Consulta de antecedentes judiciales por cédula
Esta app gratuita de ASD SERVICIOS LEGALES S.A.S. permite hacer un estudio de antecedentes de una persona en Colombia a partir de su número de cédula. Escribes el documento, declaras que consultas tu propia cédula o que tienes autorización del titular, y la app te lleva en orden por los portales oficiales que registran antecedentes: Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría, Registro Nacional de Medidas Correctivas, Rama Judicial y Registraduría. En cada uno te explica qué significa el resultado y al final arma un informe que puedes imprimir o guardar en PDF.
La consulta es guiada y no automática por una razón de fondo: ninguna de esas fuentes ofrece una API pública, todas exigen resolver un captcha y prohíben la consulta automatizada. Por eso la consulta la haces tú en el portal oficial, y la app pone la orientación, la lectura jurídica y el orden.
Desde el Decreto Ley 019 de 2012 no existe el certificado judicial en papel. La consulta en línea de antecedentes judiciales lo reemplaza y puede hacerla cualquier entidad pública o particular (artículo 94), con los límites que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-458 de 2012 y las reglas de la Ley 1581 de 2012 sobre datos personales.
Cómo funciona la consulta guiada
- Paso 1. Escribes el tipo y número de documento y, si quieres, el nombre completo (sirve para la consulta de procesos judiciales, que es por nombre).
- Paso 2. Declaras que consultas tu propia cédula o que cuentas con la autorización del titular, y decides si incluyes las verificaciones adicionales para empleadores.
- Paso 3. La app abre cada portal oficial, te indica qué hacer y te ofrece copiar la cédula para evitar errores de digitación.
- Paso 4. Marcas el resultado que obtuviste y la app te explica qué significa y si conviene revisarlo con un abogado.
- Paso 5. Recibes un informe con el resultado de cada fuente, una conclusión general y el marco legal. Puedes imprimirlo o guardarlo en PDF.
Qué fuentes oficiales recorre la app
- Policía Nacional, antecedentes judiciales (antecedentes.policia.gov.co): condenas penales vigentes y requerimientos de autoridades judiciales. Es la fuente principal de cualquier estudio de antecedentes.
- Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes disciplinarios (SIRI): sanciones disciplinarias, penales con inhabilidad, fiscales, contractuales y pérdida de investidura. Se genera en PDF y tiene vigencia de tres meses.
- Contraloría General de la República, certificado de antecedentes fiscales: si la persona figura en el Boletín de Responsables Fiscales, lo que impide ser nombrado o contratado por el Estado hasta pagar la obligación (Ley 610 de 2000).
- Policía Nacional, Registro Nacional de Medidas Correctivas: multas y medidas pendientes del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que bloquean posesiones, contratos con el Estado y permisos de porte de armas mientras no se cumplan.
- Rama Judicial, Consulta de Procesos Nacional Unificada: procesos penales, civiles, laborales, de familia y administrativos en los que la persona figura como parte en cualquier despacho del país. La búsqueda es por nombre, así que hay que descartar homónimos.
- Registraduría Nacional del Estado Civil, vigencia de la cédula: confirma que el número consultado existe, está vigente y corresponde a una persona viva y con derechos políticos.
Qué significa cada leyenda de la Policía
- «No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales»: la persona no registra antecedentes penales o su pena ya se extinguió o prescribió. Para efectos laborales y contractuales equivale a no tener antecedentes.
- «Actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna»: existe una condena en ejecución o información judicial sin actualizar. Si la persona ya cumplió la pena, tiene derecho a que el dato se actualice mediante habeas data; la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2019 reemplazar esta leyenda en un caso así.
- Un requerimiento o una anotación distinta: alguna autoridad judicial requiere a la persona o registra una anotación vigente. Hay que identificar la autoridad, el proceso y su estado antes de cualquier decisión.
