 1 de los\ncuales el 8,40% cuentan con medidor y el 91,60% no tienen aparato de\nmedida; 1451 al estrato 2 de los cuales el 36,80% están micromedidos\ny el 63,20% no; 369 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 43, "text": "na “Vacío” de los cuales el 46,34% tiene aparato de medida y el\n53,66% no.\nEn resumen, de acuerdo con el informe suministrado por el Prestador,\na agosto de 2018, contaba con \n suscriptores de los cuales el\n13,78% cuenta con medidor, es decir, 1414 y 86,22% no está microme-\ndido, es decir, 8848.\n(…)”\nPor su parte en la visita se dejó evidencia del hallazgo en los siguientes\ntérminos:\n           \nActa de Visita, Pág. 15.\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante Radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con la\nrealización de la micromedición, sin obtener respuesta alguna por parte del presta-\ndor.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Di-\nrección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de\nméritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por\nel presunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes\nprestan servicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa en la Evaluación Integral realizada al prestador en el\nmes de octubre de 2018, frente a la obligación de realizar programas de micromedición, se evi-\ndenció lo siguiente:\n    \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 44, "text": "          \n        \nFuente: Evaluación Integral, Pág. 35.\nDebe indicarse que la falta de micromedición afecta directamente a los usuarios del servicio\npúblico domiciliario de acueducto, a quienes se les debe cobrar el servicio recibido en función\nde su consumo real y no de promedios que no se ajustan a la realidad. Sin micromedición, los\ncobros del servicio de acueducto se convierten en cobros arbitrarios que no corresponden con\nlo que efectivamente han consumido los usuarios.\nAl respecto, es preciso mencionar que según el Acta de la vista inspección y vigilancia realiza-\nda por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, el Informe de Evaluación Integral refe-\nridos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, y de acuerdo con\nla información suministrada por el prestador, se estableció que para agosto de 2018 la Empre-\nsa contaba con 10.262 suscriptores de los cuales solo 1.414 contaban con medidor, es decir, el\n13,78%, y 8.848 usuarios, esto es, el 86,22% no está micromedido;  en igual sentido el presta-\ndor informó que tiene identificados a 3.033 usuarios del barrio 9 de agosto que no están micro-\nmedidos.\nTeniendo en cuenta lo anterior, concluye este Despacho que se encuentra demostrado que la\nInvestigada, incurrió en el incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 9 (numeral 9.1) y\n146 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.3.1.3.2.3.12. del Decreto 1077 de 2015; al no contar\ncon una cobertura de micromedición de al menos el 95% tal y como lo exige la normativa apli-\ncable, en el Municipio de Tierralta – Córdoba, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá\nde ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el séptimo cargo.\n \n7.3.8. OCTAVO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN EL COBRO DEL SERVICIO DE ACUE-\nDUCTO A USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN EL\nSISTEMA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 99.9 DEL ARTICULO 99\nDE LA LEY 142 DE 1992.\n       \n7.3.8.1 Marco normativo\nLey 142 de 1992 “por la cual establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se\ndictan otras disposiciones”, en su artículo 99, inciso 99.9, establece:\n“(…) 99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asig-\nnarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que\ntengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En\nconsecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidari-\ndad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que\ntrata esta Ley para ninguna persona natural o jurídica (…)” (subrayado fuera\nde texto).\n7.3.8.2. Importancia de no otorgar gratuidad en el servicio.\nLa prestación de los servicios públicos domiciliarios se debe realizar bajo los principios de\nsolidaridad y redistribución, pero no por ello existiría exoneración en el pago de los servicios\nque trata la ley 142 de 1994 para ningún tipo de persona.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 45, "text": "La onerosidad de los servicios públicos, es un tema que la Honorable Corte Constitucional ha\nrevisado en varias ocasiones, en Sentencia T-064/94 señaló:\n \n“…El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor\nsensibilidad en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del concepto de\nservicios públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los comienzos del Estado\nSocial de Derecho.  Hoy en día esa gratuidad ha sido abandonada quedando supérstite\nen pocos servicios como la Justicia (Artículo 229 C.N.) o la educación (Artículo 67\nC.N.), o la salud (Artículos 49 y 50 C.N.), de manera más o menos parcial. Actualmente\nlos servicios son onerosos, surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos\nde contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de\nconceptos de justicia y equidad (Numeral 8, Artículo 95 y Artículo 368 ibídem)”.\n“La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un conjunto\nde factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación hasta la eficiencia\ny clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. Si a esto se agrega la\ncircunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, se requiere que sus\nhabitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, medios de comunicación, etc.,\nse aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador a fin de conciliar la realidad con los\nobjetivos de justicia social que se encuentran en el origen y justificación de la\norganización de los servicios públicos…”\n \nEn igual sentido la Honorable Corte Constitucional, se pronunció en Sentencia C-041 de 2013:\n“…Teniendo en cuenta que la prestación del servicio ha de ser eficiente y que debe\nrespetar los principios de solidaridad y universalidad, las empresas que proporcionan el\nbien o servicio no pueden trabajar a pérdida, es decir, deben recuperar los costos en\nque incurran y asegurarse de obtener recursos para poder invertir en el mismo sector\ncon el fin de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad\ny mejores beneficios para los usuarios. De esa manera los costos fijos a los que alude\nla norma demandada, es decir los que reflejan los costos económicos involucrados en\ngarantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independiente del\nnivel de uso, hacen que el prestador del servicio reciba cierto dinero con el cual, dentro\nde la libre competencia, se logre que la empresa sea viable y garantice la disponibilidad\npermanente del servicio y su prestación de manera eficiente (art.333C.P.) (…)”\nPor consiguiente la prestación de los servicios públicos domiciliarios ha de ser eficiente y\ndebe respetar los principios de solidaridad y universalidad, razón por la cual las empresas que\nsuministran el servicio no pueden trabajar a pérdida, es decir, deben recuperar los costos en\nque incurran y asegurarse de obtener recursos para poder invertir en el mismo sector con el\nfin de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad y mejores\ncondiciones para los usuarios, de ahí la prohibición que tienen las empresas exonerar el pago\nde los servicios públicos domiciliarios.\n7.3.8.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nrealizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios que se encuentren identificados\ny registrados.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de realizar el cobro por el servicio de acueducto, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM\nDE TIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 46, "text": "de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el\nmunicipio de Tierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 71 y 72, con relación a la obli-\ngación de realizar cobro del servicio prestado de acueducto, se dejó constan-\ncia de lo siguiente:\n4.1.6 Catastro de suscriptores\nPara agosto de 2018, el total de usuarios ascendió a 6.691 registrados\nen el sistema. Actualmente se encuentran 3.033 usuarios censados del\nbarrio 9 de agosto, que se encuentran en proceso de normalización por\nparte del Municipio y, una vez éste termine el proceso, procederán a ini-\nciar la instalación de micromedidores y cobro del servicio (…)”.\nEn el Acta de visita realizada del 8 al 10 de octubre de 2018 folios 14 y 15 se\nindicó:\n (….)\nCatastro de suscriptores:\n(…)”\n(iii) Como se refleja a folio 27 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018\nmediante radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a\nEEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumpli-\nmiento por parte de la prestadora de realizar el cobro del servicio prestado de\nacueducto, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673,\nla Dirección Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la exis-\ntencia de méritos para iniciar investigación administrativa contra EEPPMM\nDE TIERRALTA por el presunto incumplimiento de las normas técnicas a las\nque están sujetos quienes prestan servicios públicos.\nEn igual sentido, a folio 74 de la Evaluación Integral realizada al Prestador se mencionó que:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 47, "text": "       \nPor lo expuesto, no es claro para el Despacho de acuerdo al material probatorio que hace parte\nde la presente actuación administrativa, que el Prestador haya incurrido en una omisión a la\nobligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios de conformidad\ncon el Numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1992, toda vez que como se evidencia en\nActa de Visita, para la fecha de ocurrencia de los hechos 3.033 usuarios del Barrio 9 de Agosto\nse encuentran en proceso de normalización por parte del Municipio y no se les realiza cobro del\nservicio. De otro lado, no estar demostrado dentro del acervo probatorio que efectivamente se\nles estuviera prestando el servicio público de acueducto de forma gratuita, generándose una\nduda frente a este cargo.  \nPor lo expuesto y al existir duda probatoria respecto del presente cargo, debe resolverse a\nfavor del investigado, de acuerdo a la presunción de inocencia contenida en el artículo 29 de la\nConstitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.\nAsí las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio de la investigación para el\ncaso que nos ocupa respecto del presunto incumplimiento por parte de la prestadora a Ia\nobligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios que se\nencuentren registrados; no es claro que  EEPPMM DE TIERRALTA para la época de la visita,\nse encontraba contraviniendo lo establecido en el numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de\n1992, toda vez que no se referencia ni en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada\npor la DTGAA ni en el Informe de Evaluación Integral, documento o evidencia que demuestre\nque dicha obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a los usuarios se estaba\nomitiendo, por tal razón al no existir una prueba que de certeza a este Despacho de la\nocurrencia de los hechos por los cuales se le imputo el presente cargo al Prestador no será\nobjeto de sanción.\nDe acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se\nimpondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el octavo cargo.\n7.3.9. NOVENO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE FACTU-\nRAR DE ACUERDO CON EL TIPO DE USO A LOS USUARIOS COMERCIALES, INDUS-\nTRIALES Y OFICIALES.\n       \n7.3.9.1 Marco normativo\nEl Decreto 1077 de 2015 \"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del \nSector Vivienda: Ciudad y Territorio”, dispone:\n\"(…) ARTICULO 2.3.1.3.1.1.2. Del registro o catastro de usuarios. Cada enti-\ndad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá\ncontar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y usua-\nrios, que contenga los datos sobre su identificación, modalidad del servicio que\nreciben, estados de cuentas y demás que sea necesaria para el seguimiento y\ncontrol de los servicios.\nLa entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado\nasegurará que la identificación de los inmuebles corresponda a la nomenclatu-\nra oficial.\nEn casos excepcionales por deficiencias o baja cobertura de la nomenclatura\noficial, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá adoptar una no-\nmenclatura provisional (…)\"\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 48, "text": "7.3.9.2. Importancia de facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales,\nindustriales y oficiales.\nLos prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado deberán efectuar\nla clasificación o uso de los inmuebles de acuerdo con el uso que les estén dando; para tal fin\ncada Prestadora deberá contar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y\nusuarios, que contenga los datos sobre su identificación, modalidad del servicio que reciben,\nestados de cuentas y demás que sea necesaria para el seguimiento y control de los servicios.\nRespecto de los inmuebles no residenciales, ha sido vía reglamentaria o regulatoria, como se\nhan señalado los criterios para determinar las distintas clases de usos de los inmuebles no\nresidenciales para efectos del cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Valga\nla pena aclarar, que los encargados de clasificar los usuarios no residenciales son los\nprestadores de servicios públicos domiciliarios, con base en los parámetros que señala la\nregulación.\nLa clasificación de los usuarios en categorías, se trata de un método que permite distinguir\ngrupos de usuarios y establecer entre éstos, aquéllos que pueden, además de asumir los\ncostos de los servicios, colaborar en la financiación de los subsidios que necesitan las\npersonas de menores ingresos para completar el pago de los mismos. Es decir, la solidaridad\nen materia de servicios públicos implica la clasificación de los usuarios en categorías, según los\ndistintos niveles de capacidad económica con el fin de que los de menores ingresos tengan, en\nproporción al servicio recibido, tarifas menores a las de quienes tienen mayor capacidad de\npago.