Recuperación jurídica de carros, motos y otros vehículos incautados
Defendemos derechos sobre vehículos retirados o afectados dentro de procesos penales.
Vigilancia judicial y segunda opinión sobre tu caso
¿Quieres saber cómo avanza tu proceso o revisar el caso que lleva tu abogado? Contacta a ASD. Estos servicios pueden contratarse conservando al apoderado actual, previa revisión del asunto y de las autorizaciones necesarias.
Vigilancia de tu proceso
Seguimiento de actuaciones disponibles y reportes de novedades con la frecuencia pactada. Dirigido a personas demandantes que desean conocer el avance de su caso.
La propuesta define proceso, instancia, fuentes, periodicidad o fecha de corte y honorarios. La vigilancia no sustituye notificaciones oficiales ni la actuación del abogado; escritos, recursos y representación requieren un encargo expreso. El acceso a la información debe estar autorizado.
La vía depende de la medida y del expediente
Distinguimos custodia de evidencia, incautación u ocupación con fines de comiso, comiso penal y extinción de dominio. La extinción es autónoma del proceso penal. Estudiamos la solicitud de devolución, el control de la medida o la defensa que proceda ante la autoridad competente.
La expresión habitual «pérdida del poder dispositivo» puede referirse a una suspensión del poder dispositivo. Evaluamos el levantamiento que corresponda; no es una vía universal ni implica por sí solo devolución material. Un registro o allanamiento exige identificar qué decisión se adoptó realmente sobre cada bien.
En bienes administrados por la SAE se separan la defensa judicial y las gestiones de administración y cumplimiento. ASD actúa como abogado independiente del cliente. La contratación no otorga una relación oficial con la SAE ni garantiza devolución, exclusión, indemnización, prioridad o plazos.
Antes de asumir el encargo verificamos legitimación, conflictos de interés, documentos y acceso autorizado. No se fabrican soportes ni se altera evidencia. Los honorarios son estimaciones privadas de ASD por el alcance descrito; gastos, peritos, desplazamientos y otras actuaciones se precisan aparte. La consulta Premium general conserva su tarifa de 200.000 COP.
Revisamos identificación, matrícula, propiedad, gravámenes, custodia y medida. Definimos la solicitud de devolución o levantamiento aplicable y la gestión pactada. Diferenciamos la afectación penal de una inmovilización administrativa de tránsito o de la aprehensión por una garantía.
Qué puedes tener a mano para la primera consulta
Acta e inventario de incautación u ocupación, decisiones y notificaciones, radicado, documentos de propiedad o tenencia legítima, origen de los recursos y datos de la autoridad o del administrador. Entrega solo información que puedas compartir legítimamente, por el canal privado acordado.