Verificaciones adicionales para empleadores y empresas
- Inhabilidades por delitos sexuales contra menores (Ley 1918 de 2018): obligatoria para quien contrata personal con relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes. El portal de la Policía exige la autorización escrita de la persona consultada.
- Multas e infracciones de tránsito (SIMIT): comparendos, multas y acuerdos de pago pendientes. No es un antecedente judicial, pero es una verificación común para conductores y cargos con licencia de conducción.
- Listas restrictivas ONU y OFAC: verificación de cumplimiento SAGRILAFT y SARLAFT para clientes, empleados y proveedores. Las coincidencias por nombre suelen ser homónimos y deben confirmarse con nacionalidad, fecha de nacimiento y documento.
Privacidad y uso responsable
La cédula, el nombre y los resultados que marcas viven únicamente en la memoria del navegador mientras usas la app. No se envían a servidores de ASD, no se almacenan en bases de datos y se borran al cerrar o recargar la página. Los antecedentes son datos personales protegidos por el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1581 de 2012: la consulta en línea es pública para fines legítimos, pero usar la información para discriminar, extorsionar o divulgar sin autorización puede constituir un delito y una infracción de habeas data.
Marco legal
- Decreto Ley 019 de 2012, artículos 93 y 94: supresión del certificado judicial y consulta en línea de antecedentes.
- Sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional: alcance de la información de antecedentes penales frente a terceros y derecho a la actualización del dato.
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: tratamiento de datos personales y habeas data.
- Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y Ley 610 de 2000 (responsabilidad fiscal).
- Ley 1801 de 2016, artículos 183 y 184: consecuencias de las medidas correctivas pendientes.
- Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019: inhabilidades para trabajar con menores de edad.
Preguntas frecuentes
¿La consulta de antecedentes por cédula es gratis?
Sí. Todas las fuentes que usa esta app son portales oficiales gratuitos y la app tampoco cobra: es una herramienta de orientación de ASD Servicios Legales.
¿Puedo consultar los antecedentes de otra persona?
La consulta en línea de antecedentes judiciales está abierta a entidades y particulares (Decreto Ley 019 de 2012, art. 94), pero la cédula es un dato personal protegido por la Ley 1581 de 2012. Por eso la app pide declarar que consultas tu propio documento o que cuentas con la autorización del titular, y algunas fuentes, como la de inhabilidades de la Ley 1918, exigen esa autorización por escrito.
¿Qué significa «actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna»?
Que la Policía tiene registrada una condena en ejecución o información judicial sin actualizar. No es lo mismo que «no tiene asuntos pendientes». Si ya cumpliste la pena, puedes pedir que el dato se actualice mediante habeas data y, si la Policía no lo hace, procede la acción de tutela.
¿Cuánto tiempo aparecen los antecedentes penales?
La Corte Constitucional (SU-458 de 2012) fijó que, cumplida o prescrita la pena, el dato debe dejar de circular ante terceros: por eso la consulta pública muestra «no tiene asuntos pendientes». El registro interno sigue existiendo para fines judiciales, como la dosificación de penas futuras.
¿Esta app reemplaza los certificados de la Procuraduría o la Contraloría?
No. Los certificados oficiales se generan directamente en los portales de cada entidad y son los que debes entregar. La app te lleva a esos portales, te ayuda a leer el resultado y organiza todo en un solo informe.
¿ASD guarda mi cédula o los resultados?
No. La cédula y los resultados solo existen en la memoria de tu navegador mientras usas la app. No se envían a nuestros servidores, no se almacenan y desaparecen al recargar la página.
¿Qué hago si aparece un antecedente que no es mío o que ya cumplí?
Tienes derecho a que el dato se corrija o se actualice (habeas data, art. 15 de la Constitución). El camino es una solicitud escrita a la entidad que administra el registro y, si no responde o se niega, la acción de tutela. Un abogado de la firma puede revisar tu caso y preparar la solicitud.
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