\nLo anterior obedece a que la solidaridad y la redistribución de ingresos, son criterios\nindispensables para establecer el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios\n7.3.9.3. Análisis del Despacho.\nProcede el Despacho a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comer-\nciales, industriales y oficiales, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n             (ii) En Pliego de Cargos a folio 26 se indicó que:\n“En el Informe de Evaluación Integral (folios 73-74) en relación con que la\nEmpresa no factura de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales,\nindustriales y oficiales, se observan las tablas 43 Micromedición a diciembre\n2016, Tabla 44 Suscriptores a diciembre de 2017 y la Tabla 45 Suscriptores a\nagosto de 2018, en la que los suscriptores están clasificados en estrato 01 02\ny Vacío(a) pero no existen usuarios comerciales, industriales y oficiales.”\n(iii) Como se refleja a folio 27 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018 median-\nte radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 49, "text": "TIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación\nde facturar de acuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales, industriales y ofi-\nciales.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nRevisada la Evaluación Integral realizada al Prestador por parte de la DTGAA se observó que:\n                    \n                           \n                                                Fuente: Evaluación Integral, Pág. 127.\nEn igual sentido, al verificar las Tabla 42 Micromedición a diciembre 2016, Tabla 43\nSuscriptores a diciembre de 2017 y la Tabla 44 Suscriptores a agosto de 2018 del citado\ninforme, se observa que los suscriptores están clasificados en estrato 01, 02 y Vacío (a) pero\nno existen usuarios comerciales, industriales y oficiales como se refleja a continuación:\nTabla 42. Suscriptores de alcantarillado.\n                   \n                      \n                               \n                        \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 50, "text": "Por lo expuesto, es oportuno traer a colación lo dispuesto por la Doctrina frente a la aplicación\ndel principio in dubio pro administrado, en las actuaciones administrativas de carácter\nsancionatorio, sobre el cual la doctrina ha establecido:\n“6.5. ¿Opera el principio in dubio pro administrado en materia\nsancionatoria?\nSi, toda vez que corresponde a la noción de presunción de inocencia que\nintegra el derecho al debido proceso. En la práctica, esto significa que\ncorresponde al estado probar la responsabilidad en la comisión de la\ninfracción y en consecuencia (…) d) […] “cualquier insuficiencia en el\nresultado de las pruebas  practicadas, libremente valoradas por el\norganismo sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento\nabsolutorio”, lo cual se traduce en la plena aplicación del principio,\nindubio pro administrado, y e) “No puede exigirse al acusado la prueba\ndiabólica de los hechos negativos”.”27 (Subrayado y negrilla fuera de texto).  \n \nEs de precisar que el mencionado principio, es decir, que la duda probatoria debe resolverse a\nfavor del investigado, hace parte del principio rector de presunción de inocencia contenido en el\nartículo 29 de la Constitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.\nAsí las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio de la investigación para el\ncaso que nos ocupa respecto del presunto incumplimiento de la obligación de facturar de\nacuerdo con el tipo de uso a los usuarios comerciales, industriales y oficiales; no es claro que\nEEPPMM DE TIERRALTA para la época de la visita, se encontraba contraviniendo lo\nestablecido en el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Reglamento Único del\nSector Vivienda, Ciudad y Territorio\", toda vez que no se incluye ni en el Acta de la vista\ninspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el\nInforme de Evaluación Integral, con documento o evidencia que demuestre que el prestador\ncontaba con usuarios industriales y/o comerciales, y que tal sentido estaría incumpliendo con la\nobligación de emitir factura de acuerdo al uso del inmueble. Por tal razón al no existir una\nprueba que de certeza a este Despacho de la ocurrencia de los hechos por los cuales se le\nimputo el presente cargo al Prestador no será objeto de sanción.\nNo obstante, se ordenará a la DTGAA que continúe con la inspección y vigilancia al Prestador\nde conformidad con sus facultades legales.\nDe acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se\nimpondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el noveno cargo.\n7.3.10. DÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CLASI-\nFICAR A LOS USUARIOS CON LOS ESTRATOS SOCIECONÓMICOS DEFINIDOS EN EL\nARTÍCULO 16 DE LA LEY 689 DE 2001, DEBIDO A QUE CLASIFICA A LOS USUARIOS\nCON UN ESTRATO INEXISTENTE QUE DENOMINA “VACÍO”\n       \n7.3.10.1 Marco normativo\nLa Ley 613 de 2001 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994\", en si artículo \n16, dispone:\n“(…) ARTÍCULO 16. Adicionase un inciso al artículo 102 de la Ley 142 de 1994\nel cual quedará así:\n27\n Laverde Álvarez Juan Manuel. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio”. Editorial Legis 2016. \nPágs. 170-171.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 51, "text": "Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles residenciales se\nclasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2,\nbajo; 3, medio-bajo; 4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) (…)”\n7.3.10.2. Importancia\nLa estratificación socioeconómica se encuentra definida en el numeral 14.8 de la Ley 142 de\n1994 como “la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en\natención a los factores y procedimientos que determina la ley”.\nAhora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 689 de 2001, los inmuebles residenciales se\nclasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2, bajo; 3, medio-bajo;\n4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) dependiendo de las características particulares de los\nmunicipios y distritos y en atención, exclusivamente, a la puesta en práctica de las\nmetodologías de estratificación que establece la normativa vigente.\nEs pertinente resaltar que en cumplimiento del principio de solidaridad y redistribución al poner\nen práctica el régimen tarifario se deben adoptar medidas para asignar recursos a \"fondos de\nsolidaridad y redistribución\", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios\ncomerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los\nservicios que cubran sus necesidades básicas.\nSe debe tener en cuenta que conforme al artículo 88 de la Ley 142 de 1994, las empresas de\nservicios públicos al fijar sus tarifas se deben someter al régimen de regulación, en las\nmodalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o al régimen de libertad, cuando no tengan\nuna posición dominante en su mercado.\nAhora bien, la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a\nla estratificación  socioeconómica, se circunscribe a sancionar a las empresas prestadoras de\nservicios públicos domiciliarios si no aplican la estratificación adoptada por las alcaldías\nmunicipales; implementar por medio del Sistema Único de Información, el control y la vigilancia\npermanente del cabal cumplimiento de la aplicación de las estratificaciones adoptadas por\ndecretos de los alcaldes al cobro de las tarifas de servicios públicos domiciliarios por parte de\nlas empresas; entre otras actividades que buscan que los prestadores del servicio público\ndomiciliario de acueducto y alcantarillado efectúen la clasificación o uso de los inmuebles de\nacuerdo con los estratos socioeconómicos establecidos\n7.3.10.3. Análisis del Despacho.\nProcede el Despacho a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de realizar programas de macromedición, y los instrumentos de\nmacromedición, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral a folio 74, respecto de la clasificación de\nusuario con un estrato inexistente, se indicó lo siguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 52, "text": "“(…) Tabla 43. Micromedición a diciembre 2016\n(…)\nDe acuerdo con lo anterior, se tienen los siguientes análisis, para el año\n2016, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía 6260 usuarios y\nrespecto a la micromedición informó que ascendía a 9606 usuarios, lo\nque implica que hay una diferencia de 3346 usuarios.\nDe estos 9606 suscriptores, 7801 corresponden a estrato 1 de los cua-\nles el 8,59% cuentan con medidor y el 91,41% no tienen aparato de\nmedida; 1502 al estrato 2 de los cuales el 39,15% están micromedidos\ny el 60,85% no; 303 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-\nna “Vacío” de los cuales el 48,51% tiene aparato de medida y el\n51,49% no.\n(…)\nTabla 44. Micromedición a diciembre 2017\n(…)\nPara el año 2017, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía\n6580 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a\n9876 usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3296 usuarios.\nDe estos 9876 suscriptores, 8055 corresponden a estrato 1 de los cua-\nles el 8,59% cuentan con medidor y el 91,41% no tienen aparato de\nmedida; 1470 al estrato 2 de los cuales el 38,16% están micromedidos\ny el 61,84% no; 351 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-\nna “Vacío” de los cuales el 47,29% tiene aparato de medida y el\n52,71% no.\n(…)\nTabla 45. Micromedición a diciembre 2018\n(…)\nPara agosto de 2018, de acuerdo con el catastro de suscriptores tenía\n6691 usuarios y respecto a la micromedición informó que ascendía a\n usuarios, lo que implica que hay una diferencia de 3571 usua-\nrios.\nDe estos \n suscriptores, 8442 corresponden a estrato 1 de los\ncuales el 8,40% cuentan con medidor y el 91,60% no tienen aparato de\nmedida; 1451 al estrato 2 de los cuales el 36,80% están micromedidos\ny el 63,20% no; 369 suscriptores a un estrato que la Empresa denomi-\nna “Vacío” de los cuales el 46,34% tiene aparato de medida y el\n53,66% no.\n(iii) Como se refleja a folio 28 del Pliego de Cargos, el 23 de octubre de 2018 median-\nte radicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE\nTIERRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación\nde clasificar a los usuarios con un estrato inexistente que denomina “vacío”.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nAunado a lo expuesto, y una vez revisada la Evaluación Integral realizada al Prestador por\nparte de la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 se observó que:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 53, "text": "                             \n                                                           Folio: 127\nEn relación con la estratificación socioeconómica, se ha de precisar que no le corresponde a\nlas empresas de servicios públicos llevar a cabo la misma, puesto que es una función que se\nencuentra a cargo del municipio, pero si es deber de quienes presten los servicios públicos la\nde aplicarla y cobrar las tarifas de los inmuebles destinados a vivienda, de acuerdo con los\nresultados que tal estratificación arroje28.\nRealizada la anterior precisión, este Despacho debe poner de presente que, de acuerdo con la\ninformación consignada en el Acta de la vista de inspección y vigilancia realizada por la DTGAA\nlos días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, en el Informe de Evaluación Integral referidos en el\nMemorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018  y  una vez realizada la\nvaloración de las pruebas relacionadas con el presente cargo se tiene que no hay evidencia\ndocumental de cuáles eran los estratos socioeconómicos del Municipio Tierralta – Córdoba,\nvigentes para octubre de 2018, debidamente adoptados por Decreto por el Alcalde Municipal y\nque debió aplicar a sus usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado la empresa\nEEPPMM DE TIERRALTA,  adicionalmente no existe documento que nos de certeza  de que\nefectivamente la Empresa hubiera estado aplicando y cobrando el servicio con un estrato\ndiferente al correspondiente a sus usuarios, por lo tanto al no haber certeza sobre el\nincumplimiento el presente cargo no será objeto de sanción.\nNo obstante, lo anterior se le precisa al Prestador que debe estar aplicando y cobrando sus\ntarifas de acuerdo con los estratos socioeconómicos y uso de los inmuebles.\n7.3.11. UNDÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CON-\nTAR CON LABORATORIO DE MEDIDORES CERTIFICADO POR EL ORGANISMO NACIO-\nNAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA – ONAC Y EN LA DE TENER CONTRATO CON\nLABORATORIO CERTIFICADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DEL DECRE-\nTO 2269 DE 1993.\n       \n7.3.11.1 Marco normativo\nEl artículo 33 del Decreto 2269 de 1993 “por el cual se organiza el Sistema de Normalización,\nCertificación y Metrología”, indica:  \n“Artículo 33. Las autoridades, empresas o personas que prestan los servicios\npúblicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas natural debe-\nrán contar con laboratorios de metrología acreditados por la Superintendencia\nde Industria y Comercio. \nLa Superintendencia de Industria y Comercio, podrá eximir a los suministrado-\nres de los servicios mencionados de contar con laboratorios de metrología\nacreditados cuando sean varias las empresas que proporcionen el mismo ser-\nvicio o sufraguen el costo de dicho laboratorio o cuando un número superior al\n10% de los usuarios del servicio no posean medidor.”\nInicialmente, la acreditación recaía sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, sin em-\nbargo, posteriormente con la expedición del Decreto 4738 de 2008, la función de acreditación\nde los laboratorios en cabeza de dicha Superintendencia fue suprimida:\n28 CONCEPTO UNIFICADO 10 SSPD\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 54, "text": "“(…) Artículo 1°. Suprímanse las funciones de acreditación de la Superinten-\ndencia de Industria y Comercio, sin perjuicio del régimen de transición previsto\nen el presente decreto, señaladas en el numeral 16 del artículo 2°, numeral 9\ndel artículo 4° y numeral 7 del artículo 17 del Decreto 2153 de 1992.