Servicios legales para clientes con bienes administrados por la SAE

Portafolio para clientes con bienes administrados por la SAE

Asesoramos a afectados, titulares, copropietarios, arrendatarios y terceros que acrediten un interés legítimo. Organizamos la estrategia para defender sus derechos y gestionar la información, conservación, administración y devolución que corresponda al expediente.

• Defensa patrimonial: revisión de medidas, representación y coordinación con el proceso de extinción.
• Protección durante la administración: inventarios, estado del bien, depositarios y contratos.
• Cuentas y obligaciones: cánones, frutos, gastos, impuestos, servicios y expensas.
• Cierre y recuperación: cumplimiento de órdenes, entrega material, actas, dineros y evaluación de daños.

Una orden favorable y su cumplimiento son etapas distintas. Si el bien fue vendido o transferido, estudiamos la restitución económica que pueda corresponder sin prometer entrega del mismo activo ni una cuantía automática.

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La vía depende de la medida y del expediente

Distinguimos custodia de evidencia, incautación u ocupación con fines de comiso, comiso penal y extinción de dominio. La extinción es autónoma del proceso penal. Estudiamos la solicitud de devolución, el control de la medida o la defensa que proceda ante la autoridad competente.

La expresión habitual «pérdida del poder dispositivo» puede referirse a una suspensión del poder dispositivo. Evaluamos el levantamiento que corresponda; no es una vía universal ni implica por sí solo devolución material. Un registro o allanamiento exige identificar qué decisión se adoptó realmente sobre cada bien.

En bienes administrados por la SAE se separan la defensa judicial y las gestiones de administración y cumplimiento. ASD actúa como abogado independiente del cliente. La contratación no otorga una relación oficial con la SAE ni garantiza devolución, exclusión, indemnización, prioridad o plazos.

Antes de asumir el encargo verificamos legitimación, conflictos de interés, documentos y acceso autorizado. No se fabrican soportes ni se altera evidencia. Los honorarios son estimaciones privadas de ASD por el alcance descrito; gastos, peritos, desplazamientos y otras actuaciones se precisan aparte. La consulta Premium general conserva su tarifa de 200.000 COP.

Fuentes de referencia, sujetas al régimen aplicable al caso: Ley 906 de 2004, Sentencia C-591 de 2014, Ley 1708 de 2014 y Ley 1849 de 2017. Las reformas, decisiones y competencia se contrastan antes de cada actuación.