\nArtículo 2°. El ejercicio de la actividad de acreditación prevista en el Decreto\n2269 de 1993 podrá ser desarrollado en adelante, en condiciones de mercado,\npor entidades constituidas bajo las normas de derecho privado de conformidad\ncon los requisitos que para el efecto determine el Ministerio de Comercio, In-\ndustria y Turismo.\nArtículo 3°.   Designase como Organismo Nacional de Acreditación al Orga-\nnismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, corporación de carácter\nprivado, de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, constituida mediante docu-\nmento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la\nNotaria Sexta de Bogotá, dentro del marco de la Ley 489 de 1998 y las normas\nsobre ciencia y tecnología (…)”.\n7.3.11.2. Importancia\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\ncontar con laboratorios de metrología acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación\nde Colombia – ONAC, lo anterior en aras de asegurar la calidad de las mediciones que proveen\nlos medidores de agua potable, y así brindar confianza a la ciudadanía frente a las mediciones\nque sirven para fundamentar la facturación periódica de este servicio público domiciliario.\n7.3.11.3. Análisis del Despacho.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el informe de Evaluación Integral como se resalta a folios 29-30 del Pliego de\nCargos, frente a la obligación de contar con laboratorio de medidores certificado por el\norganismo nacional de acreditación de Colombia – ONAC, se dejó constancia de lo si-\nguiente:\n“(…) 4.1.9 Laboratorio de medidores.\nLa Empresa cuenta con un taller, el cual no está certificado por el Orga-\nnismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC y trabajan 3 técni-\ncos (certificados por el SENA) que se encargan de la parte de manteni-\nmiento, instalación, reinstalación, calibración, reubicación de medido-\nres, y una bodega en la que se tienen los insumos para poner en fun-\ncionamientos aquellos medidores que no se encuentran en buen esta-\ndo. No cuenta con un contrato con un laboratorio de medidores certifi-\ncado por el ONAC (…)” (Informe de Evaluación Integral, Pág. 78)\n(iii) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el pre-\nsunto incumplimiento de la obligación de contar con laboratorio de medidores certifica-\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 55, "text": "do por el ONAC o tener contrato con laboratorio certificado, mencionado en el numeral\nanterior, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nAhora bien, como se observa en informe de visita realizada al prestador en el mes de octubre\nde 2018, frente a la obligación de contar con un laboratorio de medidores certificados por la\nONAL se expuso lo siguiente:\n                                                               Pág. 127\nPor lo expuesto, y en ésta etapa de la actuación administrativa, es oportuno traer a colación lo\ndispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C- 901 DE 2011, que dispuso:\n“La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma,\nexpulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es\nla cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma\nposterior”, que no se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la\nnormas, por ejemplo, cuando es declarada inexequible, “sino en criterios de\noportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial,\nen relación con las leyes por el Congreso. Así la derogación no deriva de conflictos\nentre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del legislador. La\nderogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma derogada, pues en\ngeneral las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, por\nlo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va\nextinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se pronuncie\nincluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos, con el\nfin de hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de inexequibilidad, si tales\nefectos son contrarios a la Carta”.\nEn igual sentido, a través de sentencia C- 394 de 2019, la Corte dispuso frente al principio de\nlegalidad lo siguiente:\n“Por su parte, la jurisprudencia de la Corte ha convenido en que son tres los\nelementos esenciales del principio de legalidad: (i) la lex praevia, que “exige que\nla conducta y la sanción antecedan en el tiempo a la comisión de la infracción,\nes decir, que estén previamente señaladas”; (ii) la lex scripta, según la cual  “los\naspectos esenciales de la conducta y de la sanción estén contenidas en la ley”;\ny (iii) la  lex certa, que “alude a que tanto la conducta como la sanción deben ser\ndeterminadas de forma que no hayan ambigüedades. En el anterior orden, el\nprincipio de legalidad requiere: “(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho\ndirectamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento\nde comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la\nsanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también\nplenamente, es decir que sea determinada y no determinable” y tiene como\nfinalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial,\nasegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su\nmaterialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad. Así las\ncosas, el principio de legalidad comprende los elementos de tipicidad y\nde reserva de ley.”\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 56, "text": "Por lo expuesto, el Despacho considera oportuno resaltar que el artículo 108 del Decreto 1471\nde 2014 “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el\nDecreto 2269 de 1993”  derogó el artículo 33 del Decreto 2269 de 1993 que sustenta este cargo;\nasí en aras de garantizar el debido proceso que le asiste a la Prestadora, en especial en el\nmarco del principio de legalidad,  no se impondrá sanción en contra de EEPPMM DE\nTIERRALTA por los hechos expuestos en el undécimo cargo;  ya que la norma que dio origen\nal presente cargo no se encontraba vigente para los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, fecha\nen que se realizó la visita por parte de la DTGAA.\nPor lo anterior no será objeto de sanción el presente cargo en razón a que la obligación\npresuntamente incumplida no podía ser exigida a la luz del para entonces derogado Decreto\n2269 de 1993.\n7.3.12. DUODÉCIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AVI-\nSAR DEL CAMBIO DE MEDIDORES A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE CONFOR-\nMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA RESOLUCIÓN CRA\n413 DE 2006.\n       \n7.3.12.1 Marco normativo\nLa Resolución CRA No. 413 de 2006, artículos 12 y 13, establecen:\n“(…) Artículo 12. Derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico\nen caso de revisiones. En los casos de revisión o retiro provisional por presun-\ntas anomalías no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de\nlos bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida, cambio del\nmismo y visitas técnicas, los suscriptores o usuarios tendrán derecho a solici-\ntar la asesoría o participación de un técnico particular o de cualquier persona\npara que verifique el proceso de revisión de los equipos de medida e instala-\nciones internas. Del concepto del técnico particular, deberá dejarse constancia\nen acta que se levante para el efecto.\nPara hacer efectiva esta asesoría o participación, el prestador deberá dar avi-\nso de fa visita correspondiente a la revisión o retiro provisional, así como de\ncualquier visita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días há-\nbiles, indicando la fecha y el momento del día, mañana o tarde, durante el cual\nse realizará la visita.\nEn caso de visitas técnicas tendientes a la detección de anomalías no imputa-\nbles a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la cone-\nxión domiciliaria y en el equipo de medida o para evitar un perjuicio mayor a\nlos usuarios relacionado con la continuidad y calidad del servicio, el periodo de\nantelación al que hace referencia del inciso anterior será de una (1) hora para\nobtener la asesoría o participación de un técnico.\n(...)\nArtículo 13, Retiro del medidor. Cuando se retire temporalmente los medidores\npara verificar su estado, en los términos del Artículo 145 de la Ley 142 de\n1994, se advertirá al suscriptor del derecho consagrado en el artículo anterior\ny se le prevendrá sobre la facultad del prestador, consagrada en el Artículo\n144 de la misma ley, de reemplazar o reparar los medidores cuando el suscrip-\ntor o usuario no tome las acciones necesarias para el efecto durante un perio-\ndo de facturación. De igual forma se procederá cuando se instale un medidor\nprovisional como consecuencia del retiro del permanente.\n(...)\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 57, "text": "Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor se comunicará al suscrip-\ntor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de\nla operación ...\nEn todo caso el Prestador deberá entregar dentro de los treinta (30) días hábi-\nles siguientes al retiro del medidor el resultado del laboratorio debidamente\nacreditado.\nSi como resultado de la revisión técnica, se concluye la necesidad de reempla-\nzar el medidor, la decisión será comunicada al suscriptor o usuario, adjuntando\nel resultado del laboratorio que lo hubiere revisado.\nCuando se concluya la necesidad de reparar el medidor, se comunicará tal si-\ntuación al suscriptor o usuario con la certificación correspondiente y se le dará\nla oportunidad de repararlo. Sí la reparación la realiza alguien diferente del\nprestador, una vez reparado, el suscriptor o usuario deberá enviarlo a éste,\npara que, a cargo del suscriptor o usuario, lo calibre y proceda a instalarlo\n(…)”.\n7.3.12.2. Importancia\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto deben dar aviso de la\nvisita correspondiente para la revisión o retiro provisional del medidor, así como de cualquier\nvisita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días hábiles, indicando la fecha y el\nmomento del día, mañana o tarde, durante el cual se realizará la visita.\nAsí, en los casos en que de conformidad con el artículo 144 de la ley 142 de 1994, el usuario\ndeba reemplazar el medidor, la empresa debe comunicar al usuario por escrito y con toda\nclaridad qué tipo de irregularidades identificó en el medidor y por qué razones se debe reponer\no reparar el equipo de medida; con dicha comunicación, debe adjuntar el respectivo reporte de\nensayo, certificado de calibración y/o informe técnico de inspección expedido por un laboratorio\ndebidamente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.\nEn conclusión, es obligación del prestador el cambio de los medidores, con el fin de que se\nfacture en debida forma el consumo; no obstante, debe informar al usuario las razones que\nhacen necesario el cambio, de manera tal que el usuario pueda decidir si lo cambia por el\nofrecido por la empresa de servicios públicos o si adquiere el equipo de medida en el mercado\ncon las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes en\nmáximo un periodo de facturación.\n7.3.12.3. Análisis del Despacho.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 58, "text": "(ii) En el informe de Evaluación Integral con relación a la obligación de informar del\ncambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores, se dejó constancia de lo siguien-\nte:\n“(…) 4.1.11 Proceso de cambio de medidores.\nEn relación con la instalación de nuevos medidores la Empresa lleva a\ncabo una actualización del catastro de usuarios donde se detectan al-\ngunos predios que están haciendo uso del servicio sin autorización, los\ncuales son inmediatamente registrados en el sistema y procede a insta-\nlar un medidor con el fin de disminuir el Índice de Agua no Contabiliza-\nda – IANC.\nPara determinar el cambio de un medidor, primero verifica que el apa-\nrato se encuentre dañado en terreno, se inicia por el proceso de toma\nde lectura donde aquellos medidores que no registran consumo, por\npolítica de la Empresa se le factura los m3 promedio de acuerdo con el\nnúmero de habitantes del inmueble. Los usuarios al ver la lectura ele-\nvada, se acercan a la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos donde\nse les explica el proceso a seguir y se le programa una visita para ins-\npeccionar y da lugar a la reparación, reinstalación del dispositivo de\nmedida o cambio del medidor (…)” (Pág. 31)\n(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante\nradicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-\nRRALTA del hallazgo relacionado con Ia obligación de avisar del cambio de medido-\nres a los usuarios y/o suscriptores.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa en informe de visita realizada al prestador en el mes\nde octubre de 2018, frente a la obligación de avisar del cambio de medidores a los usuarios y/o\nsuscriptores, se evidenció lo siguiente:\n                                \nFuente: Informe de Visita, Pág. 33.\nRespecto de las pruebas obrantes en el expediente, este Despacho debe poner de presente\nque no existe prueba idónea que permita concluir que EEPPMM DE TIERRALTA ha incumplido\nla obligación de avisar del cambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores de conformidad\ncon lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Resolución CRA 413 de 2006, toda vez que\ncomo se resalta a folio 31 de la Evaluación integral, se surte un proceso ante la Oficina de\nPeticiones Quejas y Recursos donde se les explica el proceso a seguir, se programa una visita\npara inspeccionar y eventualmente realizar la reparación, reinstalación del dispositivo de\nmedida o cambio del medidor, lo que muestra un posible cumplimiento a lo dispuesto por la\nnormativa vigente.\nPor lo expuesto, es preciso resaltar lo dispuesto por la Doctrina frente a la aplicación del\nprincipio in dubio pro administrado, en las actuaciones administrativas de carácter\nsancionatorio, sobre el cual ha establecido:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 59, "text": "“6.5. ¿Opera el principio in dubio pro administrado en materia\nsancionatoria?\nSi, toda vez que corresponde a la noción de presunción de inocencia que\nintegra el derecho al debido proceso. En la práctica, esto significa que\ncorresponde al estado probar la responsabilidad en la comisión de la\ninfracción y en consecuencia (…) d) […] “cualquier insuficiencia en el\nresultado de las pruebas  practicadas, libremente valoradas por el\norganismo sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento\nabsolutorio”, lo cual se traduce en la plena aplicación del principio,\nindubio pro administrado, y e) “No puede exigirse al acusado la prueba\ndiabólica de los hechos negativos”.”29 (Subrayado y negrilla fuera de texto).  \n \nEs de precisar que el mencionado principio, es decir, que la duda probatoria debe resolverse a\nfavor del investigado, hace parte del principio rector de presunción de inocencia contenido en el\nartículo 29 de la Constitución Política, como parte del derecho fundamental al debido proceso.\nAsí las cosas, observa este Despacho que con el soporte probatorio para el caso que nos ocu-\npa respecto del presunto incumplimiento de la obligación por parte de la Investigada de avisar\ndel cambio de medidores a los usuarios y/o suscriptores, de conformidad con el artículo 12 de\nla Resolución CRA 413 de 2006 en el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de\n2018; no es claro que  EEPPMM DE TIERRALTA, se encontraba contraviniendo lo dispuesto\nen la normativa vigente para la época, toda vez que no se cuenta ni en el Acta de la vista ins-\npección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el Infor-\nme de Evaluación Integral, con documento o evidencia que demuestre tal incumplimiento por\nparte de la Prestadora.\nDe acuerdo con las consideraciones anteriores, el presente cargo no prospera, por lo que no se\nimpondrá sanción en contra de EEPPMM DE TIERRALTA por el duodécimo cargo.\n7.3.13. DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146 DE\nLA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO POR PROMEDIO DE MA-\nNERA PERMANENTE\n       \n7.3.13.1 Marco normativo\nEl artículo 146 de la Ley 142 de 1992 “por la cual se establece el régimen de los servicios públi-\ncos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” en su tenor literal establece:\n“(…) ARTÍCULO 146. la medición del consumo, y el precio en el contrato.\nLa empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se\nmidan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica\nhaya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del pre-\ncio que se cobre al suscriptor o usuario.  \nCuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible\nmedir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá\nestablecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en\nconsumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con\nbase en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en\ncircunstancias similares, o con base en aforos individuales.  \n(…)\nLas empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y\nla causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de\n29\n Laverde Álvarez Juan Manuel. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio”. Editorial Legis 2016. \nPágs. 170-171.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 60, "text": "dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el con-\nsumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empre-\nsa cobrará el consumo medido (…)”.\n7.3.13.2. Importancia de la medición del consumo.\nLa importancia que reviste la medición del consumo, a través de los instrumentos de medición,\nradica principalmente en que “Este derecho a la medición de los consumos está establecido no\nsolo en el interés de las partes, sino también en el interés general, pues promueve un uso más\nracional de los recursos de la sociedad”30.\nAsí pues, los suscriptores deben contar con un instrumento de medición, evento en el cual el\nconsumo medido será el consumo facturado, toda vez que uno de los principales derechos de\nlos usuarios, es el de obtener la medición de sus consumos reales y que, en consecuencia, el\nconsumo sea el elemento principal del precio que se le cobre por parte del prestador.\nEs así como la falta en la medición del consumo por parte de la empresa prestadora, afecta por\nuna parte al usuario, pues la tarifa que estaría cobrando la empresa no correspondería a la\nmedición del consumo, por lo cual se están afectando directamente los derechos de éstos.\nPero también dicha conducta omisiva, atenta directamente un derecho constitucional, que es el\nderecho a la conservación y preservación de los recursos como lo es el agua. En efecto, las\nnormas de medición no están sólo encaminadas a realizar la medición, sino también al uso\neficiente del servicio, para que no sólo los usuarios actuales puedan contar con el mismo, sino\nque a futuro se garantice también la prestación a las nuevas generaciones, máxime en un\nservicio fundamental como lo es el de acueducto.\nPor lo expuesto, debe entenderse que el servicio público, tiene una concepción técnica, es\ndecir, que debe ser prestado bajo unos lineamientos mínimos, para que no solamente haya\nuna adecuada y continua prestación del servicio, sino para que no se pongan en riesgo los\nderechos de los usuarios, debiendo las empresas prestadoras cumplir estas disposiciones para\nno impactarlos negativamente, como es el cumplimiento de las normas que regulan que el\nprincipal elemento del precio que cobre la empresa al usuario, sea el consumo, que debe ser\nmedido a través de instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles.\n7.3.13.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nrealizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usuarios de acuerdo con la medición del\nconsumo.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, frente a la obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los usua-\nrios de acuerdo con la medición del consumo, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n30\n NUÑEZ FORERO, Felipe. Servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones e infraestructura. Bogotá:\nUniversidad Externado de Colombia. 2017. Página, 384.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 61, "text": "(ii) En el informe de Evaluación Integral a folios 74 y 79 como se resaltó en Pliego de\nCargos indicó lo siguiente:\n“(…) 4.1.7 Micromedición   \n(…)\n El prestador Informó que, una vez las obras de ampliación de redes\nculminen la Empresa procederá a aumentar el índice de micromedición\ninstalando nuevos medidores y registrando aquellos que, aún el consu-\nmo, se le cobra por promedio según la Resolución y tarifas indexadas\npor la Junta Directiva de E.P.M. Tierralta E.S.P., La Empresa manifestó\nque, el Municipio tiene planeado culminar las obras aproximadamente\npara finales del año 2019.\n(…)\n4.1.11 Proceso de cambio de medidores.\n(…)\nPara determinar el cambio de un medidor, primero verifica que el apa-\nrato se encuentre dañado en terreno, se inicia por el proceso de toma\nde lectura donde aquellos medidores que no registran consumo, por\npolítica de la Empresa se le factura los m3 promedio de acuerdo con el\nnúmero de habitantes del inmueble. Los usuarios al ver la lectura ele-\nvada, se acercan a la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos donde\nse les explica el proceso a seguir y se le programa una visita para ins-\npeccionar y da lugar a la reparación, reinstalación del dispositivo de\nmedida o cambio del medidor (…)”\nA folio 87 de la Evolución Integral se indica:\nPor su parte en el Acta de visita consta el  hallazgo en los siguientes términos:\n                      \nPág. 15.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 62, "text": "        \nPág. 16.\n(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante\nradicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-\nRRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento por parte de la pres-\ntadora de la prohibición de efectuar cobros del consumo promedio de manera perma-\nnente, sin obtener respuesta alguna por parte del prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nEs oportuno indicar que es derecho de los usuarios obtener de las empresas la medición de\nsus consumos reales mediante instrumentos idóneos, derecho que está concordante con el\nartículo 146 de la ley 142 de 1994, siendo la finalidad de estas normas que el consumo sea el\nelemento principal del precio que se cobra al usuario, por lo tanto, de no realizar la Empresas el\ncobro de conformidad con la medición se está afectando de manera significativa a sus\nusuarios.\nEl Consejo de Estado31 ha indicado que la falta de medición del consumo por omisión en la\nlectura del medidor o por ausencia de medidores imputable a la empresa tendrá como\nconsecuencia la pérdida del precio en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley\n142 de 1994, como indica a continuación:\n“(….)Las ESP tienen el deber legal de efectuar la lectura de los medidores lo cual\narrojará el consumo medido; de esta manera, la “lectura” y el “consumo medido” son\nlos insumos esenciales que permiten adelantar el proceso de facturación, ya que con\nellos se determinará el consumo a facturar y su liquidación, pasos indispensables\npara emitir la factura de servicios públicos, según la Resolución CREG 108 de 1997,\nen concordancia con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Consecuente con el\nseñalado deber legal, el parágrafo 1 del artículo 30 de la Resolución 108 dispone:\n“Corresponderá a la empresa probar que realizó las diligencias oportunas para\nefectuar la medición en las oportunidades previstas en el contrato”. En consecuencia,\nsi la ESP debe realizar la lectura sobre un equipo de medida o “medidor”, lógicamente\nla falta de medición del consumo originada en la omisión de lectura del medidor o en\nla ausencia de medidores, en ambos casos omisión imputable a la empresa,\ngenerará como consecuencia jurídica que la ESP pierda el derecho a recibir el precio\nen los términos del inciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en\nconcordancia con los artículos 30 y 31 de la Resolución CREG 108 de 1997. Incluso,\nen aquellos casos en que los medidores no funcionen en forma adecuada, deber de\nvigilancia que corresponde a las ESP, y por lo mismo no sea posible determinar el\nconsumo real de los usuarios, si las ESP omiten repararlos o reemplazarlos en el\nplazo establecido en el inciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142, tal conducta se\nentenderá como omisión en la colocación de los medidores y su consecuencia será la\npérdida del precio, según lo dispone dicha norma, en concordancia con el artículo\n144 ibídem y el numeral 4 del artículo 31 de la Resolución CREG 108 de 1997; (…)\nPuede reiterarse entonces, que la Resolución CREG 108 de 1997 es concordante\ncon la Ley 142 de 1994, en el sentido de asegurar el correcto funcionamiento del\nmedidor, dada la inescindible relación de medio a fin para la medición del consumo\nreal como elemento principal del precio del servicio que se cobra al usuario. La\nverificación del funcionamiento del medidor es obligación del prestador del servicio,\nque puede repararlos o reemplazarlos a costa del usuario, y la omisión de tal deber\n31 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00259-\n00(2236), de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016).\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 63, "text": "puede generar como consecuencia la pérdida del precio, ya que es considerada por\nla misma regulación como “falta de medición” imputable a la ESP, en los términos del\ninciso cuarto del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. .(…)”\nAhora bien, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, evidencia el\nDespacho que EEPPMM DE TIERRALTA a lo largo de la actuación administrativa, no allegó\nprueba que desvirtuara lo consignado en el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada\npor la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni en el Informe de Evaluación Integral\nreferidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, respecto al\nincumplimiento de la obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los\nusuarios de acuerdo con la medición del consumo.\nEn mérito de lo expuesto, es evidente que se presentó incumplimiento por parte de la Prestado-\nra para el año 2018 a Ia obligación de realizar el cobro del servicio de acueducto a todos los\nusuarios de acuerdo con la medición del consumo, de conformidad con el artículo 146 de la ley\n142 de 1992 al estar facturando por promedio  y es con ocasión de tal incumplimiento que ha-\nbrá de ser sancionada EEPPMM DE TIERRALTA por el presente cargo.\n7.3.14. DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nEFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DESVIACIONES SIGNIFI-\nCATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO\nEN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE 1992.\n       \n7.3.14.1 Marco normativo\nLa Ley 142 de 1992 \"Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios \ny se dictan otras disposiciones”, dispone:\n\"(…) ARTÍCULO 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obliga-\nción de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consu-\nmos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en\nla de periodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias\nsemejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviacio-\nnes, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o carga-\nrán al suscriptor o usuario, según sea el caso (…)”\n7.3.14.2. Importancia\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nayudar al usuario a detectar la causa del alto consumo, y debe darle dos (2) meses para que el\nusuario repare el daño, mientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y, determina\nque el Prestador debe efectuar revisión previa a la facturación verificando cuál fue la causa que\noriginó el alto consumo, efectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos\ntécnicos como geófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.\n7.3.14.3. Análisis del Despacho.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 64, "text": "servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) Que según lo consagrado a folio 35 del Pliego de Cargos, la Empresa dejó cons-\ntancia en el informe de Evaluación Integral a folio 87 de lo siguiente:\n“(…) 4.4.3.3 Revisiones\nLa Empresa informó, respecto a las revisiones que, se genera el archi-\nvo de aquellas lecturas significativas, se llama a los de toma y reparto y\nse les asigna, según su sector, las lecturas a verificar y corregir dándo-\nles 24 horas para realizar este trabajo, se recibe la retoma y se pone en\nconsideración de la crítica otra vez. En caso de que el error persista, se\nasignan el consumo por promedio de acuerdo con los habitantes del\npredio.\nSe esperan las visitas de los usuarios que fueron facturados por pro-\nmedio. De no llegar éstos, la factura queda en firme. Si se repite el\nerror, vuelve y se realiza el procedimiento, hasta que el usuario realice\nel reclamo.\nSólo se le avisa al usuario, la desviación significativa, en caso de derro-\nche de agua.\nCuando se va a releer, se le entrega al funcionario, un formato llamado\n“Volante de Lectura del Medidor”, donde para verificar tiene 10 causa-\nles para determinar la causa probable, si es que existe el error o si la\nlectura está correcta cuál ha sido la causa.\nLa revisión se hace posterior a la emisión de la factura; existe un for-\nmato de “Orden de Revisión”.\nLa Empresa, presuntamente no está cumpliendo con lo establecido en\nlos artículos 146 y 149 de la Ley 142 de 1994 que establece, el primero\nde ellos que la Empresa debe ayudar al usuario a detectar la causa del\nalto consumo, y debe darle dos (2) meses para que el usuario repare el\ndaño, mientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y el\n149, determina que la Prestadora debe efectuar revisión previa a la fac-\nturación investigando cuál fue la causa que originó el alto consumo,\nefectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos técni-\ncos como geófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.   (…)”\n(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante\nradicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-\nRRALTA del hallazgo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación de\nefectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos\no bajos consumos.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nAunado a lo expuesto, a folio 87 de la Evaluación Integral frente al cumplimiento del artículo\n146 y 149 de la Ley 142 de 1994 la la Dirección Técnica de Gestión Acueducto y Alcantarillado\nmanifestó lo siguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 65, "text": "                        \nAhora bien, La empresa no presentó prueba alguna que desvirtué lo consignado en el Acta de\nla vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 ni\nen el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19\nde diciembre de 2018.\nAdemás, frente a la obligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan\ndesviaciones significativas por altos o bajos consumos, se debe señalar que los prestadores\ndel servicio público domiciliario de acueducto tienen la obligación de ayudar al usuario a\ndetectar la causa del alto consumo, y darle dos (2) meses para que éste repare el daño,\nmientras tanto cobrará por el consumo promedio histórico y, determina que el Prestador debe\nefectuar revisión previa a la facturación verificando cuál fue la causa que originó el alto\nconsumo, efectuando visitas técnicas en las cuales puede utilizar aparatos técnicos como\ngeófonos, para detectar posibles fugas imperceptibles.\nAunado a lo expuesto, y amparados en lo consignado en el Acta de la vista inspección y\nvigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, y el Informe de\nEvaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19 de diciembre de\n2018, cuando las cuadrillas de corte de la Empresa detectan una fuga no tienen en cuenta lo\nestablecido en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 que determina: “Al preparar las facturas,\nes obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos\nanteriores”, ya que retomando lo consagrado en el Acta de Visita:\n(…) Sólo se le avisa al usuario, la desviación significativa, en caso de derroche\nde agua. Cuando se va a releer, se le entrega al funcionario, un formato llamado\n“Volante de Lectura del Medidor”, donde para verificar tiene 10 causales para\ndeterminar la causa probable, si es que existe el error o si la lectura está\ncorrecta cuál ha sido la causa. La revisión se hace posterior a la emisión de la\nfactura; existe un formato de “Orden de Revisión (…).\nDe todo lo anterior y de las pruebas aportadas en la presente actuación, este Despacho\nconcluye que la obligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones\nsignificativas por altos o bajos consumos fue incumplida por la Investigada.\nEn mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte del prestador a Ia\nobligación de efectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por\naltos o bajos consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la ley 142 de\n1992, y es con ocasión de tal incumplimiento que habrá de ser sancionada EEPPMM DE TIE-\nRRALTA por el presente cargo.\n7.3.15. DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148 DE\nLA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE 2016, POR\nEMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA\nLEY.  \n       \n7.3.15.1 Marco normativo\nEl artículo 148 de la Ley 142 de 1992 “por la cual se establece el régimen de los servicios pú-\nblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” se refiere a los requisitos de las facturas de\nla siguiente manera:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 66, "text": "“ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos formales\nde las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contra-\nto, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscrip-\ntor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al\ncontrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos,\ncómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo\ny modo en el que debe hacerse el pago.  \nEn los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empre-\nsa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se\npresumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a\nla empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obli-\ngado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de cono-\ncerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a\nlos previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar\nla estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.”\nEs por lo anterior, que la cláusula 16 del anexo 1 de la Resolución CRA 768 de 2016,32 referen-\nte a la facturación en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcan-\ntarillado indica que:\n“CLÁUSULA 16. FACTURACIÓN. En las facturas en las que se cobren varios\nservicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los\ncuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del\nservicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico.\nEl servicio de alcantarillado se facturará con cualquiera de los servicios públi-\ncos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, y no podrá pagarse este último\ncon independencia del servicio público de alcantarillado, salvo en aquellos ca-\nsos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente in-\nterpuesto ante la persona prestadora del servicio de alcantarillado.\nLa factura que expida la persona prestadora deberá contener, como mínimo, la\nsiguiente información:\n1. El nombre de la persona prestadora del servicio y su NIT.\n2. El nombre del suscriptor y/o usuario, número de identificación del medidor al\ncual se presta el servicio y dirección del inmueble receptor del servicio.\n3. La dirección a la que se envía la factura o cuenta de cobro.\n4. El estrato socioeconómico, cuando el inmueble es residencial y la clase de\nuso del servicio.\n5. El período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura.\n6. El cargo por consumo, el cargo fijo y los otros cobros autorizados por la le-\ngislación vigente.\n7. El valor de los descuentos a aplicar por la persona prestadora cuando se\nproduzca incumplimiento en las metas de los estándares de servicio, teniendo\nen cuenta las disposiciones del artículo 95 de la Resolución CRA 688 de 2014,\no aquella que la modifique, adicione o aclare.\n8. El valor de las devoluciones por cobros no autorizados o por errores en fac-\nturación o estratificación, así como de los intereses correspondientes.\n9. Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos.\n10. Los cargos por concepto de corte, suspensión, reconexión y reinstalación\ncuando a ello hubiere lugar.\n11. La lectura anterior del medidor de consumo y lectura actual del medidor, si\nexiste. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea\n32 Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los \nservicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para personas prestadoras que \ncuenten con más de 5.000 suscriptores y/o usuarios en el área rural o urbana y se define el alcance \nde su clausulado.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 67, "text": "posible medir el consumo con instrumentos técnicos deberá indicarse la base\npromedio con la cual se liquida el consumo.\n12. La comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de\nlos consumos, con los que se cobraron los tres períodos inmediatamente ante-\nriores, si la facturación es bimestral, y seis periodos, si la facturación es men-\nsual.\n13. El valor y factor de los subsidios o de las contribuciones de solidaridad, se-\ngún el caso, en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994.\n14. El valor y fechas de pago oportuno, así como la fecha de suspensión del\nservicio.\n15. Los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario por con-\ncepto de las tasas ambientales para acueducto y alcantarillado.\nLa factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antela-\nción a la fecha de pago señalada en la misma indicando la fecha máxima de\nentrega de la factura.\n(…)”\n7.3.15.2. Importancia\nLas facturas que emiten los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben ceñirse a los\nrequisitos formales que establece el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, es decir que la\ninformación contenida en estas no puede ser distinta de la que se refiere a los servicios\npúblicos y sus actividades complementarias.\nLos requisitos formales de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del\ncontrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario\npueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo\nse determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de\nperíodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.\nFinalmente, la ley 142 de 1994 es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos\nsólo se deben incluir los elementos relacionados con la prestación del mismo y los que se\nencuentren incluidos en el contrato de condiciones de servicios públicos.\n7.3.15.3. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores del Servicio Público Domiciliario de Acueducto tienen la obligación de\nemitir las facturas con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) Que según lo consagrado a folio 35 del Pliego de Cargos, la Empresa dejó cons-\ntancia en el informe de Evaluación Integral a folios 83 y 84 de lo siguiente:\n“(…) 4.4 Facturas\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 68, "text": "  \nPara mayor ilustración se amplía la imagen:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 69, "text": " \nDe conformidad con lo establecido en la cláusula 16 de la Resolución\nCRA 768 de 2016 y en el artículo 17 del Contrato de Condiciones Unifor-\nmes, se observa que la factura expedida por la Empresa presuntamente\nno cumple con los siguientes numerales de la precitada resolución:\nSe está emitiendo “SIN MEDICIÓN”, por lo que no presenta el número\nde identificación del medidor, ni lectura actual ni anterior.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 70, "text": "No presenta la dirección de envío de la factura; No se observan los si-\ntios y modalidades donde los usuarios y/o suscriptores pueden realizar\nlos pagos;\nNo indica la base promedio con la cual liquida el consumo;\nNo presenta comparación entre el valor de la factura por consumo y el\nvolumen de los consumos con que cobró los seis (6) períodos inmediata-\nmente anteriores;\nNo indica la fecha de suspensión del servicio en caso de no pago y no\ninforma los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario\npor concepto de tasas ambientales para acueducto y alcantarillado,\nNo es claro si la Empresa entrega la factura por lo menos con cinco (5)\ndías de antelación a la fecha de pago.\nNo se indica la fecha máxima de entrega de la factura (…)”.\n(iii) Se resalta en Pliego de Cargos a folio 31, que el 23 de octubre de 2018 mediante\nradicado No. 20184211459691, la Dirección Técnica dio traslado a EEPPMM DE TIE-\nRRALTA con el presunto incumplimiento por parte de la prestadora de los requisitos mí-\nnimos con los que debe ser emitida una factura, sin obtener respuesta alguna por parte\ndel prestador.\n(iv) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673, la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el presunto\nincumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan servicios\npúblicos.\nEn vista de lo anterior y de acuerdo con el análisis de la factura realizado tanto en la Evalua-\nción Integral, se evidencian que las mismas carecen de varios de los requisitos mínimos esta-\nblecidos en la cláusula 16 de la Resolución CRA 768 de 2016, a saber:\nSe está emitiendo “SIN MEDICIÓN”, por lo que no presenta el número\nde identificación del medidor, ni lectura actual ni anterior.\nNo se observan los sitios y modalidades donde los usuarios y/o sus-\ncriptores pueden realizar los pagos;\nNo indica la base promedio con la cual liquida el consumo;\nNo presenta comparación entre el valor de la factura por consumo y el\nvolumen de los consumos con que cobró los seis (6) períodos inmediata-\nmente anteriores;\nNo indica la fecha de suspensión del servicio en caso de no pago y no\ninforma los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario\npor concepto de tasas ambientales para acueducto y alcantarillado,\n\nNo es claro si la Empresa entrega la factura por lo\nmenos con cinco (5) días de antelación a la fecha de pago.\n\nNo se indica la fecha máxima de entrega de la factura,\nNo se observan los sitios y modalidades donde los usuarios y/o sus-\ncriptores pueden realizar los pagos;\nDe acuerdo con lo anterior se establece el incumplimiento por parte de EEPPMM DE\nTIERRALTA a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994\ncomo son:  \n1. información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con\nfacilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas,  \n2.cómo se determinaron y valoraron sus consumos,\n3. cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores,\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 71, "text": "4. y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.  \nEn relación con el primer requisito fue vulnerado por parte de EEPPMM DE TIERRALTA en\nla medida que al presentarse en las facturas las inconsistencias relacionadas en párrafos an-\nteriores no le permitió a los usuarios tener la información suficiente para determinar con facili-\ndad que se le cobró, si se realizó o no de conformidad con la norma y con lo estipulado en el\nCCU.\nEl segundo requisito fue incumplido cuando la Empresa emite la factura “SIN MEDICIÓN”,\npor lo que no presenta el número de identificación del medidor, ni lectura; al No indicar la base\npromedio con la cual liquida el consumo actual ni anterior y no informó los valores unitarios y\ntotales cobrados al suscriptor y/o usuario por concepto de tasas ambientales para acueducto\ny alcantarillado, impidiéndole a sus usuarios conocer como se determinaron y valoraron los\nconsumos.\nPor su parte el tercer requisito fue vulnerado en la medida que la Investigada No presentó\ncomparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de los consumos con que\ncobró los seis (6) períodos inmediatamente anteriores, impidiendo conocer al usuario el histó-\nrico y su comparación.\nY el requisito cuarto fue infringido al no indicar el Prestador en su factura los sitios y modali-\ndades donde los usuarios y/o suscriptores pueden realizar los pagos.\nAhora bien, de acuerdo con la información incluida en el escrito de Alegatos de Conclusión,\nevidencia el Despacho que EEPPMM DE TIERRALTA, no desvirtúo lo consignado en el Acta\nde la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018\nni en el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No. 20184210137673 del 19\nde diciembre de 2018, ya que ratifica esta omisión, al allegar una factura en la que verifica la\nomisión por parte de la Investigada de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley\n142 de 1994.\nEn mérito de lo expuesto, es claro que se presentó incumplimiento por parte de EEPPMM DE\nTIERRALTA a Ia obligación de emitir facturas que cumplan con los requisitos establecidos en el\nartículo 148 de la Ley 142 de 1992, y el artículo 17 del CCU, en el entendido de que la factura-\nción no cumple con los requisitos mínimos consagrados en la normativa, lo cual implica el des-\nconocimiento de los derechos de los usuarios y/o suscriptores al cobro correspondiente por la\nmedición del consumo, conocimiento de los subsidios y contribuciones, entre otros.\nPor lo expuesto y estando probado el incumplimiento, y no existiendo circunstancias que\ndesvirtúen la consecuente responsabilidad del prestador será procedente imponer la\ncorrespondiente sanción por el presente cargo.\n7.3.16. DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PER-\nSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN\nLA RESOLUCIÓN 1076 DE 2003 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.\n       \n7.3.16.1 Marco normativo\nLa Resolución 1076 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por\nla cual se actualiza el plan nacional de capacitación y asistencia técnica para el sector de agua\npotable, saneamiento básico y ambiental y se toman otras determinaciones”, dispone:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 72, "text": "ARTÍCULO 10. Plan de certificación de competencias laborales. Las entidades\nprestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo deberán ini-\nciar, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, un proceso\nde evaluación y formación complementaria si procede de sus trabajadores vin-\nculados, con el propósito de que estas personas sean certificadas por los or-\nganismos de certificación a que hace referencia el artículo 9 de la presente re-\nsolución.\nLas entidades prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo\ndefinirán la periodicidad mínima de la actualización del certificado, la cual debe\nresponder a una formación profesional permanente y continua, o de acuerdo\ncon las necesidades de promoción de sus trabajadores en cada una de las\náreas temáticas.”\nLa Resolución 1570 de 2004 “Por la cual se modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003\nque actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua\nPotable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras disposiciones, dispuso:  \n“(…) Artículo 1o. El artículo 9º de la Resolución 1076 de 2003 quedará así:\n\"Artículo 90. Certificación de competencias laborales. Es el procedimiento me-\ndiante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, o cualquier otro orga-\nnismo de certificación de competencias laborales, acreditado de acuerdo a la\nley para tal efecto, da constancia por escrito, de que una persona cumple con\nlos requisitos de idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación es-\npecificados en una Norma Técnica Colombiana de Competencia Laboral.\n(…)\nArtículo 2o. El artículo 11 de la Resolución 1076 de 2003 quedará así:\n \n“Exigibilidad de la certificación para los trabajadores vinculados. Los trabajado-\nres vinculados a las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y/o\nalcantarillado y/o aseo, que tengan más de seis (6) meses de labor en puestos\nde trabajo técnico-operativos o administrativos deberán estar certificados en\nsu respectivo oficio, de acuerdo con el siguiente cronograma:\n(…)\n3. Las entidades que atienden en conjunto entre 100 y 1.999 usuarios, así:\na) Antes del 1o de enero de 2007, para los siguientes oficios técnico-operati-\nvos y respectivo Nivel de Competencia Laboral:\n- Operador de plantas de tratamiento de agua potable, Nivel 3.\n- Operario de plantas de tratamiento de aguas residuales, Nivel 2.\n- Fontanero municipal u oficial de operación y mantenimiento de sistemas de\nabastecimiento de agua para pequeñas comunidades, Nivel 2.\n- Supervisor del servicio de aseo, Nivel 2;\nb) Antes del 1o de julio de 2007, para los siguientes oficios técnico-operativos\ny respectivo Nivel de Competencia Laboral:\n- Promotor de saneamiento básico rural, Nivel 3.\n- Plomero de instalaciones hidráulicas y sanitarias interiores, Nivel 2;\nc) Antes del 1o de julio de 2007, para los siguientes oficios administrativos y\nrespectivo Nivel de Competencia Laboral:\n- Administrador local del servicio de acueducto, Nivel 3.\n- Auxiliar de oficina, Nivel 2. (…)”\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 73, "text": "7.3.16.2. Análisis del Despacho.\nTodos los prestadores servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo tienen obligación de\ncontratar personal para cargos administrativos y técnicos – operativos con la respectiva\ncertificación en competencias laborales. Asimismo, los trabajadores vinculados a las entidades\nprestadoras que tengan más de seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico-\noperativos o administrativos deberán estar certificados en su respectivo oficio.\nPara tal fin, se procede a realizar un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en aras\nde poder determinar si en el presente caso hubo incumplimiento a cargo de EEPPMM DE TIE-\nRRALTA, así:\n(i) Que los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión\nAcueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección y vigilancia a EEPPMM DE\nTIERRALTA, con el objetivo de verificar las condiciones de la prestación de los\nservicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de\nTierralta, departamento de Córdoba.\n(ii) En el Informe de Evaluación Integral a folio 6 respecto a las certificaciones en com-\npetencias laborales del personal administrativo, se dejó constancia de lo siguiente:\n“(…) 2.1.1. Competencias laborales del personal administrativo\nDe acuerdo con el análisis de la información suministrada en visita, el\npersonal administrativo no cuenta con certificación en competencias la-\nborales para los cargos que ejercen dentro de la empresa.\n2.1.2. Competencias laborales del personal operativo de los servi-\ncios de acueducto y alcantarillado.\nDe acuerdo con la evidenciado en visita y el análisis de la información\nsuministrada en visita, las sesenta y cinco (65) personas que hacen\nparte del área operativa de la empresa no cuentan con certificación en\ncompetencias laborales para los cargos que ejercen dentro de la em-\npresa (…)”.\n(iii) A folio 3 del Acta de vista se refleja lo siguiente:\n                      \n  \n(iv) El 23 de octubre de 2018, mediante radicado No. 20184211459691, la Dirección\nTécnica dio traslado a EEPPMM DE TIERRALTA del hallazgo relacionado con el pre-\nsunto incumplimiento de la obligación de contar con las certificaciones en competen-\ncias laborales para el personal que trabaja en la empresa.\n(v) El 19 de diciembre de 2018, mediante Memorando No. 20184210137673 la Direc-\nción Técnica solicitó a la Dirección de Investigaciones evaluar la existencia de méritos\npara iniciar investigación administrativa contra EEPPMM DE TIERRALTA por el pre-\nsunto incumplimiento de las normas técnicas a las que están sujetos quienes prestan\nservicios públicos.\nCorolario a lo expuesto, como se observa a folio 122 de la Evaluación Integral, se resaltó lo si-\nguiente:\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 74, "text": "                                  \nAnalizada el Acta de la vista inspección y vigilancia realizada por la DTGAA los días 8, 9 y 10\nde octubre de 2018, y el Informe de Evaluación Integral referidos en el Memorando No.\n20184210137673 del 19 de diciembre de 2018, se evidencia que\n2.1.2. Competencias laborales del personal operativo de los servi-\ncios de acueducto y alcantarillado.\nDe acuerdo con la evidenciado en visita y el análisis de la información\nsuministrada en visita, las sesenta y cinco (65) personas que hacen\nparte del área operativa de la empresa no cuentan con certificación en\ncompetencias laborales para los cargos que ejercen dentro de la em-\npresa (…)”.\nPor lo anterior, es claro para este Despacho que la Investigada incumplió con la obligación de\ncontar con personal en cargos administrativos y técnicos – operativos con la respectiva\ncertificación en competencias laborales, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones\n1076 de 2003 y 1750 de 2004, para la fecha de la visita.\nCon base en lo expuesto, y al evaluar las pruebas que obran el expediente, el Despacho\nevidencia que EEPPMM DE TIERRALTA omitió el cumplimiento de la obligación de contar con\nlas certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa, de\nconformidad con lo dispuesto en la Resolución 1076 de 2003 modificada por la Resolución\n1750 de 2004, como se resaltó en la visita de inspección y vigilancia realizada por parte de la\nDTGAA los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018 y en las demás evidencias que fundamentaron la\nactuación administrativa.\nAhora bien, respecto de las pruebas aportadas por la Investigada, este Despacho debe poner\nde presente que la investigada allega dos soportes denominados: “Evaluación  del desempeño\nlaboral, asistencial y operativo y técnico sin personal a cargo” cada uno con seis folios, donde\nse refleja que se evaluó el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2018 y el  8 de\noctubre de 2019 y a folio 2 de cada una de las evaluaciones se consignan las firmas de\nevaluador y del evaluado, estableciendo como fecha de diligenciamiento el 11 de octubre de\n2019, como se refleja a continuación:\n“(…)\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 75, "text": "(…)\n(…)”\nLos anteriores documentos no desvirtúan el cargo en razón a que corresponden a la\nevaluaciones de desempeño laboral realizada por la Empresa y el cargo formulado y el cual\nestá demostrado es por incumplimiento de la obligación de contar con las certificaciones en\ncompetencias laborales para el personal que trabaja en la Empresa, de conformidad con lo\ndispuesto en la resoluciones 1076 de 2003 modificada por la resolución 1750 de 2004,\nentendidas estas certificaciones como el procedimiento mediante el cual el Servicio Nacional de\nAprendizaje Sena, o cualquier otro organismo de certificación de competencias laborales,\nacreditado de acuerdo a la ley para tal efecto, da constancia por escrito, de que una persona\ncumple con los requisitos de idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación\nespecificados en una Norma Técnica Colombiana de Competencia Laboral.\nEn todo caso, estando probado el incumplimiento, y no existiendo circunstancias que\ndesvirtúen la consecuente responsabilidad del prestador evidenciada en la visita técnica\nrealizada en el mes de octubre de 2018, será procedente imponer la correspondiente sanción a\nEEPPMM DE TIERRALTA por el presente cargo.\nRespecto de las pruebas, Acuerdo del Consejo Municipal 010 de 2018 por medio del cual se\nestablecieron los subsidios y contribuciones y archivo denominado “TARIFAS INDEXADAS” no\nlograron desvirtuar los cargos en razón a que no tienen relación con ninguno de ellos.  \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 76, "text": "OCTAVO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA\n  \nSobre las sanciones que se imponen por la violación a las normas a las que deben estar\nsujetos los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, es preciso resaltar que de\nconformidad con el principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo\nsancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionadora en forma\nrazonable y proporcional, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que\nestablezca la norma, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y\nla sanción aplicada. Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en sanciones\nadministrativas, la jurisprudencia constitucional ha señalado:\n   \n“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa,\néste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma\nresulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los\nprincipios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa,\nla proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a\nla gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma\ngravedad”33.  \nEn ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto\n990 de 2002, delegadas mediante la Resolución N° 021 de enero 5 de 2005, expedida por el\nSuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y con fundamento en la Ley 1437 de 2011,\neste Despacho tiene la facultad de sancionar las infracciones de los prestadores de servicios\npúblicos domiciliarios según el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, siempre que se trate de\namonestaciones o multas.\n \nEn el caso objeto de la presente actuación administrativa, en el análisis de las conductas\ninfractoras que deberá realizar el Despacho, previo a la imposición de sanciones, habrá de\ntenerse en cuenta las obligaciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994,\nrelacionadas con la función social de la propiedad en los prestadores de servicios públicos.     \n     \nLas anteriores normas constituyen el marco normativo básico sobre el cual se edifica la\npotestad sancionatoria de la SSPD, dado que en ellas se consignan los parámetros y principios\nque rigen la evaluación de las conductas infractoras en términos de identificación y medición de\nlos efectos del incumplimiento del prestador de servicios públicos, cuyos resultados la hagan\nsujeto de la sanción. Para el caso en concreto, el Despacho encontró probado que la EEPPMM\nDE TIERRALTA incurrió en los siguientes incumplimientos:\n“PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚ-\nBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nPRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD.\nSEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE\nACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRA-\nFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000.\nTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA EN-\nTRADA NI SALIDA DEL PTAP\nCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nREALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA\nCON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.\nQUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON\nMANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE\n33  Corte Constitucional, Sentencia C-125 de 2003.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 77, "text": "ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI-\nDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000.\nSEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON\nCATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-\nLLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No.\n1096 DE 2000.\nSÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE\nACUEDUCTO.\nDECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 146\nDE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO PROME-\nDIO DE MANERA PERMANENTE.\nDECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN DES-\nVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-\nFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE\n1992.\nDECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148\nDE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA 768 DE\n2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS\nSEÑALADOS EN LA LEY.  \nDECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN\nDE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES\nPARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD\nCON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA\nPOR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004.”\n \nEl Despacho considera que las infracciones en que incurrió la EEPPMM DE TIERRALTA son\ngraves, ya que configuran incumplimientos en la prestación del servicio de Acueducto y Alcan-\ntarillado, a saber: No prestar dicho servicio bajo condiciones de continuidad; no realizar la toma\nde presiones en las redes del sistema de acueducto; no realizar la medición de caudales en la\ncaptación, ni en la entrada ni salida del PTAP; no realizar la toma de muestras de control de\ncalidad del agua con una frecuencia determinad; no contar con manuales de operación y man-\ntenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con catastro de redes de\nlos sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con micromedición sobre el consumo del\nservicio de acueducto; efectuar cobros del consumo promedio de manera permanente; no\nefectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos o bajos\nconsumos; emitir facturación que no cumple con los requisitos señalados en la ley y no contar\ncon las certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa\nde acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.\nAsí las cosas, en atención a que el régimen de los servicios públicos domiciliarios, parte de la\nbase que el Estado tiene la potestad y el deber de intervenir, para garantizar su calidad y\neficiente prestación, y dada la gravedad que representan las conductas violatorias del régimen\nde los servicios públicos domiciliarios en que incurrió la Empresa Investigada, este Despacho\nencuentra procedente la imposición de una sanción administrativa de multa.\n8.1 Aplicación de los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 50 de\nla Ley 1437 de 2011.\n   \nEl artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, establece los criterios de graduación de las sanciones\nadministrativas, los cuales se enlistan a continuación:\n  \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 78, "text": "\"Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes\nespeciales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones\nadministrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto\nresultaren aplicables: (subrayado fuera del texto).\n  \n1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.\n2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.\n3. Reincidencia en la comisión de la infracción.\n4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.\n5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para\nocultar la infracción u ocultar sus efectos.\n6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se\nhayan aplicado las normas legales pertinentes.\n7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la\nautoridad competente\n \n8. Aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.\"\n \nProcede el Despacho a analizar si los criterios contenidos en la norma arriba citada resultan\naplicables al caso objeto de la presente actuación administrativa:\n \nDaño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados\nLa Empresa Investigada incumplió con disposiciones administrativas y técnicas relacionadas\ncon la prestación de los servicios públicos de Agua, Acueducto y Alcantarillado, al incurrir en las\nsiguientes conductas: No prestar dicho servicio bajo condiciones de continuidad; no realizar la\ntoma de presiones en las redes del sistema de acueducto; no realizar la medición de caudales\nen la captación, ni en la entrada ni salida del PTAP; no realizar la toma de muestras de control\nde calidad del agua con una frecuencia determinad; no contar con manuales de operación y\nmantenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con catastro de redes\nde los sistemas de acueducto y alcantarillado; no contar con micromedición sobre el consumo\ndel servicio de acueducto; efectuar cobros del consumo promedio de manera permanente; no\nefectuar revisiones previas cuando se presentan desviaciones significativas por altos o bajos\nconsumos; emitir facturación que no cumple con los requisitos señalados en la ley y no contar\ncon las certificaciones en competencias laborales para el personal que trabaja en la empresa\nde acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente; vulnerando de ésta forma los derechos\nde los usuarios y poniendo en riesgo la calidad de la prestación de los servicios, teniendo en\ncuenta los hallazgos reflejados a lo largo de la actuación administrativa.\nBeneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero\nEl Despacho no encontró en el material probatorio obrante en el expediente, que con la\nejecución de las conductas objeto de reproche, se evidenciara que la Empresa Investigada o\nun tercero hubieran obtenido un beneficio económico derivado de las derivado de las\ninfracciones demostradas, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro en la\ngraduación de la sanción a imponer.\n     \nReincidencia en la comisión de la infracción\n     \nVerificado el archivo de sancionados de los últimos tres años de la SSPD no encontró que la\nEmpresa Investigada hubiera sido sancionada por las mismas conductas objeto de la presente\nactuación administrativa, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro en la graduación\nde la sanción a imponer.\n    \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 79, "text": "Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión\nEn cuanto a este criterio, el Despacho no observó una conducta reprochable por parte de la\ninvestigada tendente a obstaculizar la presente actuación administrativa, razón por la cual su\nconducta tiene un efecto neutro en la graduación de la multa a imponer.   \nUtilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la\ninfracción u ocultar sus efectos\nEn cuanto a este criterio, el Despacho no observó una conducta reprochable por parte de la\ninvestigada tendente a la utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para\nocultar la infracción u ocultar sus efectos, razón por la cual su conducta tiene un efecto neutro\nen la graduación de la multa a imponer.   \nGrado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan\naplicado las normas legales pertinentes\n \nLa revisión de esta causal supone valorar la actitud del presunto infractor frente a las\nautoridades y la Ley.34 En el presente caso, el Despacho procedió a analizar y verificar la\nconducta de la prestadora investigada frente al cumplimiento o no de la normativa aplicable.\nEn cuanto a este criterio, y según lo expuesto líneas arriba, se considera reprochable el\ncomportamiento de la EEPPMM DE TIERRALTA dejando en evidencia la falta de cuidado y\nprevención, para superar los incumplimientos identificados.\nRenuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad\ncompetente  \n   \nDurante la presente actuación administrativa, el Despacho, no observó renuencia por parte de\nla investigada encaminada a desacatar o incumplir las órdenes impartidas por esta\nSuperintendencia en el curso de la investigación, razón por la cual su conducta tiene un efecto\nneutro en la graduación de la sanción a imponer.\n \nReconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas\n  \nEl Despacho considera que la investigada no reconoció la comisión de la infracción antes del\ndecreto de pruebas en la presente actuación administrativa.\n  \n8.2. Monto de la sanción  \n       \nCon base en lo expuesto, el Despacho advierte que la Superintendencia está obligada a conciliar\nsu función de sancionar a los prestadores que vulneran el régimen de los servicios públicos\ndomiciliarios, con el mandato constitucional de garantizar la prestación del servicio en los\ntérminos del artículo 365 de la Constitución Política, según el cual:\n“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del\nEstado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.\nLos servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser\nprestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por\nparticulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia\nde dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,\nmediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por\niniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o\nservicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en\nvirtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”\n \n34  Arboleda Perdomo, Enrique José.  “Comentarios al Nuevo  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso\nAdministrativo”. Editorial Legis. Segunda Edición. Página 94.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 80, "text": "Por lo anterior, para determinar el valor de la multa a imponer corresponde hacer una revisión de\nla información contable reportada por la prestadora en el Sistema Único de Información (SUI),\ncon el objeto de verificar que el monto de la multa a imponer no ponga en riesgo la prestación\neficiente del servicio público domiciliario de Acueducto en el Municipio de Tierralta (Córdoba), que\natiende la Empresa. Dicho lo anterior, y en virtud de la última información financiera reportada en\nel SUI, se evidenció que los últimos ingresos reportados por la EEPPMM DE TIERRALTA\nfueron:\n2017\nacueducto\nalcantarillado\n$1.712.026.040\n$29.076.761\n2016\nacueducto\nalcantarillado\n$890.703.000\n$112.677.000\n   \nEn este orden de ideas y con base en la naturaleza y gravedad de los incumplimientos en que\nincurrió la EEPPMM DE TIERRALTA, este Despacho le impondrá sanción de MULTA, que se\ntasará así:        \n         \n\nPor el PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SER-\nVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN\nDE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD, MULTA\npor valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRES-\nCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUA-\nTRO (44) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE\nACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO\nDEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000, MULTA por valor de\nDOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-\nRENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍ-\nNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA\nENTRADA NI SALIDA DEL PTAP, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIEN-\nTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS\n($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MEN-\nSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL\nAGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA MULTA por valor de TREINTA Y\nOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y\nDOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUATRO (44) SALARIOS\nMÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SIS-\nTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ES-\nTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE\n2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE\nMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CA-\nTORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 81, "text": "\nPor el SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CON-\nTAR CON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCAN-\nTARILLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN\nNo. 1096 DE 2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA\nY NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes\na CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del\n2020.\n\nPor el SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO\nDE ACUEDUCTO, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA\nY NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes\na CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del\n2020.\n\nPor el DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍ-\nCULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO\nPROMEDIO DE MANERA PERMANENTE, MULTA por valor de DIECIOCHO MILLO-\nNES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES\nPESOS ($18.433.863) equivalentes a VEINTIUN (21) SALARIOS MÍNIMOS LEGA-\nLES MENSUALES VIGENTE del 2020.\n\nPor el DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA\nOBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN\nDESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-\nFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE\n1992, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CIN-\nCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($9.655.833) equivalentes a\nONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTI-\nCULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA\n768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISI-\nTOS SEÑALADOS EN LA LEY, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIEN-\nTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\n($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUA-\nLES VIGENTES del 2020.\n\nPor el DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA\nOBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS\nLABORALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CON-\nFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFI-\nCADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004, MULTA por valor de NUEVE MILLO-\nNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES\nPESOS ($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES\nMENSUALES VIGENTES del 2020.\nDe esa manera, el valor total de la MULTA a imponer a la EEPPMM DE TIERRALTA al\nencontrarse probados los once cargos imputados, asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS\nMILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS\n($186.094.236) equivalentes a DOSCIENTOS DOCE (212) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES\nMENSUALES VIGENTES del 2020.\n     \nEn mérito de lo expuesto este Despacho,  \n \n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 82, "text": "  \nRESUELVE:\n \nARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR en su valor legal las pruebas allegadas por la EMPRE-\nSAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIERRALTA EPM E.S.P con el Radicado SSPD\n20195291404962 del 6 de diciembre de 2019, relacionados en la parte motiva.\nARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que la EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIE-\nRRALTA EPM E.S.P identificada con NIT 800195828 – 1 e inscrita en el Registro Único de\nPrestadores de Servicios Públicos (RUPS) con el ID 2484, violó el régimen de los servicios pú-\nblicos domiciliarios al incurrir en las siguientes conductas: (i) PRESUNTA FALLA EN LA PRES-\nTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLI-\nGACIÓN DE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD. (ii)\nPRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIO-\nNES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTA-\nBLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE\n2000. (iii) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA MEDI-\nCIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA ENTRADA NI SALIDA DEL PTAP. (iv)\nPRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUES-\nTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA.\n(v) PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MANUALES DE OPERA-\nCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\nDE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESO-\nLUCIÓN No. 1096 DE 2000. (vi) PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR\nCON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\nDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000. (vii)\nPRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN\nSOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. (viii) PRESUNTO INCUMPLI-\nMIENTO DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL\nCONSUMO PROMEDIO DE MANERA PERMANENTE. (ix) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO\nDE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN\nDESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CONFORMIDAD\nCON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE 1992. (x) PRESUNTO\nINCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE\nLA RESOLUCION CRA 768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON\nLOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY.  (xi) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA\nOBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS LABORA-\nLES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LO\nDISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN\n1750 DE 2004.\n ARTÍCULO TERCERO:  IMPONER sanción de MULTA a la EEPPMM DE TIERRALTA a favor\nde la Nación, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO\nMIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($186.094.236) equivalentes a DOSCIENTOS\nDOCE (212) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020, por las\nsiguientes infracciones:  \n \n\nPor el PRIMER CARGO: PRESUNTA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SER-\nVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN\nDE PRESTAR DICHO SERVICIO BAJO CONDICIONES DE CONTINUIDAD, MULTA\npor valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRES-\nCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUA-\nTRO (44) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE PRESIONES EN LAS REDES DEL SISTEMA DE\nACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO\nDEL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000, MULTA por valor de\nDOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 83, "text": "RENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍ-\nNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el TERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CAPTACIÓN, NI EN LA\nENTRADA NI SALIDA DEL PTAP, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIEN-\nTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS\n($12.289.242) equivalentes a CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MEN-\nSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL\nAGUA CON UNA FRECUENCIA DETERMINADA MULTA por valor de TREINTA Y\nOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y\nDOS PESOS ($38.623.332) equivalentes a CUARENTA Y CUATRO (44) SALARIOS\nMÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el QUINTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE\nCONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SIS-\nTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ES-\nTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE\n2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE\nMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes a CA-\nTORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n\nPor el SEXTO CARGO: PRESUNTA OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE CON-\nTAR CON CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCAN-\nTARILLADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DE LA RESOLUCIÓN\nNo. 1096 DE 2000, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA\nY NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes\na CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del\n2020.\n\nPor el SÉPTIMO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-\nCIÓN DE CONTAR CON MICROMEDICIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL SERVICIO\nDE ACUEDUCTO, MULTA por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA\nY NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($12.289.242) equivalentes\na CATORCE (14) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del\n2020.\n\nPor el DECIMOTERCER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍ-\nCULO 146 DE LA LEY 142 DE 1992 POR EFECTUAR COBROS DEL CONSUMO\nPROMEDIO DE MANERA PERMANENTE, MULTA por valor de DIECIOCHO MILLO-\nNES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES\nPESOS ($18.433.863) equivalentes a VEINTIUN (21) SALARIOS MÍNIMOS LEGA-\nLES MENSUALES VIGENTE del 2020.\n\nPor el DECIMOCUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA\nOBLIGACIÓN DE EFECTUAR REVISIONES PREVIAS CUANDO SE PRESENTAN\nDESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POR ALTOS O BAJOS CONSUMOS DE CON-\nFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 142 DE\n1992, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CIN-\nCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($9.655.833) equivalentes a\nONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del 2020.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 84, "text": "\nPor el DECIMOQUINTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTI-\nCULO 148 DE LA LEY 142 DE 1992 Y LA CLAUSULA 16 DE LA RESOLUCION CRA\n768 DE 2016, POR EMITIR FACTURACIÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISI-\nTOS SEÑALADOS EN LA LEY, MULTA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIEN-\nTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\n($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUA-\nLES VIGENTES del 2020.\n\nPor el DECIMOSEXTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA\nOBLIGACIÓN DE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS\nLABORALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, DE CON-\nFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIONES 1076 DE 2003 MODIFI-\nCADA POR LA RESOLUCIÓN 1750 DE 2004, MULTA por valor de NUEVE MILLO-\nNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES\nPESOS ($9.655.833) equivalentes a ONCE (11) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES\nMENSUALES VIGENTES del 2020.\nARTÍCULO CUARTO:  ORDENAR que una vez en firme la presente Resolución, la sanción\nimpuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia en cualquiera de las\nsiguientes instituciones financieras: Banco Agrario de Colombia, y Banco de Bogotá. Para\nproceder al pago, la prestadora deberá obtener el formato de pago de sanciones disponible en\nel sitio WEB de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios\n(https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a Empresas/ Formatos de Pago).\n \nDe manera temporal, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus-\nCOVID 19, y dentro del mismo plazo señalado en el siguiente párrafo, se podrá efectuar el\n pago electrónico de la sanción impuesta, a través de la cuenta corriente No.141011460 del\nBanco BBVA, a nombre de la Superintendencia de Servicios Públicos, identificada con NIT\n800250984-6,  \npara lo cual deberá\n  remitir el soporte de la transferencia al\ncorreo electrónico evleiton@superservicios.gov.co.\n \nLa prestadora deberá acreditar el pago de la sanción dentro de los 10 DIAS días hábiles\nsiguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.\nARTÍCULO QUINTO:  NOTIFICAR personalmente la presente Resolución a JOSE ANTONIO\nROSSO GENES en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la EEPPMM DE TIERRALTA o\na quien haga sus veces, quien puede ser citado en la Dirección Calle 12 No. 22-40 Barrio 19 de\nMayo, Tierralta –Córdoba- \n o a los correos electrónicos35 \n \n entregándole una copia de la misma, y\nadvirtiéndole que contra esta Resolución únicamente procede el recurso de reposición ante el\nSuperintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual deberá ser\ninterpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De no ser\nposible la notificación personal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de\n2011.\n  \nARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.\n   \nNOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE\nMILTON EDUARDO BAYONA BONILLA\nSuperintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo\n    \n35\n Correos electrónicos tomados del RUPS con fecha de actualización 25/03/2020 y Certificado de Cámara y\nComercio expedida el 18 de junio de 2020.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}, {"page": 85, "text": "Proyectó: Sandra Marcela Castañeda Castañeda – Contratista DAAA\nRevisó:  Yaneth Castillo- Profesional especializada Dirección de Investigaciones DAAAA\nDiana Ramírez. - Asesora del Despacho.\nAprobó: Martha Eugenia García Jaimes– Directora de Investigaciones DAAA.\n", "method": "Texto extraído de la copia pública; las imágenes no se transcriben"}], "note": "Copia académica ASD: identificadores y contactos omitidos; algunas imágenes de soporte se ocultan. Original conservado por separado.", "ocr": false}